Renta básica
IMV: pesadilla antes de Navidad y una ley que no convence

El pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, miles de perceptores y perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se llevaron una sorpresa: la cuantía de su prestación había cambiado sin previo aviso. Hubo quienes tuvieron la suerte de ver un incremento en el ingreso que la seguridad social había hecho en su cuenta, pero también quienes de pronto se encontraron con números que auguraban tiempos difíciles, montos insuficientes para sobrevivir. Tampoco faltaron quienes no recibieron el dinero que esperaban.

En lo que la gran mayoría coincidieron fue en la falta de información previa que les preparase para lo que iba a suceder. La información no llegó tampoco en ese momento, ni inmediatamente después, generando gran desconcierto entre las personas beneficiarias de la ayuda. Acudían a las organizaciones del tercer sector buscando las explicaciones que el Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones no estaba dando. Antes de que estas entidades pudiesen entender la ley, aprobada pocas semanas antes, una nueva tormenta burocrática se agitaba entre las personas benediciarias del IMV.

La razón burocrática no entiende de fiestas

A Hontanares Arranz, integrante de la plataforma RMI tu derecho, le costó entender qué suponían esas cuantías extrañas que estaban llegando a la gente. “Lo primero que pienso es, bueno, debe ser, el incremento del IPC, que van a hacer un pago extraordinario, pero cuando empieza a llamarnos todo el mundo en todas las asociaciones en las que estamos con lo mismo vemos que han revisado la cuantía del IMV de 1 de enero de 2021, a 24 de diciembre de 2021, no tenían otro día del año”, apunta la activista.

La actualización de las cuantías en base a los ingresos del año anterior (en este caso del año 2000), es algo que, señala Arranz, podría haberse hecho desde julio, después de que las personas beneficiarias hicieran, como les obligaba el ministerio de Jose Luis Escrivá, la declaración de la renta. No era una cuestión menor, los cambios de 2019 a 2020 en lo referente a ingresos, podían suponer que se tuviera derecho a una prestación menor. Cuanto más se atrasaba dicha actualización, mayor sería el desfase entre lo percibido y la ayuda correspondiente. Esto podría comportar grandes disminuciones de la nómina e incluso una deuda a las familias. Ahora, los perceptores no saben muy bien a qué atenerse, poco a poco les van llegando las resoluciones.

“Cuando empieza a llamarnos todo el mundo en todas las asociaciones en las que estamos con lo mismo vemos que han revisado la cuantía del IMV de 1 de enero de 2021, a 24 de diciembre de 2021, no tenían otro día del año”

“Veníamos esperando la actualización desde hace meses, hicimos una campaña quejándonos de que esta actualización no llegaba, porque hay gente que ha estado viviendo con una mierda cuando con la actualización podían recibir el IMV al completo”, relata Arranz, quien explica que además de la actualización tardía, se han dado cuenta de que a muchas de las prestaciones se les ha restado la renta mínima autonómica, que es compatible y por tanto no debería restarse. 

“Al parecer tiene que ver con las personas que hicieron la declaración del IRPF por teléfono, las declaraciones se hicieron mal y ha quedado como renta de trabajo, eso parece que lo ha hecho mal Hacienda, pero eso no lo justifica porque el INSS tiene la obligación no de ir y mirar lo que tú has declarado, sino de usar todos los datos tributarios de los que dispone Hacienda y a los que tiene acceso”, describe Luis Saenz de la asociación Invisibles de Tetuán, también integrante de RMI tu derecho, quien denuncia la frecuencia con la que se dan este tipo de problemas: “Para las familias es un martirio, esta vez les han dado las Navidades”.

La ley, una oportunidad perdida

Mientras las familias perceptoras del IMV llamaban a las puertas de las entidades de la sociedad civil para encontrar las explicaciones que la administración no les daba, sus activistas se esforzaban por descifrar la ley de Ingreso Mínimo Vital finalmente aprobada el 20 de diciembre, después de que vinieran demandado desde hace tiempo que se avanzara en lo legislativo.

“La tramitación de la ley ha pasado en sordina, lo han zanjado con toda velocidad, a toda máquina, ha sido cosa de días el proceso, cuando era un tema de mucha complejidad”, lamenta Saenz. El integrante de Invisibles ha detectado en el texto, “mejoras parciales, cosas que empeoran, o que están expuestas de una manera contradictoria, algo que puede generar grandes problemas”, alerta. Mientras: “se ha mantenido el núcleo de los problemas esenciales que tiene”.

Arranz hace un balance severo: las pasarelas, esa simplificación de la burocracia en la que las comunidades autónomas facilitaban los datos para la tramitación del IMV estarían siendo “un auténtico fracaso”. Un fiasco que según esta trabajadora social se debe a las condiciones exigidas a las comunidades autónomas, algo que se mantiene en la ley:  “quien quiera hacer la pasarela la puede hacer, puede hacer un convenio, pero si se confunde en el trámite lo paga la comunidad”. Estas condiciones poco ventajosas se repiten en otras administraciones:  “como los ayuntamientos tienen ciertas competencias, como inserción social y trámite de certificados, la ley habla de convenios en los que todo el mundo entendió que iba a haber una dotación económica”. No es así  “lo que plantea la ley es que les van a dejar contratar a gente hasta un 5% de su personal, pero todo esto si lo paga el ayuntamiento”.

Admite, también, algunas mejoras: las prestaciones económicas relacionadas con la ley de la dependencia no serán descontadas y se han restablecido una ayuda por hijo o hija. Estas prestaciones, que consistirán entre 50 y 100 euros mensuales en función de la edad de niño o niña, podrán ser solicitadas también por gente que no es beneficiaria del IMV. Arranz relaciona esta medida con los fondos recibidos por España para combatir la pobreza infantil por parte de la Unión Europea.  Además, subirán la cuantías en caso de discapacidad, y se consolida la posibilidad de los ex-tutelados de cobrar la ayuda, aunque solo si la solicitan en los dos años posteriores a la tutela.

“La tramitación de la ley de IMV ha pasado en sordina, lo han zanjado con toda velocidad, cuando era un tema de mucha complejidad. Se ha mantenido el núcleo de los problemas esenciales que tiene la ayuda”

También considera esta activista que la letra pequeña de algunas de las mejoras más publicitadas, como el hecho de que las personas desempleadas puedan pasar a cobrar el IMV sin tener que solicitarlo, sino a través de la oficina de empleo, tiene trampa. Según Arranz lo que es automática es la gestión, lo cual comporta un trámite menos para las personas, algo a celebrar, el otro avance sería que, a diferencia de lo que estipulaba el decreto ley, que excluía a quienes hubiesen cobrado alguna prestación en el año en curso, esta limitación se anula. Sin embargo, se aplicarán a las personas desempleadas los mismos requisitos para cobrar el IMV que al resto de solicitantes: no haber tenido ingresos por encima del umbral en el año previo, por lo que, probablemente, muchas personas, al superar ese mínimo el año anterior —pues estaban empleados o tenían otro tipo de ingresos—, quedarán fuera.

“En nuestra opinión esta es una ocasión perdida, había una experiencia acumulada, desde los colectivos sociales se han aportado muchas advertencias, información, propuestas”, lamenta Saenz, para quien la ley no responde a las necesidades de la población. “Es un proceso de parches y no de intentar resolver los 4, 5 o 6 problemas fundamentales y darle un poco de coherencia a la ley, es muchísimo más complicada de entender que la anterior”. Han pasado semanas intentando descifrarla y resumirla, un proceso arduo, ya que el texto, denuncia Saenz, está redactado de una manera difícil de entender y contiene diversas contradicciones. A algunas mejoras, como que pueda haber más de un IMV en la misma unidad de convivencia, les acompañas otras sombras: la exigencia de demostrar estar en riesgo de exclusión social, o que no se no se es familiar de los convivientes, circunstancias que han de ser certificadas por parte de los servicios sociales. “Es una cosa burocrática absurda que no sirve para nada, pero que está cargando de trabajo a los servicios sociales que ya están angustiados, y están teniendo a la gente desbordada, preocupándose de conseguir certificados”.

Por otro lado, hechos como el de Nochebuena suponen un último episodio de estrés para los perceptores: “Es un desgaste psicológico brutal todo esto, además una vez que ya tienes tu solicitud aprobada, sigue. La cobras pero ahora te agobian con esto, ahora te agobian con lo otro, no se entiende”. Una ayuda que además queda muy lejos de aliviar la pobreza severa en el estado, que sufrirían cinco millones de personas, “no está haciendo su función, deja descubierta a la población, mucha no lo ha pedido entre otras razones por la enorme dificultad para hacerlo, el propio miedo a estas cosas, esto en los barrios se va sabiendo”.  Saenz defiende que es necesario incrementar la presión social “que es a lo que responden, solo cuando sacas algo que pueda escandalizar a la población no afectada, reaccionan”.

A vueltas con las familias monomarentales 

El pasado 24 de diciembre, entre las llamadas que recibe Cuarto Mundo, la asociación que integra Arranz, está la de una antigua usuaria, se trata de una madre con dos hijas, alarmada, porque ha recibido en su cuenta 65 euros. Mucho menos de la renta íntegra que venía cobrando, y en todo caso, muy lejos de lo necesario para vivir. La mujer, cabeza de familia monomarental, es una vieja conocida de Arranz. Pasó muchos meses reclamando a la Comunidad de Madrid una renta mínima que le negaban, las razones: le obligaban a justificar que el padre de las niñas no pasaba pensión interponiendo una demanda. La mujer tuve que atravesar un periplo burocrático entre recursos y denuncias, un largo pulso para que las administraciones reconozcan su derecho a la ayuda. Actualmente, está cobrando el IMV. Estos procesos burocráticos largos, estima Heranz, empujan a muchas mujeres a desistir.

“Se ha hecho mucha propaganda en el aspecto de las familias monomarentales, la propaganda es absolutamente mentira, porque a las familias se les va a pedir el mismo trámite burocrático”: demostrar que no se cobra pensión por alimentos mediante demanda, o pedir antes el anticipo por impago de pensiones alimenticias, una ayuda de Hacienda. Por otro lado, los anuncios respecto a que se iba a dejar de restar la pensión alimentaria del IMV que recibían estas familias, pues en muchos casos no se cobran, han supuesto, lamenta la activista de RMI tu derecho, una decepción para muchas familias: la pensión alimenticia se tendrá en cuenta para calcular el IMV que corresponde a los padres que la pasan, pero en el caso de las familias monoparentales, mayoritariamente encabezadas por mujeres, seguirán teniendo que demostrar que no la cobran. 

“Nosotras entendemos que cuando no hay responsabilidad compartida en los cuidados y manutención de los hijos e hijas, cuando hay un padre ausente —aunque esté en el libro de familia— evidentemente es una familia monomarental”, explica Carmen Flores de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS). Flores entiende que haya que documentar estas circunstancias, pero advierte que “la burocracia muchas veces limita y hace desistir a las madres de pedir una ayuda”, primero, porque no es fácil para muchas tener que solicitar una prestación cuando su objetivo es sacar adelante a la familia trabajando. “Pero si encima tienes que perder tu tiempo para conseguir una documentación tras otra, llega un momento en que las propias mujeres, sobre todo las que tengan menos tiempo, desisten de solicitar”. 

La FAMS es otra de las entidades que viene haciendo recomendaciones para mejorar el IMV, al considerar que no está llegando a todas las familias y en particular a aquellas más necesitadas. Además de las dificultades para acreditar la monomarentalidad, el diseño de la ayuda, que se concede en base a unidades de convivencia, y no unidades familiares, viene perjudicando a este colectivo. El caso es que muchas familias monomarentales no pueden permitirse una vivienda sin compartirla con otras unidades familiares, algo agravado por la crisis del covid. “Muchas ya carecían de recursos suficientes y tenían que compartir vivienda con los padres, o con otros familiares porque era insostenible la situación”. Al tomar el IMV la unidad de convivencia como referencia, se tenían en cuenta los ingresos de todos los familiares que compartiesen la vivienda, dificultando en muchos casos el acceso al IMV. 

“Creo que antes de poner en marcha una medida o anunciarla a bombo y platillo se deben de poner todos los mecanismos al alcance de toda la ciudadanía, para que sea accesible: tiene que ser con las garantías de que esta se va a poder tramitar porque estás lanzando unas expectativas en la población”

Con la nueva ley “cuando no existe consanguinidad sí es compatible que dos familias que viven en la  misma vivienda —si no tienen vínculo ni son pareja de hecho— puedan solicitar cada una un IMV. Siguen quedando desprotegidas todas aquellas familias que han tenido que volver con su familia de origen, con sus padres, incluso a cuidarles”. Desde la FAMS reivindican que se tome a la unidad familiar como referencia, pues, sostienen, la responsabilidad del cuidado es de las madres  y no de los abuelos u otros familiares, “si no hay un apoyo esas familias no van a poder salir nunca de esa situación siempre van a ser dependientes y nos parece que eso es injusto”. 

Flores critica así mismo que el acceso sigue siendo complicado, con un lenguaje difícil de entender, mientras que siguen prevaleciendo las solicitudes online, lo que supone una barrera para quienes no tienen acceso a dispositivos digitales, o tiene competencias limitadas en este sentido, una brecha digital que deja a gente afuera.  Mejoras como la introducción de las ayudas por hijo, algo que puede beneficiar a estas familias, quedan en el aire por no saber cómo poder optar a ellas. Mientras se espera que para las familias perceptoras del IMV esta ayuda sea automática, aún no han podido encontrar información sobre cómo pueden tramitarla el resto de las familias.  “Creo que antes de poner en marcha una medida o anunciarla a bombo y platillo se deben de poner todos los mecanismos al alcance de toda la ciudadanía, para que sea accesible: cuando lanzas una medida tiene que ser con las garantías de que esta se va a poder tramitar porque estás lanzando unas expectativas en la población”, considera Flores.

Desde la FAMS, admiten que las mejoras existen, aunque tienen menor alcance que el deseado, además, apunta Flores, “ muchas veces nos sentimos como que se nos utiliza para sacar medidas que luego después cuesta hacerse con ellas”. Medidas que, teme, no está claro a cuántas familias van a llegar. Un buen punto de partida para afinar estas medidas, considera, sería tener en cuenta a las entidades que trabajan o representan a los colectivos.

Juventud discriminada

Otra de las demandas de los colectivos sociales respecto a la nueva ley era que la edad mínima pasara de 23 años a la mayoría de edad, algo que llegó al Senado en forma de enmienda pero que no llegó a aprobarse. “No se ha recogido la propuesta de eliminar las restricciones ni para los 23 años ni para los 28 ni para los 30, han mantenido todos los rangos de discriminación”. El profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, Enrique Hernández, es coautor del informe Ingreso Mínimo Vital, ¿es justo con la juventud? encargado por el Consejo de la juventud, un documento que defiende que esta medida es inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad de los y las jóvenes. 

Así, mientras los menores de 23 solo pueden acceder en circunstancias muy excepcionales (como haber estado bajo la tutela de las administraciones durante los dos años anteriores) a los menores de 30 se les exige también haber vivido de manera independiente en España durante al menos lod dos años inmediatamente anteriores a la solicitud del ingreso. La exclusión de la juventud ha tenido poco revuelo, y seguramente poco coste político, lamenta Hernández, por tratarse de un sector de la población que tiene poco peso demográfico y de voto y cuyas organizaciones carecen de mucha fuerza para presionar. “El problema es que persiste la insistencia en no justificar por qué toman este tipo de decisiones, primero el ejecutivo y luego el legislativo, no están argumentando que sea razonable. Podemos entrar a ver si la justificación es razonable o no, pero la falta de justificación ya es indicio de irracionalidad y de arbitrariedad, y eso es lo que hace que sea inconstitucional”.

“Si tienes menos de 30 años se entiende que te tienen que mantener tus padres: así, a algunos se les exige que se lleven bien con sus familiares para que les puedan ayudar hasta una determinada edad y si no se llevan bien, tienen que evidenciarlo ante un juez”

Lo que hay detrás de estas diferenciaciones, apunta el investigador, es la idea de que “si tienes menos de 30 años se entiende que te tienen que mantener tus padres: así, a algunos se les exige que se lleven bien con sus familiares para que les puedan ayudar hasta una determinada edad y si no se llevan bien, tienen que evidenciarlo ante un juez”. Algo que puede recrudecer las violencias familiares cuando se dan. Al contemplar solo la violencia de género o la trata con fines de explotación sexual como excepciones, “se está dejando desamparadas a una serie de personas a las que se les exige poner en evidencia sus situaciones de vulnerabilidad en el marco familiar, algo que les deja aún más vulnerables.

Para Hernández, lo que subyace a esto es considerar que el IMV no es una medida de emancipación, pues para esto ya hay otras políticas “El problema es que están presumiendo que la emancipación es un privilegio y no una necesidad:  están asumiendo la presunción de invulnerabilidad de los jóvenes precisamente por ser jóvenes, por esta situación de dependencia familiar”. Algo que choca con las estadísticas: la pobreza infantil como resultado de la crisis del 2008 ha devenido en pobreza juvenil cuando estos chicos y chicas han crecido. “Los menores de 30 son la franja con mayores tasas de pobreza”.

La incapacidad de mejorar un sistema de acceso que supone tantos límites, una ley que no recoge muchas de las demandas hechas por los movimientos sociales, la falta de coordinación entre administraciones, o la poca valentía para atender las necesidades de dos de los colectivos más castigados por la pobreza severa en el Estado, como son las familias monomarentales y la juventud, preocupan a los colectivos que llevan año y medio batallando por conseguir que las personas empobrecidas accedan a una ayuda que se presentó como un avance histórico en derechos sociales. Mientras miles de personas viven en la incertidumbre de saber si podrán acceder a un IMV, si esté tendrá una cuantía digna, y si podrán conservarlo sin sobresaltos mientras lo necesiten.