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Cinco condenas de la ONU y los alquileres más caros: el panorama en vivienda que dejan 25 años de gobiernos populares

En los buscadores de vivienda en alquiler apenas se encuentran un puñado de pisos por 400 euros. Es el mínimo precio que se puede encontrar, y para casas que no llegan a los 30 metros cuadrados y, por supuesto, fuera de la M30. Si buscamos en el centro los euros suben y los metros bajan.

“Somos los ganadores en el peor de los ránkings”, afirma Belén García Nieto, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid.  “Después de 26 años de políticas del Partido Popular somos la comunidad con el precio medio de alquiler más alto de toda España, 780 euros; Madrid es la segunda provincia con el metro cuadrado de vivienda libre más caro; doce de los 21 distritos de la capital están tensionados, se destinan a la vivienda más del 30% de los ingresos: y la edad media de emancipación es de 32 años”, detalla la activista.

Son datos que muestran el panorama en cuanto a vivienda que se vive en la Comunidad de Madrid. “Esto, sin una ley autonómica de vivienda, es el paraíso de los especuladores, es salvaje”, continúa García Nieto, que recuerda que la ONU ha condenado ya cinco veces a España por vulnerar el derecho a la vivienda, y esas cinco veces han sido por casos ocurridos en la Comunidad de Madrid.

La última, de marzo de este año, fue a raíz de la denuncia realizada por una familia con cuatro niños menores de edad que, tras ser desahuciada en 2018, fueron llevados de hostal en hostal, todos en pésimas condiciones, lo que provocó que la mujer, que estaba embarazada de siete meses, perdiera su bebé. Al tiempo, ellos mismos pudieron alquilar por sus medios una pequeña vivienda en La Cañada Real, donde denuncian que sus hijos menores casi mueren de frío ante la inacción de las administraciones por el temporal filomena. 

Nueva condena a España por vulneración del derecho a la vivienda

Pablo 'Pampa' Sainz

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Derecho a la vivienda

Vivienda Nueva condena a España por vulneración del derecho a la vivienda

Pablo 'Pampa' Sainz

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La quinta condena de Naciones Unidas contra el Estado español es por el desahucio en 2018 de una familia con dos pequeños con discapacidad.

Vivienda El conflicto por los alquileres tensa la coalición

“La política llevada a cabo en estos 25 años de gobierno autonómico del Partido Popular ha sido convertir a Madrid en un espacio en el que facilitar la especulación, la revalorización de los activos inmobiliarios, atraer más inversión de oligarquías internacionales en viviendas de lujo y pisos turísticos”, explica Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Es pura economía rentista y especulativa, y para ello no solo han promovido políticas que lo impulsara, sino que han dejado de hacer otro tipo de políticas de vivienda que lo frenara”, continúa Gil. 

Gil subraya que, mientras en otras comunidades autónomas se han ido aprobando leyes que facilitaran el acceso a la vivienda, “en Madrid ha sido todo lo contrario, han dado más facilidad para que se revaloricen suelos y activos, y esto va a hacer que suban los precios en un contextos en el que los sueldos no crecen, por lo que se acaba ahogando a la población y también al consumo”. 

Como ejemplo, apunta la única ley aprobada en los dos años de legislatura de Isabel Díaz Ayuso, una reforma parcial de la Ley del Suelo, aprobada en octubre de 2020, con la que se suprimieron licencias antes obligatorias en la construcción, sustituyendolas por una declaración responsable urbanística. “La reforma parcial de la ley del suelo es convertir Madrid en un solar urbanizable para eliminar barreras a la construcción”, sintetiza Gil. 

“La valoración es la misma que el año pasado, y que el anterior y el anterior: las cosas no van a mejor, todo lo contrario, van a peor en materia de política de vivienda social, la Comunidad de Madrid es un desastre”, sostiene, por su parte, Vicente Pérez, responsable del área de vivienda en la FRAVM. “No hay nuevas viviendas, no tiene parque suficiente, el parque que tiene lo vende”, añade. 

“Ahora, cuando hay una sentencia que obliga a recuperar las viviendas, está poniendo todos los obstáculos para no cumplirla”, lamenta Vicente Pérez en referencia a las 3.000 viviendas vendidas a un fondo buitre por el IVIMA en 2013

Pérez subraya una de las grandes carencias en el ámbito de la vivienda madrileño: la falta de vivienda pública, que en Madrid se agravó en 2013 con la venta de viviendas por parte de las instituciones madrileñas a fondos de inversión. Hoy, ocho años después y con varias sentencias que invalidan la venta y obligan a la administración madrileña a recuperar las casas, las 3.000 viviendas que el IVIMA vendió a Goldman Sachs siguen en manos de este fondo de inversión. “Ahora, cuando hay una sentencia que obliga a recuperar las viviendas, está poniendo todos los obstáculos para no cumplirla”, lamenta Pérez. “Argumentan que solo tendrían que recuperar la vivienda de la persona que ganó el juicio, pero la sentencia anula el proceso de venta de estas viviendas entero y los tribunales ordinarios están diciendo una y otra vez que tiene que recuperar todas las viviendas”, continúa.

Y, desde entonces, según explica, “no ha habido más vivienda pública en Madrid, más allá de las que se iniciaron en la época de Manuela Carmena, unas 200 y pico, pero, por parte de la Comunidad de Madrid, cero”

La situación de España en cuanto a la vivienda protegida es mala, presenta los peores números de toda la Unión Europea. Las viviendas sociales suponen solo un 2,5% respecto al parque total de viviendas, frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Dinamarca o el 19% de Suecia, según datos de Eurostat y Housing Europe recogidos en el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Si la cuenta se hace en proporción a la población, los datos de vivienda social en España siguen la misma línea: una vivienda social por cada 100 habitantes frente a las cuatro de media europea, las 10 de Austria, o las 7,5 de Francia o Reino Unido. Y si se hace con respecto al número de hogares, toca a 1,27 viviendas sociales por cada cien hogares. 

Y frente a este desolador panorama estatal, Madrid tiene cifras por debajo de la media española. El Boletín especial de Vivienda Social 2020 cifra en 20.693 las viviendas públicas en manos de instituciones autonómicas o ayuntamientos en la Comunidad de Madrid. Haciendo la cuenta con los 262.7000 hogares madrileños que se cuentan actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, resulta en 0,78 viviendas sociales por cada 100 hogares, frente a las 3,37 de País Vasco o las 3,12 de Extremadura. Si la cuenta se hace por población, tocan 0,3 viviendas sociales por cada cien personas en Madrid.

“La situación en España no es buena, pero Madrid está en el furgón de cola”, apunta Vicente Pérez. Según explica, un territorio con las características de la Comunidad de Madrid, para equipararse a Europea necesitaría entre un 10% y un 20% de vivienda social sobre el parque total de vivienda. “Pero estamos muy lejos de esas cifras, necesitamos que las administraciones autonómica y las municipales produzcan viviendas, colaborando con entidades sin ánimo de lucro o saquen vivienda vacía que se pueda destinar al alquiler”, señala.

En el programa del Partido Popular se subraya como una de sus promesas estrella el Plan Vive, que ya estaba incluido en el programa de 2019 y por el que se promete la construcción de 25.000 viviendas en los próximos ocho años con precios reducidos de alquiler. Sin embargo, el modelo dista mucho de gustar a la FRAVM ni a los colectivos de vivienda. “La idea del Plan Vive no es impulsar vivienda social ni pública; es darle suelo público a empresas privadas para que construyan vivienda a cambio de que respeten unas determinadas condiciones”, denuncia Pérez. “No veo que regalarles el suelo, que es lo que plantea el Plan Vive, resuelva el problema de déficit de vivienda pública de la ciudad, como tampoco lo hacen operaciones urbanísticas como la de Chamartín”. Por su parte, Javier Gil recuerda que en otras comunidades, como en Catalunya, la ley establece que el 40% de las nuevas viviendas sean en régimen de vivienda protegida. 

Vivienda vacía, y sin planes de sacarlas al mercado

La vivienda vacía ha sido otro de los temas en los que la administración madrileña sigue sin trabajar. Según el último Censo de Población y Vivienda del INE, del 2011. En España había entonces alrededor de tres millones de viviendas vacías, un 13, 6% del total de viviendas. Madrid no presenta los peores números. Según datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el porcentaje de vivienda vacía sobre el total de parque de vivienda en la comunidad alcanzaba en 2011 el 9,1%. Pero tampoco se han establecido medidas para que estas viviendas salgan al mercado, cómo sí se ha hecho en otras comunidades.

Desde 2004, la Ley de Haciendas Urbanas contempla que los ayuntamientos puedan establecer un recargo en el impuesto sobre bienes inmuebles de hasta el 50%, aunque la ley no establecía, sin embargo, una definición del concepto vivienda vacía. Para poder aplicar esta medida, en varias comunidades autónomas han establecido en sus respectivas leyes de vivienda definiciones de vivienda vacía. Lo hizo Catalunya en diciembre de 2020 con el Decreto-ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Lo hizo País Vasco en 2015, con una ley en la que incluso se contempla expropiar viviendas vacías que fue avalada por el Tribunal Constitucional. Y también Andalucía —en 2013, aunque el Constitucional en este caso sí rechazó que la ley andaluza incluyera la expropiación de viviendas vacías—, Baleares —2018—, Canarias —2014—, País Valencià —2017—, Extremadura —2019— y Navarra —2013—. 

“Aquí no está regulado lo que se entiende por vivienda vacía, por lo que los ayuntamientos no pueden aplicar ese recargo del 50% en el IBI. Otras  comunidades han ido cubriendo este tema, haciendo normas al respecto, por lo que esa dificultad la han superado, pero aquí no”, lamenta Vicente Pérez.

Tampoco se ha aliviado la tensión que supone el coste de alquiler para las familias con rentas más bajas a través de ayudas directas. Según recuerda Vicente Pérez, las únicas ayudas al alquiler que se han dado en la Comunidad de Madrid, a raíz de la pandemia de coronavirus, han sido con dinero y directrices de la Administración central. “De motu propio, la Comunidad de Madrid no ha hecho nada”. 

Por su parte Gil señala que, si no en la Comunidad, en el Ayuntamiento sí se han establecido líneas de ayudas al alquiler, pero para rentas medias. 30 millones en ayudas a dar en un plazo de tres años a través del programa Reviva. Eso si, para acceder a estas ayudas hay que tener unos ingresos de entre tres y 7,5  veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, tener ingresos familiares anuales de entre 32.200 y 88.200 euros. “Una pareja de 45 y 43 años, sin hijos/as, cuyos ingresos conjuntos suman 3,72 veces el IPREM (ganan 3.100 euros entre los dos): La EMVS les buscará casa cuyo alquiler mensual nunca superará los 870 euros”, señala como ejemplo de funcionamiento del programa la web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

“Son unas ayudas para rentas altas, recursos públicos para mantener los precios inflados, y eso es contrario a una política de vivienda, que debe considerar la vivienda como un derecho y poner mecanismos para que pueda haber más vivienda asequible”, afirma Gil. 

¿Y la nueva ley de alquiler estatal?

Aunque los precios de alquiler en Madrid se han moderado algo a causa de la pandemia, desde la FRAVM advierten que el ciclo alcista volverá pronto, en cuanto se recupere el mercado. “En todo caso, la disminución del precio es pequeña y seguimos teniendo problemas de accesibilidad a la vivienda, y sobre todo para las rentas bajas, por eso el número de desahucios se mantiene y cuando acabe la prórroga del gobierno aumentará notablemente”, explica Vicente Pérez.

A las puertas de una nueva Ley de Vivienda, en la que el PSOE sigue rechazando la regulación del precio de los alquileres propuesta por Podemos, una medida que sí está bien vista por parte de la FRAVM y por colectivos por el derecho a la vivienda, como la PAH o los sindicatos de inquilinos y que tiene el rechazo frontal de Partido Popular y Ciudadanos.

El PSOE se niega a apoyar un acuerdo de mínimos para defender el derecho a la vivienda en Madrid

Martín Cúneo

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El PSOE se niega a apoyar un acuerdo de mínimos para defender el derecho a la vivienda en Madrid

Martín Cúneo

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Unidas Podemos y Más Madrid firman un acuerdo con el movimiento de vivienda por el que se comprometen a aprobar una ley que regule los alquileres y la ILP de Vivienda rechazada en 2017. El PSOE se alinea con PP, Cs y Vox en materia de vivienda.

“Deberían fijar un techo y también regular las subidas anuales, pero, de todas formas, en el caso de que finalmente se regule, luego la aplicación de esa posibilidad dependerá de las comunidades autónomas y ayuntamientos, así que, si se llega aprobar, si repite Ayuso dudo mucho que alguna vez se llegue a aplicar en la Comunidad de Madrid”, concluye Vicente Pérez.