La OEA boicotea a su propia misión anticorrupción

Nada de lo que ocurre en Honduras es casual. Nada. Justo cuando la justicia avanza en uno de los casos de corrupción más escandaloso de un país acostumbrado a los escándalos de la corrupción, el Gobierno aprueba por vía irregular una norma, dentro de la Ley de Presupuestos que obliga a archivar la causa. No cualquier causa: al menos 60 de los 140 diputados hondureños y unas 30 ONGs estarían involucrados en la falsificación de proyectos para apropiarse personalmente de fondos destinados al desarrollo en las regiones. Es el caso Red de Diputados.

Tampoco es casual que Luis Almagro, el discutido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se haya negado a hacer público el último informe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de su propia institución, que recibió el 19 de octubre y que contenía “información relevante que el pueblo hondureño debía conocer”. El entrecomillado pertenece al ex primer ministro peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la MACCIH. Por tanto, tampoco es casual que Almagro no quisiera recibir al alto funcionario de la OEA cuando éste viajó a Washington el 30 de enero para reunirse con el secretario general de la OEA. Ergo… tampoco es casual que hoy haya renunciado de forma irrevocable a su cargo Jiménez Mayor.

La dimisión la ha realizado haciendo pública una carta abierta al pueblo hondureño de cinco páginas que no tiene desperdicio. Es el guión de una novela de intrigas entre las élites y de complicidades internacionales para evitar que la corrupción tenga límite. Es decir, que la OEA financió la MACCIH para que no tuviera resultados y que, cuando han comenzado a emerger las aguas fecales de las clases política y económica de Honduras, Almagro se ha encargado de bloquear su trabajo.

Jiménez denuncia la actitud del cuestionadísimo Gobierno hondureño, que preside por segunda vez Juan Orlando Hernández después de ganar de forma dudosa las elecciones del pasado 26 de noviembre y de iniciar una ola de represión brutal contra la oposición y contra aquellos que denunciaban el fraude. El Gobierno no solo ha bloqueado la investigación de la Red de Diputados, sino que ha acusado a la MACCIH dirigida por Jiménez de suponer una amenaza a la soberanía nacional; “coincidiendo”, explica el renunciado jefe de la Misión, “con la instauración de líneas de investigación complejas contra sectores poderosos”. Nada es casual.

También pidió Juan Orlando Hernández a Almagro el pasado 29 de enero, en pleno choque entre el Ejecutivo y la MACCIH, que se reformara el mandato y las funciones de la Misión. Almagro –recuerden que no hay casualidades- nombró al ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para coordinar una mesa de trabajo entre Gobierno y OEA para evaluar esas reformas. Nada es casual: Colom fue detenido este miércoles junto a nueve de sus ex ministros por un caso de corrupción. Buena elección la de Almagro.

El ya ex jefe de la Misión de la OEA denuncia la actitud de Almagro, cuestiona las finanzas de la MACCIH –“nunca manejé los recursos ni tuvimos información de cómo se gestionaban los fondos”-, la falta de apoyo desde Washington y la traición, de algún modo, al pueblo hondureño y no puede evitar cierta comparación con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) de la ONU, aunque este mecanismo, que lleva 11 años de funcionamiento, también está tratando de ser limitado por el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Nada es casual.

En Honduras, una vez consumado el segundo Golpe de Estado en menos de una década, las élites cierran filas con sus colegas internacionales para evitar que el negocio y el expolio llegue a su fin. En la OEA, una institución cuestionada por su rasero variable en función de las circunstancias y siempre con tendencia a la política imperial que se diseña en Washington, las misiones son una instrumento de gestión de recursos y de presencia en el terreno, pero no necesariamente se diseñan para que cumplan con sus objetivos.

Algo parecido, de hecho, está ocurriendo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), que está acaparando recursos y poder en el país suramericano y generando situaciones graves de desconfianza en las organizaciones sociales y de derechos humanos por su alineamiento con el Gobierno y con las tesis menos favorables al proceso de paz. La guerra contra la corrupción en Centroamérica está destinada a morir en manos de sus supuestos impulsores. Nada es casual.