Congreso de los Diputados
El Congreso debate la Ley de Amnistía en un contexto de embestida judicial

El Congreso de los Diputados discute a partir de las 15h el “Dictamen de comisión sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. La llamada Ley de Amnistía puede salir aprobada tras un pleno al que, como va a ser habitual en esta legislatura, se llega con tensión y un acuerdo cogido con alfileres.

No es el último paso ya que, si se aprueba hoy en el Congreso, llegará al Senado, donde la mayoría conservadora la pondrá como chupa de dómine y tratará de encontrar todos los resquicios posibles para que no sea aprobada o para dilatar los tiempos de su aprobación. Pero, si sale aprobada hoy, se habrá dado un paso significativo para que la Amnistía sea Ley, algo impensable hace solo un año.

Otra cuestión es su aplicación. Una vez publicada en el BOE —tras la secuencia Congreso-Senado-Congreso— los tribunales y audiencias que tienen causas susceptibles de verse afectadas tienen dos meses para los archivos. Pero, la cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional —que puede presentar el Partido Popular gracias a su mayoría en el Congreso— y las cuestiones prejudiciales en el TJUE pueden impedir que se levanten medidas cautelares y se produzcan los archivos.

La mayoría de la investidura parece dispuesta a sacar adelante el acuerdo. Todos menos Junts. Los de Puigdemont quieren que desaparezca la mención de la palabra terrorismo en el dictamen acordado. Esquerra Republicana de Catalunya también lo quiere, pero no pondrá en peligro una votación que se produce en un contexto de tensión provocada por los movimientos judiciales. En caso de que Junts vote hoy que no, el texto volverá a la comisión, con el consiguiente retraso de su entrada en vigor. Pasado el mediodía, El Diario ha afirmado que los independentistas apuestan por el voto negativo y la renegociación en comisión parlamentaria.

El entorno independentista cree que las referencias al terrorismo y traición pueden insuflar aire a las causas de Tsunami Democrátic y los Comités de Defensa de la República en la llamada Operación Judas. En concreto, en el artículo 2, epígrafe d), se encuentra esta excepción a la amnistía:

“Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.

En el epígrafe e) se encuentra esta exclusión de la amnistía general que afecta a “Los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal”. 

Junts mantiene dos enmiendas vivas en el debate parlamentario que eliminarían esas exclusiones, pero el PSOE no se ha mostrado dispuesto a añadirlas al articulado que salió de la Comisión. Ese es el motivo por el que los de Míriam Nogueras se plantean un posible 'no' que tumbaría la Ley, que será rechazada por Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

La importancia de llamarse García Castellón

Pese a esa minoría en el Congreso, a la incapacidad del Senado para detener la aprobación de la Ley y a que las protestas contra el “sanchismo” y la amnistía se encuentran en su propio invierno, el sector judicial está avivando la llama para que la norma encalle en el futuro. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón destaca en ese frente judicial de oposición.

Es el instructor de la causa Tsunami Democrátic, que estuvo dormida durante más de dos años y que García Castellón hizo despertar en los días previos a la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. Con ese auto llegó la sorpresa, puesto que se incluyó por primera vez, y por actos relacionados con “terrorismo” a Carles Puigdemont, Marta Rovira y a una decena de dirigentes independentistas.

Además, el magistrado relacionó los hechos del aeropuerto de El Prat de 2019, con la muerte de un turista francés en otro acceso del aeropuerto. También admitió que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía se presentasen como acusación particular como lesionados durante los altercados de los disturbios de la Plaça Urquinaona.

¿Quién está quemando Catalunya?

Joaquím Martínez

19

Juicio del 1 de Octubre

¿Quién está quemando Catalunya?

Joaquím Martínez

19

La reacción de la juventud en Catalunya no estaba prevista en ningún guión. La respuesta del consenso, culpar a los incendiarios, sí estaba prevista, pero ha dejado de funcionar.

Según el criterio del juez, los hechos de Urquinaona, al haber supuesto heridas para esos dos agentes, no pueden ser amnistiados por alterar las condiciones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. De hecho, en su auto posterior al acuerdo parlamentario para la Ley, califica los hechos de Urquinaona como “incompatible[s] con el derecho de la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados”.

García Castellón persigue situar a Puigdemont como máximo responsable de Tsunami Democrátic, y hacer imposible que el expresident se pueda acoger a la futura Ley de Amnistía. Para ello ha pedido una prórroga de seis meses para llevar a cabo más diligencias.

Como señalaba el pasado fin de semana Daniel Galvalizi, desde Junts se tiene miedo que la estrategia pueda funcionar y por eso se intenta incluir unas enmiendas que tratan de sortear una aplicación estricta de la noción de terrorismo. Desde el PSOE, se intenta tranquilizar a los socios parlamentarios defendiendo que los actos de 2019 no son de su gusto, pero tampoco son terrorismo.

El problema será la aplicación en los Tribunales, “en los ámbitos judiciales está circulando hace días un manual de cómo presentar recursos de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales con modelos de resolución previamente elaborados“, señalaban desde Junts este fin de semana.

No se trata del último juez que ha trastocado el paisaje en el que se debía aprobar la Ley de Amnistía. El lunes 29, Joaquín Aguirre, juez titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona decidió prorrogar seis meses otro caso. Bajo el nombre de caso Voloh se conoce una causa sobre un presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los posibles vínculos de Puigdemont con el Gobierno de Rusia.

El escrito abre la posibilidad de colgar a Puigdemont un delito de alta traición, tipificado en el Código Penal (artículos 581 a 586) con penas que van de doce a veinte años. El delito de alta traición no está incluido en la proposición de ley de amnistía.