València
La lucha silenciosa de las mujeres migrantes tras la dana

“La dana destapó el tapete sobre el que se construye todo este Estado racista y colonial, que deja atrás a las personas, sobre todo migrantes”. Así expresaba Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya, su frustración ante la gestión de la Generalitat tras la dana el pasado 29 de octubre de 2024. Las medidas adheridas a la Ley de Extranjería para regularizar a personas migrantes —que pretendía regularizar a 25.000 personas— reflejan el racismo estructural y colonial que sigue presente en nuestro país, sobre todo, hacia las mujeres migrantes.

“2,23 metros. Hasta aquí llegó el agua”

Hoy, 24 de octubre de 2025, todo está tranquilo, no hay ruido. Hace calor. Un hombre pasa caminando por el carril bici, junto al río. Casa. Nada. Casa. Ya no hay lodo, pero la Dana está aquí. Camina. Está presente. En las terrazas, en los parques y en los balcones de las casas.

Aquel 29 de octubre de 2024, a las 20:11, sonaban los teléfonos. Sin embargo, el desbordamiento del río Magro ya había dejado a su paso la mayoría de las víctimas mortales de esta catástrofe. Un mes después, mientras los recursos —en su mayoría del tercer sector—, asistían a las personas afectadas por la tragedia, a María (nombre ficticio) la despidieron a gritos.

María vivía en la casa de la persona a la que cuidaba, en un bajo. Cuando el agua comenzó a inundar el domicilio, el vecino de arriba tuvo que acogerles. Al carecer de un papel que acreditase que vivía y trabajaba en una de las zonas afectadas por la dana, María se quedó sin casa, sin empleo, y sin ninguna ayuda a la que poder acceder.

“Las trabajadoras del hogar son, en su mayoría, mujeres migrantes en situación irregular”, explica Dolores, coordinadora de la AsociaciónInterculturalde Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC). La economía sumergida representa entre el 17% y el 20% del PIB en España, y son sobre todo personas migrantes quienes la sostienen. Al no disponer de una situación administrativa que les permita acceder a un contrato laboral, se ven obligadas a aceptar trabajos precarios, infravalorados, y que violan los derechos humanos.

Las nuevas medidas propuestas en materia de extranjería que pretendían regularizar a 25.000 personas, exigían demostrar residencia en una de las zonas afectadas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Este requisito dejó fuera a quienes, como María, no podían acreditar su domicilio por carecer de empadronamiento debido a las múltiples barreras administrativas. Un claro ejemplo fue el de las mujeres migrantes que trabajaban como internas.

“Son muchas las vulneraciones de derechos que se producen en el régimen de pernocta, especialmente en lo relativo a la intimidad, la salud y la libertad de movimiento”, denuncia Dolores. Se las utiliza como objetos desechables de usar y tirar.

La salud mental ha sido la gran olvidada entre las consecuencias que han vivido estas mujeres tras la dana. Muchas sufrieron la violencia institucional al ver denegada cualquier ayuda por parte de las administraciones públicas. Dolores recuerda que varias usuarias relataron haber sufrido situaciones de maltrato al acudir a Servicios Sociales, en donde, nada más ver las características físicas de la mujer, recibían directamente una respuesta impasiva. “Llegué a acudir a Servicios Sociales, y que la trabajadora, nada más verme, me dijese: Si vienes a pedir ayudas, aquí no tenemos”, cuenta María.

Esta forma de extractivismo colonial al que se tienen que enfrentar las mujeres migrantes, les pone de bruces ante una realidad que considera el sentir como un privilegio, y no como un derecho. Cuando te encuentras sin un contrato, sin paro, hacinada con tus hijos/as en habitaciones minúsculas y con la responsabilidad de enviar dinero a tu familia, no puedes permitirte sentir. “Las mujeres migrantes están en un estado de supervivencia constante, y la salud mental es la última pata en la que piensan cuando ocurre algo así”, afirma Dolores.

La cantidad de trabas administrativas posteriores a la dana, han derivado en un aumento de problemas de salud mental que se ven reflejados un año después. “Ahora es cuando empezamos a ver muchos episodios de ansiedad”, señala Silvia Iglesias, psicóloga de Por Ti Mujer.

Desgraciadamente, esto no es un fenómeno nuevo. Ya pudimos observar esta misma situación durante la pandemia causada por el COVID-19, en donde las facilidades —de cualquier tipo— que se le proporcionaban a la población no tuvieron en cuenta la diversidad cultural y, especialmente, la diversidad lingüística existente. Esto, agravó el número de casos de ansiedad y depresión que se ven reflejados ahora.

El aislamiento social causado por una falta de mirada interseccional en las administraciones, ha derivado en una saturación del tercer sector que demanda un cambio urgente para atender a las necesidades de todas las personas. “Si algo se puede destacar durante los días y meses posteriores a la dana, fue el movimiento asociativo” apunta Silvia. Este fue el que sostuvo a una población que quedó al margen de las administraciones, proporcionándoles recursos sanitarios adaptados, información, o cualquier otro tipo de asistencia.

Fueron las entidades sociales quienes recorrieron las zonas de Alfafar, Benetúser, Massanassa, Catarroja, Paiporta y Picanya, llevando información adaptada y asistencia directa. “Estuvo Casa Marruecos preocupándose por todo el tema de la comida halal, que era algo que ni siquiera se toma en cuenta”, recuerda Silvana Cabrera.

Esta labor evidencia la falta de consideración y voluntad de un gobierno que ignora la diversidad de sus ciudadanos. Como señala Silvia, “estas mujeres necesitan una ayuda de emergencia adaptada, igual que su vecina que está en situación regular”.

La dana del pasado 29 de octubre de 2024 ha sido un ejemplo crudo de todo ello, donde las carencias estructurales del Estado y la gestión pública han aflorado con violencia, y los colectivos más precarizados han soportado la peor parte.

La Ley de Extranjería condiciona el día a día, el acceso al trabajo, la educación, la sanidad y el bienestar de cientos de miles de personas en España. Sin embargo, mientras los gobiernos —autonómicos y estatal— no asuman que la migración es un fenómeno inherente a la condición humana y no reconozcan la diversidad de la sociedad y sus distintas necesidades, será imposible implementar soluciones verdaderamente eficaces. Solamente mediante la participación activa de las personas migrantes en la toma de decisiones que les afectan se podrán construir políticas más justas e inclusivas.