Coronavirus
Trabajadoras de hogar y cuidados, sin derecho a subsidio o sin poder pedirlo porque no lo permite el SEPE

Claudia fue despedida a comienzos de marzo, unos días antes de que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo. Después de tres años trabajando a tiempo completo para la misma empleadora, una mujer mayor necesitada de cuidados, una de las hijas de ésta le dijo que no volviera al día siguiente porque ella misma podría hacerse cargo de su madre. Un despido libre que en este sector existe sin consecuencias y se llama “desistimiento”, una figura que permite la extinción de la relación laboral sin explicaciones al permitir la extinción del contrato por la voluntad del empleador sin alegar causa.

Esta trabajadora tiene 46 años y tres hijos en Quito que dependen de las remesas que ella les envía cada mes. Y no se llama Claudia, pero ha pedido no ser identificada con su nombre. De momento, en marzo no ha podido hacer el envío de dinero a Ecuador, y no sabe cuándo volverá a poder hacerlo. “Me sentía muy segura”, dice al explicar que su situación era, en teoría, buena: papeles, contrato, sueldo fijo. Hoy está “desubicada”. “Las trabajadoras del hogar siempre estamos en riesgo, pero supongo que esta crisis nos ha pillado como a la mayoría, sin previsión”.

Como muchas, Claudia ha pagado ya los peajes que pone el sistema: trabajó siete años como interna hasta que pudo poner en regla sus papeles. Un trabajo durísimo, dice, pensando en cómo estarán las que son internas hoy. Y, aunque reconoce que se ha dado un primer paso al visibilizar su trabajo al aprobar un subsidio específico para empleadas domésticas, esperaba medidas más contundentes por parte del Gobierno.

Porque, como Claudia, son miles las trabajadoras del hogar que se han quedado fuera de las ayudas a este sector, en concreto hasta un tercio según colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados como Territorio Doméstico, al que Claudia pertenece desde 2012.

Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), hace así las cuentas: según la Encuesta de Población Activa, las trabajadoras del hogar en España son unas 600.000 trabajadoras del hogar. El dato disponible más reciente del Instituto Nacional de Estadística cifra en 580.000 personas ocupadas en actividades de los hogares como empleadas de personal doméstico en el último trimestre de 2019. En diciembre, el Sistema Especial de Empleadas del Hogar contabilizó 396.626 trabajadores de media, por lo que unas 200.000 no estarían cotizando. 

Las razones por las que miles de mujeres trabajan pero no cotizan, explica Elías, son varias. Muchas simplemente no pueden ni planteárselo al no tener los papeles en regla. “Nos atrevemos a hablar de un 75% de mujeres de origen extranjero entre las trabajadoras del hogar, y muchas optan por trabajar de internas porque así están más seguras pues evitan andar en la calle y que las pare la Policía o lleven a un CIE”, explica. Cuando sí pueden cotizar, dice Elías, puede ocurrir que sus empleadores no paguen las cuotas, bien porque no quieren o porque no pueden. 

Sobre la figura del “desistimiento”, explica que pese a que contempla una indemnización de 12 días, “es una indemnización más precaria y barata que las del resto de trabajadores” por lo que es una indemnización “precaria y desigual con respecto al resto de sectores laborales”.

CON subsidio, PERO DESAMPARADA

Diana sí tendrá derecho al subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar y, sin embargo, su situación actual no es menos precaria que la de Claudia. Diana estaba contratada y fue despedida el 31 de marzo, el mismo día en el que se alcanzaba el acuerdo para poner en marcha un nuevo paquete de medias de ese “escudo social”, por lo que podrá pedir el subsidio para trabajadoras del hogar aprobado por el Gobierno.

Pero su caso es uno de los muchos en los que el subsidio al que tendrá derecho estará muy lejos del que era su salario, y también lejos de representar un ingreso suficiente para cubrir los gastos básicos de una persona. Porque, aunque durante el último año ha trabajado como interna en la casa de una mujer que necesitaba ser cuidada, su contrato durante ese tiempo ha sido de cuatro horas.

“Trabajaba todo el día: en cuanto la señora se levantaba yo la ayudaba a vestirse, luego le hacía masaje, empezaba a limpiar, hacía los mandados, comíamos, lavaba los platos... a las 16.30h me mandaba a la calle dos horas y después volvía y si había que hacer mandados los hacía; luego había que darle la cena y a veces eran las 12 o la una cuando la acostaba”.

Pese a trabajar desde que su empleadora se levantaba hasta que se iba a la cama, Diana tenía un contrato de cuatro horas, por lo que tendrá derecho a cobrar el 70% de 427 euros

Como en el caso de Claudia, la figura del “desistimiento” supuso para ella un despido fulminante. Después de que la familia la mandara a casa inicialmente con una semana de vacaciones, una llamada puso fin a la relación laboral: “De un día para otro me dicen que no vuelva más”, cuenta. 

El trato, sin embargo, no le sorprende. En los días en los que ha estado trabajando con el estado de alarma ya decretado, la familia no se ha preocupado por facilitarle material de protección. Tampoco esta empleadora ha tenido en cuenta su bienestar ni sus necesidades en el tiempo en el que ha estado trabajando en esta casa: “No tenía armario en mi habitación, la señora no me dejaba ni poner una lavadora y tampoco lavarme el pelo”, recuerda, para aclarar que ha trabajado desde que llegó a España desde Argentina como interna en varias casas “por necesidad”. “Me siento desamparada, me han quitado mi medio de vida”, cuenta. 

El subsidio que llegará hasta su cuenta bancaria sería del 70% de los 427 euros que cobrara por sus cuatro horas de contrato, pese a que su salario total incluía otros 450 euros pagados en mano. La situación de esta trabajadora es conocida en un sector en el que las contribuciones a la Seguridad Social se realizan por tramos y a menudo caen por debajo de sus salarios reales.

Claro que eso será cuando pueda pedir la ayuda, algo que a día de hoy es imposible porque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no cuenta aún con un procedimiento que permita solicitar esta ayuda.

Según explicó el propio SEPE el 1 de abril, el plazo para crear este nuevo procedimiento es de un mes, por lo que podría no estar habilitado hasta el 2 de mayo. “Lo que nos están diciendo es que de nuevo nos aplican unos mecanismos diferentes a los del resto de los trabajadores”, dice Carolina Elías, que cree que debería bastar con presentar un documento que acredite que la trabajadora ha sido dada de baja de la seguridad social. “Al final es poco dinero, y aun ese poco dinero no van a poder recibirlo hasta que terminen de definir el proceso cuando hay ya trabajadoras despedidas desde principios de marzo, ¿de qué van a vivir?”.

MEDIDAS COMPLEmeNTARIAS

Una treintena de organizaciones de trabajadoras del hogar señaló hace una semana los límites de las medidas extraordinarias para el sector.

Entre las medidas complementarias que piden las organizaciones de trabajadoras del hogar están el establecer medidas de apoyo a los empleadores para que se garantice el pago de las cuotas a la seguridad social. Además, piden una regularización urgente para las trabajadoras sin papeles que no pueden reclamarlo y que no tienen contrato, una medida que tiene un precedente en Portugal, donde el Gobierno ha anunciado recientemente que regularizará a todos los inmigrantes que hubieran solicitado permiso de residencia para garantizar los derechos de todos los ciudadanos que están en Portugal ante la crisis del covid19.

Las trabajadoras afean al Gobierno que haya ignorado el sector en el primer paquete de medidas. Laura Guillén, portavoz de la Plataforma Trabajadoras del Hogar de Málaga, cree que el problema ha sido “el de siempre”: “Las trabajadoras del hogar parecen unas trabajadoras de cuarto orden y entonces no entran en el mismo ritmo que los demás trabajadores”, dice en referencia al olvido inicial de las trabajadoras domésticas y luego al vacío del SEPE, que tiene que adecuar sus procedimientos para estas trabajadoras. 

“Las que se quedan fuera son las mismas de siempre, las que están en peores condiciones”, dice Laura Guillén, portavoz de la Plataforma Trabajadoras del Hogar de Málaga

De este modo, “las que se quedan fuera son las mismas de siempre, las que están en peores condiciones... todas aquellas que están prestando un servicio pero que debido a la mala Ley de Extranjería no pueden acceder a ser dadas de alta en la Seguridad Social porque no tienen regulados sus papeles”, valora Guillén.

“Es una contradicción por parte del Gobierno y de la sociedad porque las consideramos imprescindibles, muchas internas o haciendo trabajos de cuidados, pero no son reconocidas. Es una hipocresía, las necesitamos pero no las valoramos”.

PRESTACIÓN Y NO SUBSIDIOS 

Teresa Vilaseco, portavoz de la Asociación de Empregadas do Fogar Xiara, dice que el subsidio es una “esmola”, es decir, una limosna. Sin embargo, sí cree que el subsidio supone algo de luz en un túnel que las trabajadoras del hogar llevan mucho tiempo atravesando.

Por un lado, explica, la situación ha hecho visible que los trabajos que realizan estas mujeres son esenciales. Por otro lado, la creación de este subsidio abre la puerta al reconocimiento en el futuro de una prestación por desempleo, algo que espera que ocurra en el marco del futuro reconocimiento de las empleadas domésticas como trabajadoras con derechos plenos, como las organizaciones llevan años reivindicando con campañas como la que pide el Estado español ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Teresa Vilaseco, de la Asociación de Empregadas do Fogar Xiara, espera que este subsidio abra la puerta a una prestación por desempleo en igualdad de condiciones con cualquier otro tabajador.

Porque lo lógico, dice Vilaseco, es que estas mujeres fueran tratadas como cualquier otro trabajador. En ese sentido, considera “grave” que mientras que a las empresas se les dan facilidades para asumir los costes de su plantilla en la situación de emergencia, el Gobierno no haya planteado medidas para los empleadores de las trabajadoras del hogar, familias que muchas veces son también trabajadoras y que, según Vilaseco, deberían ser exoneradas de pagar las cuotas de sus empleadas durante el estado de alarma.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital que podría aprobarse en las próximas semanas, advierte de que habrá que ver a quien beneficia y cómo se implanta. En cualquier caso, las demandas del sector nunca han pasado por pedir un subsidio de emergencia sino que exigen una prestación por desempleo en igualdad de condiciones con cualquier otro trabajador o trabajadora. “Ha tenido que venir una crisis para que se viera que estos trabajos son esenciales, y si este trabajo es esencial los derechos de quienes lo hacen también deben serlo”, zanja.