Junts devuelve la Ley de Amnistía a comisión parlamentaria tras ver rechazadas sus enmiendas

El Congreso de los Diputados tendrá que volver a discutir la proposición de Ley de Amnistía. La derecha ha votado que no y Junts también la ha rechazado después de ver como caían sus enmiendas.
Míriam Nogueras
Dani Gago Míriam Nogueras de Junts per Catalunya en los pasillos mientras se debaten las enmiendas a la Ley de Amnistía
30 ene 2024 18:12

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. La Ley de Amnistía ha sido rechazada con los votos en contra de PP, Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Junts. Total: 171 votos a favor y 179 en contra.

Los primeros grupos la han rechazado por entender que se trata de una cesión ignominiosa al independentismo, en el caso de Junts, porque el texto propuesto “deja fuera” a personas involucradas en el proceso independentista es, según su portavoz, “una amnistía selectiva y en diferido”.

Con ese voto negativo, la proposición de ley no decae pero los plazos serán más largos. El dictamen ha sido aprobado, pero el conjunto ha sido rechazado en votación nominal. Antes de las 17:55h con el voto negativo de Pilar Calvo, la primera diputada de Junts que ha sido nombrado, se descartaba cualquier giro y se confirmaba lo que había saltado a los medios pasadas las 10:30h. El 'no' de Junts devuelve el texto a la comisión de Justicia, desde donde salió a mediados de enero y tardará un mes en volver al pleno.

Míriam Nogueras, diputada de este grupo, ha defendido que Junts no puede dejar al independentismo “expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial española”. Los últimos movimientos de los jueces García Castellón y Aguirre, que han postergado las investigaciones en dos casos que podrían verse modificados hasta su archivo por la Ley de Amnistía para incluir posibles delitos que no contempla el dictamen, ha hecho saltar las alertas en Junts. Su portavoz ha criticado los “agujeros” del texto, por los que “la justicia prevaricadora española” puede entrar hasta convertir la Ley de Amnistía en papel mojado.

El discurso de Nogueras apuntaba a su principal rival en Catalunya, Esquerra Republicana, que también planteaba enmiendas pero que ha defendido su voto afirmativo al texto. “Esta ley, bien utilizada por los tribunales, garantiza la amnistía a toda nuestra gente, porque no hubo terrorismo, por que no ha habido traición”, ha defendido la diputada de ERC Pilar Vallugera.

Las referencias al lawfare y a la posible prevaricación de determinados magistrados han sido recurrentes en la sesión de hoy. Uno de los diputados que las ha situado en el pleno ha sido el representante de EH Bildu, Jon Iñarritu, que ha denunciado que “la extrema derecha política, judicial, policial y mediática ha entendido el mensaje de Aznar y se está moviendo para boicotear esta mayoría y cargarse la legislatura”.

También Gerardo Pisarello (Sumar) se ha referido a esto, al trazar una breve reseña biográfica de García Castellón y las facilidades con las que altos cargos del PP —como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre– han salido de las causas que este magistrado ha instruido en la Audiencia Nacional.

En la bancada de la extrema derecha se ha solicitado a la presidencia del Congreso la amonestación para la diputada Nogueras y para Martina Velarde (Podemos -grupo mixto) por nombrar a los jueces García Castellón, Marchena y Aguirre al denunciar el lawfare —la adecuación de los tiempos en las sedes judiciales y la difusión de los autos en medios de comunicación— como herramienta para bloquear la propuesta en el Parlamento.


El PSOE no ha entrado en la valoración de esos autos y se ha cerrado a la posibilidad de introducir las enmiendas promocionadas por Junts. El entorno independentista cree que las referencias al terrorismo y traición pueden insuflar aire a las causas de Tsunami Democrátic y los Comités de Defensa de la República en la llamada Operación Judas. En concreto, en el artículo 2, epígrafe d) y el epígrafe e), en los que se incluyen excepciones relativas a delitos relacionados con terrorismo y traición, dos de los agarraderos que han encontrado García Castellón y Joaquín Aguirre.

Francisco Aranda Vargas, diputado del PSC, ha defendido la constitucionalidad del dictamen y ha centrado sus críticas en el Partido Popular. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aludido en su filípica a la “trama rusa” defendida por el titular del juzgado número 1 de Barcelona para involucrar a Puigdemont en un posible delito de alta traición.

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