Dana
Los supervivientes invisibles de la dana

“La huerta seguía risueña y rumorosa, impregnada de luz y de susurros, aletargada bajo la cascada de oro del sol de la mañana.” Así describe Blasco Ibáñez l’Horta en La Barraca a finales del siglo XIX. Pero la expansión urbana de la metrópolis valenciana y las episódicas tormentas devastadoras le restan vigencia a este apacible retrato. El 29 de octubre de 2024, una dana de magnitud inusual golpea brutalmente l’Horta Sud y causa oficialmente 238 muertos, sin contar los inmensos daños materiales, sociales y psicológicos. Atraídos por alquileres más asequibles que en el centro de la ciudad, los miles de inmigrantes instalados en la Zona Cero vivieron este azote de lleno, y sin tener muchas vías por las que contarlo.

Yusset Arellano, exiliada venezolana, nos cuenta su llegada al municipio de Benetússer el 22 de octubre, acompañada de su esposo y de sus tres hijos, uno de ellos un bebé. “Eran habitaciones de tres por tres metros, sin ventanas ni ventilación”, explica la joven al describir la vivienda que se veía obligada a alquilar de forma ilícita en la planta baja de un edificio. Este espacio estaba destinado inicialmente a uso comercial y servía de refugio a catorce familias que vivían en la irregularidad. Cada una de ellas tenía una única habitación minúscula.

“Es cierto que el “Plan Sur” preservó la ciudad de Valencia, pero condenó a los municipios del sur.”, nos dice el geógrafo Iván Portugués

Y la precariedad residencial de Yusset no es un caso aislado: “Muchas personas se ven obligadas a alquilar habitaciones a precios exorbitantes, sin contrato y en condiciones precarias.” subrayan los investigadores del proyecto ANDANA de la Universidad de Valencia, y añaden que “estas situaciones no se comunican a las autoridades, ya sea por miedo a la expulsión, ya sea porque no hay suficiente oferta de vivienda disponible.” La hija de Yusset interrumpe brevemente el relato que nos concede, con la voz vacilante: “Mamá, ¿con quién hablas?”. Yusset, como toda su familia, está acostumbrada a ser cauta cuando cuenta su historia, después de haber sufrido tantos episodios de recelo y xenofobia.

Benetússer, al igual que el conjunto de l’Horta Sud, es uno de los principales municipios afectados por la dana; y esto no es fruto de la casualidad. La crecida de 1957 que arrasa violentamente el actual centro de Valencia compone hoy el único precedente comparable a la catástrofe de 2024. Las autoridades franquistas emprenden entonces el “Plan Sur”, que desvía el río Turia hacia las afueras del sur de la ciudad aun cuando la población no deja de aumentar en esos barrios, con el objetivo declarado de “proteger la ciudad de Valencia y su término municipal contra los riesgos de futuras inundaciones”. “Es cierto que el “Plan Sur” preservó la ciudad de Valencia, pero condenó a los municipios del sur.”, nos dice el geógrafo Iván Portugués, mientras que la artificialización del suelo inducida por el desarrollo urbano ha disminuido su capacidad de absorber y retener el agua. Los migrantes de l’Horta ven así su vulnerabilidad duplicada por los riesgos meteorológicos, amplificados por la crisis climática. 

“Nos decían que el agua llegaba, que ya le subía a la gente hasta el cuello, que veían a la gente correr; que los veían trepar al techo de los coches.” confiesa Yusset con espanto, quien vivió la catástrofe a través de los relatos de sus vecinos, desde su vivienda sin ventanas. Traumatizada por la catástrofe y asustada ante el riesgo de revelar su condición de migrante en situación irregular, Yusset no salió del edificio durante los cinco primeros días posteriores a la dana. Su marido siguió yendo a trabajar a la ciudad, recorriendo cada día kilómetros de escombros a pie y en patinete; “una cuestión de supervivencia”. “Tan solo al sexto día aparecieron la policía y los militares” denuncia Yusset, “y cuando los voluntarios empezaron a llegar para ayudar con la limpieza, el propietario no quería dejar entrar a nadie”. Solos, sin agua potable ni electricidad, y con la nevera cubierta de barro, los inquilinos irregulares limpiaron toda la vivienda por su cuenta y sumidos en la mayor discreción, sin derecho a pedir las ayudas del Estado.

“No existimos”

La principal respuesta de las autoridades ante estos abusos flagrantes fue la regularización, concedida con carácter extraordinario y por un año a todo migrante presente en la Zona Cero durante la catástrofe. Esta proporciona un permiso de residencia excepcional que permite acceder a una vivienda y a un empleo legalmente, así como a las ayudas compensatorias por las pérdidas materiales.

Pero, de las 40.000 personas en situación irregular que se vieron afectadas por la dana según las estimaciones de OXFAM Intermón, solo 25.000 han realizado su regularización. Por su parte, la Generalitat Valenciana cifra en cerca de 60.000 los migrantes o extranjeros víctimas de las inundaciones sobre un total de 300.000 personas presentes en las zonas de riesgo, sin poder precisar qué parte se encontraba en situación irregular. 

“Se han construido edificios donde no se debía, y se han levantado nuevas viviendas en una zona inundable”, nos explica José, miembro de la asociación CEAR-PV

“Como migrantes en situación irregular, vivimos fuera de los rádares. Sin papeles no existimos, no tenemos derechos”, añade Yusset, quien celebra la regularización excepcional de 2024 al tiempo que señala esta medida como “un paliativo necesario, obtenido gracias a la acción del movimiento [a favor de la regularización]”, sin resolver por ello el desequilibrio profundo y estructural entre las poblaciones inmigrantes y los miembros de la comunidad nacional. “Se han construido edificios donde no se debía, y se han levantado nuevas viviendas en una zona inundable”, nos explica José, miembro de la asociación CEAR-PV, para caracterizar con un tono desencantado la inacción del Estado ante estas viviendas precarias que encierran a las personas sin papeles en un círculo vicioso, acentuando su vulnerabilidad.

Además, el colectivo de defensa de los derechos de los inmigrantes, formado por asociaciones como CEAR-PV, AIPHYC, CEPAIM, Regularización Ya, Rumiñahui o Valencia Acoge, denuncia la “estigmatización generalizada” de las personas sin papeles a través del desarrollo de discursos xenófobos, controles por perfil racial y exclusión institucional durante el reparto de la ayuda tras las inundaciones. 

Carrera contrarreloj

Si bien la regularización del Gobierno central ha permitido a numerosos migrantes acceder a las ayudas excepcionales vinculadas a la catástrofe, además de asegurar su situación jurídica a medio plazo, ha sido el tejido asociativo local el que ha garantizado primero un vínculo de solidaridad con las personas sin papeles. La asociación Por Ti Mujer, creada por mujeres migrantes para mujeres migrantes, es una de las primeras organizaciones en intervenir. Lucy Polo, psicóloga de formación, fundadora y presidenta de la asociación, señala: “Pasamos los primeros días censando a las mujeres atendidas por la asociación en los municipios afectados por las inundaciones y llamándolas, una por una, para asegurarnos de que vivían en condiciones aceptables”. La urgencia de la situación llevó a la asociación a atender a las víctimas, en primer lugar, con productos de primera necesidad. 

Aunque Lucy celebra la regularización extraordinaria, que ve como “una bocanada de aire en medio de un túnel para las personas migrantes”, el colectivo ha tenido que invertir largo tiempo y recursos en el acompañamiento de los trámites. La obtención de un permiso de residencia excepcional estaba supeditada al empadronamiento previo en los registros de los municipios de la Zona Cero. Pero ese empadronamiento es justamente inalcanzable para las personas sin papeles, naturalmente privadas de un contrato de alquiler legal. Tres meses: es el plazo irrisorio que se les concedía a estas personas, que lo habían perdido todo en las inundaciones, para realizar los trámites y presentar una avalancha de documentos. 

La renovación del permiso de residencia exige seis meses de cotizaciones sociales y tener contrato o figurar oficialmente como demandante de empleo durante el trámite

En resumen, el procedimiento de regularización se parecía más a una carrera de obstáculos que a un camino de rosas.  Y el problema persiste a lo largo del tiempo: incluso cuando se cumplen todos estos requisitos, la situación de los recién regularizados sigue siendo precaria. La renovación del permiso de residencia exige seis meses de cotizaciones sociales y tener contrato o figurar oficialmente como demandante de empleo durante el trámite.

En teoría, un año parece un plazo holgado para cumplir estos criterios. En la práctica, los largos plazos de obtención de los papeles complican profundamente el acceso de los migrantes a un empleo legal. Lucía Ávila Carrillo, abogada guatemalteca de la asociación Por Ti Mujer, resume la situación con estas palabras “la realidad legal es una cosa, la realidad social es otra”. Por ejemplo: aunque el certificado digital del permiso de trabajo es legalmente el único requisito para optar a un empleo, los empleadores suelen exigir la tarjeta física. Ahora bien, “la cita para la toma de huellas dactilares y la impresión de la tarjeta puede tardar hasta 6 meses tras la solicitud”. Según la señora Ávila Carrillo, “es una auténtica carrera contrarreloj”. 

El paso de la dana, el peso burocrático de una regularización a cuestas, la lucha por cubrir las necesidades más básicas, la carga mental asociada a la incertidumbre, todo ello acompañado de situaciones racistas o xenófobas: todos los ingredientes de una conmoción con fuertes secuelas psicológicas para las personas sin papeles. Los talleres y grupos de conversación organizados por Por Ti Mujer han permitido a estas mujeres migrantes llevar a cabo parte de su catarsis. “Algunas nos contaban cómo salvaron a las personas mayores de las que se ocupaban; otras, en Catarroja, vieron morir a sus allegados. Había una mujer que contaba que no había hablado con nadie durante ocho días, de lo grande había sido el choque.” cuenta Lucy, con la voz temblorosa. 

Deber de memoria 

La mayoría de las veces, estos relatos permanecen ocultos en el silencio de sus protagonistas, por falta de oídos dispuestos a escucharlos. Precisamente con el objetivo de conservar la memoria de esta catástrofe, Víctor Suárez lanzó el proyecto Les Veus de la DANA, que describe como un “contradiscurso frente al discurso mediático”. Su documental Irregular se centra en los migrantes víctimas de la dana y en su camino sembrado de obstáculos hacia la regularización, a menudo imposible sin el acompañamiento de las asociaciones. Más allá de la diversidad de los testimonios y de las situaciones de las personas entrevistadas, estos intercambios liberan la palabra de las víctimas, y su publicación rompe la ley del silencio y del tabú sobre las poblaciones sin papeles.

Los relatos individuales que recoge muestran una imagen opuesta al estereotipo del migrante irregular, que en realidad sufre el abandono del Estado más de lo que se beneficia de sus mecanismos. Desprovistos de capital social, en desventaja en el mercado laboral y destinados a viviendas precarias en general, los migrantes en València afrontan ahora las consecuencias del cambio climático más que el resto.

Como cada año, el Día Mundial de los Refugiados reúne al archipiélago asociativo valenciano a favor de la regularización para exponer las luchas relativas a la defensa de los derechos de las personas inmigrantes y sin papeles. Mientras el sol baña las aceras, la Plaza Patraix se convierte en el receptáculo del movimiento, bajo la mirada intrigada de los transeúntes. Los puntos de información y las mesas redondas políticas se entremezclan con juegos interactivos sobre temas migratorios. Dan las ocho en punto. Se instala un micrófono en el centro de la plaza para que los poetas refugiados del Grupo Funtun traduzcan con palabras su resentimiento ante el rechazo que soportan. La fuerza de los textos resuena con las sordas vibraciones de un handpan. El arte encabeza la lucha contra las fronteras. Uno de los intérpretes recita el poema escrito por el joven Marwan, antiguo miembro del colectivo antes de su suicidio en un CIE. La violencia de las desilusiones frente a la realidad de las migraciones no puede expresarse mejor que con sus palabras, que dan a esta jornada un final agridulce: “Veinte años es una edad suficiente para roer el cableado de mis sueños”.