Corrupción
La Fiscalía abre investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso

Un contrato mediado por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el que podría haber cobrado una mordida de 286.000 euros, ha dinamitado el Partido Popular en una guerra interna que se esfuerzan por bajar de intensidad de cara a la opinión pública. Sin embargo, y pese a que la organización política haya aceptado las explicaciones que dio la presidenta regional, Fiscalía Anticorrupción ha decido ponerse manos a la obra.

Según el auto, al que ha tenido acceso El Salto, Anticorrupción abre una investigación tras las tres denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos referidas a la adquisición de la Comunidad de Madrid de 250.000 mascarillas por 1,5 millones a Priviet Sportive, S.L., en la que supuestamente habría intermediado el hermano de Ayuso. El administrador único de esta empresa es Daniel Alcázar, amigo íntimo del hermano de Ayuso.

La Fiscalía justifica la investigación por dos motivos: la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública y por la “indiscutible” trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

En el auto se asegura que las denuncias, presentadas el pasado 18 de febrero, se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, en las que, “si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

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La empresa Artesolar Iluminación, en la que ejerce como Proyect Development Manager, ha recibido 18 contratos de la administración madrileña desde 2018.

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La Fiscalía considera procedente la práctica de algunas diligencias que permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y el organismo fiscal lo justifica por dos motivos: la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública y por la “indiscutible” trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias “en un momento singularmente difícil para la población madrileña”.

En cuanto a la posible responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, “autoridad aforada ante el Tribunal Supremo”, el organismo afirma que los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

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Una decisión, supuestamente pactada con Pablo Casado, enmarcada en un terremoto político que estalló el pasado miércoles por la tarde después de que transcendieran supuestas operaciones de espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El organismo acoge la denuncia con cautela y afirma que los hechos relatados "no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”. No obstante, intentará esclarecer si hay indicios suficientes para presentar una querella. Si hubiera indicios para comenzar con la demanda, esta se debería presentar ante el Supremo, debido al aforamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid.