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Deforestación
La soja que destruye bosques
Cada año se deforestan alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques, un área mayor que Portugal o Islandia (Programa ONU-REDD, 2.023). Además de acelerar la pérdida de suelo por erosión, o ser un impacto importante sobre la biodiversidad y el ciclo hídrico, la deforestación contribuye significativamente al cambio climático, dado que los bosques absorben hasta el 25% del CO2 atmosférico.
La deforestación se produce fundamentalmente por cambios en el uso del suelo, que pasan a destinarse, fundamentalmente, al cultivo de soja, aceite de palma, caucho, café y cacao, a la obtención de madera o a pastos para el ganado.
De acuerdo al destino de estos productos, la UE es uno de los principales impulsores de la deforestación tropical con un 10% del total global (Evaluación de Impacto de la Comisión Europea). Y si nos centramos en la soja, el 25% de la deforestación importada correspondiente a este cultivo es atribuible a la UE.
La soja es una leguminosa altamente valorada en alimentación animal por su contenido proteico. De hecho, el 90% de la soja mundial se destina a la nutrición animal, fundamentalmente a la producción de piensos para carne, derivados y subproductos animales. El resto se destina a la creación de biocombustibles o para alimentación humana.
Siendo el Estado español líder en producción de carne dentro de la UE, y una potencia exportadora, también es un gran importador de soja, el tercero a nivel europeo con más de 5 millones de toneladas importadas en 2.023 (EU Member State Profile | September 2.024), siendo responsable de la pérdida de 32.900 hectáreas de bosque cada año.
La soja, por tanto, es fundamental para la elaboración de los piensos que se emplean en las granjas industriales que abastecen al sector cárnico español, especialmente al porcino, que representa el 66,5% de la producción total de carne, y en cuyos piensos la proporción de esta leguminosa es considerablemente superior.
A partir de estas premisas, el Informe «La soja que destruye bosques: un informe sobre la cadena de valor de la soja en España», de Ecologistas en Acción, analiza diversos factores del devastador mercado español de la soja y cómo éste se verá afectado por la implantación del Reglamento contra la deforestación y la degradación ambiental aprobado en la UE.
Actores clave en el mercado español
La soja llega al Estado español fundamentalmente a través de los puertos de Barcelona, Bilbao y Cartagena, cerca de los que se sitúan las plantas de procesamiento de grandes multinacionales como Bunge y Cargill.
Ambas empresas son los dos actores que dominan el mercado nacional de la soja. Desde sus plantas, distribuyen esta leguminosa, mediante camiones, aunque también por tren, a las industrias de producción de piensos situadas fundamentalmente en Catalunya, Aragón y Castilla y León, comunidades donde se concentra la mayor parte de la producción ganadera industrial.
La producción de piensos se encuentra más diversificada, existiendo distintas empresas como Valls Companys, Costa Food, Piensos Mazana, Cereal Torremorell, Transportes Borau, Transportes Mejías, Almandreu, Transporte Navajas, St Antoni Pinsos Compostos, Transegea Vallés… También, entre su actividad, incluyen la producción de piensos grupos, más conocidos por producir y comercializar productos cárnicos, como Campofrío, Fuertes (dueño de El Pozo) o Bonárea.
A su vez, entre los principales actores de la producción cárnica, además de Campofrío y El Pozo, destacan empresas como Corporación Alimentaria Guissona, Industrias Cárnicas Loriente Piqueras o Litera Meat.
La mayor parte de estas grandes empresas reciben cuantiosas ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y han sido destinatarios de fondos europeos destinados al PERTE para incrementar la competitividad y la sostenibilidad del sector.
En cuanto a la distribución, el informe de Mighty Earth, «¡Pillados! La adicción española a la soja está vinculada al riesgo de deforestación en la Amazonia y el Cerrado», revela que siete de los principales supermercados (Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi), que representan el 50% de las ventas de carne procesada, «corren el riesgo de estar vinculados a casos de deforestación en Brasil a través de sus suministros directos e indirectos de soja, utilizada en la alimentación animal y presente en los productos cárnicos vendidos en sus lineales». De los siete, «sólo Aldi, Carrefour y Lidl tienen una política global de deforestación y libre de conversión (DCF, por sus siglas en inglés) que incluye la soja, aunque encontramos pocas pruebas de que en la práctica se esté abordando este riesgo de deforestación vinculado a la soja que entra en España».
Por último, no podemos olvidar el papel de los bancos como entidades que financian a los distintos actores implicados en la cadena de valor de la soja. Aunque no sea ni mucho menos el único, entre ellos, destaca el Banco Santander que ha prestado millones de dólares a empresas vinculadas a la industria de la soja, como Cargill y Bunge, o a JBS, Marfig y Minerva, compañías responsables de más del 45% del ganado criado y sacrificado en la Amazonía.
La soja es una materia prima clave, con un 26% del total mundial, en la producción de biodiésel. En la UE, el uso de aceite de soja para biocombustibles aumentó tras la adopción de la Directiva Europea de Energía Renovable (DER I) en 2.009.
Sin embargo, pese a considerarse una fuente de energía renovable, el biodiésel de soja emite en promedio, según una investigación de la Comisión Europea, el doble de gases de efecto invernadero que el diésel fósil debido a los cambios indirectos en el uso de la tierra asociados con el cultivo que provocan deforestación y destrucción de biodiversidad. Además, el biodiésel de soja también tiene una huella hídrica considerable, que representa entre el 20% y el 30% del impacto del consumo de energía global. Con todo ello, y pese a que en 2.019 la UE modificó la Directiva de Energías Renovables clasificando el aceite de palma como materia prima de alto riesgo debido a su relación con la deforestación, la soja sigue considerándose de bajo riesgo, con lo que continúan incrementándose sus importaciones. Según Transport & Environment, el consumo de biocombustibles elaborados a partir de soja se incrementó en la UE en cinco veces entre 2.015 y 2.022.
En este sentido, Ecologistas en Acción, en su reciente publicación «Implicaciones del tratado UE-Mercosur en la expansión de los biocombustibles», incide en que la ratificación de este acuerdo pone en peligro la eliminación progresiva de los biocombustibles no sostenibles de primera generación en la UE, socavando así los compromisos asumidos por Europa en la COP 26 de Glasgow para cumplir el Acuerdo de París, como detener la deforestación y apoyar los esfuerzos de adaptación y resiliencia climática en los países en desarrollo.
Impactos socioambientales devastadores
En 2.023, aproximadamente el 74% de la soja importada por el Estado español procedía de Brasil.
La producción de soja para la alimentación animal es uno de los mayores impulsores de la deforestación en este país, especialmente en biomas como el Cerrado y la Amazonía. Entre 2.001 y 2.016, la expansión de la soja causó la deforestación de 8,2 millones de hectáreas en Brasil, incluyendo deforestaciones ilegales, según la legislación brasileña, de áreas protegidas. Gran parte de estas deforestaciones han sido impulsadas por los proveedores de soja de grandes multinacionales como Bunge, Cargill, ADM, Cofco y otras.
El Cerrado, bioma que incluye 8 de las 12 cuencas hidrográficas del país, es un ecosistema fundamental en términos de secuestro de carbono, que además alberga una rica biodiversidad con unas 4.800 especies endémicas. Allí, la expansión de la soja está llevando a una catástrofe ambiental, por su impacto sobre el clima y la pérdida de hábitats cruciales. De hecho, en 2.024, Brasil y Bolivia liberaron a la atmósfera 210 megatoneladas de dióxido de carbono a causa de una devastadora ola regional de incendios agravada por una sequía histórica.
Otros ecosistemas amenazados por el cultivo de soja son la Pampa, en el sur de Brasil, donde entre 1.985 y 2.022 el uso de la tierra agrícola (especialmente para el cultivo de soja) aumentó en 2,1 millones de hectáreas, el Chiquitano, en Bolivia, el bosque seco tropical más grande del mundo, el Pantanal (Brasil), el mayor humedal del mundo, y el Gran Chaco (Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay).
Por otro lado, el cultivo de soja también está impactando gravemente a las comunidades campesinas e indígenas, forzando desplazamientos y violaciones de los derechos humanos. En Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra documenta numerosos casos de violencia, desplazamientos y hostigamientos relacionados con la expansión de la frontera agrícola de la soja.
Por si fuera poco, además, hay que considerar que la ganadería industrial, que consume la mayor parte de la soja producida, también es responsable de una parte considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, especialmente en forma de metano, un gas mucho más nocivo para el clima que el dióxido de carbono. En el Estado español, se calcula que el sector agroganadero fue responsable del 11,9% del total de emisiones de efecto invernadero en 2.022.
Reglamento de la UE sobre deforestación
Ante tal situación, en 2.020, más de 1,2 millones de personas europeas participaron en la consulta pública impulsada por la Comisión Europea para apoyar la creación de una legislación que limitara la importación de productos vinculados a la destrucción forestal.
A partir de ahí, en mayo de 2.023, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban el pionero Reglamento (UE) 2.023/1115 contra la Deforestación y degradación forestal (EUDR), entrando en vigor el 29 de junio del mismo año, aunque su aplicación se ha retrasado, por petición de la Comisión Europea, al 30 de diciembre de 2.025 para los grandes operadores y a la misma fecha del año siguiente para las microempresas y las pequeñas empresas.
Actualmente, el Gobierno español trabaja en la redacción de la Ley de lucha contra la deforestación asociada a la comercialización de materias primas y sus productos, que adaptará el EUDR al marco jurídico estatal.
El Reglamento (UE) 2.023/1115 exige que los productos importados o exportados a la Unión Europea provengan de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal. Para ello, establece que las empresas deberán presentar una declaración de «diligencia debida» para certificar que los productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2.020, ni han contribuido a la degradación de bosques, incluidos los bosques primarios irreemplazables. El Reglamento cubre productos clave como ganado vacuno, cacao, café, aceite de palma, caucho, soja y madera, así como sus derivados (cuero, chocolate, muebles…).
Además de garantizar que los productos cumplen con los requisitos del EUDR, las empresas deberán verificar que las materias primas también respetan la legislación nacional del país productor, incluyendo aspectos relacionados con los derechos humanos y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Sin embargo, en el caso de la soja, las «preparaciones del tipo utilizado en la alimentación animal» (con código NC 2309), que abarcan todo tipo de productos de alimento compuesto, no están incluidas entre las materias primas y productos sometidos al Reglamento. Siendo así, es fundamental que éstas se incluyan en futuras modificaciones del reglamento si se quiere combatir de forma efectiva la deforestación.
También resulta problemática la definición en el reglamento de «bosques», que considera como áreas con árboles de más de cinco metros de altura y una cubierta de copas superior al 10%. De esta manera, quedan fuera del alcance de esta legislación las «otras tierras boscosas», que incluyen ecosistemas como sabanas, praderas, humedales y turberas. Biomas de gran riqueza, que abarcan casi mil millones de hectáreas, y que en muchos casos, están siendo destruidos por la agroindustria, especialmente en Sudamérica, donde se cultiva soja y se cría ganado para el consumo global. De hecho, dentro de estas «otras tierras boscosas», hay que considerar el Cerrado, del que hablábamos con anterioridad, cuya superficie no se verá protegida por el Reglamento (UE) 2.023/1115, algo que obliga a plantearse una modificación del mismo.
Otro aspecto clave es que, para cumplir con los requisitos del EUDR, las empresas deben llevar un registro trazable de sus proveedores que sirva para verificar y localizar el origen de sus productos garantizando que no provengan de áreas deforestadas. Aunque el reglamento exige la geolocalización de las parcelas de producción, la falta de transparencia y el acceso limitado a la información dificultan este proceso. Además, en el caso de parcelas menores a 4 hectáreas, solo se requiere un punto GPS, con lo que limita la precisión de los datos.
Recomendaciones para la implementación eficaz del reglamento
Se enumeran, a continuación, ciertas recomendaciones necesarias, a juicio de Ecologistas en Acción, para que la implementación del reglamento sea una herramienta eficaz de lucha contra la deforestación:
Principales recomendaciones a las autoridades competentes:
- Aplicar el reglamento EUDR de forma inmediata y sin recortes en su ambición, garantizando la coherencia política y la seguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para las empresas.
- Los Estados miembros de la Unión Europea deben asignar suficientes recursos económicos, humanos y técnicos para la correcta implementación y supervisión del EUDR.
- Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del EUDR, estableciendo un régimen de sanciones para las violaciones.
- Colaboración con los países productores para apoyar el cumplimiento mediante el uso de sistemas de trazabilidad.
- Ampliación de la legislación para que sirva de aplicación a otras zonas boscosas, como el Cerrado, e incluir, entre las materias primas sujetas al EUDR, los piensos compuestos que incluyen soja y otras materias primas.
- Desarrollo de directrices claras a las empresas para la implementación del sistema de información y cumplimiento del EUDR, así como protocolos para cumplimentar las diligencias debidas, para intercambiar información, para la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interadministrativa.
- Establecer mecanismos de quejas públicas para supervisar las denuncias de deforestación y conversión, así como las violaciones de los derechos humanos.
Principales recomendaciones específicas al Gobierno español:
- Garantizar la implementación efectiva del EUDR en España a partir del 30 de diciembre de 2.025.
- Fomentar un acuerdo estatal entre los sectores involucrados para luchar contra la deforestación importada.
Principales recomendaciones a las empresas:
- Garantizar un sistema de trazabilidad fiable.
- Fomentar la transparencia.
- Apoyar a los productores para que puedan cumplir el EUDR.
- Establecimiento de remuneraciones justas a los productores.
Principales recomendaciones específicas a los operadores Bunge y Cargill:
- Publicar de manera inmediata y transparente el origen de los productos de soja en una plataforma pública, detallando todos sus proveedores directos e indirectos, y la proporción de soja proveniente de cadenas de suministro verificadas de deforestación y conversión cero.
- Establecer mecanismos de reclamación pública para los casos sospechosos de deforestación y violaciones de los derechos humanos.
Principales recomendaciones específicas a las cadenas españolas y a la industria cárnica:
- Excluir a los actores que contribuyan a la deforestación.
- Desarrollar políticas claras de deforestación cero que sean transparentes y de acceso público y establecer estrategias concretas, con objetivos claros, medibles y verificables para garantizar que se logre este hito.
- Crear una plataforma pública que informe sobre los orígenes de la soja, con alertas en la cadena de suministro y publicaciones periódicas sobre el origen de la soja.
- Impulsar compromisos sectoriales y multisectoriales para reducir la deforestación vinculada a las importaciones de materias primas de riesgo.
En todo caso, no debemos olvidar que una forma de combatir tanto la deforestación, como la emergencia climática, es reducir el consumo de carne, dado que su producción es responsable aproximadamente del 14% de las emisiones globales. Para ello, las recomendaciones del informe de Ecologistas en Acción a las autoridades competentes son:
- Educar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo excesivo de carne, especialmente de la carne procesada, que ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «cancerígena para los seres humanos».
- Adoptar medidas políticas, económicas y sociales para garantizar dietas saludables, promoviendo un consumo más responsable de proteína de origen animales, reduciendo especialmente la ingesta de carne roja y procesada, que actualmente supera ampliamente las recomendaciones de la OMS. Se recomienda una reducción del consumo a tres raciones de carne a la semana (aproximadamente 15 kg anuales).
- Impulsar el consumo de fuentes vegetales de proteínas, como legumbres, frutos secos, semillas y alternativas a la carne, para contribuir a una dieta más saludable y sostenible. Igualmente, promover las dietas vegetariana y vegana.
- Promover una producción sostenible de carne transicionando hacia una ganadería fundamentalmente extensiva y ecológica.
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