Coronavirus
Las trabajadoras del hogar celebran su inclusión en las medidas sociales pero señalan sus límites

En un comunicado difundido el 1 de abril, y firmado por más de una treintena de organizaciones de trabajadoras del hogar, mujeres migrantes y otras entidades de la sociedad civil de todo el estado, las empleadas del sector han hecho balance de una de las medidas estrella entre las anunciadas ayer por el Consejo de Ministros que hacía público un nuevo paquete de iniciativas en el ámbito social.

Las firmantes celebran que el Gobierno haya enmendado “el inexplicable atropello que suponía dejar fuera a las trabajadoras de hogar y cuidados de las medidas extraordinarias de protección social por la crisis sanitaria frente al coronavirus”. En este sentido recuerdan que esta inclusión, a más de dos semanas de que se anunciaran las primeras medidas, responde a la lucha que desde el principio ha librado este colectivo y que ha contado con el respaldo de gran parte de la sociedad.

Una movilización que cosechó, solo durante la semana pasada “4.410 adhesiones, 378 de las cuales fueron de diversas organizaciones sociales de todo el Estado, se adhirieron al comunicado que reclamaba que no se dejara atrás a las más de 600.000 trabajadoras que componemos este sector”, explican.

La inclusión del trabajo doméstico en las medidas sociales responde a la lucha que desde el principio ha librado este colectivo y que ha contado con el respaldo de gran parte de la sociedad, señalan las organizaciones.

Las trabajadoras dan la bienvenida a la introducción por primera vez de un subsidio que viene a apoyar a quienes han sido objeto de despido o cuyo contrato ha sido suspendido como consecuencia de la crisis sanitaria. Y esperan que este precedente conduzca definitivamente a la incorporación de este sector al régimen general de la Seguridad Social, se garantice perrmanentemente su derecho a subsidio de desempleo, y se ratifique sin más dilación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Pero para las organizaciones firmante del comunicado, la medida tomada por el gobierno tiene importantes limitaciones. La primera: un tercio de las empleadas domésticas trabajan sin contrato laboral. 200.000 personas que se quedarían fuera de este escudo social. Por otro lado el documento cuestiona cuál será la cuantía recibida en vista de que, en muchos casos, las jornadas reales de estas trabajadoras no se corresponden con lo que figura en sus contratos alertan de que ese 70% de la base reguladora puede ser, a la hora de traducirse en una cuantía económica concreta, erróneo e insuficiente. Algo, alertan, que se podría haber solucionado “si la Seguridad social hubiera atajado antes este fraude reiterado, denunciado insistentemente desde los colectivos y asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados”.

En el comunicado también se recuerda que “el cuidado de personas mayores, menores y personas en situación de dependencia se considera, ahora oficialmente, con la aprobación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, una actividad esencial”. Frente a esta declaración señalan la insuficiencia del sistema público, su incapacidad para alcanzar a todas las personas que precisan de cuidados y las condiciones de precariedad a las que aboca a su personal. “Las trabajadoras de hogar y cuidados estamos cubriendo una parte muy importante de esas necesidades desatendidas y estamos especialmente expuestas”, denuncian.

Desde el colectivo se exige también que se tenga en cuenta la situación de las familias y personas empleadoras, afectadas también por la crisis y con eventuales dificultades para hacerse cargo de las cuotas de la seguridad social. Por eso entienden necesario que la exoneración de estas cuotas que sí se ha tenido en cuenta para las empresas en dificultades se aplique también a las quienes emplean a estas trabajadoras.

Siendo la suya una actividad declarada esencial, las trabajadoras exigen el reconocimiento definitivo de sus derechos, un reconocimiento que incluya también a quienes carecen de contrato o se hallan en situación administrativa irregular

“Si somos actividad esencial, nuestros derechos también lo son”, reivindican las trabajadoras domésticas y de cuidados apuntando al reconocimiento definitivo de sus derechos, un reconocimiento que incluya realmente a todas, también quienes carecen de contrato o se hallan en situación administrativa irregular. “Si estas medidas pretenden proteger a los colectivos más vulnerables, es inadmisible que sean precisamente las trabajadoras más vulnerables las que sean excluidas”, concluyen.