Opinión
El Subfluvial de Lamiako no responde a los desafíos ecosociales del siglo XXI

La Diputación de Bizkaia da luz verde al Subfluvial de Lamiako, infraestructura que enfrenta críticas por su alto coste e impacto ambiental. Ciudadanía y colectivos piden frenar este proyecto y reorientar la inversión hacia alternativas sostenibles.
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Concentración ruidosa frente a la Diputación de Bizkaia para pedir la paralización de la autovía Subfluvial.
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11 oct 2025 05:02

El Subfluvial de Lamiako constituiría una infraestructura viaria subterránea diseñada para conectar la margen izquierda y la margen derecha de la ría del Nervión-Ibaizabal en Bizkaia, estableciendo un enlace directo entre los municipios de Portugalete y Leioa. Para ello, esta obra contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud que discurriría a una profundidad máxima de 40 metros bajo el lecho fluvial.

En términos de diseño, la infraestructura proyectada incluye dos tubos independientes para tráfico rodado bidireccional. Asimismo, los accesos principales se ubicarían en el parque de Artaza (margen derecha) y en las inmediaciones de Ballonti (margen izquierda). Esta proyectado que la excavación del túnel genere un volumen de unos 1,8 millones de metros cúbicos de residuos de excavación que serían transportados mediante 170 camiones diarios hasta las instalaciones de la Autoridad Portuaria en Santurtzi,  donde seran utilizados en los rellenos del espigón central.

Descripción y cronología del proyecto

Respecto al desarrollo temporal del proyecto, entre 2019 y 2022 se desarrolló la fase de planificación técnica, donde las consultoras SENER e IDOM elaboraron los estudios técnicos preliminares y el anteproyecto definitivo.

Durante este período, el entonces director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Carlos Alzaga, quien actualmente ocupa el cargo de diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, así como Imanol Pradales, actual lehendakari del Gobierno Vasco, ejercieron un papel instrumental en la promoción del megaproyecto.

Por su parte, el año 2020 marcó un hito significativo con la confirmación de las especificaciones técnicas básicas estableciendo proyecciones de desvío de 14.000 vehículos desde La Avanzada, 35.000 desde Rontegi y 18.000 desde la zona del Max Center.

Posteriormente, en 2023 se emitió la Declaración de Impacto Ambiental inicial, documento que ya identificaba significativas consecuencias negativas del proyecto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI en adelante) y demanda inducida de tráfico.

La aprobación definitiva del proyecto por parte de la Diputación Foral ha oficializando un presupuesto de 543 millones de euros para una obra que comenzará el primer semestre de 2026 y durará más de seis años

Finalmente, el año 2025 ha concentrado los desarrollos decisivos del proceso: durante febrero se consolidaron el diseño técnico y las estimaciones presupuestarias. Y por último, el mes de julio ha resultado determinante con la aprobación de la modificación de la DIA y la posterior aprobación definitiva del proyecto por parte de la Diputación Foral, oficializando un presupuesto de 543 millones de euros.

Posteriormente, la planificación establece el inicio de las obras para el primer semestre de 2026, con una duración estimada de 74 meses, equivalentes a algo más de seis años de ejecución.

Contradicción con los compromisos de descarbonización

La DIA de 2023 evidenció de manera inequívoca las contradicciones inherentes entre esta infraestructura y los objetivos de mitigación climática establecidos en múltiples administraciones.

En efecto, el proyecto generará un incremento neto de emisiones de GEI tanto en su fase constructiva como en su fase operacional, en esta última consecuencia del fenómeno de demanda inducida de movilidad que la literatura científica ha documentado extensamente.

El proyecto de subfluvial contradice frontalmente los compromisos adquiridos por las administraciones competentes en el marco europeo, estatal, autonómico y los propios objetivos de descarbonización de la Diputación Foral de Bizkaia.

De hecho, el proyecto contradice frontalmente los compromisos adquiridos por las administraciones competentes en el marco del Pacto Verde Europeo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Estado, la Estrategia de Cambio Climático 2050 del Gobierno Vasco y los propios objetivos de descarbonización de la Diputación Foral de Bizkaia. Por tanto, la calificación favorable de la DIA evidencia el divorcio entre las políticas sectoriales de infraestructuras y las estrategias climáticas integrales. 

Además de estas contradicciones, la implementación de esta infraestructura orientada al uso del automóvil privado se está desarrollando en ausencia de un diagnóstico integral de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao que permita identificar las soluciones óptimas, generando el riesgo de agravar las disfunciones que pretende resolver.

Análisis de costes ambientales y de salud

En primer lugar, desde el punto de vista económico, el presupuesto oficial de 543 millones de euros presenta una elevada probabilidad de escalamiento, siguiendo el patrón observado en infraestructuras similares como la autopista Super Sur, que experimentó sobrecostes significativos respecto a las estimaciones iniciales.

Como resultado, esta inversión hipotecaría las posibilidades de desarrollo de otras alternativas de movilidad durante las próximas décadas, creando una dinámica de dependencia que podría orientar las políticas públicas hacia modelos intensivos en carbono.

Por otro lado, en términos de impacto territorial, la infraestructura generaría auténticas “zona de sacrificio” en las proximidades de los accesos. En particular, las comunidades residentes en el entorno del parque de Artaza experimentarían una degradación sistemática de su calidad de vida y salud pública.

En el entorno de la subfluvial se encuentran varios centros escolares, lo que expone a menores de edad a los impactos ambientales y acústicos derivados tanto de la fase constructiva como de la operacional del proyecto

Es especialmente preocupante que en ese entorno se encuentren varios centros escolares, lo que implica que la infraestructura afectaría directamente a un servicio básico como la educación, exponiendo a menores de edad a los impactos ambientales y acústicos derivados tanto de la fase constructiva como de la fase operacional del proyecto.

A este respecto, en la fase operacional, la evacuación de los contaminantes emitidos por el tráfico en los túneles únicamente por las bocas convertirían esos espacios en focos de emisiones. Hay que tener en cuenta que el parque de Artaza es calificado como “pulmón verde de primera magnitud” por la propia diputación.

En cuanto a los efectos sobre la salud, las emisiones de partículas PM2.5 y otros contaminantes atmosféricos generados primero por la obra y después por el incremento del tráfico y por la evacuación de contaminantes de los túneles constituyen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas. En este contexto, la ausencia de estudios epidemiológicos completos sobre estas afecciones representa una negligencia en la aplicación del principio de precaución.

Paralelamente, la situación acústica preexistente en la zona de Artaza ya presenta indicadores preocupantes. La propia modificación de la DIA de julio de 2025 constata que actualmente se superan los objetivos de calidad acústica debido al tráfico existente.

Consecuentemente, esta condición de base, ya problemática para la salud de los residentes y escolares, experimentaría un agravamiento significativo con la puesta en funcionamiento del Subfluvial, que aumentaría el tráfico en la zona. 

Adicionalmente, durante la fase constructiva, los niveles de ruido y vibraciones superarían los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa vigente. Cabe destacar que la contaminación acústica prolongada no constituye meramente una molestia, sino una violación del derecho fundamental a la vida privada y familiar, según jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Irregularidades procedimentales en la tramitación ambiental

La modificación de la DIA de julio de 2025 presenta una variación de criterios ambientales. En concreto, mientras la declaración original prohibía las voladuras en el parque de Artaza por “efectos inasumibles” sobre las edificaciones circundantes, la modificación propone la suspensión temporal de los objetivos de calidad acústica como solución procedimental. De este modo, esta transición desde la prohibición por impactos inasumibles hasta la suspensión normativa evidencia una flexibilización ad hoc de los criterios ambientales.

Asimismo, la secuencia procedimental presenta irregularidades que comprometen los derechos de participación ciudadana. La aprobación definitiva del proyecto el 17 de julio se produjo antes de la finalización del período de alegaciones establecido por la Agencia Vasca del Agua (URA), que se extendía hasta finales de julio. Además, la documentación disponible para ese proceso de alegaciones contenía información obsoleta y contradictoria, incluyendo documentos de 2023 que afirmaban la no utilización de voladuras. En definitiva, esta deficiencia informativa limita sustancialmente la capacidad de participación informada de la ciudadanía e impide la incorporación efectiva de las alegaciones ciudadanas.

Hacia un paradigma de movilidad post-carbono

Los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico revelan que, en general, el 85% de los vehículos en situaciones de congestión urbana transportan un único ocupante. En consecuencia, este porcentaje de ocupación evidencia la ineficiencia del modelo de movilidad centrado en el vehículo privado como unidad de transporte, en contraposición a un enfoque orientado al transporte efectivo de personas y mercancías. 

Frente a esta realidad, la alternativa requiere la implementación de un estudio integral de movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao que identifique, entre otros, el potencial de movilidad activa, identificando de trayectos susceptibles de realización a pie o en bicicleta, con desarrollo de infraestructuras de apoyo (carriles bici protegidos, sistemas de bicicleta pública, infraestructura peatonal…).

También es necesaria una reflexión sobre la optimización del transporte público, desarrollando sistemas de transporte colectivo de alta capacidad que generen transferencia modal desde el vehículo privado, así como la optimización y extensión de la red de metro y la mejora de servicios ferroviarios de cercanías.

La plataforma ciudadana Subflubiala EZ! convoca a toda la ciudadanía a la manifestación del 18 de octubre a las 17:00 horas, a partir del Teatro Arriaga de Bilbao

También se requiere de políticas de ordenación territorial, implementando modelos urbanos compactos y de proximidad que reduzcan la necesidad de desplazamientos motorizados de larga distancia. Igualmente, hacen falta medidas de conciliación trabajo-vida, desarrollando políticas de flexibilización laboral, teletrabajo y horarios escalonados que contribuyan a la descongestión de los flujos de movilidad en horas punta.

Resumiendo, el Subfluvial de Lamiako representa un paradigma obsoleto de gestión territorial que perpetúa las dinámicas de insostenibilidad del modelo de movilidad basado en el automóvil privado. Por tanto, su implementación constituye una contradicción con los objetivos de descarbonización y justicia ambiental que deberían orientar las políticas públicas en el contexto actual de emergencia climática.

En este sentido, la inversión de 543 millones de euros en esta infraestructura constituye un coste de oportunidad que impide el desarrollo de alternativas de movilidad con mayor potencial de reducción de emisiones y mejora de la calidad de vida urbana. Por ello, la urgencia de la mitigación climática requiere una reorientación fundamental de las prioridades de inversión pública hacia soluciones que promuevan la justicia social y la viabilidad ecológica.

En conclusión, es imperativo que la ciudadanía exijamos a la diputación de Bizkaia la retirada de este proyecto y que se redirijan los recursos hacia el desarrollo de un sistema de movilidad metropolitano que responda efectivamente a los desafíos ecosociales del siglo XXI, el siglo de la gran prueba en palabras de Jorge Riechmann.

Llamamiento a la movilización ciudadana

La urgencia de la situación requiere una respuesta colectiva inmediata. La plataforma ciudadana Subflubiala EZ! (que se opone al subfluvial) convoca a toda la ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y la justicia ambiental a participar en la manifestación que tendrá lugar el 18 de octubre a las 17:00 horas, a partir del Teatro Arriaga de Bilbao. Esta movilización constituye un momento crítico para expresar el rechazo social a un modelo de desarrollo territorial insostenible y exigir un cambio de rumbo hacia políticas de movilidad coherentes con los desafíos climáticos actuales.

La participación masiva en esta convocatoria es fundamental para demostrar que existe una alternativa social al consenso político-económico que ha impulsado este megaproyecto. Solo mediante la movilización ciudadana será posible revertir decisiones que hipotecan el futuro ecológico de nuestro territorio y vulneran los derechos de las comunidades afectadas. Tu presencia en esta manifestación representa un voto por un modelo de ciudad más justo, sostenible y democrático.

Euskal Herria
La plataforma Subflubiala EZ! convoca una manifestación el 18 de octubre en Bilbao
La Diputación de Bizkaia da luz verde a continuar con la adjudicación de las obras del subfluvial, defendiendo que la construcción del túnel bajo la ría es una “infraestructura estratégica".
Infraestructuras
Sener, Idom y el colaborador de Imanol Pradales: así se fraguó la Subfluvial de Lamiako
Como director de la Autoridad Portuaria, Carlos Alzaga, el ahora diputado foral de Bizkaia, fue un colaborador fundamental del lehendakari a la hora de promover el megaproyecto que podría alcanzar los 800 millones.
Euskal Herria
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