Derechos Humanos
A un año de la deportación de Mohamed Said Badaoui

Asegura desde Tánger que la Ley de Extranjería “permite criminalizar y expulsar a una persona sin proceso judicial”. El activista antirracista, que no puede volver a su casa por un mínimo de diez años, ha interpuesto dos recursos ante la Audiencia Nacional.
Mohamed Said Badaoui
El activista por los derechos de la comunidad musulmana, Mohamed Said Badaoui, durante una rueda de prensa.

@bertacamprubi

Barcelona
19 nov 2023 06:00

Hace justo un año, Mohamed Said Badaoui, activista social y vecino desde 1992 de la localidad de Reus (Catalunya), era obligado a subir a un avión privado con destino a Casablanca junto a trece policías nacionales españoles. Presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana, Badoui hacía diez años que no pisaba su país de origen, y con ese viaje dejaba atrás su esposa, original de Valencia, y sus tres hijos, que lograron unirse a él un tiempo después. “Para mí fue como empezar totalmente de nuevo”, asegura el activista desde Tánger a través de una videollamada.

“Mi deportación demuestra que cuando tienen a alguien entre ceja y ceja, no miran la parte económica, no les importa desperdiciar dinero”, afirma Badaoui que conoce la realidad de los vuelos turísticos comerciales que se prestan para deportar a centenares de migrantes cotidianamente. En Casablanca los recibió muy amablemente la policía marroquí. “Me comentaron que no habían visto nunca un despliegue así de polícia española en una deportación y también me dijeron que estuviera tranquilo, que no habría represalias por más que el Estado español hubiera hinchado exageradamente mi expediente”. Lo acusaban de “predicar el salafismo”, de ser un peligro para la seguridad nacional por participar en actividades “proyihadistas” y de “injerencias” en la política española.

Islamofobia
Islamofobia Caso Badaoui: cuando la islamofobia te condena al destierro
1.200 firmas respaldan la petición al Ministerio de Interior de que detenga la orden de expulsión contra Mohamed Said Badaoui, calificando el proceso que está sufriendo este activista como islamofobia institucional.

Su carrera de obstáculos inició cuando solicitó la nacionalidad española y el Ministerio de Interior se la denegó por ser considerado una “persona radicalizada”. Presentó un recurso contencioso-administrativo en la fiscalía de Madrid exigiendo las pruebas de tal acusación, a lo que la policía nacional le abrió un proceso de expulsión administrativa usando la ley de extranjería como escudo. Badaoui relató todo este proceso en su declaración con la policía marroquí que, después de redactar el atestado, lo dejó en libertad.

“Pasé un mes con mis padres hasta que logramos, el 19 de diciembre, que vinieran mi esposa y mis hijos: nos tocó empezar de cero con todo: escolarizar a los niños, buscar trabajo…”. Actualmente tiene un trabajo estable en una agencia turística e inmobiliaria propiedad de un español en Tánger. Sus hijos están aprendiendo el árabe y se adaptan poco a poco. El más pequeño, Abdullah, nunca había estado en Marruecos antes. La ley de extranjería y la persecución islamófoba del Estado español han decidido el rumbo y destino de esta familia durante los próximos 10 años, periodo durante el cual el activista antiracista no puede pisar el país que ha sido su casa por más de 30 años.

Continúa la batalla jurídica

Con su abogado, Benet Salellas, Badaoui tiene abiertos dos procedimientos ante la Audiencia Nacional. Por un lado, recurrieron la resolución de expulsión que dictó la Secretaria de Estado de Seguridad por la que acordaron su expulsión del Estado Español al haber cometido, según ellos, una infracción prevista en el artículo 54.1 a) de la Ley de Extranjería. Según Salellas, para este proceso, “estamos pendientes de que se dicte sentencia que esperamos que estime la demanda formulada y anule la resolución de expulsión que le han impuesto” a Badaoui. 

“La policía tenía que aportar la documentación necesaria para justificar la denegación de mi nacionalidad, pero siguen sin hacerlo, no han aportado nada que pruebe mi radicalización”, asegura el marroquí. Según Badaoui muy posiblemente la policía recibirá una sanción económica por no aportar la documentación que demuestre las acusaciones que recibió y por las cuales se le deportó. Por otra parte, también están en trámites para recurrir la resolución por la que deniegan la petición del residente de Reus a obtener la nacionalidad española. 

El caso de Badaoui fue anómalo en muchos sentidos. El director del CIE de Barcelona donde Mohamed Said estuvo internado le aseguró que nunca había entrado a ese centro una persona con documentación

El caso de Badaoui fue anómalo en muchos sentidos. El mismo director del CIE de Barcelona, donde Mohamed Said estuvo internado por 30 días, le aseguró que nunca había entrado a ese centro una persona con documentación. Entrar a un CIE con NIE es una contradicción en sí misma. Pero además, sus 30 días de estadía en el CIE demostraron la arbitrariedad con la que se rige el funcionamiento de estas cárceles para migrantes. Badaoui asegura que, pese a su activismo social en contra de las prácticas racistas e islamófobas, “no tenía claro exactamente qué era un CIE hasta que lo sufrí con la propia carne”. 

Un interno distinto

Al llegar al CIE de Barcelona, ​​le instalaron en una celda de aislamiento, teóricamente por una cuestión del covid-19, pero no fueron solo 48 horas: pasó los 30 días aislado. “Nunca tuve contacto con el resto de internos”, relata el marroquí. En un principio los policías le dijeron que estas medidas tenían por objetivo cuidar de aquel interno que era bastante diferente al resto: hablaba catalán, tenía mucho capital social y cultural, recibía visitas de políticos y medios de comunicación continuamente, etc. Pero enseguida se dio cuenta de lo que ocurría realmente: “lo que les preocupaba de verdad es que les lavara la cabeza al resto de internos, no querían más protestas en CIE”.

En un momento dado, el propio personal médico del CIE se preocupó por la salud mental de Badaoui, al pasar tantos días aislado, solo. “Pero yo estaba bien, me tomé esos 30 días de reflexión interna. Realmente tenía un trato de privilegio, tenía un teléfono para realizar llamadas —sin acceso a internet— las 24 horas, recibía muchas visitas: para mí fue un momento para ver pasar toda mi vida hasta terminar en ese lugar, a punto de ser deportado. Para ver también quién me estaba apoyando y quién no, y es que mi caso tuvo mucha repercusión mediática”, relata introspectivo.

Le instalaron en una celda de aislamiento, teóricamente por una cuestión del covid-19, pero no fueron solo 48 horas: pasó los 30 días aislado

El presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana asegura que a pesar de ser un interno privilegiado, vivió una presión mental y emocional muy intensa: “la gente que está interna, pendiente de una expulsión, cuenta día tras día si pasan los 60 días —periodo máximo de internamiento en un CIE— sin ser expulsados, es un maltrato mental, cada día es un día ganado, un día más sin ser expulsado. Y como normalmente la expulsión se hace después del mes, cuando llegas a 30 días ya te levantas cada día con miedo: “Hoy me puede tocar a mí”, recuerda.

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Subvencionados por Europa

Su paso por el CIE de Barcelona le dejó clara una cosa: “España está haciéndole el trabajo sucio a Europa. Uno ve en el comedor del CIE un cartel que pone “instalaciones subvencionadas por la Unión Europea”. Entonces entiendes que las personas que entran al CIE son números que le sirven a la policía nacional para justificar el trabajo que está haciendo con esas subvenciones. Si Europa no quiere migración irregular, da dinero a España para que entre otras cosas funcionen los CIEs, y eso da beneficios millonarios, no nos engañemos, es una cadena, cada día salen unos y entran otros del CIE, cada día hay identificaciones por perfil racial, continuamente hay vuelos de deportación por llenar”, explica Badaoui. 

Todo el entramado, que a él lo ha sacado del país, tiene como cuerpo legal la Ley de Extranjería, “una ley que no debería de existir, que es racista, que da herramientas para que sucedan cosas injustas como mi caso: que la policía nacional pueda criminalizar a una persona, ejercer la acusación al mismo tiempo que la juzga y la deporta sin pasar por un proceso judicial, sin tener la oportunidad de defenderse”, termina el activista.

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