Opinión
Seguimos denunciando el fracaso del Ingreso Mínimo Vital y la criminalización de la pobreza

Si queremos contextualizar la situación, habrá que recordar tanto que el Estado como forma política del Capital dispone de todos los recursos posibles económicos, militares, judiciales y propagandísticos, como que la estrategia política-militar del Capital se centra en crear las condiciones propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la acumulación de capital. Para esto necesitará mantener un mínimo de estabilidad social y apaciguar a las clases más castigadas por la crisis, de modo que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos.

Un caso flagrante de esta estrategia es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una especie de renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad Social, calificándolo y presentándolo como “medidas sociales” que acababan con la pobreza.

La propaganda superó todos los límites, entusiasmando a los sectores reformistas y socialdemócratas que, en sus ensueños sin fronteras, retrocedieron a esas ideas propias del socialismo utópico de que con reformas en el interior del Capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad vital.

Pero sucede que esas políticas socialdemócratas, que abandonan la socialización de los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al servicio de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del capitalismo, ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una sociedad dividida en clases.

Algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendible

Como ejemplo del fracaso de las políticas reformistas: el Ingreso Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras sociales de la pobreza. No obstante, queremos señalar algunos detalles concretos más de su implementación que, con el tiempo, van saliendo a la luz y muestran cómo el Estado, a través de sus ministerios y administraciones públicas, persiste de muchas formas posibles en el castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más débiles.

Yendo a lo concreto, algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos donde se les señala que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son diferentes en cantidades muy inferiores.

Otro hecho que está ocurriendo: los perceptores comunican con la antelación suficiente al INSS que están trabajando para que durante ese período no les paguen el IMV. No obstante, el INSS continúa ingresando la ayuda para, unos días después, solicitar urgentemente su devolución con amenazas de embargos y cobro de intereses.

La criminalización de la pobreza no sólo se reduce al caso anterior, hay otro más flagrante que se justifica en la propaganda de que los pobres son irresponsables y gastan lo que no tienen que gastar. En concreto, nos referimos a que la lentitud en la tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable es que durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada extremeña, por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la devolución de esos meses en los que coinciden ambos ingresos. Ejemplo: si se les paga en septiembre y la solicitó en febrero, los ingresos totales atrasados que recibirá son los que corresponden a los meses que van desde febrero hasta septiembre; además, suponemos que finalizó el cobro de la renta garantizada extremeña a primeros de junio. Hay tres o cuatro meses en los que esa persona o familia no tuvo ingresos, no cobra absolutamente nada, y mientras tanto tiene que vivir. Todo concluye con que la esperable dificultad en la devolución de lo cobrado conduce a una criminalización social y, posiblemente, a un castigo económico a esa persona por parte de los gobiernos de esas administraciones públicas, verdaderos responsables de la situación, no sólo por el atraso en la tramitación correspondiente de esta ayuda social sino por permitir que las familias permanezcan en la más absoluta precariedad, incapaz de generar las condiciones económicas y sociales para que puedan vivir dignamente.

La lentitud en la tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable es que durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada extremeña, por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la devolución de esos meses

Así, a pesar de las declaraciones del gobierno, es suficientemente conocido que el IMV es un verdadero fracaso por toda una serie de factores que van desde los requisitos, su burocracia, ocultismo, falta de transparencia, cantidades ridículas, etc.

En contradicción con la euforia mostrada por algunos miembros del Gobierno y políticos próximos a él que sostenían que “con el IMV nadie tendrá dificultades para tener la nevera llena y disponer de una alimentación saludable y adecuada”, los últimos datos publicados por el mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifiestan que tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el 75%, han sido denegadas y sólo llega al 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar. Hasta el momento actual se ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas.

En Extremadura, las declaraciones realizadas por la directora general de servicios sociales aseguran que estima “que el IMV llega a unas 9.000 personas complementadas con unas 5.678 que cumplen los requisitos para acceder a la Renta Garantizada Extremeña”.

La referencia para el cálculo suele ser el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en el año 2022 será de unos 579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél, unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean cantidades ridículas que en la mayoría de los casos no llegan a esa cantidad. De este modo es imposible mejorar la vida de la gente.

La referencia para el cálculo suele ser el IPREM, que en el año 2022 será de unos 579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél, unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean cantidades ridículas

Según el informe “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en Extremadura unas 411.000 personas estaban en riesgo de la pobreza o exclusión social en el año 2020, mientras que unas 124.000 personas estaban en pobreza severa.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en unos 9.600 euros anuales, mientras que el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa se cifra en 6.417,3 € por unidad de consumo al año, unos 535 euros; es decir, que con el IMV cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales si fuera el caso de una familia con dos adultos.

Por encima de todos los datos, el evidente: la imposibilidad material de que una persona, y en muchos casos una familia, pueda vivir con 500 euros al mes, de los que tendrá que pagar alquiler, luz y una larga lista de gastos ineludibles.