Desahucios
El juez del desahucio de Olga: “No está previsto que sufrir ansiedad permita suspender un desahucio”

Entre los días 13 y 14 de abril de 2026, Olga Matute recibió asistencia de los servicios de emergencias en tres ocasiones por episodios de ansiedad aguda y pensamientos suicidas. Aun así, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de l'Hospitalet de Llobregat ejecutó el lanzamiento el 15 de abril. Cuatro meses más tarde, Matute se suicidó.

Vecina del barrio de Santa Eulàlia, tenía 54 años, dos hijas —una de ellas menor de edad— y había vivido en el mismo piso durante más de veinte años. El nombre de Olga es uno de los que se han gritado en las movilizaciones para exigir al Gobierno español la aprobación de un decreto con medidas estructurales en materia de vivienda. Como Maricarmen —la mujer de 87 años desahuciada del piso donde había vivido toda la vida a Madrid—, la vecina de l’Hospitalet quedó desprotegida cuando Junts, el PP y Vox tumbaron, en el mes de febrero, la prórroga del decreto antidesahucios.

Los días previos a la fecha fijada, había sufrido crisis de ansiedad, una grave descompensación emocional, hipertensión extrema, taquicardia y pensamientos persistentes de poner fin en su vida

Su abogado, Jordi Naya, intentó, in extremis, suspender de nuevo el lanzamiento, acreditando que se encontraba en una situación de “riesgo grave e inminente para la salud y la integridad personal”. Los días previos a la fecha fijada para la ejecución, había sufrido crisis de ansiedad, una grave descompensación emocional, hipertensión extrema, taquicardia y pensamientos persistentes de poner fin en su vida.

No obstante, el juez consideró que no había ninguna justificación para suspenderlo. “En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión de un lanzamiento”, sentenció. Además, criticó que la solicitud se hubiera presentado pocas horas antes de la ejecución, hecho que, según señaló, impedía “que la parte contraria pueda ejercitar sus derechos en plena igualdad”.

Naya denuncia que la respuesta judicial “ningunea absolutamente” a Olga Matute. “Habla de ‘supuestas’ crisis de ansiedad, cuando los informes médicos lo acreditan”, explica. En su opinión, la respuesta es una forma “de amedrentar a la profesión”.

Tres informes médicos

El juzgado tomó esta decisión, a pesar de tener tres informes médicos encima de la mesa y acusó al abogado de no respetar las reglas de buena fe procesal, recogidas en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalmente, la pieza separada para sancionarlo quedó archivada.

En su escrito, Naya, además de volver a recordar que la afectada tenía acreditada la situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión residencial, adjuntó la documentación médica y advertía de “la extrema fragilidad emocional y psicológica” de Matute, a causa de la “situación de estrés derivada del lanzamiento inminente”.

La asociación Som Santa Eulàlia, de la cual formaba parte, denuncia un “asesinato indirecto”: “Esta muerte es consecuencia de un proceso de desposesión y de maltrato desde hace más de diez años”

El 13 de abril la vecina del barrio de Santa Eulàlia recibió asistencia del Sistema de Emergencia Médicas (SEM), después de sufrir un episodio de ansiedad con hipertensión severa y taquicardia, y ser trasladada a urgencias. El día siguiente por la mañana fue atendida de nuevo y al atardecer, finalmente, fue trasladada a un centro hospitalario. El acta de intervención hace constar que la “paciente manifiesta ideas suicidas, no acepta el traslado y se activa 3.14 para involuntario. Realizamos traslado con contención mecánica abdominal”.

La asociación Som Santa Eulàlia, de la cual formaba parte, denuncia un “asesinato indirecto”: “Esta muerte es consecuencia de un proceso de desposesión y de maltrato desde hace más de diez años”. Durante la última década, Olga Matute vivió en primera persona dos de las grandes sacudidas del modelo de vivienda de las últimas décadas: la crisis de las hipotecas y, años más tarde, la escalada de los precios del alquiler.

Justamente dos años antes del desahucio, clara, directa y visiblemente afectada, ya lo evidenció en una intervención a la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones del Parlament de Catalunya: “Hace dos años que lucho contra un desahucio que sé que llegará, pero también sé que con 600 euros no puedo acceder a una vivienda. Llega un momento que no puedes cubrir las necesidades básicas, caes en un pozo muy profundo, del que no sabes salir, te aíslas, dejas de participar en todo y solo piensas en suicidarte”. Como usuaria del proyecto de inclusión social Comunidad Activa, solo dispuso de dos minutos para explicar una situación que, como apuntó, “viven por desgracia gran cantidad de ciudadanas de este país”. “Sufrimos violencia institucional. La vulnerabilidad mata”, concluyó.

Tanto la asociación vecinal, como el Sindicat de Vivenda Socialista de l’Hospitalet y el entorno de Matute han convocado un acto de homenaje y protesta en recuerdo de Matute y en defensa del derecho a la vivienda el sábado 3 de octubre de 2026, a las 19 h en la Plaza Pío XII.

En manos de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo

Después de separarse y perder el trabajo, Olga Matute dejó de poder pagar la hipoteca. Además, su exmarido no pagaba la pensión a sus hijas, un hecho que estaba batallando desde hacía diez años. Acordó una dación en pago con el Banco Sabadell y obtuvo un alquiler social que le permitió continuar viviendo en su casa.

Unos años más tarde, sin embargo, el piso acabó en manos de Promontoria Coliseum. La sociedad del fondo Cerberus (y hasta julio todavía participada con el 20% por parte del Banco de Sabadell), con sede en Madrid, no le quiso renovar el contrato de alquiler y la demandó por impago. Después de una primera suspensión bajo el paraguas del decreto antidesahucios, Promontoria aprovechó que había quedado sin efecto a principios de 2026 para reclamar la reactivación del desahucio.

Ceberus ha protagonizado la absorción de activos inmobiliarios de los bancos en el Estado español desprendido de la crisis financiera. Entre su cartera hay inmuebles procedentes del Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y CaixaBank, a pesar de que ahora está inmerso en una fase de desinversión.

Además del sector inmobiliario, tiene inversiones en supermercados, deuda, tecnología, atención sanitaria, energía o armas. Con sede en Nueva York y entramado empresarial en los Países Bajos —donde ahorra impuestos—, el futuro de centenares de familias en los Países Catalanes todavía dependen de ella.