Filosofía
Urbanismo y participación ciudadana: haciéndole el juego al capital

En su libro Deseo de Multitud, Juan Manuel Aragüés se preguntaba “¿cómo hacer efectivo el kratos [la fuerza] del demos?”, a lo cual daba dos respuestas. 1. “Empoderando a ese demos, dándole los instrumentos para la toma de decisiones”, y aunque a algunos les pueda extrañar, 2. “Desde la conciencia de los límites de la participación política y social”.

Años atrás, el filósofo Slavoj Žižek afirmaba que dentro de esta complicada amalgama de políticas y dispositivos neoliberales en la que vivimos —que están específicamente diseñados para poner a trabajar la libertad misma de las personas en favor del capital—, existen ciertas ocasiones en las que es “mejor no hacer nada que implicarse en actos localizados cuya función última es hacer funcionar más suavemente el sistema”.

Desde nuestro punto de vista, uno de los principales ámbitos donde cobran un renovado interés ambas opiniones es el del urbanismo participativo. Ello se debe a que mientras que en las primeras décadas posteriores a 1945 la mayor parte del plusvalor capturado por el capital todavía provenía directamente del trabajo físico realizado en las fábricas, en la actualidad es generado mediante procesos de revalorización del espacio urbano que, económicamente hablando, son concebidos como una “externalidad”. Es decir, como algo que no depende directamente del trabajo realizado en el interior de las empresas que se benefician de dicha revalorización. No por nada el geógrafo marxista David Harvey afirmó hace ya tiempo que “las ciudades son empresas colaborativas a gran escala”, y el filósofo —también marxista— Antonio Negri lleva décadas recordándonos que “las metrópolis son las fábricas del siglo XXI”.

Debido a ello, uno de los principales intereses de las actuales gobernanzas neoliberales consiste en promover al máximo el tipo de externalidades urbanas que promuevan revalorizaciones económicas de barrios enteros, y que muchas veces implican una participación activa por parte de la población. Las actuales políticas europeas de regeneración urbana etiquetadas bajo el término muchas veces engañoso de “urbanismo participativo” son uno de los mejores ejemplos de esta nueva realidad política.

No debemos confundir democracia con participación. Una democracia auténticamente materialista conlleva necesariamente el empoderamiento de los sectores más vulnerables de la población.

URBANISMO PARTICIPATIVO Y NEOLIBERALISMO

La promoción institucional del urbanismo participativo en la Unión Europea tiene su origen en las políticas de regeneración urbana desarrolladas a comienzo de los 90 y el enfoque area-based posteriormente consagrado por el informe de la OCDE Distressed Urban Areas publicado en 1998. Con anterioridad a dichas iniciativas, la filosofía del Estado de bienestar todavía consistía en políticas de redistribución de la renta consistentes en subvencionar determinados servicios públicos a las partes más vulnerables de la población de forma directa. Con posterioridad a las mismas, el enfoque area-based supuso la reducción de las subvenciones directas a la población más vulnerable para centrarse en la regeneración del espacio urbano. La justificación de este cambio de estrategia consistió en considerar que la mejora del espacio urbano serviría para facilitar el acceso de los ciudadanos —ahora concebidos como “emprendedores” de sus propias vidas— a las oportunidades laborales y mercantiles con las que conseguir por sí mismos los medios necesarios para su sustento.

Con esta concepción en mente, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea copió la filosofía abiertamente neoliberal del programa británico City Challenge desarrollado desde el Department of Environment de la administración Thatcher. En ambos casos, los objetivos del programa se concentraron en “la adopción de estrategias radicadas localmente que atrajeran inversión, estuvieran basadas en la creación de un clima de calidad ambiental y cultural empresarial, y en la formación de asociaciones entre las autoridades locales y todos los actores con intereses en el área de actuación”. Es únicamente dentro de este heterogéneo grupo que reúne a “todos los actores con intereses en el área de actuación” que encontrará su lugar la participación ciudadana propia del urbanismo participativo promovido por la Unión Europea.
Del mismo modo, el calificativo “integral” de las actuales Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) incluye la participación ciudadana dentro de una complicada matriz de entidades públicas y privadas como administraciones públicas territoriales (Integración administrativa vertical), órganos administrativos sectoriales relativos a vivienda, urbanismo, servicios sociales, medio ambiente, educación, cultura o turismo (Integración administrativa horizontal), y agentes públicos y privados como entidades financieras, sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones de lo más variado.

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Más allá de una mera gestión colectiva de los bienes, lo común es un modo de auto-organización social completamente alternativo al derecho occidental.

La principal consecuencia —conscientemente buscada— de esta forma de concebir la participación ciudadana radica en diluir en un jerarquizado magma de intereses cruzados la participación, siempre mínima, de una ciudadanía cansada de involucrarse en complicados procedimientos administrativos que en última instancia continúan minando la capacidad de los ciudadanos para llevar a cabo una toma de decisiones efectiva.

Si bien existe una gran cantidad de arquitectos y urbanistas que se enorgullecen de haber desarrollado diversas metodologías de urbanismo participativo a las que otorgan los más variados nombres, la realidad última de los procesos participativos que realmente son llevados a cabo por parte de las administraciones públicas suelen reducirse a unos simples talleres cuyos porcentajes de asistencia en el mejor de los casos varían entre 40 o 60 personas sobre unos totales de 80.000 en escalas de barrio —o de varios millones en escala ciudad— sin que a nadie le sorprenda que no exista absolutamente ningún control de quórums mínimos de asistencia y participación, ni que las decisiones o propuestas allí tomadas sean o no vinculantes para la administración pública. Una realidad que nos lleva a plantearnos si los procesos participativos que la Ley de Sociedades de Capital estipula para la toma de decisiones por parte de los accionistas, no serán mucho más “participativos” que cualquier metodología de urbanismo participativo empleada para justificar socialmente lo que no deja de ser un proceso de gentrificación conscientemente buscado tanto por las administraciones públicas como por las empresas, e incluso parte de la población.

Una vez dentro de la lógica institucional de la Unión Europea, la auténtica finalidad de las etiquetas de “participación ciudadana” o “urbanismo participativo” queda reducida únicamente a servir de legitimación, mediante la apelación al consenso, de unas decisiones que en realidad siguen siendo tomadas de forma absolutamente discrecional y unidireccional por los poderes fácticos. Tal y como afirmaba el urbanista Robert Goodman “las instituciones de renovación urbana con frecuencia hablan de participación ciudadana [...] sin embargo las decisiones finales después de las audiencias públicas son tomadas únicamente por aquellos que están en el poder”.

COMUNES URBANOS vs URBANISMO PARTICIPATIVO

Frente a esta concepción neoliberal y jurídico-representativa de la participación ciudadana, intelectuales como David Harvey o Antonio Negri defienden la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de urbanismo basado en la filosofía de los comunes urbanos, cuyo ejemplo paradigmático coinciden en identificar en la gestión del espacio urbano desarrollado por la comunidad aymara de El Alto en Bolivia, a la que han llegado a equiparar con la Comuna de París de 1871.

Fruto de las emigraciones masivas del campo a la ciudad durante la década de los 80, la comunidad aymara generó nuevos asentamientos completamente autónomos y sin planificación alguna por parte de las administraciones. Dichos asentamientos se auto-gestionaron en torno a juntas vecinales cuyos únicos requisitos a cumplir para el reconocimiento por parte de la federación de juntas eran estar en posesión de un plano de urbanización y haber reunido un máximo de 200 familias. Dicho límite se determinó en función de la posibilidad de realizar asambleas generales con democracia directa. A su vez, cada junta vecinal desarrollaba sus propios registros relativos a la ubicación de cada predio, los títulos de propiedad y el pago de impuestos.

Los procesos de participación ciudadana presentes en los urbanismos participativos promovidos en Europa durante las últimas décadas se reducen a una simple retórica con la que legitimar un nuevo tipo de especulación sobre el espacio urbano.

Ahora bien, como solución a la aducida “ingobernabilidad” de dichos asentamientos por parte de las administraciones públicas, el informe encargado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Bolivia insistió en la necesidad de superar las organizaciones vecinales, “actualmente fragmentadas y atomizadas, para poder implementar procesos de profundización democrática y responsabilidad ciudadana” mediante la generación de unidades administrativas (barrios) cuya población oscilase entre 5.000 y 8.000 habitantes en tanto que “umbrales mínimos de vida en comunidades urbanas”.

A este respecto, el activista Raúl Zibechi ya comentaba que “lo que se busca al instituir barrios más grandes es abrir espacios a la representación, o sea la ausencia del representado, que es una de las mejores formas encontradas por el sistema capitalista para controlar grandes concentraciones de población”. O lo que es lo mismo, la respuesta de las instituciones al empoderamiento realmente democrático de la población urbana allí donde se produce efectivamente radica, curiosamente, en promover procesos más propios de un tipo de urbanismo participativo “cuya función última es hacer funcionar más suavemente el sistema”.