El Salvador
Apadrinado por Trump, Bukele profundiza su deriva autoritaria en El Salvador

“El régimen de Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Bajo un Estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho”. Con esa contundente y preocupante conclusión, Cristosal, la principal ONG de derechos humanos salvadoreña, explicaba hace unos días su salida del país centroamericano tras 25 años de trabajo y alertaba sobre una imparable “escalada de criminalización”.

Los 20 trabajadores de Cristosal, reconocida por sus investigaciones sobre la corrupción y los atropellos del Gobierno de Nayib Bukele, tuvieron que emigrar. No pudo hacerlo Ruth López, una de sus directoras, quien sigue encarcelada desde mayo en el marco de una ola de detenciones contra una veintena de dirigentes sociales, periodistas y abogados opositores.

“Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Bajo un estado de excepción permanente, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho”, dice la principal organización de DDHH del país

La relatora especial de la ONU Gina Romero advirtió que “es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecución sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere el cierre de sus actividades como método de protección”.

Cristosal es solo un botón de muestra. Desde que impuso el Estado de excepción en marzo de 2022, Bukele suspendió derechos constitucionales, restringió la libertad de prensa y socavó la independencia judicial. En estos 40 meses, Cristosal recabó más de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Pero en los últimos meses la espiral represiva se intensificó. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, desde mayo unos 60 abogados, periodistas y activistas tuvieron que huir del país por las amenazas, el hostigamiento policial, la vigilancia y el temor a ser detenidos. 

“Entramos a una nueva fase, en la que Bukele está terminando con las pocas voces opositoras que quedaban en el país”, alerta Carlos Dada, director del periódico digital El Faro, en el podcast El hilo. La persecución se recrudeció luego de que ese medio publicara entrevistas con líderes pandilleros en las que admiten los pactos con Bukele para reducir los homicidios a cambio de beneficios varios.

Si bien El Faro ya había revelado en 2020 los acuerdos secretos de Bukele con los grupos criminales, por primera vez un pandillero de alto rango los relataba a cámara con lujo de detalles. Eso debilitó la legitimidad de Bukele, ya que su régimen de excepción tiene como pretexto el combate a las pandillas, pero si los propios pandilleros aclaran que no hubo persecución sino negociación, su narrativa pierde sustento.

Desde que impuso el estado de excepción en marzo de 2022, Bukele suspendió derechos constitucionales, restringió la libertad de prensa y socavó la independencia judicial

Las represalias judiciales no tardaron en llegar. En julio, El Faro publicó un texto titulado “El exilio nos alcanza”, en el que narran la salida del país de casi todo su equipo tras una decena de órdenes de captura contra sus periodistas.

“En junio ocurrió el gran éxodo del periodismo salvadoreño independiente y de decenas de activistas por los derechos humanos y ambientales —explican—. Tras un mayo donde la dictadura salvadoreña arremetió con fuerza, este es un retrato de un exilio que ya venía ocurriendo con cuentagotas desde que Bukele llegó al poder, pero que nunca había sido tan masivo y evidente como ahora”. El Faro ya había mudado su sede operativa a Costa Rica en 2023 tras sufrir espionaje y constantes ataques del Gobierno.

La deriva autoritaria incluyó la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone multas, sanciones e impuestos a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, un nuevo instrumento “legal” para vigilar, asfixiar y silenciar las voces críticas.

El factor Trump y el Guantánamo centroamericano

Muchas voces coinciden en que esta impronta represiva se profundizó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Después del ninguneo de Joe Biden, quien nunca lo recibió, Bukele encontró en el magnate republicano un aliado perfecto.

“La llegada de Trump cambió absolutamente el escenario para Bukele, que era un paria en la arena internacional —señala Dada—. En primer lugar, porque viejos socios suyos entraron a los círculos cercanos a Trump; segundo, porque Trump no esconde sus simpatías por los gobernantes antidemocráticos; y tercero, porque Bukele le puso un regalo sobre la mesa: recibir a todos los deportados”.

El inédito regalo de Bukele fue anunciado durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en marzo pasado: ofreció su famosa y cuestionada megacárcel para encerrar a los migrantes —de cualquier nacionalidad— expulsados por Trump. Rubio, que tal vez no pedía tanto, describió la propuesta como un “gesto extraordinario nunca ofrecido por ningún país”.

A Trump le venía bien una suerte de sucursal de Guantánamo en Centroamérica en su cruzada anti inmigrante por una módica suma de seis millones de dólares anuales, y Bukele relanzaba así su marketinero modelo de seguridad.

Una investigación de The New York Times asegura que Bukele, a cambio, le pidió a Trump el regreso de algunos líderes de las maras y frenar la extradición de otros a EEUU para que no testifiquen en su contra, ya que desde 2019 el FBI lo investiga por ese pacto que le permitió bajar los niveles de violencia a cambio de liberar a algunos de sus cabecillas. “Así es como Bukele está comprando su propia impunidad”, dice el cronista salvadoreño Óscar Martínez en entrevista con Le Grand Continent.

Pero la jugada de la “cárcel trasera” de EEUU no salió del todo bien. Después de las cinematográficas imágenes publicitarias del primer contingente con 252 deportados —la mayoría venezolanos— semidesnudos, esposados de pies y manos, y con las cabezas afeitadas, llovieron las denuncias.

ProPublica identificó a 238 de los desterrados por EEUU: al menos 197 no tenían condena por ningún delito, solo seis estaban sentenciados y 118 tenían sus trámites migratorios en proceso

Empezaron a saltar muchos casos de migrantes deportados de forma irregular o “por error”, como Kilmar Ábrego García —un fallo judicial había prohibido su deportación—, o situaciones insólitas como la del futbolista Jerce Reyes Barrios, cuya prueba de ser pandillero era tener un tatuaje del Real Madrid.

La agencia periodística ProPublica hizo un análisis exhaustivo e identificó a 238 de los desterrados: al menos 197 no tenían condena por ningún delito, sólo seis estaban sentenciados y 118 tenían sus trámites migratorios en proceso, lo que debió haberlos protegido de la deportación.

“Bukele ofrece una especie de Guantánamo centroamericano, porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior y no tienen ningún acceso genuino a recursos legales”, denunció Juan Pappier, subdirector de Humans Right Watch.

La comparación no es caprichosa. Al igual que la prisión militar de alta seguridad que EEUU mantiene en la bahía cubana, el sistema carcelario salvadoreño también opera al margen de cualquier legalidad.

Luego de un aluvión de denuncias en los tribunales estadounidenses, que incluían los maltratos y torturas a las que eran sometidos, finalmente los 252 venezolanos, acusados sin ninguna prueba de ser miembros de la banda Tren de Aragua, fueron enviados a Caracas tras un acuerdo entre los Gobiernos de Venezuela y EEUU que incluyó a cambio la liberación de diez presos estadounidenses.

“Nayib Bueke no existe en esta negociación. Nosotros hablamos con el dueño del circo, no con el nazi payaso que gobierna El Salvador”, aseguró Nicolás Maduro. Posteriormente, la Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación contra Bukele por crímenes de lesa humanidad.

“La cárcel más grande de América”

Así vendió al mundo Bukele el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), su megaproyecto penitenciario que publicita con esos dantescos videos en HD. La población carcelaria del país pasó de 38.000 personas en el inicio de su mandato en 2019 a unas 120.000. Hoy El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con el 2% de su población presa.

Benjamín Cuéllar, integrante de la agrupación Víctimas Demandantes (Vidas), señala que “de la situación en el Cecot, al igual que en muchos otros aspectos de este régimen inconstitucional, no hay nada de información oficial. Se dice que allí hay unos 15.000 detenidos. Pero el problema son los que están detenidos en los otros centros penales, con graves problemas de hacinamiento, insalubridad, enfermedades, muchos de ellos detenidos injustamente”.

"Bukele ofrece una especie de Guantánamo centroamericano, porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior”, dice HRW

Las organizaciones de derechos humanos estiman que de los 87.000 detenidos durante el régimen de excepción, cerca de un 15% no cometió ningún delito. Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, explica: “El Cecot se ha hecho para publicitar a nivel internacional. Allí están pandilleros que ya estaban detenidos de antes y que fueron trasladados allí. Es puro marketing. Las personas inocentes que son capturadas van a parar a penales comunes, en donde se enferman o incluso mueren”.

La organización Socorro Jurídico Humanitario contabiliza que, en estos 40 meses del régimen de excepción, 427 presos murieron en penales salvadoreños. Uno cada tres días. En gran medida “por la combinación de condiciones inhumanas, golpizas, tortura sistemática y privaciones de comida”, según las pruebas recabadas por Cristosal. Ninguno había sido condenado por algún delito al momento de su muerte.

El dictador más cool

La contracara de esta democracia maltrecha es la alta popularidad que, aunque menguada, aún mantiene Bukele. Y que se explica, en primer lugar, por la reducción de la violencia: el país pasó de 38 a 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

“El nivel de aprobación sigue siendo alto porque alto era el nivel de peligro, sangre y muerte que había con las pandillas. No es que ahora sea un país seguro, sino que está totalmente militarizado”, explica Benjamín Cuéllar. La ecuación parece sencilla, y entendible: la gente prefiere seguir con vida aunque eso implique menos derechos y libertades.

Pero hay otro factor que explica el fenómeno. “Se creó un ambiente donde la gente tiene temor a decir cómo se siente y a denunciar las cosas que pasan”, comenta Keyla Cáceres. Castigar para intimidar. El viejo truco del miedo como instrumento de control.

Bukele, el carismático expublicista devenido en líder mesiánico, se llegó a autonombrar en su perfil de X como “el dictador más cool del mundo mundial”

Un combo perfecto para anular cualquier contrapeso opositor que bien sintetiza la periodista Angélica Cárcamo en un artículo publicado en El Faro: “Bukele se quitó la máscara y decidió ejercer el poder con las herramientas clásicas de un dictador: cooptación de los poderes del Estado, reelección inconstitucional, persecución política, represión a la protesta social y censura a los medios no alineados. Se consolida así la dictadura cool de un régimen que ha desmantelado toda forma de democracia”.

Bukele, el carismático expublicista devenido en líder mesiánico que se llegó a autonombrar en su perfil de X como “el dictador más cool del mundo mundial”. El tuitero en jefe del Estado salvadoreño que consolida su autocracia como un ejemplo para la ultraderecha global. Apañado bajo el paraguas de Trump y el silencio de la “comunidad internacional”.