Sanidad
Mujeres ante la crisis de la sanidad pública en Andalucía

En las últimas semanas, los retrasos en los cribados de cáncer de mama y el aumento de las listas de espera han vuelto a situar a la sanidad pública andaluza en el centro del debate. Pero más allá de las cifras y los comunicados oficiales, hay una realidad que sigue quedando en segundo plano: cómo estas demoras afectan de forma concreta a las mujeres y a sus vidas.

Porque cuando la sanidad llega tarde, no lo hace sobre cuerpos abstractos, sino sobre personas reales, atravesadas por desigualdades de género y de clase.

La polémica en torno a estos retrasos no es solo una disputa de datos. Es también una pregunta política: ¿quién paga las consecuencias cuando el sistema falla?

Para muchas mujeres, esperar una prueba, un diagnóstico o una llamada que no llega significa convivir durante meses con el miedo, la ansiedad y la duda, mientras siguen trabajando, cuidando y sosteniendo a otras personas. La normalización de estas demoras convierte la paciencia en una exigencia permanente impuesta sobre quienes históricamente ya han tenido que aguantar más.

Esta precariedad sanitaria no afecta a todas por igual. No todas las mujeres pueden acudir a la sanidad privada para acortar los tiempos, ni todas cuentan con los mismos recursos para soportar la incertidumbre. Así, los retrasos en los cribados y en la atención especializada amplían brechas ya existentes y refuerzan una desigualdad que rara vez se nombra por lo que es: una cuestión de justicia social y de género.

Hablar hoy de sanidad pública en Andalucía desde una perspectiva feminista significa preguntarse quién carga con los recortes y con la falta de recursos. Significa reconocer que el deterioro del sistema no solo pone en riesgo la salud, sino también la autonomía y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo.

La espera como forma de violencia institucional

En el ámbito sanitario, la espera suele explicarse como un problema técnico: faltan recursos, hay demasiados pacientes, el sistema está saturado. Pero para quien espera, no es algo abstracto. La espera pesa. No es solo el tiempo entre una cita y otra, sino lo que ese tiempo va haciendo en la vida de las personas, sobre todo cuando pasa sin información ni acompañamiento.

En el caso de los cribados de cáncer de mama, esa espera tiene un impacto especialmente duro. No hablamos de una simple demora administrativa, sino de meses de miedo, de sospechas y de angustia ante un diagnóstico que no llega. Al retrasar pruebas esenciales, el sistema traslada esa carga a las mujeres, que tienen que gestionar solas una incertidumbre que no eligieron.

Durante años se ha asumido que los cuerpos de las mujeres pueden aguantar más, esperar más y reclamar menos. La demora se convierte así en una exigencia silenciosa: paciencia, comprensión, adaptación. Mientras tanto, el impacto emocional de esa espera queda en un segundo plano, como si no formara parte de la propia atención sanitaria.

Además, la espera no es inevitable. Depende de decisiones sobre financiación, prioridades y organización. Nombrarla como violencia institucional es reconocer que no es un problema individual, sino una forma de desprotección que se repite y que afecta más a quienes están en una posición más frágil.

Cuando la sanidad pública falla así, no solo retrasa diagnósticos. También desgasta, rompe la confianza y obliga a muchas mujeres a vivir en una alerta constante.

Clase social y acceso desigual a la atención sanitaria

La precariedad de la sanidad pública no afecta a todas las mujeres por igual. Aunque las listas de espera se presenten como un problema general, sus consecuencias son muy distintas según la situación económica. Para algunas, la espera puede acortarse pagando una prueba privada. Para muchas otras, esa opción no existe.

Quienes no pueden asumir ese coste se ven obligadas a sostener la incertidumbre durante meses. En esos casos, la espera no es una elección, sino algo impuesto. La sanidad pública deja de sentirse como un derecho garantizado y pasa a ser un sistema de tiempos largos que castiga a quienes dependen solo de él.

Las mujeres con menos recursos suelen concentrarse en empleos más inestables y peor pagados, lo que limita aún más su capacidad para buscar alternativas. La sospecha de una enfermedad se suma así a otras inseguridades: menos ingresos, menos opciones, más miedo.

Poder pagar una prueba privada no solo acorta los tiempos médicos. También acorta los tiempos vitales: permite dejar de vivir en alerta y recuperar algo de control. Cuando esa posibilidad solo está al alcance de unas pocas, la desigualdad sanitaria se convierte en una forma más de desigualdad social y de género.

Cerrar los ojos no hace que el problema desaparezca.

Hablar hoy de sanidad pública en Andalucía desde una perspectiva feminista es reconocer que el deterioro del sistema no es neutro. Los retrasos en los cribados y en la atención especializada no solo afectan a los diagnósticos, sino que amplían desigualdades ya existentes y desplazan el coste de la espera hacia quienes menos recursos tienen para soportarla.

Nombrar esta realidad es imprescindible para evitar que la precariedad sanitaria siga normalizándose. Porque cuando la sanidad pública llega tarde, no todas las mujeres pueden protegerse del mismo modo, y esa diferencia marca profundamente sus vidas.

Defender una sanidad pública fuerte es, también, una forma de defender la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, sin espera y sin desigualdad.