Renta básica
Ingreso mínimo vital: grandes anuncios e incógnitas sin resolver

El pasado lunes 18 de octubre, la Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y Jose Luis Escrivá, titular del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones comparecían conjuntamente ante la prensa. El objetivo: presentar una serie de mejoras y correcciones de la política social en la que ambas carteras han trabajado conjuntamente desde marzo del 2020, cuando la crisis económica desatada por el confinamiento forzara la intervención del entonces joven Gobierno de coalición, y se decidiera acelerar una medida contemplada en el acuerdo de gobierno: una prestación de la seguridad social que superase los límites y problemáticas que planteaba un fragmentado y poco eficaz sistema de rentas mínimas autonómicas.

Partiendo de la asunción de que el instrumento resultante de este trabajo conjunto, el ingreso mínimo vital, es mejorable, la sucesora de Pablo Iglesias al frente del Ministerio de Derechos Sociales procedía aquel lunes a anunciar las novedades pertinentes: el incremento en las prestaciones para las familias que cuentan con integrantes que tengan una discapacidad superior al 65%, la agilización de los trámites para que quienes extingan su subsidio de desempleo no queden meses descubiertos esperando poder optar al subsidio, la reducción del mínimo de los 23 años para optar a la ayuda, y la inclusión de los menores ex-tutelados como beneficiarios posibles, o la corrección de disfunciones que perjudicaban a las familias monomarentales —como el hecho de que con el sistema inicial, una familia monomarental con tres hijos percibía una cantidad menor que una familia compuesta por dos personas adultas y dos menores. Belarra anunció por último una propuesta que es un reclamo por parte de beneficiarios y colectivos de apoyo y que ya había sido anunciada otras veces: que se avanzaría para tomar en cuenta los ingresos de los últimos meses y no los del año anterior.

Para el Ministro Escrivá quedaba anunciar la medida más importante en cuanto que supone un incremento amplio de las cuantías: la incorporación de complementos para la infancia que alcanzarán hasta 100€ por menores entre 0 y 3 años, 75€ entre 3 y 6 años y 50€ a partir de esas edad. Un complemento que no solo cobrarán las familias destinatarias del IMV, sino aquellas con menores a cargo que superen hasta tres veces los umbrales marcardos para este subsidio.

Anunciada la medida, el Ministro se felicitó de que una vez superado el tapón administrativo que ralentizó la gestión del IMV en su primer año de aplicación, actualmente la seguridad social está “casi al día” con la tramitación de las solicitudes. Las cifras publicadas el 1 de octubre por la cartera de Escrivá a través de una nota de prensa revelan, en efecto, una progresión importante a la hora de evaluar solicitudes: “El INSS ha tramitado más del 94% de las más de 1,3 millones de solicitudes válidas recibidas”, anunciaba.

De las solicitudes, se habrían aprobado a 13 de septiembre 336.933 prestaciones, que cubren a unas 800.000 personas. Entre estas personas, anunciaba el ministerio, casi 40% son menores. La nota de prensa toma esta cifra como prueba de que el IMV estaría funcionando para reducir la pobreza infantil.

La tramitación ordinaria del IMV refleja que “en conjunto, los expedientes aprobados en los 16 meses de aplicación de la ley serían 261.509, que suponen el 22,7% del total de resueltos por la vía ordinaria (1.149.967)”

A partir de los datos facilitados por el Gobierno, el pasado 27 de octubre, el colectivo crítico RMI Tu Derecho publicaba un informe de valoración en el que recordaba que, si se excluían los subsidios aprobados de oficio —fundamentalmente a familias beneficiarias de la ayuda por menores a cargo (75.424 casos)—, la tramitación ordinaria refleja que “en conjunto, los expedientes aprobados en los 16 meses de aplicación de la ley serían 261.509, que suponen el 22,7% del total de resueltos por la vía ordinaria (1.149.967)”.

A pesar de la escasa proporción de aprobaciones, el colectivo remarca cómo la tasa de aceptación se ha duplicado en estos 16 meses, pasando de ser de un 15,3% en 2020, a un 27,9% hasta marzo de 2021, y un 30,4% hasta septiembre. Quedan reflejadas así las modificaciones que han ido siendo anunciadas casi desde el principio de la implementación del IMV con sucesivas ruedas de prensa y declaraciones, como la del pasado 18 de octubre. Anuncios en los que, como respuesta a las críticas y la presión social, se ha ido modificando el Real Decreto Ley a la espera de una tramitación legislativa en suspenso, que el Gobierno parece querer concretar antes de que finalice el año. Las últimas medidas anunciadas, de gran calado, despiertan sensaciones encontradas entre organizaciones que han sido testigo, durante este año y medio, de propuestas cuya ejecución distaba de lo planteado ante los colectivos o la prensa.

IMV y lucha contra la pobreza infantil

“La limitación que nosotros vemos en el IMV, y que es lo que expusimos desde un principio, es que se presentara como un instrumento de lucha contra la pobreza severa solamente”. Con un umbral de ingreso muy cercano al de la pobreza severa, explica Alexander Elu, especialista en pobreza de Save the Children, el IMV hasta ahora repercutiría en la infancia en peor situación, pero se dejaba afuera, descubiertos, a quienes se encontraban en situación de pobreza relativa: “ahí es donde se concentra un buen número de hogares con niños y niñas”. El integrante de Save the Children considera que los complementos anunciados el pasado 18 de octubre vienen a cubrir esta franja, sin embargo cuestiona lo que considera “un mix un poco extraño en el que por un lado el IMV es una herramienta de lucha contra la pobreza severa, pero por otro lado, con estos complementos, pasa a cubrir a familias con bajos ingresos que incluso están por encima del umbral de pobreza relativa”.  Si bien considera esto una buena noticia en cuanto que mejora el panorama de protección a la infancia, transmite la preocupación que les genera que se mezclen los objetivos de lucha contra la pobreza y de apoyo a la crianza.

Frente a esta estrategia, la organización de apoyo a los niños y niñas propone la universalización de las prestacionas para la infancia, y recuerda que esta era la línea trabajada inicialmente por el ministerio de Belarra.  Una prestación “basada en el modelo de deducciones fiscales, reembolsables, reformada de manera que pudiese alcanzar a todos los niveles de ingreso”. Una fórmula que la organización defiende y que consiste en superar el modelo actual de deducciones fiscales que beneficia básicamente a las familias de ingresos medios y altos, dado que se aplica a través de deducciones en el IRPF, algo que no alcanza a quienes por sus bajos ingresos no hacen la declaración o no generan una deuda tributaria. “Confiamos en que un mejor sistema de deducciones  por la vía de la reembolsabilidad, del alcance a todas las familias, pueda producirse en un sistema de ayudas familiares de apoyo a la crianza universalizado”.  Un sistema que ya estaría funcionando en otros países de Europa y que desde Save the Children ven más coherente que las reformas al IMV anunciadas, que si bien serían una solución pragmática, se quedan en la lógica de los “parches”.

“Lo que nosotros vemos es que por un lado las tasas de pobreza infantil son elevadísimas —el 27,4%— y crecen con la edad, lo cual contradice un poco esta lógica decreciente de los complementos”

Así, si bien Elu celebra el avance que supone este anuncio reciente teniendo en cuenta los bajos niveles de lo que se partía —“la prestación por hijo a cargo eran apenas de 291 euros al año, lo cual suponía cinco veces menos de la media europea”, recuerda— cuestiona también la decisión de gradualidad en las prestaciones, cuya cuantía desciende a medida que el menor cumple años: “lo que nosotros vemos es que por un lado las tasas de pobreza infantil son elevadísimas —el 27,4%— y crecen con la edad, lo cual contradice un poco esta lógica decreciente de los complementos”, el coste de la crianza, añade, también aumentaría ligeramente con la edad de niñas y niños, lo que cuestiona aún más esa gradualidad.

En todo caso, el portavoz de Save the Children considera que después de “un año de vacío” tras la eliminación de la prestación por menores a cargo, la introducción de los complementos supone una corrección a esa suspensión y una mejora de las cantidades respecto a la prestación anterior.

Para Roberto Borda de RMI Tu Derecho, el anuncio de los complementos para menores es eso: una rectificación que no merece el nombre de novedad. “Tú quitaste una cosa y ahora la vuelves a poner, ya está”, sumariza. Se pregunta por qué se introducen nuevas variables en un IMV cuyo diseño ya es muy complicado pudiendo haberse limitado a elevar las cuantías, si se consideraba que estas eran demasiado bajas para las familias con menores. Para este trabajador del tercer sector, que lleva casi un año y medio batallando con los trámites, añadir este complemento puede ser un nuevo quebradero de cabeza para las familias a las que habrá que aclarar si han de pedir dicho extra o si les llegará de oficio. 

Silencios burocráticos que persisten

Y es que aunque la mejora en la tramitación de las solicitudes sea evidente, Borda no da por superados los problemas burocráticos que ha traido aparejados el IMV. “De un lado, hay una bolsa de gente del principio que sigue sin respuesta, y por otro lado sí que están resolviendo nuevas peticiones en cuatro o cinco meses”. El activista sospecha, en base a su experiencia con usuarios, que son las solicitudes que se presentaron por correo certificado y no de forma telemática, las que están generando problemas. Otra dificultad que identifica es que las reclamaciones —frecuentes, dado el alto índice de denegación— no estarían siendo respondidas con celeridad, prorrogando la incertidumbre de las personas durante meses. “Y si no te dan la razón el siguiente paso es ir a los juzgados de lo social, que eso vuelve a ser un año o así hasta que el juez ve tu caso”. Tiempos que chocan con las urgencias que atraviesan estas familias que han decidido optar a la ayuda por sus escasos recursos.

Otra de las cuestiones que preocupan en RMI Tu Derecho choca con el anuncio, una vez más, de que se tomarán los meses anteriores para valorar el derecho a la prestación. La organización denuncia que no se están actualizando las prestaciones con datos de 2020. Esto perjudica obviamente a quienes ingresaron menos en 2020 que en 2019, el año en base al cual se calculó en primer lugar su prestación, pues las cuantías estarían por debajo de las establecidas, pero también a quienes ingresaron más el año pasado: pues son las personas quienes deberán responder ante los pagos indebidos de la seguridad social. En estos casos, “están congelando totalmente el pago, el 100% de la prestación, eso es muy preocupante porque están dejando a las familias con cero euros al mes”, algo que afecta particularmente a las familias que pasaron de oficio el IMV y que luego se ha visto que no cubrían los requisitos, o el cálculo estaba mal hecho.

Para Borda, la interrupción de las prestaciones en caso de error es una “aberración, porque es una prestación que la propia ley dice que no se puede embargar salvo cuando tengas una deuda con la seguridad social, pero yo entiendo que si la deuda con la seguridad social se ha generado porque la seguridad social no ha tramitado todo lo bien que podía la solicitud, no te puede retirar el 100% de la prestación, y además esto sin notificación ninguna”. El activista asegura que al menos en su caso, no ha visto ninguna comunicación que informe a las familias de que se les interrumpe el pago y que explique las razones para ello, sino que las personas se enteran de lo sucedido tras llamar extrañados ante el no ingreso de la ayuda que esperaban.

Hacer que lo que ya hay funcione

Uno de los anuncios que el Ministro hizo durante la rueda de prensa del pasado 18 de octubre es que la administración será proactiva a la hora de buscar a las personas que puedan beneficiarse del IMV. Una afirmación que colisiona con la realidad de miles de personas que habiendo solicitado esta ayuda han quedado excluidas: “creo que la gente se queda afuera porque sigue sin haber citas presenciales, porque no hay nadie que te acompañe en el proceso”.

La falta de convenio con los servicios sociales en comunidades autónomas (como es el caso de Madrid) dificulta que haya una asistencia a los eventuales solicitantes. Para el miembro de RMI Tu Derecho el problema no es que la gente desconozca una prestación tan publicitada como el IMV sino que “para la gente este es como un muro infranqueable y entonces te desesperas y dices: no voy a poder”.

Por ello para Borda es importante que más que anunciar periódicamente grandes novedades, el Gobierno se haga cargo de que lo ya existente funcione y los anuncios hechos anteriormente se concreten en cambios reales. “Una de las cosas que tendrían que decir es: nos vamos a comprometer a que las tramitaciones sean en 30 días”. Borda recuerda que este fue el compromiso inicial de Escrivá, quien presentaba la agilización de la tramitación como una de las grandes ventajas frente a las rentas autonómicas.

“Quienes tienen el IMV se sienten vapuleados porque sigue existiendo la sensación de que no sé en qué momento me lo van a quitar. Una prestación para erradicar la pobreza que no crea confianza en la gente es un problema”

Desde RMI Tu Derecho recuerdan y reivindican otros de esos compromisos iniciales que consideran fundamentales “antes de ponerse a anunciar novedades”. Por ejemplo: cumplir con el planteamiento inicial de simplificar la tramitación aceptando una declaración responsable y comprobando los datos (de los que dispone el Estado) de manera posterior. “Se concede la prestación, se atiende a la emergencia de una familia que está en situación de pobreza y luego se revisa lo que se tenga que revisar cuando tengas que revisarlo”.

La introducción de nuevas variables como complementos para menores que además cambian en función de la edad, genera preocupación en quienes vienen acompañando a las familias en recorridos burocráticos que a veces desafían toda lógica: Borda habla de una familia a quien se le retiró la prestación cuando uno de sus hijos se emancipó porque, según la administración, la familia con un hijo menos, sería una nueva “unidad de convivencia” — “resulta que ahora ya las familias empobrecidas tiene que nacer y vivir todos juntos en la misma casa”— ; o recuerda el temor de una joven tras tener una hija ante la posibilidad de que comunicar este nacimiento ponga en riesgo su prestación. Así, reflexiona Borda, tal como estás las cosas, no se trata solo de no llegar a la mayoría de la población empobrecida: “Quienes tienen el IMV se sienten vapuleados porque sigue existiendo la sensación de que no sé en qué momento me lo van a quitar. Una prestación para erradicar la pobreza que no crea confianza en la gente es un problema”.

Borda recuerda otros anuncios que se hicieron al principio, como las ayudas al alquiler o los itinerarios de inserción, medidas de las que, al menos él, en el contexto de la Comunidad de Madrid, no tiene noticia. “Si tú no lo sufres en tus carnes piensas, qué buena gente: están ahí haciendo sus políticas para erradicar la pobreza, no hacen más que hacer cosas”, ironiza.