Cinco gritos desde el corazón de la crisis: “Vivimos inmersos en el cambio climático”

Defensoras de la tierra y activistas climáticas directamente afectadas por la emergencia climática comparten su vivencia dentro de la COP30. Contar con la valiosa acreditación de la Conferencia del Clima no es suficiente para hacerse escuchar en el macroevento del capitalismo verde.
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Neydayanne Queiroz, participando en un evento durante la COP30 en la Casa Maraká de Belém como parte de la Unión de las Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileña (UMIAB).
19 nov 2025 13:00

La localización de la 30ª Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP30) en Belém do Pará, la puerta de entrada al Amazonas, ha permitido confluir a más de 40.000 acreditadas de 189 países, 3.000 indígenas alojados en el espacio Aldeia COP30 y 23.000 participantes de la Cúpula dos Povos (Cumbre de los Pueblos), que ha reunido a pueblos originarios, quilomberas, ribeirinhas y primeras naciones junto a activistas y movimientos sociales de más de 60 países. Son cifras permeables, ya que miles están participando simultáneamente en los espacios, con un calendario de vértigo que mezcla asambleas, side events, protestas, movilizaciones sociales y mesas de negociación oficial.

La “COP de la Amazonía” ha visto varias protestas, incluidas la más mediática, del pueblo indígena Mundurukú adentrándose en el recinto de la conferencia en el Parque da Cidade, y la multitudinaria manifestación el sábado 15, con más de 60.000 personas convocadas por la Cúpula dos Povos, Una marcha histórica que, sin embargo, no llegó ni a acercarse al perímetro del recinto de la Blue Zone de la COP, reservada a participantes con acreditación. De hecho, el recinto está totalmente rodeado por una Red Zone cortesía de las diferentes fuerzas de seguridad que impiden el paso a quien no tenga acreditación, añadiendo una capa más de militarización al evento.

Alfombra azul para los lobbies fósiles

Sí ha podido acceder a la Zona Azul una representación de los rostros de quiénes viven en carne propia la emergencia climática: más de 900 delegadas indígenas, de un total de 3.000 alojadas en la Aldeia COP30 organizada por el Gobierno brasileño, a las cuáles se suman 1.061 delegadas de los países más afectados por la emergencia climática. Sin embargo, la alfombra “azul” de bienvenida ha sido para la indústria fósil, que cuenta con más de 1.600 lobbistas acreditados, invitados por delegaciones de los países negociantes. Como denuncia la campaña #KickOutTheSuits, este sector ha recibido más acreditaciones que las poblaciones más afectadas por el cambio climático.

De hecho, llegar a una COP requiere muchos privilegios: tener acceso a algunos pasaportes garantiza que podrás saltarte los obstáculos de pedir una visa en tiempo récord, y no todos los países cuentan con una estabilidad que facilite la burocracia. Las acreditaciones han sido pocas, y se han entregado apurando al límite el calendario logístico. Los precios desorbitados del viaje y el alojamiento y la escasez de hospedaje en Belém han reducido el tamaño de muchas delegaciones. En especial, han entorpecido la participación de la población civil. Para llegar aquí, muchas comunidades y movimientos sociales se han desplazado durante semanas en caravanas, o han tardado días, encadenando transporte tras transporte.

Neydayanne Queiroz: “Pedimos la demarcación de nuestros territorios para que quienes quieren destruir la Amazonía no puedan adentrarse más en ella”

“Es muy problemático que las comunidades del Sur Global y los pueblos indígenas tengan que pelear para lograr acceder a estos espacios, cuando a los lobbistas se les regala acreditaciones”, argumenta Jameela Joy Reyes, activista climática, abogada y miembro del Manila Observatory especializada en Pérdidas y Daños vinculados al cambio climático. Especialmente, destaca, cuando las más afectadas por la crisis climática son las que nunca la causaron, y en particular mujeres, jóvenes o pueblos originarios, entre otros colectivos.

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Jameela Joy Reyes, durante la Marcha organizada por la Cúpula dos Povos el sábado 15 de noviembre en Belém. Foto: Dinah Balleco

Incluso las que están participando en esta conferencia lo hacen mientras en sus casas el cambio climático avanza a toda velocidad. Lo sabe por propia experiencia: nacida en Filipinas, estas semanas el país ha sido asolado por un ciclón tropical. Su familia y amistades han podido sobrevivir a este fenómeno, causado por los tifones Uwan (Fung-Wong) y Ting (Kalmaegi), que ha forzado a desplazarse a cerca de un millón y medio de personas, y ha dejado tras su paso muerte, destrucción e incertidumbre. Estos tifones van en aumento a consecuencia de la emergencia climática, explica, y ya han sufrido 21 sólo este año.

Reyes habla de la disonancia de participar en un evento como la COP mientras la casa de sus padres se está inundando, literalmente. “Siento disonancia cognitiva al escuchar hablar de vidas como si pudieran negociarse. Los impactos del cambio climático no son ideas abstractas, son una realidad para cada vez más personas en el Sur Global”, pero las COP no escuchan realmente estas voces, denuncia.

Aunque defiende que todos los espacios de activismo climático son importantes, propone que las experiencias de litigio climático pueden ser útiles como verdadera palanca para forzar acción climática y fiscalizar a empresas y a gobiernos. Por ejemplo, con la reciente demanda filipina contra Shell por los daños causados por el tifón Odette en 2021, que arrasó muchas comunidades de pequeñas islas. “Tal como intentaban recuperarse del daño, también estaban preparándose para los próximos tifones”, explica Reyes.

Shell ha sido una gran emisora de gases de efecto invernadero durante décadas y, por tanto, un claro ejemplo del daño causado por las empresas fósiles y de su responsabilidad en los fenómenos climáticos extremos que están asolando cada vez más regiones del planeta.

Los litigios climáticos pueden ayudar a “garantizar que las personas y las comunidades históricamente marginalizadas, que han hecho muy poco para contribuir a esta crisis climática pero que en cambio cargan con la mayoría de sus consecuencias, puedan tener voz y una posibilidad de conseguir rendición de cuentas, en vez de usar la legislación para proteger los intereses privados, que suelen colisionar de lleno con el bienestar del mundo entero”, argumenta. “Conseguir que se den cuenta de que pueden plantar cara a las grandes corporaciones, y hacerles responsables”. Así que, desde dentro de la COP30, Jameela Joy Reyes aboga por no caer en el remolino que un macroevento así puede suponer, y continuar la lucha en todas sus formas posibles, sea en espacios oficiales, en los tribunales, en la primera línea de frente de la defensa de los territorios, o en las protestas públicas, porque cada acción cuenta para seguir adelante.

Un espacio de portavocía indígena, aunque parcial

Neydayanne Queiroz se muestra optimista frente a la COP30. Ha venido de Acre, en la profundidad del Amazonas entre Venezuela y Brasil, una frontera porosa para sus habitantes, que saben que la tierra no se demarca con líneas imaginarias desligadas del latido de la vida que las habita. Presidenta del Consejo Deliberativo de la Unión de las Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileña (UMIAB), Queiroz ha traído sus reivindicaciones, pero también su luto, porque la amenaza de muerte sobre la Amazonía no deja de extenderse. Para ella, la Conferencia sí ha sido un espacio de vocería efectiva para promover sus proyectos de reforestación, de derechos para las mujeres, y de preservación de la medicina tradicional.

“La COP30 debe escuchar nuestras voces, porque somos las guardianas de la Amazonía. Exigimos una fiscalización, pedimos la demarcación de nuestros territorios, para que quienes quieren destruir la Amazonía no puedan adentrarse más en ella”. Habla de los proyectos sin consentimiento de exploración y explotación que han llevado a cabo petroleras, mineras y agroindustrias. Por ejemplo, levantando carreteras que destruyen el territorio como una espina de pez: una línea recta de la que confluyen muchas otras ramificaciones para devorar las riquezas que esconde la floresta.

Oliveira Correia apunta que “los medios hablan de la mayor representatividad de indígenas en la Amazonía, pero sólo un 14% de los pueblos de Brasil están representados. Es una mentira”

En parte, parece que hay motivo para la esperanza: el martes 18, Día de los Pueblos Indígenas en la Cumbre, el gobierno brasileño anunció la demarcación de diez tierras indígenas, es decir, la delimitación de sus tierras y el reconocimiento legal de su titularidad bajo el manto de los pueblos originarios que las habitan y cuidan. Es un paso adelante en una de las reclamaciones clave de los pueblos indígenas, tanto en el espacio de la COP30 como en la Cúpula dos Povos: el reconocimiento de derechos sobre las tierras.

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Tres mujeres indígenas del Acre amazónico que han seguido la Conferencia de las Partes desde la Aldeia COP30: Irene Silva de Lima, etnia Apurinã, nombre indígena Patakyru, municipio de Cidade Boca do Acre; Geraldina Batista da Silva, etnia Manchineri, del municipio Assis Brasil; y Andrea Oliveira Correia, etnia Nukini, nombre indígena Anahí, municipio Mancio Lima. Anna Celma

Pero la necesidad es tan urgente que la incógnita es si estos logros llegan a tiempo de revertir, o al menos frenar, los daños causados. Entre las miles de indígenas que han llegado a Belém, la mayoría no ha obtenido acreditación para la COP30, a pesar de contar con la mayor experiencia en cambio climático. “En nuestra aldea, la gente sufre mucho a causa del cambio climático extremo. Durante la época seca, en nuestro río Igarapé falta agua, los peces mueren a causa de esta sequía. Perdemos el alimento porque los animales que cazamos también se alejan si el río se seca, se adentran en la floresta”, y porque la emergencia climática está modificando la fruta de la que se alimentan ancestralmente, cuenta Andrea Oliveira Correia, de nombre indígena Anahí, de la etnia Nukini y establecida en el municipio Mancio Lima (Acre).

Dina Mandroso: “Como jóvenes, tenemos mucho que cambiar, y debe ser ahora. No en el futuro, ahora”

También sufren el reverso del igarapé desaparecido: las inundaciones. “El río ha llegado a nuestras casa, las ha desmoronado, arrastrando a la gente que estaba dentro. Pero también las crecidas dejan a las casas aisladas, crean islas, y las personas no pueden desplazarse ni salir en busca de alimento”, explica Geraldina Batista da Silva, de la comunidad Manchineri, en el municipio Assis Brasil (Acre), que hace frontera entre Bolívia, Brasil y Venezuela. En la temporada seca, vuelve el aislamiento, porque cuando las sequías causadas por el cambio climático devoran el río, las barcas quedan inutilizadas. “Y nosotras vivimos en territorios en los que no hay carreteras, no puede llegar ayuda en vehículos”.

Sobre la “COP de la Amazonía”, Oliveira Correia apunta que “los medios hablan de la mayor representatividad de indígenas en la Amazonía, pero sólo un 14% de los pueblos de Brasil están representados. Es una mentira. Las decisiones se toman allá dentro, pero nosotras estamos aquí afuera”. Y lanza una pregunta pendiente de respuesta: “Su país, ¿que está haciendo contra el cambio climático?”.

¿Patada adelante y financiación privada? Una combinación tóxica muy extendida

“En Madagascar, vivimos inmersos en el cambio climático”, expone Dina Mandroso Niaina, joven activista del Movimiento de Justicia Climática de Madagascar, y del Réseau des Jeunes pour le Développement Durable, que participa en la COP30 en colaboración con el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). “Soy de un área rural en Fianarantsoa, en el suroeste de la isla, y quienes sufren estos impactos son granjeros y agricultores cuyas cosechas cada vez rinden menos por culpa de la sequía”. El agua en Madagascar, igual que el acceso a la energía, es un bien escaso; (no) llueve sobre mojado, pero cada vez se agravan más las consecuencias de la pobreza energética e hídrica. Además, la emergencia climática también está causando ciclones, que conllevan inundaciones repentinas muy destructivas.

A las dificultades habituales para acceder a un visado desde un país con pasaporte africano, por la violencia racista institucionalizada, se le ha sumado la situación política convulsa de Madagascar, que recientemente ha expulsado al presidente Andry Rajoelina, y que ahora se rige por un gobierno militar de transición. “Es frustrante” afrontar tantos obstáculos para llegar hasta la COP, expone Mandroso, “mientras los lobbistas pueden venir a hacer negocio en estos espacios de negociación climática. Realmente, no se está pensando en la gente más afectada”, denuncia.

“Sabemos que la necesidad de financiación está en billones, y por ahora, no tenemos ni para empezar”, acusa Jameela Joy Reyes

Para ella, las demandas a la COP incluyen prohibir la minería de tierras raras, que expolia desde hace años su hogar, y que causa profundos daños medioambientales, sociales y culturales. Después de las revueltas este otoño en Madagascar, lideradas por jóvenes, y con su recorrido como parte de los movimientos sociales, Mandroso se siente esperanzada. “Como jóvenes, tenemos mucho que cambiar, y debe ser ahora. No en el futuro, ahora”, defiende.

Además, coincide con la segunda gran reivindicación de la Cúpula dos Povos: el acceso a mecanismos de financiación justos, que no perpetúen y empeoren el círculo vicioso de la deuda. Una deuda externa que ahoga a la mayoría de los países del Sur Global, y que en muchas ocasiones imposibilita priorizar la inversión en el bienestar de la población, ya que los presupuestos públicos se desangran pagando a acreedores extranjeros.

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Dina Mandroso Niaina, joven activista climática de Madagascar, en uno de los espacios de la Zona Azul de la COP30. Anna Celma

Esta justicia de la deuda será imposible si las negociaciones continúan en la dirección de la privatización de los fondos para acción climática, en lugar de encontrar maneras de financiar públicamente la preparación y la mitigación de los impactos del cambio climático, a través de redistribuir la riqueza con impuestos a las grandes fortunas y a las grandes contaminantes, por ejemplo.

La privatización de esta financiación climática es una tendencia que empeora año tras año, COP tras COP. “Sabemos que la necesidad de financiación está en billones, y por ahora, no tenemos ni para empezar”, acusa Jameela Joy Reyes, en referencia a los presupuestos incompletos de Pérdidas y Daños. Por ejemplo, recuerda que sólo el tifón Yolanda causó daños por valor de un billón de dólares el 2013 en Filipinas. El fondo actual no daría para cubrir ni siquiera los daños causados por ese único fenómeno climático extremo, que ocurrió hace más de una década. “La responsabilidad de actuar es gubernamental”, incide, y no puede hacerse de manera ahistórica, obviando el pasado colonial, patriarcal, extractivista y racista que nos ha llevado al mapa geopolítico de desigualdad del Sur Global, y a un capitalismo que quiere morir matando.

En la segunda semana de la COP30, se cambian las conversaciones técnicas por las negociaciones políticas. Esto probablemente implica más puertas cerradas, negociaciones a última hora y a contrarreloj, y muchísimo pasilleo. ¿Hasta dónde llegarán las reivindicaciones de las que gritan desde el corazón del huracán climático?

Camino al paraíso
Frente judicial
Como esto de la crisis climática va con todo el mundo —literalmente— hay que atacar las acciones y políticas que la causan, así como a sus responsables, en todos los frentes. Por supuesto, también en el judicial.
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