Crónica desde Catalunya
Tras las elecciones es antes de las elecciones

Nach der Wahl ist vor der Wahl (“tras las elecciones es antes de las elecciones”), dice una socorrida expresión de los corresponsales parlamentarios en lengua alemana. Su significado es claro: la campaña no se extingue después de celebrarse unas elecciones, sino que continúa con las negociaciones para la formación de una coalición de gobierno e incluso después. Vale para Catalunya. En la situación posterior a los comicios del 14 de febrero adquiere, además, tintes más sombríos, toda vez que algunos analistas han señalado la posibilidad de que no se alcance ningún acuerdo y tengan que repetirse las elecciones. Es razonable, con todo, inclinarse a pensar que no sucederá: nadie quiere asumir el elevado coste político de cargar con la responsabilidad de una repetición electoral.

Los resultados del 14F han sido, en general, consistentes con lo que mostraban las encuestas de intención de voto en los días y semanas anteriores a la jornada electoral, que terminó con una abstención elevada (46,5%). De nada sirve ser el ganador en votos (22,7%) al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): no podrá formar gobierno, por la política de vetos cruzados y, además, ha visto cómo los partidos independentistas obtenían en esta ocasión no solamente una mayoría de escaños, sino también cómo superaban por vez primera el 50% de los votos y mejoraban sus resultados en 7 de cada 10 municipios catalanes.

Recordemos que, en una entrevista concedida en octubre de 2020 a Catalunya Ràdio, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, calificó como “un hecho político relevante” el que el independentismo superase el 50% de los votos, y admitió que, de lograr ese porcentaje de apoyo, el independentismo tendría “más fuerza” para negociar un referéndum de autodeterminación, aunque acto seguido dijo que eso “no garantizaría” nada, dando a entender que el Gobierno de España lo impediría. Mientras el bloque defensor de la intervención de las instituciones catalanas por parte del poder central (el llamado bloque del 155) —sin incluir a Catalunya en Comú Podem— contaba en 2017 con 57 diputados y el independentista, con 70, ahora los unionistas pasan a tener 61 —con la inclusión de En Comú Podem-Podem En Comú (ECP-PEC)— y los independentistas, 74.  

Empatada con el PSC en número de escaños (33), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) superaba finalmente a Junts, pero por poco más de un punto porcentual —21% frente a un 19.76%, respectivamente— y un solo diputado. La decisión del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) de concurrir a las elecciones ha sido decisiva para lastrar los resultados de Junts, que, a pesar de perder la presidencia, demostró capacidad para implantar su proyecto con rapidez en todo el territorio y consolidar sus siglas. De haber sumado el 2’68% obtenido por la lista de la exconsejera de Empresa y Conocimiento Maria Àngels Chacón, los posconvergentes habrían quedado por delante de los republicanos. Sin representación parlamentaria, el PDeCAT —que se presentó, irónicamente, de la mano de Convergents, una escisión del PDeCAT antes de que éste rechazase integrarse en Junts— se arriesga ahora a seguir los pasos del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal, que obtuvo 4.583 votos (0,16%) y quedó así incluso por detrás de la imitación lepeniana del Front Nacional de Catalunya (FNC). Ante su incapacidad para dotarse de nuevos liderazgos, el PDeCAT recurrió en campaña a personajes retirados de la primera línea política como el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega o los ex consejeros Andreu Mas-Colell e Irene Rigau. Como era previsible, ello ha dado una imagen obsoleta y desfasada a su campaña, que ha llegado a adoptar tintes caricaturescos con unos mensajes obsesivamente centrados en dos puntos.

Por una parte, la permanente profesión de fe independentista (dado el escaso crédito independentista del PDeCAT), para negarla a continuación por la vía de las propuestas políticas sustantivas. No en vano, el PDeCAT recibió en campaña el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), partido especialista en apoyar a candidaturas extraparlamentarias en Cataluña, toda vez que en las elecciones al Parlament de 2015 se alineó con la hoy extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y cuyo lehendakari desacreditó públicamente el referéndum del 1 de octubre de 2017 y realizó durante las semanas posteriores una interesada mediación entre el presidente de la Generalitat y el Gobierno español para evitar la declaración de independencia y, sobre todo, que el proceso catalán se extendiera al País Vasco.

El segundo elemento central de la campaña del PDeCAT, que ha concluido en la marginalidad política, fue el resentimiento contra la CUP, a la que Mas no perdona haber forzado su renuncia a la presidencia de la Generalitat en 2016

El segundo elemento central de la campaña del PDeCAT fue el resentimiento contra la CUP, a la que Mas no perdona haber forzado su renuncia a la presidencia de la Generalitat en 2016, lo que abrió la lucha entre sectores de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que ha concluido con la marginalidad política del PDeCAT. Tan solo 48 horas después de la debacle electoral del partido, el expresidente que apenas hace un año aún se postulaba como candidato de consenso entre todos los sectores de Junts per Catalunya (JxCat), solicitaba públicamente la “reconciliación con Junts” para recuperar la “hegemonía”, como si correlación de fuerzas entre la tercera fuerza en el Parlament, que cuenta con 31 diputados, y un partido extraparlamentario fuera equiparable. Ahora mismo, la presencia institucional del PDeCAT se reduce a los cuatro diputados que aún tiene en el Congreso y a los alcaldes y concejales que consiguieron gracias a la marca de JxCat. Por lo demás, la virulenta apuesta neoliberal del PDeCAT tampoco le ha servido para ganarse el apoyo de las elites económicas catalanas, ni siquiera de las independentistas, puesto que la defensa de las exenciones fiscales a las herencias (otro de los puntos obsesivos de la campaña del PDeCAT) también ha sido defendida por Junts, cuyo programa económico es indistinguible del del PDeCAT y, a diferencia de este, Junts sí es una candidatura electoralmente viable. 

En cuanto a Ciutadans, víctima de su propia táctica de crispación y polarización en torno a la cuestión nacional, se desplomó en las urnas y perdió 30 diputados, sin que se beneficiase el Partido Popular (PP), que se queda en tres diputados

En cuanto a Ciutadans, víctima de su propia táctica de crispación y polarización en torno a la cuestión nacional, se desplomó en las urnas y perdió 30 diputados, casi un 20% de los votos, que se marcharon hacia el PSC y Vox, sin que se beneficiase el Partido Popular (PP), que se queda en tres diputados. Mucho ha dado que hablar la irrupción de Vox en el Parlament, con 11 diputados —entre tres y cuatro diputados más de los que le pronosticaban las encuestas—, pero, pese a todo el horror que pueda causar el que un partido ultra encabece la derecha y haya penetrado en barrios obreros con porcentajes de entre el 6% y el 9%, lo cierto es que este bloque suma 26 diputados frente a los 40 del formado por Ciutadans y el PP en las elecciones de 2017. No se trata, desde luego, de minimizar el riesgo: lo que Vox ha conseguido es bastante más que representación parlamentaria; es también acceso a recursos económicos y a los medios de comunicación. Y todo ello podría llegar a hacer bascular al PP de Pablo Casado aún más a la derecha, con el ánimo de taponar la fuga de votos.

En esta última campaña, En Comú Podem buscó acentuar las contradicciones del campo independentista y terminó por revelar las suyas propias

Al fondo, a la izquierda

Entre las izquierdas, Catalunya en Comú-Podem abandonó simbólicamente el término ‘Catalunya’ en estas elecciones para ser ‘En Comú Podem’ (ECP), sin más. ¿Pero qué tienen en común con quién? Su espacio político se ha reducido claramente estos últimos años. En esta última campaña buscó acentuar las contradicciones del campo independentista y terminó por revelar las suyas propias. Puede que los comuns detectasen en los sondeos un cierto agotamiento social con el procés, pero, en vez de crear un tercer espacio, se sumaron claramente al bloque unionista, en contraste con la posición “soberanista” pero no necesariamente independentista adoptada en campañas anteriores.

Por si todavía quedaba alguna duda, el 18 de febrero Unidas Podemos (UP) se abstuvo en la votación de una moción presentada en el Congreso de los Diputados por ERC que instaba al Gobierno de España a negociar la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación para Catalunya, “como solución pactada y democrática al conflicto político” (el PSOE votó en contra de la moción, junto con el PP, Ciudadanos, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria).

El argumento alegado por UP fue que esta cuestión debe dirimirse en la Mesa de Diálogo, es decir, una vez más se aplazaba la cuestión a un punto indeterminado en el futuro, que siempre se aleja por algún motivo de orden práctico —y si no lo hay, se busca afanosamente— para no tener que tomar ninguna decisión al respecto. Mucho ha llovido, como se encargó de recordar Albano-Dante Fachín, desde el manifiesto que condujo a la fundación de Podemos, Mover ficha, en el cual los firmantes se declaraban “encantados y encantadas de que escoceses y catalanes puedan hablar y decir qué futuro desean”. Además, ECP-PEC se presentó en campaña como partido bisagra entre el PSOE y ERC. Como quiera que los votantes acaban decantándose por el voto útil a uno de los dos partidos entre los que el tercero pretende funcionar como bisagra, y que la propia campaña quedó supeditada a la estabilidad del ejecutivo central, la candidatura de Jéssica Albiach terminó repitiendo los resultados de 2017 (ocho diputados), lo que permitió a sus dirigentes presentarlos como una pequeña victoria: “Hemos resistido”.

En vez de crear un tercer espacio, En Comú Podem se sumaron claramente al bloque unionista, en contraste con la posición “soberanista” pero no necesariamente independentista adoptada en campañas anteriores

Sin embargo, a la luz de los datos cuesta entender la complacencia, cuando no arrogancia  de la cúpula de los ‘comunes’ —a la hora de valorar los resultados, Albiach ignoró a la Candidatura d’Unitat Popular-Guanyem (CUP-Guanyem) y dijo que se pondría en contacto con los candidatos “socialista”, Salvador Illa, y republicano, Pere Aragonès—. De los ocho diputados obtenidos, siete lo son por Barcelona y uno, por Tarragona, lo que da buena cuenta de su alcance territorial. En todas las demarcaciones ECP-PEC ha quedado por detrás de Vox; en Lleida y Girona, por detrás también de la CUP; en Tarragona, por detrás de C’s, y en Lleida, por detrás del PDeCAT y el PP.Aunque Barcelona en Comú gobierna la ciudad de Barcelona y las formaciones predecesoras de ECP-PEC siempre han obtenido buenos resultados en el cinturón industrial, en esta ocasión quedaron relegados a quinta fuerza en la circunscripción de Barcelona.

A pesar de toda la retórica triunfalista de sus dirigentes y opinadores, de persistir en el mismo discurso y estrategia el espacio de ECP-PEC podría no ya estancarse, sino reducirse al perfil de votante que hasta no hace mucho caracterizaba a Los Verdes alemanes y austríacos: las nuevas clases medias urbanas de las grandes ciudades. En un artículo en el diario digital Vilaweb, la escritora Marta Rojals advertía de cómo el voto a los ‘comunes’ podría ir repartiéndose en el futuro inmediato entre el PSC, ERC y la CUP, dependiendo de las preferencias de cada votante. Según Rojals, ECP-PEC quizá aún pueda “presentar el eje social como una enmienda a la mayoría independentista, reforzando de este modo el marco nacional español”, pero, como se apresuraba a recordar esta autora, “el eje social es una entelequia en Catalunya, en tanto que toda ley progresista que sale del Parlament es impugnada por la derecha española en nombre de los votantes de todo el Estado”.

La larga lista de normas sociales total o parcialmente anuladas por parte del Tribunal Constitucional (TC) por supuesta invasión de competencias del poder central da buena cuenta de ello y abarca ámbitos tan variados como la igualdad de género (Ley 17/2015), la política contra el cambio climático (Ley 16/2017), la creación de figuras fiscales sobre la energía de origen nuclear (Ley 12/2014), la política para paliar la pobreza energética y la emergencia habitacional (Leyes 20/2014, 24/2015 y 4/2016), la creación de un registro de voluntades digitales (Ley 10/2017), la regulación de las asociaciones de consumidores de cánnabis (Ley 13/2017), o el establecimiento de un período mínimo para la transmisión de licencias de VTC (Decreto Ley 5/2017). Y no incluimos en la lista la retahíla de resoluciones del Parlament sobre monarquía o derecho de autodeterminación, que se han saldado no solo con su anulación, sino también con la interposición de querellas contra el presidente del Parlament y los miembros de la Mesa que admitieron a trámite las proposiciones. 

En contraste, y a pesar de un arranque de campaña accidentado, la coalición CUP-Guanyem logró recomponerse en las semanas previas a la votación y, con sus nueve diputados, adelantar en escaños a ECP-PEC, para convertirse en el primer partido de la izquierda en el Parlament. A pesar de este significativo avance, la tensión entre la CUP y Guanyem no se ha resuelto y ha vuelto a aparecer con motivo de la posibilidad de entrar en un gobierno de coalición (opción a la que Guanyem, de entrada, es favorable), que se debatirá, en todo caso, este 27 de febrero. En la CUP-Guanyem no se ha olvidado la tensión interna que vivió la formación cinco años atrás en una situación similar (la encrucijada ante la investidura o no de Artur Mas, que se saldó con el ‘no’ y con un acuerdo ‘in extremis’ con Junts pel Sí, la candidatura independentista apoyada por CDC y ERC, por el que Mas renunciaba a la presidencia, pero nombraba al candidato, al que la CUP se comprometía a apoyar: Carles Puigdemont). Antes bien, se tiene muy presente la amarga experiencia de UP en el Gobierno del Estado.

Con Junts relegado a un segundo puesto, más dudas si cabe genera el papel de Puigdemont, cuya aura carismática pierde brillo a medida que se aleja el recuerdo de su presidencia

Protestas en Barcelona: impunidad policial, negociaciones electorales y hartazgo

Gessamí Forner

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Catalunya

Caso Hasél Protestas en Barcelona: impunidad policial, negociaciones electorales y hartazgo

Gessamí Forner

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Una joven ha perdido un ojo, 129 personas han sido detenidas (una de cada tres son menores de edad) y más de una decena de periodistas heridas es el balance de unas movilizaciones en las que el presidente en funciones de la Generalitat guiñó ayer el ojo a los Mossos d'Esquadra.

Estrategias negociadoras

“¿Y ahora qué?”, debieron de preguntarse muchos una vez terminado el escrutinio. Aunque Illa no ha renunciado a presentarse a una investidura, todos los ojos están puestos en ERC, que parte con ventaja. La estrategia negociadora de los republicanos quedó resumida en un titular de Nació Digital: “Cerrarlo con la CUP y luego atar en corto a Junts”. Por ahora, la CUP ha planteado públicamente como primer paso hacia un acuerdo la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, la amnistía de los presos políticos y un programa de choque en materia social. Otra de las condiciones que la CUP ha planteado es que la Generalitat deje de personarse como acusación particular contra los independentistas encausados por incidentes en manifestaciones.

Para ello, en rigor, ni siquiera es necesario reformar la Ley de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, por cuanto, en contra de lo que ha solido argumentar el Gobierno actual, aquella tan solo reconoce la potestad para que la Generalitat asuma la defensa de sus funcionarios cuando éstos sean parte en causas criminales, pero no le impone la obligación de hacerlo (art. 9.2 de la Ley 7/1996). También ha mostrado su disposición a entrar en la Mesa del Parlament para colaborar en la protección de la “soberanía del Parlament” frente a las injerencias censoras del TC.

En esta tesitura, más difícil parece el apoyo de Junts, que, perdida la hegemonía política, habrá de demostrar si la retórica mantenida todos estos años sobre la unidad independentista iba más allá del pulso electoral con ERC. En campaña, la candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, advirtió de que solo apoyaría a un ejecutivo “nítidamente independentista” —excluyendo así a los ‘comunes’ de una eventual coalición— que se comprometiese a la celebración de un nuevo referendo de autodeterminación, luego de abandonar la promesa de reactivar la declaración unilateral de independencia. No se trata únicamente del reparto de carteras; Aragonès ya ha planteado suprimir o fraccionar las consejerías de Políticas Digitales y Territorio, actualmente en manos de Junts, y crear dos nuevas: Acción por el Clima e Igualdad y Feminismos. Además, se desconoce por ahora qué cartera podría ocupar Borràs en una coalición con ERC —fue consejera de Cultura en el gobierno de Quim Torra entre el 2 de junio de 2018 y el 25 de marzo de 2019, cargo que abandonó para presentarse como cabeza de lista de JxCat al Congreso de los Diputados en las elecciones de aquel año— e incluso se especula con la posibilidad de que renuncie a formar parte del Gobierno para liderar el grupo parlamentario en el Parlament.

Con Junts relegado a un segundo puesto, más dudas si cabe genera el papel de Puigdemont, cuya aura carismática pierde brillo a medida que se aleja el recuerdo de su presidencia, y quien ahora se encuentra a la espera de que se resuelva el levantamiento de su inmunidad parlamentaria en la Eurocámara.

Para pasmo de muchos, entre esos 83 diputados Albiach y su equipo cuentan a los 33 representantes del PSC como diputados de izquierda, a los que hasta no hace mucho consideraban un partido del “régimen del 78”, prácticamente comparable al PP, y con el que ahora forman “el gobierno más progresista de la historia”

Más difícil todavía parece la entrada de ECP-PEC, que veta a Junts y cuya línea pasa por incorporar al PSC en estas negociaciones, a pesar de la negativa de ERC. Los dirigentes de los ‘comuns’ sostienen que los resultados de las elecciones avalan su posición, pues hay 83 diputados “de izquierdas”. En efecto, para pasmo de muchos, entre esos 83 diputados Albiach y su equipo cuentan a los 33 diputados del PSC, a los que hasta no hace mucho consideraban un partido del “régimen del 78”, prácticamente comparable al PP, y con el que ahora forman “el gobierno más progresista de la historia”.

En paralelo, el presidente del Grupo Confederal de UP, Jaume Asens, expresó sus simpatías por otra fórmula: la de un gobierno de ERC-ECP tolerado por el PSC, que vetaría, en cambio, cualquier ejecutivo en el que participase la CUP. Estos días, tanto desde el Institut Sobiranies, un think tank creado por Xavier Domènech, expresidente de Catalunya en Comú y exsecretario general de Podem Catalunya, y Quim Arrufat, exportavoz del Secretariado Nacional y exdiputado de la CUP en el Parlament (organización que abandonó en 2019, tras ser denunciado por agresión sexual, denuncia que se añadía a una anterior de abuso sexual), como desde la revista Crític se ha apoyado la idea de un tripartito ERC-CUP-ECP, en artículos y actos en línea. El tripartito entre ERC, el PSC y los ‘comunes’ no es sólo la opción preferida del equipo de Albiach, sino también de importantes organizaciones empresariales, como informaba La Vanguardia el pasado 21 de febrero. Según este diario, la patronal teme sobre todo la participación en un ejecutivo de la CUP —o su capacidad de influirlo desde el Parlamento—, de la “que temen medias fiscales y económicas muy desfavorables”.

Un tema musical de la campaña de ECP-PEC se preciaba de que “Jess” Albiach dejaba a “los poderosos con estrés”, pero acaso el grado de influencia real de UP en el Gobierno central les haya servido como terapia de relajación y aun acabe resultando que UP se haya convertido —¿malgré lui?— en un factor de estabilización del capitalismo español.

El tripartito entre ERC, el PSC y los ‘comunes’ no es sólo la opción preferida del equipo de Albiach, sino también de importantes organizaciones empresariales; la patronal teme sobre todo la participación en un ejecutivo de la CUP

La Fiscalía y la Audiencia Nacional también votan

Entre el 28 y el 30 de enero, la Secretaría de Medidas Penales de la Consejería de Justicia de la Generalitat avaló la clasificación en tercer grado de los presos del procés condenados por el Tribunal Supremo (TS), propuesta por las Juntas de Tratamiento de las diversas prisiones en que están encarcelados. Si bien la Fiscalía se pronunció en contra desde el principio, para no perjudicar a los intereses electorales del PSC esperó hasta el día siguiente de las elecciones para interponer el recurso ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria números uno y cinco de Barcelona. En el escrito, la Fiscalía pretende suplir con dramatismo retórico su carencia de argumentos jurídicos, como calificar los hechos por los que fueron condenados como “delitos de extrema gravedad”, cuando la admisión a trámite, debate y votación de proposiciones de ley, la convocatoria de referenda o la convocatoria de y participación en manifestaciones pacíficas no son delito en ningún estado democrático, ni siquiera en el propio Estado español.

La Fiscalía muestra nuevamente que la función que pretende atribuir a las penas impuestas es la reeducación ideológica de los condenados, que es precisamente lo que ocurre con los procesos políticos. Así, ignorando que la propia Constitución que dice defender reconoce el derecho de toda persona a no declararse culpable (art. 24.2), arguye que los presos —igual que toda persona que tenga alguna noción de derecho penal democrático— siguen pensando que “los hechos por los que han sido condenados no son constitutivos de delito”. Todo ello llevó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a concluir en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter que “quieren ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas”. 

Salvador Illa se convierte en la nueva Inés Arrimadas, mientras el bloque independentista logra mayoría absoluta

Gessamí Forner

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Catalunya Salvador Illa se convierte en la nueva Inés Arrimadas, mientras el bloque independentista logra mayoría absoluta

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Vox irrumpe con 11 escaños, la CUP consigue 9 y En Comú Podem mantiene sus ocho representantes.

Hasél tras las elecciones

También la Audiencia Nacional (AN) esperó hasta el día después de las elecciones al Parlament para desestimar el recurso de súplica interpuesto por la defensa del rapero Pablo Rivadulla (Pablo Hasél) contra la denegación de la ejecución de la pena de prisión impuesta por la Sala de lo Penal de la propia AN con motivo de una serie de tuits y del contenido de su canción ‘Juan Carlos, el Bobón’, por tres delitos de opinión que entran de pleno en el concepto de ‘democracia militante’ descrito por el constitucionalista Karl Löwenstein: “Enaltecimiento del terrorismo”, “calumnias e injurias contra la Corona” y “calumnias e injurias contra las instituciones del Estado”.

Inicialmente, un tribunal de la AN presidido por Concepción Espejel —magistrada apartada por sus propios compañeros del enjuiciamiento del ‘caso Gürtel’, por proximidad al PP, y a la que éste está intentando ascender al TS mediante sus vocales afines en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— condenó en 2018 a Hasél a dos años y un día de cárcel, multa de 24.300 euros e inhabilitación especial de seis años para el ejercicio profesional en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre (SAN 3/2018, de 2 de marzo).

Cabe destacar que, en lo tocante al “enaltecimiento del terrorismo”, el tribunal se alejó de la interpretación restrictiva que han dado a este tipo penal los magistrados que han intentado cohonestarlo con la libertad de expresión. Tal y como ha expresado el excelente jurista Ramón Sáez Valcárcel, el criterio de tipicidad del mencionado delito exige la concurrencia de “una incitación inminente a la violencia y la conexión directa e inmediata entre la expresión y la probabilidad o acontecimiento de tal violencia” (SAN 12/2017, de 21 de marzo, FJ 2.1). En el caso de la condena a Hasél, la magistrada Manuela Fernández Prado emitió un voto particular, en que mantenía ese criterio, al tiempo que recordaba la especificidad del lenguaje artístico en que se enmarca el discurso del rapero, conforme al cual “el artista que canta una canción se convierte en un personaje que lleva a cabo una representación”, por lo que no debe interpretarse en sentido literal todo lo que aparece en sus composiciones.

Injurias a la Corona

En lo atinente a las supuestas “injurias a la Corona”, la magistrada discrepante recordaba que muchas de las afirmaciones recogidas en ‘Juan Carlos, el Bobón’ “no son datos que el acusado se haya inventado”, sino que “se encuentran en todas las hemerotecas”. Por todo ello, Fernández Prado defendía la absolución de todos los cargos.

Posteriormente, la Sala de Apelaciones de la AN —en un tribunal uno de cuyos magistrados era Enrique López, actual consejero de Justicia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que también fue apartado del ‘caso Gürtel’ por su afinidad al PP— confirmó la sentencia, si bien rebajó a nueve meses y un día la pena de prisión y redujo la cuantía de la multa (SAN 5/2018, de 14 de septiembre). No obstante, como el rapero ya había sido condenado en 2014 por la propia AN a otros dos años de cárcel por el contenido de otras canciones, la AN se ha negado a suspender la ejecución de la condena. Después, el Tribunal Constitucional (TC) —que, excusatio non petita, se empecina en sus sentencias en negar de palabra, que no de hecho, el carácter militante de la democracia española— inadmitió el recurso de amparo presentado por la defensa de Hasél.

Buena cuenta del doble rasero del tribunal de garantías la da la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a los ultras que irrumpieron en la delegación de la Generalitat en Madrid durante la celebración de la Diada del 11 de septiembre de 2013 y agredieron a algunos asistentes (entre ellos el entonces diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre), tras el aumento de la pena en segunda instancia por parte del TS, al apreciar agravante de discriminación ideológica en los hechos. Ciertamente, llevaba razón el TC tanto al admitir los recursos de amparo de las defensas de los ultras y suspender la ejecución de las penas como al anular la sentencia del TS, que consideró la concurrencia del móvil de discriminación ideológica como agravante de la responsabilidad criminal de los acusados sin haberles tomado declaración, lo que constituye una vulneración de sus garantías procesales.

Sin embargo, llama la atención el contraste entre el escrupuloso respeto del derecho de los militantes de ultraderecha a un juicio justo y el desprecio por el derecho a la libertad de expresión y de creación de activistas y artistas de izquierda o independentistas (reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución de la que se supone que el TC es el máximo intérprete), por hechos en que no concurre violencia y cuya sentencia contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de libertad de expresión. 

La cuestión fue objeto de disputa en el Congreso de los Diputados, con motivo de una interpelación parlamentaria del diputado de EH Bildu Jon Inarritu a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, que pretendió justificar la condena al rapero con la manida tesis de la contraposición de derechos, para desactivar el ejercicio de los que a ella no le gustan. En concreto, la vicepresidenta invocó el “derecho al honor” como uno de los “límites” al ejercicio de la libertad de expresión.

No obstante, ocurre que Hasél no ha sido condenado por ninguno de los delitos tipificados en el título XI del libro segundo del Código Penal (“delitos contra el honor”, que sólo se persiguen “en virtud de querella de la persona ofendida”, art. 215), sino por dos “delitos” “contra la Corona” y “contra las instituciones del Estado” (capítulo II y sección primera del capítulo III del título XXI del libro segundo: “delitos contra la Constitución”) y por otro nada menos que de “terrorismo” (sección segunda del capítulo VII del título XXII del libro segundo: “delitos contra el orden público”), lo que supone una banalización de esos delitos y vuelve a mostrar, como sabe todo aquel que haya seguido la política vasca de las últimas décadas, que, en las creativas interpretaciones de gran parte de los magistrados de la AN, prácticamente cualquier cosa es susceptible de considerarse “terrorismo”.

Igualmente cabe destacar que ninguna de las personas aludidas en los tuits de Hasél ni en ‘Juan Carlos, el Bobón’ interpuso querella contra el rapero, lo que sería condición ‘sine qua non’ para iniciar el procedimiento penal si los hechos fueran, como pretende la vicepresidenta española, un delito común “contra el honor”. Por lo demás, la miríada de delitos de opinión y de expresión que infestan el Código Penal y la propia denominación de los delitos plantean dudas en torno a si, en consonancia con el carácter marcadamente militante de la democracia española, el ejercicio de la libertad de expresión en el Reino de España en materia política se agota en las muestras de adhesión al sistema político.

Carta abierta a Pablo Hasel

Jordi Cuixart

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Tribuna

Carta abierta a Pablo Hasel

Jordi Cuixart

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Después de tres días de movilizaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasel, Jordi Cuixart, que lleva preso tres años y cuatro meses, le dirige unas palabras en esta carta publicada conjuntamente por El Salto y La Directa.

Si la condena del rapero ya había estado envuelta en polémica, también lo estuvo su arresto. El día después de desestimar el recurso de súplica contra la ejecución de la pena presentado por la defensa de Hasél, la AN dictó la orden de detención. El rapero se encerró, junto a varios centenares de personas, en el rectorado de la Universitat de Lleida, donde fue detenido por los Mossos d’Esquadra. Los manifestantes acusaron al rector, Jaume Puy, de haber autorizado la entrada de los Mossos, lo que éste negó, como también negó tener potestad para prohibir la entrada de la policía a la universidad. La actuación de los Mossos, como policía judicial, ha vuelto a evidenciar el problema político que supone disponer de policía autonómica sin disponer al mismo tiempo de poder judicial propio, lo que implica que aquélla sea un mero brazo ejecutor de los tribunales políticos españoles y, como ya ocurriera en 2016 con las detenciones de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y el concejal de Vic Joan Coma (ambos de la CUP), provoca las críticas de colaboracionismo a la Consejería de Interior por parte de sectores del independentismo.

La detención de Hasél condujo a varios días de protestas y disturbios en varias ciudades catalanas y españolas, con decenas de arrestos. En Vic los manifestantes llegaron a causar destrozos en la comisaría de los Mossos d’Esquadra. En Barcelona los manifestantes incendiaron barricadas y ocasionaron daños, calculados en cientos de miles de euros, en el mobiliario público, sucursales bancarias, un concesionario de automóviles y la puerta de la redacción del diario El Periódico. Una manifestante perdió un ojo por el impacto de una bala de foam, lo que avivó el debate sobre el modelo de orden público, en particular el uso de las llamadas ‘armas menos letales’. Cabe recordar que las balas de foam fueron introducidas como una variante menos lesiva de las balas de goma, después de que el Parlament se pronunciara contra su uso en 2014, a raíz de la pérdida de un ojo de otra manifestante, Ester Quintana.

No obstante, lo sucedido ha demostrado que sus consecuencias pueden ser exactamente las mismas, con el agravante de que, a diferencia de las pelotas de goma, las balas de foam son un proyectil de precisión disparado desde un fusil de mira telescópica y las lesiones que producen son, en consecuencia, producto de un impacto directo, y no de un rebote incontrolado, por lo que los protocolos de los cuerpos y fuerzas de seguridad que cuentan con este tipo de armamento recomiendan apuntar por debajo del abdomen. No es que algunos no alertasen de ello: en 2013 se presentó una iniciativa legislativa en el Parlament para prohibir el uso de los proyectiles de foam, que contó solamente con los votos a favor de la CUP e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y, en 2019,  Catalunya en Comú Podem presentó una moción en el mismo sentido, que sólo obtuvo sus votos, los de la CUP y el de un diputado de ERC.

Negociaciones electorales y balas de foam

Las protestas se han colado en las negociaciones para formar gobierno, poniendo contra las cuerdas a ERC, que, según fuentes consultadas por Nació Digital, se dispone a asumir la cartera de Interior. El 19 de febrero agentes antidisturbios golpearon en Girona al diputado electo de la CUP Daniel Cornellà, que intentaba mediar entre la policía y los manifestantes. Un sindicato de los Mossos d’Esquadra, SAP-Fepol, ha amenazado incluso con un “plante” de los agentes como medida de presión (ya que, como fuerza de seguridad, no tienen derecho a la huelga) y la Asociación Profesional de Mossos d’Esquadra (APME) fue más lejos todavía en esta especie de golpismo policial, al publicar un comunicado advirtiendo a los políticos que “o reconducen de una vez todas estas situaciones o haremos el cuerpo de Mossos d’Esquadra ingobernable”. Los conatos de insubordinación de estos funcionarios ante las autoridades políticas contrasta vivamente con la sumisión con que cumplen las órdenes del tribunal especial que ha provocado este conflicto. En el momento de escribir estas líneas, las concentraciones vespertinas se mantienen en varias ciudades y municipios del territorio catalán, y la temperatura de la olla a presión sube unos grados con la detención del portavoz del Secretariado Nacional de la CUP Edgar Fernández en Reus, donde es concejal. Sobre Fernández pesaba una orden de búsqueda y captura por no haber comparecido ante el juez para declarar en relación a la acción del corte de vías de tren del 23 de septiembre de 2019 en protesta por la ‘operación Judas’, por la que se detuvo a 9 integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) bajo la acusación de “terrorismo”. El concejal de la CUP fue trasladado a los juzgados por la policía y puesto en libertad poco después. Y, entre todo esto, surge una incógnita: ¿Quién capitalizará políticamente estas protestas?

También cabe añadir que el 22 de febrero  se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona a un militante de Guanyem Badalona, Marcel Vivet, en una manifestación en septiembre de 2018 contra un acto del sindicato ultraderechista Jusapol, acusado de “desórdenes públicos”, “atentado contra la autoridad” y “lesiones”. La Generalitat, nuevamente, se ha personado como acusación particular y solicita una pena de cuatro años y nueve meses de prisión. Inicialmente, el juicio se debía celebrar el pasado diciembre, pero la acusación particular solicitó el aplazamiento, alegando enfermedad de dos de sus testigos. Según la defensa, en cambio, su testimonio era irrelevante y, con ello, el Departamento de Interior pretendía —igual que la Fiscalía Provincial de Barcelona y la AN con el aplazamiento estratégico de sus recursos y resoluciones recién comentados— que el juicio no se celebrara hasta pasadas las elecciones, en este caso para no perjudicar los intereses electorales del Junts, visibilizándose nuevamente la colaboración de sus representantes gubernativos con la represión judicial contra el independentismo.