Educación pública
Docentes, currículos y ratios en la nueva ley educativa

Durante estos primeros días de desconfinamiento se tramita en el Congreso una nueva ley educativa, la LOMLOE. Nada fuera de la vieja normalidad democrática. A una ley, como la LOMCE, impuesta contra todos por el PP, le sucederá esta otra, propuesta por el PSOE, en este caso con algo más de consenso. Ojalá dure unos años más que las siete leyes anteriores; lo justo, al menos, para que los docentes podamos dejar de invertir la mitad de nuestro tiempo y esfuerzo en adaptarnos a un nuevo marco legal y curricular cada cinco o seis años. Para que así sea y esta ley perdure, ahí van unas pocas sugerencias, junto al deseo de que el acuerdo para su aprobación incluya, finalmente, a la mayoría de los partidos – al PP/VOX, dada su decidida voluntad para utilizar la educación, y lo que sea, como arma de crispación masiva, se le da, de momento, por imposible –.    

En la ley Celaá se pueden encontrar propósitos estimables, cosas insuficientemente tratadas, y cuestiones claramente maltratadas o no tratadas en absoluto. En el capítulo de los buenos propósitos (ya veremos si llegan a ser algo más que eso), es de destacar el de la renovación de la carrera docente. Es claro que no habrá mejora sustancial del sistema educativo sin implantar un sistema mucho más exigente en la formación y selección de maestros y profesores (de manera que nadie se haga maestro o profesor – como nadie se hace médico o ingeniero – por no encontrar nada mejor que hacer). Otros buenos propósitos, como el de la eliminación de los itinerarios, el ahínco en subrayar la excepcionalidad de las repeticiones, el apoyo a la Formación Profesional o el logro del 5% del PIB en gasto educativo mínimo (más allá, declara la ministra, de “coyunturas económicas y políticas”), son importantes, pero no tan fundamentales como el de tomarse mucho más en serio la preparación y selección de los docentes.

El currículo de un proyecto educativo que pretenda formar personas libres y ciudadanos activos (además de trabajadores competentes) no solo debe inculcar, así, conocimientos científicos y tecnológicos, sino que también ha de educar el resto de las dimensiones humanas

Entre los asuntos incógnitos o poco tratados está otro de los que podemos considerar sustanciales para la mejora educativa: se trata de la renovación de los currículos, en muchos casos una acumulación enciclopédica de contenidos sobre los que apenas se puede hacer más que un simulacro memorístico de aprendizaje. En relación con esto, la ley no da ninguna indicación concreta, a la espera del desarrollo de los anexos correspondientes, pero sí que debería anticipar ciertos principios generales para orientar dicha renovación. Principios que, junto al del rigor o la actualización científica, subrayen, por ejemplo, la naturaleza analítica, reflexiva, crítica e integradora que ha de tener la actividad educativa, así como la necesaria apertura de esta a enfoques pedagógicos y planteamientos didácticos más eficaces que los vigentes. Los currículos no pueden limitarse ya a programar cantidades pautadas de contenido sobre un determinado campo o saber, sino que han de servir, más aún, para desarrollar la capacidad de análisis y valoración crítica de la información, en general, que recibimos por todos lados, relacionándola y comprendiéndola bajo categorías más inclusivas, y aplicando dichos contenidos al ámbito práctico (no solo práctico-técnico, sino también al otro ámbito práctico fundamental: el moral y cívico).

Recortes: un misil contra la Escuela Pública extremeña

Víctor M. Casco

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Recortes

Recortes: un misil contra la Escuela Pública extremeña

Víctor M. Casco

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La Junta de Extremadura anuncia 540 docentes menos en la región para el próximo curso, en lo que constituye un ataque frontal contra la Escuela Pública extremeña.

No solo es, pues, la suma engorrosa de contenidos académicos sin apenas articulación lo que entorpece el aprendizaje, sino también el dogmatismo positivista con que se exponen o el exceso de especialización y compartimentación bajo el que se comprenden. En este sentido, se sigue echando a faltar en el currículo, al menos en el de la secundaria obligatoria (o incluso en el de primaria), un espacio en el que los alumnos puedan ejercer y desarrollar el diálogo y la reflexión crítica en torno a los distintos saberes, la concepción del mundo y la verdad, o los dilemas éticos y políticos a los que nos aboca el conocimiento, la vida o la historia. El currículo de un proyecto educativo que pretenda formar personas libres y ciudadanos activos (además de trabajadores competentes) no solo debe inculcar, así, conocimientos científicos y tecnológicos, sino que también ha de educar – con igual intensidad – el resto de las dimensiones humanas: ética, emocional, artística, física y, sobre todo ello, la de la competencia crítica y reflexiva que nos permite desarrollarnos como seres conscientes y autónomos.

Vayamos, por último, a las cuestiones maltratadas o no tratadas en la ley. La principal de ellas atiende a otro asunto central en la mejora de la calidad educativa, por lo que sería deseable que se incluyera en una norma de carácter orgánico como la que aquí se cita. Se trata del asunto de la ratio (el número de alumnos por aula o clase). Veamos. La educación son muchas cosas, pero fundamentalmente es aquella actividad comunicativa por la que las personas se apropian de la cultura común relacionándose activamente con quienes mejor la representan (los maestros) y con aquellos otros (sus propios compañeros) que están, generacionalmente, destinados a renovarla. Educación es, pues, comunicación y socialización, en todos los aspectos. Por eso, esa comunicación ha de ser plena, incluyente, invasiva casi, y afectar a todas las facetas de un ser humano. En otras palabras: la educación ha de ser fundamentalmente presencial; un principio este que resulta difícilmente refutable, especialmente en el ámbito de la educación no universitaria.

Una verdadera reforma en la formación y selección del profesorado, una renovación profunda del currículo, y una apuesta decidida por la bajada de ratios y la educación (presencial) de calidad: estas son las tres patas más importantes

Ahora bien, frente a la tentación, acaso, de perpetuar las fórmulas telemáticas de enseñanza ensayadas forzosamente durante estos meses de confinamiento (no sé a qué otra cosa podría dirigirse la insistencia de algunos en vender una mayor “digitalización” de la escuela – dado que esta está ya casi completamente digitalizada –), las ventajas innegables de la comunicación y socialización presencial exigen ciertas condiciones mínimas para poder mostrar toda su efectividad. Los docentes sabemos por experiencia que impartir clase en aulas con 25 o 30 alumnos (si no más) adolescentes se convierte, a veces, en un inmenso simulacro educativo, en el que la necesidad de ocuparte de los alumnos con más dificultades, mantener el orden, o resolver mil asuntos sobrevenidos, hace casi imposible desarrollar con normalidad el curso y atender a la totalidad de los estudiantes. En la mayoría de los preámbulos de las leyes educativas (también en el de esta nueva ley) se habla de la necesidad de una educación personalizada como uno de los elementos imprescindibles para garantizar el éxito educativo. Ahora bien, para pasar de la retórica a la realidad se exigen ratios menores. Sin ellas no es posible dar clases atendiendo a la diversidad individual de todos y cada uno de los alumnos. Es esta una apuesta cara, sin duda (exige contratar más profesores), pero irrenunciable si queremos una educación presencial de calidad (que pueda justificar su superioridad frente a los sucedáneos digitales, mucho más baratos). Elementos externos como la bajada de la natalidad están generando, además, una ocasión propicia para implantar estas ratios, al menos en nuestra comunidad (y siempre que no se fomente la competencia con escuelas privadas cuya subvención pública ni es ya necesaria ni tiene, en muchos casos, más justificación que la de evitar presiones por parte de los lobbies del sector).    

DEPEX protesta contra los recortes educativos en Mérida y Cáceres

El Salto Extremadura

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Educación pública

DEPEX protesta contra los recortes educativos en Mérida y Cáceres

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El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (DEPEX) se ha concentrado esta mañana en Cáceres y Mérida contra los recortes educativos anunciados por la Junta de Extremadura. En el ciclo de movilizaciones, las próximas convocatorias podrían ser la antesala de una gran Huelga General de la Educación prevista por los sindicatos, si nada cambia, para el mes de septiembre. 

Una verdadera reforma en la formación y selección del profesorado, una renovación profunda del currículo, y una apuesta decidida por la bajada de ratios y la educación (presencial) de calidad: estas son las tres patas más importantes de una reforma educativa que sueñe con acabar con los índices de fracaso educativo que asolan nuestro país (y, especialmente, nuestra Comunidad). Si la nueva LOMLOE – y su posterior despliegue legislativo de manos de las administraciones autonómicas – cumple, en este sentido, con lo que ya promete y reconsidera aquellos otros aspectos que obvia o maltrata, podría ser una buena ley educativa. Si logra hacerlo, además, pactando con aquellas fuerzas políticas que están a algo más que a sembrar la discordia y el caos, podría ser, también, una ley duradera. Si no, mucho me temo que se volverán a publicar artículos muy parecidos a este, en un ciclo que, al menos para los miembros de la comunidad educativa, empieza a ser, por cierto, completamente agotador.