Ecología
Valdecañas: se admite un recurso contra el auto judicial que mantiene en pie la urbanización ilegal

Hace ya casi catorce años que Ecologistas en Acción inició un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, levantada en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

Resulta difícil encontrar un caso tan evidente de vulneración de la legislación ambiental y urbanística, dado que el macroproyecto residencial y de ocio acumula sentencias en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como pronunciamientos técnicos que incluyen informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) avalando la necesidad de se demolición.

Fue en ese sentido que resultó sorprendente, en su día, el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020, en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose dicha opción a aquellos que quedaban a medio construir. Un respaldo evidente a una política de hechos consumados en abierta contradicción con sendas sentencias del propio TS y TSJEx, de 2014 y 2011, declarando la ilegalidad del proyecto y solicitando la devolución de las fincas a su estado originario.

Resulta difícil encontrar un caso tan evidente de vulneración de la legislación ambiental y urbanística, dado que el macroproyecto residencial y de ocio acumula sentencias en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional

Ecologistas en Acción ya sostuvo en su día que, con aquel auto, se sentaba un peligroso precedente: ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados podría convertir en papel mojado toda la normativa de urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000. Así, concluía, “los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar”. Una auténtica “carta blanca” para construir de forma ilegal.

La organización ecologista decidió recurrir en casación este auto ante el Tribunal Supremo y, ahora, considera muy importante su admisión a trámite, con fecha de 6 de mayo, y reciente comunicación. El colectivo ecologista espera que en esta instancia judicial “se haga prevalecer el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente”.

Con la admisión a trámite por el Alto Tribunal, finalmente se podrá anular la sentencia previa (que, de hecho, certificaba la demolición parcial de toda la parte del proyecto inconclusa, manteniendo en pie lo ya edificado)  o, en caso contrario, hacerla firme

Con la admisión a trámite por el Alto Tribunal, finalmente se podrá anular la sentencia previa (que, de hecho, certificaba la demolición parcial de toda la parte del proyecto inconclusa, manteniendo en pie lo ya edificado) o, en caso contrario, hacerla firme. El Supremo entiende la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en resolver si es posible apreciar la “imposibilidad material de ejecución de una sentencia —respecto de todo lo que ya ha sido construido— cuando, en otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente garantizada la integridad ambiental”. También cabe la posibilidad de un dictamen en el sentido de ejecutar la sentencia previa, pero en otros términos.

Indignación en Extremadura: el TSJEx indulta la urbanización ilegal Isla de Valdecañas

Pablo Rivas

8

Especulación urbanística

Indignación en Extremadura: el TSJEx indulta la urbanización ilegal Isla de Valdecañas

Pablo Rivas

8

Un auto del alto tribunal dicta, en contra de lo que señaló en una sentencia anterior, que los edificios terminados de la polémica urbanización de lujo, construida en terreno protegido, podrán quedar en pie.

Concluye Ecologistas en Acción, en un comunicado hecho público tras conocerse el fallo, que “todo este largo proceso judicial y todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo disparatadamente fuera de su alcance”.