Especulación urbanística
La Junta de Extremadura quiere modificar la Ley del Suelo estatal para evitar el derribo de Valdecañas

Además de su anunciado recurso al Tribunal Constitucional, se caba de conocer la nueva estrategia del Gobierno de Extremadura para salvar la urbanización Isla de Valdecañas de su sentencia de derribo (ordenado por el TSJEx y que quedaba convalidado por el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de este año). Se trata de una proposición de ley que se llevaría al Parlamento a iniciativa de la Asamblea de Extremadura, por la que se modificaría la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de ámbito estatal y que, atendiendo al procedimiento de legalización que contempla, tendría la capacidad de “convalidar” lo ya urbanizado, aunque ilegalmente, en espacios protegidos.

No es la primera vez que desde el gobierno regional se intenta modificar la ley para adaptarla a las necesidades de un proyecto urbanístico con el que la complicidad abierta del ejecutivo autonómico resulta definitivamente clamorosa. Como precedente, la reforma de la ley del Suelo extremeña de 2011 (planteada sospechosamente apenas tres semanas después del primer revés legal del proyecto de resort de lujo) y que terminó por ser declarada inconstitucional en 2019.

En cualquier caso, el resultado final de aquel intento no parece disuadir a Guillermo Fernández Vara para, en esta ocasión, elevar la apuesta y pretender que la modificación tenga ámbito estatal.

La propuesta de modificación de la Ley del Suelo, que ya fue comunicada a los grupos parlamentarios extremeños en una reunión el 23 de marzo, formalmente consiste, como ha sido dado a conocer en distintos medios, en un artículo único, una disposición transitoria, dos finales y una derogatoria. Sería en su transitoria, donde se atiende a “transformaciones urbanísticas afectadas por resoluciones judiciales pendientes de ejecución material”, donde quedaría reconocida la posibilidad de legalización de construcciones aprobadas en espacios naturales protegidos, lo que de facto llevaría a dar soporte legal “a posteriori” a urbanizaciones levantadas, contra la ley, en dichos entornos.

Quedaría reconocida la posibilidad de legalización de construcciones aprobadas en espacios naturales protegidos, lo que de facto llevaría a dar soporte legal “a posteriori” a urbanizaciones levantadas, contra la ley, en dichos entornos

La voluntad política de amparar una urbanización de 185 chalets, con campos de golf y embarcadero, levantada sobre suelos legalmente declarados como protegidos y que acumula sentencias desfavorables en todas las instancias judiciales, parece definitivamente decidida a traspasar las fronteras extremeñas, generando implicaciones que podrían ir mucho más lejos del resort de lujo a orillas del pantano de Valdecañas. Así, las reacciones no se han hecho esperar.

Irene de Miguel, parlamentaria autonómica de Unidas por Extremadura, en declaraciones a El Salto Extremadura ha señalado que “nosotras conocimos esta idea en una reunión que convocó la Vicepresidenta Primera a los grupos parlamentarios y, obviamente, nos parece que es una manera, para empezar, de alargar los recursos que la Junta quiere interponer para evitar el derribo de Valdecañas, pero también que abre una senda muy peligrosa, la de intentar hacer legal lo que era ilegal, y no entendemos esta obcecación y que no ponga el mismo esfuerzo en defender otras cuestiones que afectan a los extremeños y extremeñas”, añadiendo que “pretender que se cambie la Ley de Suelo estatal para hacer legal a Valdecañas nos parece una barbaridad, un delirio y no vamos a nunca a apoyarlo. La Junta de Extremadura ya pudo haber prevaricado en su momento aprobando Valdecañas a sabiendas de que era ilegal y nosotros no podemos participar ahora mismo de esta locura”.

“Pretender que se cambie la Ley de Suelo estatal para hacer legal a Valdecañas nos parece una barbaridad, un delirio y no vamos a nunca a apoyarlo. La Junta de Extremadura ya pudo haber prevaricado en su momento aprobando Valdecañas a sabiendas de que era ilegal”

Paca Blanco, histórica militante ecologista con una dilatada trayectoria de oposición al proyecto ha declarado que “vamos a seguir peleando. No creemos que Podemos les apoye ni en Extremadura ni en el Congreso. Es inaudito que la Junta de Extremadura se eche al monte y se niegue a cumplir las sentencias. Ya iremos viendo cómo acaba todo esto; será con la demolición y el desmantelamiento del Marina Isla Valdecañas y tendría que ser que lo pagara el presidente con su patrimonio. Personalmente pido su dimisión y es lo que tenía que estar haciendo el pueblo Extremeño por su mala gestión en Extremadura”.

Desde el ámbito jurídico, y en comunicación con El Salto tras conocer la noticia, Nino Trillo, abogado del equipo que ha sostenido el pulso judicial frente a Isla de Valdecañas ha manifestado que “lo que se pretende con esto es volver a hacer lo que ya se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional por contradecir la Ley del Suelo de ámbito estatal (aquella reforma de la Ley del Suelo de Extremadura que fue declarada inconstitucional). Ahora se pretende dar un paso más allá y aprovechando la capacidad de realizar proposiciones de ley de la que están dotados los parlamentos autonómicos, modificar la Ley del Suelo estatal y de este modo permitir urbanizar en suelos protegidos por la Red Natura 2000. Esto significaría su legalización, además, porque contempla un procedimiento de legalización de proyectos declarados ilegales en suelos de dicha Red”. Abriendo el foco de las posibles implicaciones de la propuesta, e insistiendo en los aspectos jurídicos, ha afirmado también que “resulta una aberración que lo que va a suponer es que en sitios donde la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística han hecho perder grandes espacios naturales, especialmente en el litoral, se abra la posibilidad de que sean urbanizados suelos dentro de espacios protegidos”.

“Resulta una aberración que lo que va a suponer es que en sitios donde la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística han hecho perder grandes espacios naturales, especialmente en el litoral, se abra la posibilidad de que sean urbanizados suelos dentro de espacios protegidos”

Concluye afirmando que se trataría de “una huida hacia adelante de la Junta de Extremadura y su pretensión es inejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a pesar de que el Supremo le dio la razón planteando la demolición total de todo lo construido en Valdecañas, incumplir la ejecución y legalizar el proyecto a pesar de los reiterados pronunciamientos judiciales. Una huida hacia adelante que demuestra una actitud caciquil y cuasi prevaricadora de la Junta de Extremadura”.

Ecologistas en Acción, la organización que ha mantenido hasta el final la confrontación frente a Marina Isla de Valdecañas, junto a Amigos de la Tierra, ADENEX, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF ha manifestado de “inadmisible” el intento de hacer urbanizable la Red Natura que impulsa la Junta de Extremadura. En un comunicado conjunto de las principales organizaciones ecologistas señalan, además, que “los mensajes que está lanzando el Gobierno extremeño contra los espacios protegidos suponen un grave retroceso y son muy negativos para la sostenibilidad de nuestra sociedad”.

“La actuación de la Junta de Extremadura está siendo especialmente criticable e impropia de una administración responsable: en lugar de acatar la ley, pedir disculpas y depurar responsabilidades por su pésima actuación en relación a Marina de Valdecañas, cuestiona la integridad de la Red Natura y a las organizaciones ambientales”

Dichas organizaciones han querido subrayar, también, cómo “esta iniciativa supone una completa aberración desde el punto de vista ambiental, ya que pretende que se pueda urbanizar en los terrenos declarados rurales de la Red Natura 2000. Además, choca frontalmente con la transición ecológica y respeto a la biodiversidad a que se ha comprometido el PSOE y el Gobierno a nivel estatal”, lamentando que “muchas fuerzas políticas extremeñas dediquen esfuerzos a debilitar y socavar la red de espacios protegidos que se incluyen en Natura 2000. Esta figura legal fue creada por la UE y constituye una de las principales herramientas de conservación de la biodiversidad en Europa”. Del mismo modo, han manifestado que “la actuación de la Junta de Extremadura está siendo especialmente criticable e impropia de una administración responsable: en lugar de acatar la ley, pedir disculpas y depurar responsabilidades por su pésima actuación en relación a Marina de Valdecañas, cuestiona la integridad de la Red Natura y a las organizaciones ambientales, como si la protección de los espacios y las personas que los defienden fueran el principal problema para el desarrollo de Extremadura”.