Energía
El Congreso tumba el ‘decreto antiapagones’ del Gobierno

Mayor supervisión pública sobre el sistema energético. Crear la figura del gestor del autoconsumo para impulsar las comunidades energéticas y descentralizar la producción. Penalizar a las centrales de gas (propiedad casi todas del oligopolio de Endesa, Naturgy e Iberdrola) o nucleares (todas pertenecen al triunvirato) que incumplan sus obligaciones de absorción de energía reactiva. Estas son algunas de las medidas inscritas en el Real Decreto-ley 7/2025, más conocido como ‘decreto antiapagones’, que han decaído con la no convalidación de la norma en la Cámara Baja. Una vez más, un texto legislativo propuesto por el Gobierno no supera el trámite parlamentario por la falta de apoyos dentro del propio bloque de investidura: de sus socios, han votado en contra de la propuesta Podemos, BNG, Chunta y Junts. Los votos afirmativos han sido los de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Compromís y Coalición Canaria.

En su comparecencia en el último pleno antes del verano celebrado este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido su norma: ha asegurado que existe un gran “consenso social” sobre las medidas del decreto, desde ecologistas a empresarios, y ha prometido que el voto afirmativo era un paso hacia el “interés general”. “El decreto permitirá avanzar en una transición ecológica que es una oportunidad social, económica e industrial para nuestro país”, ha defendido Aagesen.

A pesar de no contener medidas de esas que abren periódicos, secciones del articulado han sido objeto de celebración por parte de sectores afines a las renovables o al autoconsumo eléctrico.

El Real Decreto-ley se aprobó en Consejo de Ministros solo una semana después de que el Ejecutivo presentase su informe sobre las causas del apagón del 28 de abril. El análisis culpa a las grandes empresas generadoras, como Endesa, Iberdrola o Naturgy, y al operador del sistema, Red Eléctrica de España. A pesar de no contener medidas de esas que abren periódicos, secciones del articulado han sido objeto de celebración por parte de sectores afines a las renovables o al autoconsumo eléctrico.

El Gobierno deberá reformular el texto y volver a someterlo al aval parlamentario tras el verano si quiere perseverar en las medidas recogidas en el texto ya sin validez legal.

Fin a la “gran palanca” del desarrollo del autoconsumo y las penalizaciones al oligopolio

El 7/2025, un decreto más técnico que político, no recoge las demandas históricas de la izquierda en la calle, como la expropiación de grandes eléctricas o la creación de una empresa energética pública. Sin embargo, sí da pasos hacia lo que podría ser una tímida descentralización del sistema eléctrico y, aunque no es tajante contra el oligopolio y las empresas oligopolistas se beneficiarán de un gran pedazo del pastel de los 3.000 millones de euros inversión del decreto, algunas medidas perjudican la garra que las tres compañías tienen sobre la producción y distribución de energía en España. 

El decreto incluía una serie de medidas para fomentar el autoabastecimiento con energías limpias, lo que descentraliza el sistema energético y permite alejarse de las grandes compañías

La Alianza por el Autoconsumo, que engloba a 60 entidades de la sociedad civil, celebró como la “gran palanca” del desarrollo de las comunidades energéticas la aprobación del decreto en la mesa del Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. La figura del gestor del autoconsumo y la ampliación de la distancia máxima entre producción y consumo de dos a cinco kilómetros son reivindicaciones históricas de las comunidades que optan por autoabastecerse con energías limpias, descentralizando así el sistema energético y saliendo de las manos de las grandes compañías generadoras y distribuidoras.

El decreto también supone un impulso a las energías renovables: las verdes pasarían a poder regular potencia y funcionar como energía de respaldo (gracias al empujón a la instalación de baterías), tarea reservada anteriormente para las centrales térmicas. Además, las gasísticas y nucleares también podrían ser penalizadas en caso de no cumplir sus obligaciones de absorción de energía reactiva, sanciones que antes del decreto —y ahora, tras su decaimiento— se limitaban a las renovables, cogeneración y residuos. Estas medidas perjudican a Endesa, Naturgy e Iberdrola más a que a las pequeñas empresas de un sector que, aunque oligopolista, cuenta con miles de compañías en las diferentes fases de producción o distribución; las tres grandes son las que controlan la mayoría de centrales de ciclo combinado del país y son propietarias de los siete reactores nucleares que funcionan en España.