Ecuador
El movimiento indígena vuelve a comprometer los planes de ajuste neoliberal en Ecuador

Cinco meses después de ganar las elecciones generales, el 12 de septiembre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciaba la eliminación del subsidio al diésel, una ayuda vigente en el país desde 1974 y que numerosos gobiernos han intentado eliminar, sin éxito.

La medida, que forma parte de un plan de ajuste mayor para cumplir con el FMI, supone un aumento del 55% —de 1,8 a 2,8 dólares el galón— y pretende ahorrar casi mil millones al Estado ecuatoriano, pero, al igual que en anteriores ocasiones, ha chocado con una movilización popular e indígena que ha desbordado al Gobierno y a las fuerzas policiales. 

Aunque desde el Gobierno repiten que “la decisión ya está tomada” y no negociarán, la historia de las últimas tres décadas de Ecuador recuerda que cuando el movimiento indígena se levanta, el Gobierno se sienta

Los paros y movilizaciones han sido liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una poderosa organización social que agrupa comunidades de la costa, la sierra y la selva del país y nuclea a más de tres millones de personas de decenas de pueblos originarios del país. 

Este movimiento indígena ya había impulsado las masivas protestas que llevaron a los presidentes neoliberales Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a retirar otras propuestas de eliminación de subsidios estatales para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Conaie también había cumplido desde los inicios de los 90 un papel crucial en la lucha contra el neoliberalismo, con movilizaciones históricas que consiguieron frenar privatizaciones y subidas de precios para sectores populares, así como tumbar a los presidentes Abdaláh Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad, en 2000. La Conaie, además, cumplió un rol clave en la lucha que hizo imposible la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y el cierre de la base militar estadounidense de Manta. Junto con el movimiento de los ‘forajidos’, la Conaie favoreció un cambio en la opinión pública que llevó a Rafael Correa al poder. 

Protestas y represión

Las protestas indígenas y populares comenzaron a mediados de septiembre, a la vez que el Gobierno de Noboa anunciaba un referéndum para permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en el territorio, según su versión, para combatir la inseguridad y el narcotráfico, algo que la Constitución de Ecuador prohíbe expresamente. 

El 16 de septiembre, manifestantes bloquearon calles y carreteras en protesta por la medida y el Gobierno de Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo) y el toque de queda en cinco. 

El 19 de septiembre, la Conaie convocó un paro nacional “inmediato e indefinido” para rechazar la subida del diésel, entre amenazas de tratar como “terroristas” a los huelguistas y piquetes, algo que ha hecho en repetidas ocasiones en las tres semanas de paro. “Llamamos a activar a las guardias comunitarias para la protección de nuestros pueblos”, declaró el presidente de la Conaie, Marlon Vargas. 

Según denuncia Vargas, la eliminación del subsidio “encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas”. El Gobierno ha repetido en varias ocasiones que no piensa negociar, entendiendo la negociación, según declaró la portavoz de la presidencia, Carolina Jaramillo, “como una suerte de presiones en donde el Gobierno tendría que terminar cediendo”.

La represión de la protesta por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas ha sido sistemática y ha merecido un toque de atención de Amnistía Internacional, quien ha expresado su preocupación “por el reciente deterioro en la protección de los derechos humanos en Ecuador”. Uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, detenciones arbitrarias, apertura de procesos penales abusivos o el congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes son algunos de los casos denunciados por esta organización internacional. 

Amnistía Internacional ha documentado la muerte de, al menos, un manifestante, Efraín Fuerez, un artesano kichwa que recibió tres disparos de las Fuerzas Armadas en la provincia de Imbabura el 28 de septiembre. También, a fecha de 1 de octubre, se habían registrado 100 heridos y 85 detenciones. Esta ONG expresa su “particular preocupación” por la detención de 12 personas de nacionalidad kichwa en la ciudad de Otavalo, en la sierra, acusadas de “terrorismo”. 

El 4 de octubre, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador elevaba la cifra de heridos a 110, la de detenciones a 102, con 196 reportes de violaciones de derechos humanos y 12 personas desaparecidas temporalmente. 

La represión de las protestas se enmarca en un contexto de acusaciones contra el Gobierno de Noboa y las Fuerzas Armadas por  llevar a cabo o encubrir desapariciones forzadas en el marco de la estrategia de seguridad militarizada conocida como Plan Fénix. En el informe “Son militares, yo los vi”, lanzado el pasado 23 de septiembre, Amnistía Internacional concluía que las Fuerzas Armadas son responsables de desapariciones forzadas. 

La movilización en Ecuador llega a su día 17 y, a los reclamos por la derogación de la ley 126 —que elimina el subsidio al diésel— se la han sumado la reducción del IVA al 12%, la liberación de los detenidos, el fin de la criminalización de la protesta y una mayor inversión en salud y educación en unas comunidades indígenas tradicionalmente abandonadas. 

El 7 de octubre, el presidente Noboa ingresó con su vehículo oficial en el cantón El Tambo, provincia del Cañar, donde fue rodeado por manifestantes y apedreado. El Gobierno denunció un “intento de asesinato” y habló de “signos de bala” en la carrocería. Según la Conaie, su ingreso a “una zona de resistencia” constituye una “provocación” y alerta sobre “actos de falsa bandera orientados a criminalizar al movimiento indígena, desviando la atención de la grave crisis social, económica que vive Ecuador”. Cinco comuneros fueron detenidos y procesados por el ataque, aunque este 8 de octubre, la jueza penal de Azogues, Erika Álvarez, declaró ilegal la detención. Aunque desde el Gobierno de Noboa repiten una y otra vez que “la decisión ya está tomada” y no negociarán, la historia de las últimas tres décadas de Ecuador recuerda que cuando el movimiento indígena se levanta, el Gobierno se sienta.