Lawfare
Lawfare contra la clase trabajadora: un caso de manual

El -ahora muy recurrente- concepto lawfare trae origen en las teorías del sector de inteligencia de los Estados Unidos. No es casual. El investigador Gregoy P. Noon lo define como “un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar protestas públicas contra ese enemigo”. Inicialmente se articuló contra determinados líderes políticos latinoamericanos y superado ese banco de pruebas, observamos cómo se despliega a otros ámbitos. El laboral es uno de ellos. Y la lucha sindical ha sido elegida como objetivo.

Analizaremos seguidamente sus diez principales características y su incidencia en el marco actual de relaciones laborales.

1. Instrumentalización del derecho y falta de pruebas sólidas

El lawfare se basa en acusaciones débiles diseñadas para castigar más que para probar. La utilización de las penas de banquillo, los linchamientos mediáticos y la obsesión por el titular justifican la acción jurídica. A menudo esta carece del más elemental rigor técnico y se justifica únicamente en incidir sobre un determinado conflicto: huelgas, negociaciones o despidos son claro ejemplo de contextos idóneo para el lawfare contra los trabajadores. Y así no es casual que las denuncias a los 6 de la Suiza se enmarquen durante un conflicto laboral, que las detenciones de la Operación Fuego se orquesten en la segunda fase de una huelga general del sector del metal, tras la firma de un preacuerdo en solitario por UGT o que se interesen cantidades millonarias solo a determinados -e incómodos- miembros de un Comité de Huelga justo antes del siguiente proceso electoral, como en el caso de Acerinox.

2. Objetivos extralegales

El lawfare busca neutralizar la acción de aquellos sujetos a los que convierte en enemigos. Su fin primordial es atacar una actuación incómoda y que no interesa a determinado sector. Lo jurídico se convierte así en un mero medio. Se atiende exclusivamente al procedimiento y se produce un alejamiento total de la idea de justicia. Justicia y derecho se alejan al máximo en esta concepción.

En los casos laborales, las actuaciones analizadas tienen por objeto reforzar posiciones en situaciones de negociación o conflicto. Es decir, que procuran -en exclusiva- debilitar a la otra parte. Pura correlación de fuerzas. De ahí que se ataque a quienes constituyen una alternativa o a quienes no se doblegan a los intereses patronales o del gobierno de turno. Solo así se explica que el sindicalismo “minoritario” sea mayoritario en detenciones, sanciones, despidos, condenas, multas y demás situaciones represivas.

3. Selectividad

La persecución selectiva es una marca del lawfare. Concretándolo en los recientes casos de Cádiz, ¿es casual que las centrales sindicales afectadas por el mismo sean ATA, CGT y CTM? La discriminación en este ámbito es patente. Y asistimos a dinámicas de verdaderas persecuciones frente a todo aquel que desafíe el statu quo.

4. Apoyo mediático

Los medios de comunicación juegan un destacado papel de complicidad en el desarrollo de las estrategias del lawfare. Se producen habitualmente sesgos informativos, se amplifican narrativas condenatorias, se afecta a la presunción de inocencia y se generan estados de opinión antes de cualquier decisión judicial o sentencia.

Muy especialmente, hay grupos de comunicación que propician deliberadamente estas situaciones. También existe quien actúa como megáfono de provocaciones o de acusaciones infundadas. Basta con leer los titulares de las cabeceras del grupo Vocento durante la reciente huelga del metal gaditana.

5. Abuso de instituciones

El lawfare depende de instituciones judiciales sesgadas que fabrican o exageran cargos. En ocasiones es la propia actuación judicial. Y no solo ocurrió en Brasil, donde Sergio Moro actuó contra Lula, durante la operación Lava Jato. La actuación del juez instructor Lino Mayo enviando a prisión a los 6 de la Suiza o la decisión de ingreso en prisión a quien ha abonado íntegramente la fianza impuesta en la Operación Fuego son ejemplos claros y vivos de que no solo en América Latina se emplea el lawfare. Y la actuación no se limita a políticos, sino que afecta a personas trabajadoras sin cargos sindicales destacados o a meros participantes de convocatorias enemigas.

Si a esta ecuación, sumamos determinadas actuaciones de Fiscalías, patronales o sindicatos amarillos tendremos el cuadro completo. El lawfare no opera en el vacío, sino que depende de un entramado institucional dispuesto a conseguir sus fines.

6. Uso de teorías jurídicas controvertidas

El lawfare se apoya en doctrinas y construcciones legales muy cuestionables. El fin justifica los medios. Y así, todo vale para criminalizar la acción sindical que no se pliega a los intereses de los poderosos.

Asistimos a casos inéditos, precedentes únicos, fianzas desproporcionadas, ficciones legales, suposiciones, condenas exorbitantes y actuaciones jurídicas rayanas en el absurdo, que solo encuentran motivación a la vista de quienes las utilizan y para qué las emplean. Así, nos enfrentamos a un terreno desconocido e inexplorado, donde la técnica jurídico-procesal cede ante los intereses del capital. Las más arraigadas doctrinas judiciales incluso ceden ante la constante retorsión de las instituciones de garantía. Así observamos detenciones inexplicables que solo encuentran justificación en una lógica punitivista y en emitir “avisos a navegantes”. Claro ejemplo de ello es la detención en Madrid de sindicalistas de CC.OO. por participar en una huelga frente a la multinacional OHL.

7. Impacto y medidas desproporcionadas

Los daños causados a menudo son irreparables. El abuso de instituciones como las detenciones, prisiones provisionales, fianzas y demás medidas constituyen una verdadera anticipación de la pena que afecta a la posición jurídica, decisiones y garantías que deben asistir a cualquier persona inmersa en un procedimiento.

Sin el empleo esta técnica, ¿se hubiera resuelto de igual manera el caso de los tres sindicalistas de Airbus, procesados por oponerse al cierre de la factoría de Puerto Real?

8. Momento sospechoso

Todas las actuaciones se ejecutan de manera sincronizada para maximizar su impacto. Así, tienen lugar cuando más daño se puede hacer. Momentos álgidos de los conflictos, cercanía a asambleas o referéndums determinantes para la firma de un convenio son las fechas siempre elegidas para impactar al máximo.

Además, se consigue no solo afectar al conflicto o situación concreta, sino que también se genera un clima de terror. Es precisamente este efecto el perseguido. Quien se mueve no sale en la foto. Y quien se mueve más, pagará incluso con consecuencias más graves para su libertad, su economía o el sufrimiento de familiares, militantes y amigos. No se encuentra otra explicación a que durante todos los gobiernos de la democracia -sin excepción- se haya detenido siempre a los líderes jornaleros del SOC-SAT. Los grilletes salen a relucir para impactar en los momentos álgidos de determinados ciclos de lucha.

9. Intereses económicos

Hay actores económicos que se benefician directamente del lawfare. No se aplica nunca el lawfare al sindicalismo amarillo, sino que el mismo ataca frontalmente a quienes cuestionan el poder establecido. Los efectos del mismo son indudables. ¿Por qué nunca se detiene a empresarios? ¿No hay suficiente siniestralidad laboral? ¿Por qué apenas se aplican los delitos contra los derechos de los trabajadores?

Y ante la duda no habría más que preguntarle a FEMCA, patronal del metal gaditana, por sus únicas actuaciones en materia laboral. ¿Alguien puede pensar que son fruto de la casualidad?

10. Prolongación indebida del proceso

El lawfare alarga procesos para agotar a sus objetivos, consume recursos, mantiene la presión e introduce aspectos a atender que desenfocan los esfuerzos sindicales o alteran las prioridades. La duración de los procedimientos y el lento funcionamiento de la justicia son clave para que la estrategia del lawfare despliegue todos sus efectos con plenitud. La garantía de que el sistema judicial responde obedientemente a los intereses del orden establecido es esencial. Una justicia lenta no es justicia. Y una justicia lenta e “injusta” es aún peor.