Desigualdad
Las mujeres presentan de manera sistemática y persistente mayores niveles de pobreza y exclusión social
La feminización de la pobreza es un fenómeno estructural, persistente y multidimensional. Es la conclusión principal del informeFeminización de la Pobreza en España 2025: Análisis y propuestas para su erradicación, de EAPN (European Anti Poverty Network), un informe que se ha hecho público este viernes en un acto en el que esta entidad también ha presentado el Observatorio de feminización de la pobreza y exclusión social (oFpex), creado este año.
El informe toma como referencia la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), un indicador de la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza y exclusión social, y que calcula el porcentaje de población que cumple al menos una de tres condiciones: riesgo de pobreza (ingresos bajos), privación material severa (no poder permitirse cosas básicas) o baja intensidad de empleo en el hogar. Este indicador sitúa en un 26,8 % la tase en las mujeres y un 24,8 % a los hombres.
Además, la pobreza se intensifica cuando se acumulan factores de vulnerabilidad. Así, la incidencia del Arope alcanza niveles extremadamente altos en mujeres de hogares monomarentales (52,1 %) y en mujeres de origen extracomunitario (55,5 %), muy por encima del promedio entre las mujeres.
Otro factor es la edad. La brecha de género en Arope se amplía a lo largo del ciclo vital y alcanza su máximo entre las mujeres de 65 años o más (21,6 % frente a 16,7 % en los hombres), reflejando el impacto acumulado de trayectorias laborales discontinuas y menor protección social.
El empleo no garantiza la salida de la pobreza: el 15,8 % de las mujeres ocupadas están en Arope y el 10,8 % en pobreza en 2024
Este indicador permite detectar además cómo han aumentado las trabajadoras pobres y la vulnerabilidad material y social. El empleo no garantiza la salida de la pobreza: el 15,8 % de las mujeres ocupadas están en Arope y el 10,8 % en pobreza en 2024. Para medir la vulnerabilidad extrema se utiliza el indicador CMSS (Carencia Material y Social Severa), que mide la proporción de personas que no pueden afrontar determinados gastos o actividades básicos y representa una dimensión de la pobreza que trasciende el ingreso monetario. Y la CMSS aumenta: crece entre mujeres ocupadas del 4,4 % en 2015 al 6,5 % en 2024.
Pobreza y mujeres en España
En España, el estudio utiliza microdatos del Instituto Nacional de Estadística, la Seguridad Social, la Encuesta de Población Activa o el Imserso. De todo ello se desprende que el trabajo de cuidados no remunerado es la causa estructural de la pobreza femenina, ya que la sobrecarga de cuidados limita el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo y reduce sus oportunidades de desarrollo socioeconómico.
La parcialidad es uno de los factores: tres de cada cuatro personas con jornada parcial son mujeres y el 16,6% de ellas declara cuidar a menores o dependientes como motivo principal, frente al 4,3% de los hombres, lo que muestra que la parcialidad es un fenómeno fuertemente feminizado y vinculado al cuidado. Esto se evidencia también en el análisis de los datos sobre uso del tiempo, que muestra cómo el 15,4% de las mujeres dedicó el año completo a trabajo de hogar y cuidados no remunerado, frente al 0,3% de los hombres, evidenciando una dedicación desproporcionada y persistente. Además, las mujeres se concentran en ocupaciones peor remuneradas como servicios de restauración y ventas o tareas administrativas, algo que explica en parte la brecha salarial, que se mantiene en el 16,4% (405 euros mensuales menos que los hombres).
La vejez supone un factor de desigualdad, como muestras, por ejemplo, las pensiones: en 2024, la pensión media entre las mujeres es de 1.026 euros, un 32% inferior a la de los hombres
Varios datos plasman cómo la vejez supone un factor de desigualdad. Ocurre, por ejemplo, en las pensiones: en 2024, la pensión media entre las mujeres es de 1.026 euros, un 32 % inferior a la de los hombres (1.510 euros), unos números que suponen la mayor brecha de toda la serie histórica según el informe. Esto supone que la pensión contributiva media de las mujeres supera por poco el umbral de pobreza (965 euros), situando a una parte relevante de ellas en una zona de vulnerabilidad económica persistente.
Pese a ello, la protección social mínima sigue siendo insuficiente con pensiones no contributivas que dejan a sus perceptoras —la mayoría son mujeres— por debajo del umbral de la pobreza, con 601 euros de jubilación o 662 euros invalidez. La cifra que marca el umbral de la pobreza severa es 644 euros al mes, demostrando que la red mínima de protección no garantiza estar en pobreza.
Por todo ello, EAPN concluye que la feminización de la pobreza se confirma como un fenómeno estructural, persistente y multidimensional. “Los análisis desarrollados a lo largo del informe muestran que la desigualdad que enfrentan las mujeres solo puede comprenderse bajo las lógicas de un sistema económico y social que crea, reproduce y profundiza las brechas de género; no puede explicarse únicamente por la insuficiencia de ingresos, sino que está profundamente vinculada a la división sexual del trabajo, la precariedad laboral de las mujeres, la desigual distribución de los cuidados y la acumulación de desventajas a lo largo del ciclo vital”.
Recomendaciones
El informe recoge una serie de recomendaciones, que parten de una reflexión previa sobre cómo se mide la desigualdad y la necesidad de cambiar el foco para superar la invisibilidad de las desigualdades intrafamiliares en las mediciones por hogar o incorporar mediciones que vayan más allá del ingreso monetario. La primera recomendación es la construcción de un sistema público de cuidados que reconozca la necesidad de cuidados a lo largo de la vida. Sería un sistema de carácter universal y que integre la perspectiva comunitaria, que garantice el derecho a cuidar y a ser cuidado sin que ello suponga una penalización económica, laboral o vital para las mujeres, ahonda el informe. Además, propone medidas para dignificar el empleo en los sectores feminizados y garantizar trabajo decente. Cuidados, limpieza, comercio, hostelería, trabajo doméstico y servicios de proximidad son sectores que tienen en común unos bajos salarios y una fuerte feminización. Por ello, EAPN entiende que se requieren políticas que actúen sobre la calidad del empleo y no solo sobre el acceso al mismo. Reforzar la estabilidad laboral, limitar la parcialidad involuntaria, elevar estándares salariales, garantizar el cumplimiento de descansos, reforzar la inspección laboral y establecer marcos específicos para sectores feminizados o el reconocimiento de enfermedades laborales son algunas actuaciones concretas. La violencia machista es un determinante directo de la pobreza. Abandonar una relación violenta implica, en muchos casos, pérdida de ingresos, inestabilidad residencial, desempleo, deudas, deterioro de la salud mental y aislamiento social La organización también entiende que la violencias machistas es un determinante directo de la pobreza. Abandonar una relación violenta implica, en muchos casos, pérdida de ingresos, inestabilidad residencial, desempleo, deudas, deterioro de la salud mental y aislamiento social. Se requiere integrar la violencia de género en el análisis de pobreza y desplegar políticas que garanticen acceso inmediato a ingresos, vivienda segura, empleo protegido, acompañamiento integral, protección jurídica y apoyos de larga duración. Una renta universal para niñas, niños y adolescentes es otra de las propuestas: “Produciría un efecto redistributivo inmediato, reduciría drásticamente la pobreza infantil y aliviaría la presión económica que soportan especialmente las madres, y en particular las familias monomarentales”, algo que debe articularse con la universalización efectiva de la educación infantil desde el nacimiento. Reformar las pensiones para mitigar las brechas, garantizar el acceso a la vivienda social de titularidad pública a familias en situación vulnerabilidad, mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y proteger los derechos de las mujeres migrantes son otras de las recomendaciones del informe. |
Andalucía
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