Diccionario de la Posverdad
Desinformación

Que la desinformación está a la orden del día es una verdad empírica. Que haya mecanismos para combatirla, resulta ya menos evidente. Y no porque no se esté poniendo empeño en ello. Ya en 2018, y antes de que irrumpiera el coronavirus en un ecosistema digital bastante “dañado” en términos de veracidad, la Unión Europea puso en marcha el Plan de acción contra la Desinformación. El programa, que nace al amparo de otros iniciados en 2015, tiene como objetivo “contrarrestar cualquier campaña de posverdad, también denominada desinformación (Fake news), que pueda producirse tanto dentro como fuera de Europa”.

Información verificablemente falsa

Este propósito, válido en su origen, se ha ido perfilando por la necesidad de dar respuesta a la amenaza pública que ha representado la desinformación a raíz de la COVID-19. Así, la Comisión Europea en el documento “La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando datos”, de junio de 2020, hacía hincapié en las “graves” consecuencias que acarrea la desinformación para la salud de la ciudadanía, llevando a las personas incluso “a adoptar comportamientos de riesgo, haciendo caso omiso de las consignas sanitarias oficiales, o repercutir de forma negativa en nuestras instituciones democráticas y en nuestras sociedades, así como en nuestra situación económica y financiera”.

La desinformación es información verificablemente falsa o engañosa que se divulga para engañar deliberadamente a la población

Paralelamente, existe también el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado en España en mayo del pasado año, en el que se perfilaba el funcionamiento y modos de actuación de la Comisión Permanente contra la Desinformación. Pero, ¿qué significa este concepto tan frecuentemente usado en nuestros días? Para la Comisión Europea se trata de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”.

Crisis del periodismo

Claro está, esto tiene que ver, y mucho, con los medios de comunicación, con las rutinas profesionales del periodista y con la ética deontológica de los profesionales de la comunicación. Tanto tiene que ver, que les va la vida en ello. No en vano la credibilidad y la confianza que la ciudadanía confiere a los medios de información profesionales, esto es, el contrato tácito que medios y ciudadanía convienen como parte del funcionamiento de las sociedades libres y democráticas, se quiebra por la desinformación. Y así asistimos a la crisis, no solo de los medios de comunicación tradicionales, sino del periodismo en su conjunto.

El “contrato” que medios y ciudadanía convienen como parte del funcionamiento de las sociedades libres se quiebra por la desinformación

Por tanto, los profesionales del periodismo, principales valedores de la verdad “informativa”, deben combatir los efectos de esta profusión de informaciones falsas o engañosas; en definitiva, de este caudal de desinformación, no sólo para cumplir con su principio profesional más básico, sino para garantizar su propia existencia y, lo más importante, para preservar la conformación de ciudadanos libres e informados.