Coronavirus
El cierre temporal de la producción en época de pandemia

El Gobierno español decretó el pasado domingo el cierre por dos semanas de las actividades  no esenciales. El colapso de los hospitales en algunas comunidades autónomas, y su proximidad en otras, exige la parada cuasi general de la producción. El precedente italiano de paralización tardía y la cercanía de la Semana Santa han servido para adelantar la decisión. Muchas vidas humanas pueden perderse por demorar decisiones en favor de intereses económicos. La prioridad es frenar la pandemia y el esfuerzo que está realizando la población confinada le corresponde también al mundo empresarial, con ocho o siete días de “permiso retribuido recuperable”. Muchos consideran que esa paralización debía haberse acordado antes, sin especular sobre una evolución positiva del número de contagios detectados, mientras lo peor en términos de desborde sanitario y drama social está por llegar con el posible aumento los próximos días de los decesos diarios.

En Euskalerria la exigencia de cierre total la han realizado los partidos y sindicatos abertzales, contra la posición del Gobierno vasco que sigue defendiendo que la industria debe seguir funcionando, mientras el Gobierno navarro ha reclamado “flexibilidad” en la aplicación de la medida. A pesar de las dificultades derivadas del confinamiento, convocaron una jornada de protesta el viernes 27 de marzo para exigirlo, bajo el lema “Haserre Gaude”.

“Mientras que la reducción drástica de la movilidad es clave para contener la propagación de la pandemia, el Gobierno vasco se ha opuesto con contundencia a la paralización de los sectores productivos no esenciales”

Así mismo, más de 1.600 sanitarias vascas realizaron una petición con firmas al Gobierno vasco para la paralización de las actividades no esenciales, con el objetivo de reducir la presión sobre el sector hospitalario y que pueda mejorarse su seguridad ante el contagio. Conviene no olvidar que la falta de material de protección ha derivado en 1.145 trabajadoras del servicio vasco de salud positivas por coronavirus a fecha 31 de marzo, lo que ha supuesto una decisión judicial que insta, tras la solicitud de ELA, a que Osakidetza lo provea de forma inmediata. Las patronales, en la misma línea que el Gobierno vasco, han criticado la decisión del parón cuasi total de la producción.

Efectos de un mes de parón cuasi total

La industria vasca, privatizada y desmantelada en las últimas cuatro décadas, no produce lo esencial del material sanitario que se está revelando fundamental para combatir la pandemia en curso. Las instituciones públicas vascas no han sacado lecciones del pasado para orientar la industria, como si lo han hecho varios países asiáticos. Todavía hoy se guían por la maximización del beneficio a corto plazo de capitalistas e inversores, por encima de la utilidad social de lo producido, el mantenimiento del empleo y la búsqueda de retornos locales. Ahora, mientras que la reducción drástica de la movilidad es clave para contener la propagación de la pandemia, el Gobierno vasco se ha opuesto con contundencia a la paralización de los sectores productivos que no sean esenciales para la salud, la alimentación y otros servicios que se concretaron en el RD Ley 10/2020 del 29 de marzo. No hay que olvidar que Euskalerria es uno de los focos principales de Europa en intensidad de personas infectadas por cada 100.000 habitantes.

Hasta la aplicación esta semana de la nueva norma, los sectores que podían estar en funcionamiento abarcaban un número de actividades notablemente más amplio que en Italia, aunque existe una pugna constante entre empresas, patronales y gobiernos para abrir lo máximo posible, por un lado, y sindicatos por otro para reducir la posible extensión de la pandemia en los centros de trabajo, que cifran en una de cada tres personas infectadas.

En la Comunidad Autónoma Vasca los cálculos realizados por el profesor de la UPV/EHU Joseba Garmendia indicaban que, antes del cierre cuasi total, estaban trabajando aproximadamente 320.000 personas. Un número muy importante, que se debía reducir de forma sustancial para aplicar una “Terapia de Choque”, paralizando la producción para cortar la cadena de contagios. Lo que es cierto es que los primeros resultados del parón están provocando un incremento del desempleo en marzo -casi 11.000 personas- con un total de 128.213 paradas registradas en Lanbide, cuyo repunte empieza el 12 de marzo, con una caída de la afiliación a la seguridad social -26.300 personas- desde mediados de mes y un incremento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, con afectación a 153.000 personas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más de 34.000 en Navarra.

Las previsiones que se realizan por diferentes organismos son de una caída importante de la actividad económica y el empleo en el segundo trimestre del año, con cierta recuperación en el tercero y el cuarto, cerrando el año 2020 en negativo, con una recuperación prevista para 2021. Según el cálculo del CEPREDE para las comunidades autónomas, si la interrupción del consumo y el cierre parcial de la producción se limitara a cuatro semanas, más de 15.000 empleos desaparecerían en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y menos de 5.000 en Navarra. Estos efectos se duplicarán con un periodo de suspensión de ocho semanas, 30.000 en la CAPV y 10.000 en Navarra para final de 2020. La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco por su parte estima una destrucción de 17.000 empleos en 2020. Ambas previsiones son optimistas en relación al probable escenario de confinamiento más largo del actualmente decretado y al cierre cuasi total de la producción actualmente aplicado.

“No es cierto que una paralización temporal de la producción conduzca necesariamente al cierre de las empresas. Lo que esta crisis evidencia es la necesidad de una reconversión profunda y radical de la actividad económica”

Es muy pronto para establecer una relación de causalidad precisa entre la amplitud de esa paralización y la evolución de la pandemia. En todo caso, la comunidad científica insiste en la importancia decisiva de limitar los contactos entre personas para contener la propagación del virus. Mientras que la generalización de los test no tenga lugar, por las presiones en el mercado mundial para disponer de ese y otro material sanitario, será inevitable el confinamiento y paralización cuasi total de la producción. Ayer mismo Pedro Sánchez ha hecho público que se prorroga el confinamiento “puro y duro” de la población, así como que la paralización de la producción “no esencial” no se prolongará después de Semana Santa, cediendo así a la presión de la patronal y, entre otros, del Gobierno vasco.

El mundo cambia con el Gobierno vasco a la contra

La voluntad del Gobierno vasco es seguir produciendo lo máximo posible, a la vez que se alarga el confinamiento en los hogares. Su posición ha sido expresada por el Lehendakari Urkullu y la Consejera Económica Tapia. Su justificación se basa en dos argumentos: el riesgo de “coma económico” y la posibilidad actual de garantizar la salud en el trabajo.

En primer lugar explican, quienes se oponen a la medida aplicada estas dos semanas, la necesidad de evitar el “coma” de la economía y así permitir una mejor recuperación cuando finalice la crisis sanitaria. En alguna ocasión han concretado ese elemento en la importancia de no perder clientes por inatención de pedidos, obviando que es fruto de la extensión de la pandemia a nivel mundial por encima de medidas concretas en cada país, debiendo estar la economía subordinada a la garantía de la salud en el trabajo.

No es cierto que una paralización temporal de la producción conduzca necesariamente al cierre de las empresas. En todo caso, lo que esta crisis evidencia es la necesidad de una reconversión profunda y radical de la actividad económica, su orientación hacia actividades socialmente necesarias, de desarrollo ecosocial anclado en el territorio, aunque no sean las de mayores beneficios de las empresas. Avanzar hacia una sociedad que garantice el pleno empleo mediante una reducción sustancial del tiempo de trabajo. Los actuales acontecimientos están generando un consenso de que se deben desarrollar las actividades públicas dirigidas a la salud y cuidado de las personas, apoyar la rehabilitación de las viviendas, transformar la educación y la cultura, adaptar la industria a los imperativos ecológicos y, en definitiva, realizar una política basada en el interés superior de sostenibilidad de la vida, tal y como señala Jaime Pastor en su propuesta de decrecimiento selectivo.

El debate sobre la la recesión que se avecina ha puesto de manifiesto las carencias en coordinación y cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea. Es verdad que se ha producido un aplazamiento de la austeridad de gasto, así como una política de expansión monetaria por parte del BCE para sostener la deuda pública en los mercados. Aún así, algunos países se resisten a hacer un frente común que organice de forma solidaria la respuesta a la crisis sanitaria en beneficio de las mayorías sociales, como proponen Manuel Garí y Fernando Luengo, así como Michel Husson. Las políticas de expansión fiscal imprescindibles deben adoptarse a nivel europeo para ser realmente eficaces. La vía de los “coronabonos” y un programa europeo de prestaciones de desempleo y subsidios mínimos son las dos medidas ahora más factibles, aunque sería necesario una implicación más directa de la política monetaria y fiscal a nivel europeo.

También existen dos riesgos internacionales. El primero que, de forma independiente del parón de la economía, haya una evolución negativa y descoordinada de la demanda externa europea y mundial que más pesan para Euskalerria (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Argentina, México, Estados Unidos y China). El otro que en este contexto el papel de la Comisión Europea y el BCE, con la presión del capital financiero, sea impostado. Aún se tiene que concretar si se flexibiliza definitivamente la doctrina neoliberal del gasto, déficit y deuda, ya que en un futuro próximo se pueden volver a imponer los recortes, como pasó en 2010-2011. Para ello es necesaria seguridad jurídica, modificar la constitución española y las leyes de estabilidad, blindando las posibilidades de realizar la reconstrucción que anuncia el Gobierno español.

No hay aún garantías de salud en el trabajo

El segundo argumento del Gobierno vasco para oponerse al cierre temporal de la producción se basa en que el mantenimiento de la actividad productiva es compatible con la salud en el trabajo. Es una argumentación falaz, porque en la gran mayoría de las actividades productivas no se pueden cumplir por ahora las recomendaciones sanitarias en cuanto a distancia entre personas, higiene y protocolos anti-contagio. Más aún con la trayectoria incumplidora de un gran número de empresas en materia de seguridad y salud laboral. Además, la reorientación a actividades esenciales es minoritaria por parte de las grandes empresas, concierne más bien a personas solidarias, centros de formación y otras entidades. En los casos en que sea real por parte de las empresas nadie la cuestiona, por supuesto.

“El mantenimiento de la actividad productiva no es aún compatible con la salud en el trabajo. En la gran mayoría no se pueden cumplir por ahora las recomendaciones sanitarias en cuanto a protocolos anti-contagio”

En cualquier caso los trabajos esenciales y no esenciales, sobre todo si implican la vuelta a la actividad presencial dentro de una semana, deben realizarse reforzando los protocolos de seguridad y salud laboral, sistematizando la toma de temperaturas y la realización masiva de test como única forma de continuar la producción evitando los contagios. En caso de no ser posible, la paralización de toda actividad productiva no esencial es imprescindible. En este sentido sindicatos y organizaciones sociales se han manifestado estableciendo lo que consideran las “prioridades sociales ante el coronavirus y la crisis del sistema”. Hay que entender el contexto actual dónde no hay suficiente inspección de trabajo para controlar las condiciones de salud laboral e imponer el necesario cierre de las empresas que las pongan en riesgo. Además existe una política de seguridad clasista a favor del empresariado, orientada al “orden público” para hacer cumplir las restricciones civiles del estado de alarma, pero que no interviene convenientemente ante los riesgos de salud laboral e incumplimientos en las empresas, como ha sucedido en Sidenor Basauri.

Llama la atención el contraste de la flexibilidad que se propone para la actividad empresarial con la rigidez de un confinamiento que prohíbe actividades como el paseo y el deporte al aire libre, aunque fuese con garantías y durante un corto espacio de tiempo, medidas adultocéntricas que se extienden incluso a las niñas y niños. Algunos países con sistemas públicos más fuertes y, por tanto, menor riesgo de colapso aplican un confinamiento más suave, como Francia y Alemania. Pasado lo peor, algunas medidas de relajo se han empezado a aplicar en Hubei y, más recientemente, en Italia, pero no está justificado aplicar una dureza a toda la población, y especialmente a la infancia, mientras se permite que la producción se mantenga de forma parcial sin garantizar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Veremos los medios y datos de los que disponemos a la vuelta de Semana Santa, mientras tanto, a descansar una semana más, sin cesar en la exigencia de medidas de protección a la mayoría social en peligro de degradación.