Política
Jaume Asens: “Muchos jueces lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones, son políticos frustrados"

La pasada legislatura Jaume Asens (Barcelona, 1972) fue una de las figuras clave para la concesión de los indultos a los condenados por el Procés y en la supresión del delito de sedición del Código Penal. Gracias a esa experiencia, y pese a no repetir en el Congreso de los Diputados, recibió la encomienda de facilitar una Ley de Amnistía que reintegrase a Junts en el discurrir de la política institucional que se hace en Madrid. Pocas horas después de las elecciones del 23J, Asens fue contactado por la líder de Sumar para ejercer de puente entre Waterloo, el barrio de Bruselas en el que vive Carles Puigdemont, y La Moncloa, donde se encontraba el presidente en funciones Pedro Sánchez. El 9 de noviembre, se daba a conocer el pacto entre Junts y el PSOE y el día 13 se registraba la Ley de Amnistía. Una semana después, entre fuertes protestas de la derecha, llegaba la investidura de Sánchez. Cualquiera diría que era tiempo para tomarse un respiro. A ver qué dice Jaume Asens.

¿La tarea que le encomendó Yolanda Díaz ha sido ya cumplida?
Lo que hay en este momento es una propuesta de ley registrada por el PSOE y ahora tiene que empezar un trámite de posibles enmiendas. Hay que estar al tanto de si se hace algún retoque, alguna mejora del texto. Eso puede requerir algún proceso de negociación entre los actores.

¿Se reconoce en el texto de la Ley de Amnistía presentado por el PSOE?
Se trata de un texto muy parecido al que nosotros presentamos en su día en el Ateneu Barcelonès, que discutimos con el resto de actores. El texto presentado lo hemos discutido y negociado con ellos. Por tanto, nos sentimos reconocidos en el texto final, porque transita por el camino que nosotros abrimos cuando presentamos el dictamen de los expertos a los que habíamos encargado la elaboración de la propuesta. La propuesta fue mejorando a medida que iba pasando el tiempo, porque la sometimos también a debate con esos actores y con otros juristas. Creo que el resultado final es un trabajo de orfebrería jurídica, en el que está muy bien pensada cada palabra que se ha escogido, y que deja muy poco margen de maniobra a los jueces a la hora de intentar esquivar su aplicación.

¿Ese era uno de los objetivos?
La idea era no dejar ningún recoveco, ninguna brecha por donde algún juez tuviera la tentación de imponer su voluntad por encima de la voluntad del legislador. Se trata de plasmar ahí la voluntad de los representantes de los ciudadanos e intentar impedir que esa voluntad sea distorsionada por la voluntad de terceras personas, de los jueces, en su aplicación.

Todo el Procés nace de un caso de lawfare, por parte de un Tribunal Constitucional que estaba presidido por una persona que tenía carnet del PP y que hizo todo tipo de maniobras de filibusterismo

El concepto de lawfare, incluido en el acuerdo con Junts, pero no en la amnistía, ha soliviantado a magistrados y fiscales. ¿Entiende que se haya producido esa reacción contra esa crítica a la labor de la Justicia?
Yo creo que nadie discute que existe el lawfare, la guerra sucia. Hay muchas sentencias que incluso lo prueban. El caso de Vicky Rosell, por ejemplo, es un caso emblemático. Y después hay muchas declaraciones que ponen en evidencia que existe el lawfare. Cuando el Partido Popular dice que controlan por detrás el Tribunal Supremo. Cuando el ministro de Interior del PP dice aquello de “la Fiscalía te lo afina”. El hecho de que los magistrados que tienen mandato caducado en el Consejo General del Poder Judicial sigan operando. El caso Pegasus, la Operación Catalunya, el caso Colau, con los casos de lawfare que han intentado hacer en Barcelona. Y el último, el caso de García Castellón. Creo que tenemos derecho a hablar de lawfare. Está muy presente no solo en España, sino en muchos otros países. Eso no quita que seguramente el acuerdo entre PSOE y Junts pudo no estar bien redactado. Eso generó confusión: porque es evidente que la aplicación de la Ley no depende de ninguna comisión parlamentaria, depende de los jueces que la tienen que aplicar, no del Congreso. Pero el Congreso puede debatir sobre el lawfare. Y si de ahí salen elementos probatorios se pueden llevar a un juzgado, o las conclusiones de esas comisiones pueden servir para modificar leyes. Esa es una cosa, la otra es el trabajo de los jueces.

¿En qué sentido?
Los jueces a veces confunden la independencia judicial con una especie de garantía de impunidad o un privilegio corporativo de cuerpo para sustraerse del escrutinio público. Aparte, tienen la piel muy fina: hemos visto sus declaraciones, vemos que la contención que ellos piden no se la aplican a sí mismos. Muchos jueces lo que tendrían que hacer es presentarse a las elecciones porque son políticos frustrados, en concreto del PP o de Vox. La alta judicatura está muy controlada por la derecha. Los jueces, de forma mayoritaria, son conservadores, solo hace falta ver qué asociaciones de jueces tienen más fuerza. Eso siempre ha sido uno de los problemas que hemos tenido en la democracia española —no solo ahora, también en tiempos de la República– la derecha está muy organizada en los aparatos judiciales.

Es evidente que una de las dificultades que tendrá la aplicación de la ley serán precisamente unos jueces que no se van a quedar de brazos cruzados

¿Qué efectos tiene eso en la política parlamentaria?
Vemos cómo el Partido Popular intenta ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas . Cuando pierde en las urnas se atrinchera en los aparatos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, para desde ahí intentar subvertir el orden constitucional, recuperar el poder. Y por eso también tienen el control que tienen en el Tribunal Supremo. Eso de que controlan por detrás la Sala Segunda del Supremo, que decía el senador Ignacio Cosidó, me parece que es muy clarificador de la voluntad del Partido Popular para manipular los tribunales a su conveniencia. De hecho, todo el Procés nace de un caso de lawfare, por parte de un Tribunal Constitucional, que estaba presidido por una persona que tenía carnet del Partido Popular, y que hizo todo tipo de maniobras de filibusterismo para recusar a un magistrado progresista o para no renovarse. Ese Tribunal Constitucional —el que tumbó el Estatuto de Autonomía del 2006 en la sentencia del 2010— tenía un grado de deslegitimación muy grande porque el Partido Popular se negaba a renovar a los miembros conservadores para que ese tribunal, con el mandato caducado de varios de ellos, fuera el que decidiera el Estatuto de Autonomía. Eso es Lawfare también. Por tanto, es evidente que una de las dificultades que tendrá la aplicación de la ley serán precisamente unos jueces que no se van a quedar de brazos cruzados. Que intentarán por todos los medios hacer descarrilar y desestabilizar el gobierno de coalición. García Castellón es el caso más emblemático.

Creo que García Castellón está, si no prevaricando, casi al borde de la prevaricación. Pero claro, es muy poco probable que los miembros del Supremo se atrevan a abrirle una causa

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha elevado el informe sobre el caso de los Comités de Defensa de la República para imputar a Marta Rovira y Carles Puigdemont. Ha incluido en la pieza un fallecido por un infarto. ¿Cree que, con esa serie de maniobras, esa causa puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y trastocar los planes abiertos con la Ley de Amnistía?
No. No veo que pueda saltar. No creo que pueda afectar al TJUE. El TJUE es un tribunal con un grado de independencia muy grande. Hay jueces en Europa que no están atravesados por su ideología; aunque la tengan, evidentemente, pero que no se sienten parte del conflicto. Cuando se confronta la actuación de la cúpula judicial española con la de Europa se ve la diferencia entre cómo responden ante estos hechos tribunales que son ajenos a un conflicto que les queda lejos, y cómo responden los de aquí. Es evidente que los jueces de aquí no son ángeles ajenos al contexto en el que intervienen. En Europa, en general, ha habido más rapapolvos que avales a la actuación de la de la cúpula judicial en este tema. Creo que lo que ha hecho García Castellón es un salto jurídico digno del mejor malabarista. Es un movimiento de un contenido político evidente, con una intencionalidad clara de torpedear al gobierno de coalición. No solo por los argumentos que utiliza, sino por el momento en que lo hace.

En la recta final hacia la investidura de la pasada semana.
Una causa que estaba muerta desde hace años la ha reactivado rápidamente y se ha sacado de la chistera una acusación nueva, la de terrorismo, contra Carles Puigdemont. Lo hace cuando ni tan siquiera en el atestado policial se apunta en esa dirección. Se saca de la chistera un muerto que ya dijeron los servicios sanitarios que no tenía ninguna vinculación. Es un caso clarísimo de Lawfare. Y creo que lo pone en evidencia también el escrito de la Fiscalía. Lo firma un fiscal de la asociación conservadora y, a pesar de eso, deja muy claras todas las tergiversaciones, suposiciones y omisiones que hace el juez. Todos los contraindicios respecto al expresidente de la Generalitat —es decir, pruebas de su no participación— el juez los convierte en indicios. De hecho, no se espera ni a agotar el plazo que le había dado a al fiscal para dictar el auto de instrucción. Del mismo modo, ahora que hay un recurso interpuesto —y a pesar de que éste se ha interpuesto contra su resolución, que no es firme— el juez ya ha mandado la causa al Supremo. Creo que García Castellón está, si no prevaricando, está casi al borde de la prevaricación. Pero claro, como son los propios miembros del Supremo quienes tienen que determinar eso, es muy poco probable que se atrevan a abrirle una causa. El tema es que no es la primera vez que lo hace. Lo hemos visto también en relación a Podemos, a Pablo Iglesias. García Castellón es un juez con vínculos con la extrema derecha y eso se pone en evidencia en sus resoluciones. Es verdad que puede tener una capacidad de desestabilización que no podemos menospreciar, pero no creo que eso llegue al Tribunal de Luxemburgo.

Se han oído al menos dos estimaciones de las personas que se pueden ver beneficiadas por la Ley de Amnistía. El PSOE dice que menos de 300, Junts, que más de 400.
En realidad las dos versiones no son incompatibles. Lo que pasa es que se toman diferentes criterios para contar los casos. El Partido Socialista ha hablado solo de los casos penales y Junts ha hablado de los casos penales y administrativos. Por eso salen dos cifras diferentes. Las dos cifras son correctas.

Cuando tú le dices a la gente que vives en una dictadura puede haber gente que se lo crea. Y si vives en una dictadura, pues lo normal es que pienses que todo vale para derrocar a esa dictadura

¿Y los tiempos? ¿Cuánto puede pasar hasta que alguien que participó en acciones como los cortes de carreteras puede comprobar si ha quedado exonerada gracias a la ley?
Es difícil de prever la temporalidad de esto. Pero en todo caso, seguramente dependerá del momento en que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la constitucionalidad de la ley. Desde que haya jueces que planteen que tienen dudas sobre la constitucionalidad, lo que harán es plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC. Eso suspenderá la aplicación de la ley en los procesos que están llevando esos jueces hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esas dudas. Yo creo que habrá un efecto contagio por lo que decía antes de que la mayoría de los jueces son conservadores. Es posible que el Supremo también pueda plantear una cuestión prejudicial al TJUE. Pero seguramente lo que hará es plantear al TC esa cuestión de inconstitucionalidad. Hasta que no se resuelva por parte del Constitucional, pues eso quedará paralizado. Pero eso no quita que la ley puede aplicarse antes en algunos aspectos. Por ejemplo, las euroordenes de detención, que son medidas cautelares acordadas por la Audiencia Nacional, la Ley de Amnistía las deja en suspenso. Por tanto, eso podría permitir el retorno de aquellas personas que están en diferentes países europeos. Falta ver cómo lo acaban de aplicar los jueces, pero eso es lo que prevé la Ley.

¿Se ha fortalecido la democracia con la Ley de Amnistía, estamos en una época de mayor peligro para la democracia por los pronunciamientos, incluso de militares retirados, que estamos viendo, o ambas circunstancias pueden darse a la vez?
Creo que la reflexión es pertinente, creo que pueden convivir las dos cosas. Por un lado, es evidente que la democracia es más fuerte. Una democracia madura, segura de sí misma es la que resuelve los conflictos políticos a través de la política. Conflictos que son eminentemente políticos no se resuelven de forma coactiva con castigo y Código Penal, sino con diálogo y acuerdo. Es la senda que había señalado ya el Consejo de Europa, que había dicho que el conflicto con Cataluña se tenía que resolver con acuerdo y diálogo, y había advertido de que no era bueno judicializar un conflicto político. En el momento en que se sigue por esta senda, pues se refuerza la democracia. Se refuerza cuando tú no delegas un conflicto político en jueces y policías y cuando eres capaz de ampliar además el perímetro de representación o diálogo. Cuanto más cerrada es una democracia, cuanto más excluyente, cuando menos capaz es de integrar a diferentes actores, más débil es.

En ese sentido, la entrada de Junts en el sistema es buena noticia.
La democracia se fortalece cuando integra en su gobernabilidad, primero a la derecha, en los años de la Transición —en cuanto la derecha abandona el franquismo, la dictadura y acepta las reglas del juego, aunque sea a veces solo de manera formal— y después es también más fuerte cuando la democracia es capaz de integrarnos a nosotros. A Unidas Podemos, en un primer momento, después a Esquerra y EH Bildu, y ahora a Junts. Cada vez hay más actores que intervienen en la política española y eso para mí es positivo. Pero también es verdad que, por otro lado, no dejan de ser una amenaza a la democracia los discursos que estamos viendo, en los que se dicen auténticas barbaridades, se habla de golpe de estado, se compara con el terrorismo, cuando se apela también a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, o cuando se traza una frontera entre españoles de bien y españoles de mal, como hizo Ayuso.

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¿Es un peligro o solo parte del repertorio retórico?
Cuando la derecha considera que la nación está amenazada, los demócratas nos tenemos que poner a temblar, porque ya sabemos lo que significa eso a lo largo de la historia. Hay una disonancia cognitiva muy fuerte. Entre las palabras, los discursos, el relato y los hechos, hay un abismo. Creo que la mayoría de la gente está inmunizada ante estos discursos y no se lo cree, ni los mismos que los hacen. Pero hay un riesgo de que alguien se lo crea. Cuando vemos que apalizan a un líder socialista en Andalucía o cuando oímos a la FAES que dice que hay que pasar de las palabras a los hechos; o Vox cuando dice que no hay que cumplir las órdenes de la policía, ahí hay un riesgo de que haya gente que pase de las palabras a las acciones. Las palabras no son inocuas. Cuando tú le dices a la gente que vives en una dictadura puede haber gente que se lo crea. Y si vives en una dictadura, pues lo normal es que pienses que todo vale para derrocar a esa dictadura. Por eso, no es descartable que haya una desgracia. Cuando estás haciendo estos discursos incendiarios no es descartable que pasen cosas. Y la responsabilidad política de lo que pase es de quien está haciendo estos discursos que siguen el mismo guion que Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Cuando hablan de humillación a la nación, de que la nación no se va a doblegar con una minoría rabiosa y corrupta, todo eso tiene que ver con el ADN predemocrático de la derecha.

¿En qué sentido?
La derecha tiene un problema con la democracia, solo acepta las reglas de juego democráticas si le sirven para acceder al poder. Pero cuando lo pierde, considera que quien lo ocupa lo hace de forma ilegítima. Y ha sido así durante la República, en la época de Zapatero y ahora. Suárez era traidor por legalizar el Partido Comunista. Zapatero era traidor por dialogar con ETA. Y ahora Sánchez es traidor por la Ley de Amnistía, como la anterior legislatura era un traidor por los indultos. El lenguaje de la humillación, de la traición, es muy peligroso. No podemos frivolizar. Yo creo que la democracia es más fuerte y va a vencer a todos esos ataques que están perpetrando la derecha desde las instituciones y desde las calles, pero tampoco podemos menospreciar lo representa de amenaza y de socavamiento del orden constitucional.

El PSOE ha tenido que reconocer a esos actores inesperados y eso debilita al sistema político del bipartidismo del que forma parte, pero al mismo tiempo el bipartidismo salió muy bien parado en las elecciones de julio. ¿Cómo se conjuga esa paradoja?
Por un lado, es verdad que creo que con la amnistía se da un paso más hacia el fin del bipartidismo, porque la clave del bipartidismo no es la hegemonía electoral de los dos grandes partidos del régimen del 78. La clave del bipartidismo es el turnismo y los grandes consensos de Estado que compartían el PSOE con el PP. Pero ahora mismo vemos que el Partido Popular está secuestrado, prisionero de Vox, y eso inhabilita al PP como partido de Estado. Pero, por otro lado, vemos que el PSOE de Pedro Sánchez se ha emancipado del PSOE de Felipe González, del PSOE del bipartidismo. Ya no tiene la opción de apoyarse en el PP y ha desaparecido Ciudadanos, que era una pieza para intentar estabilizar el régimen del 78. Se ha puesto fin a una época en la que al PSOE le ha costado mucho asumir que tenía que operar con un bloque progresista y plurinacional. Tuvimos que ir a cuatro elecciones para que asumiera esa realidad, pero creo que ahora ese rumbo está fijado de una forma muy clara. No parece que haya a la vista una opción de reconstruir el bipartidismo, con lo cual el PSOE está obligado a operar con todos esos actores que forman parte del bloque de la moción de censura de Rajoy. Esa es una realidad que está consolidada y por eso el PSOE se ve con la necesidad de aceptar hacer la amnistía. Lo hace por oportunismo, no por convicción. Es eso de hacer de la necesidad virtud. Pero eso convive a su vez con ciertos gestos que son propios de otra época, de una época que ya ha pasado pero que sigue estando presente. Creo que el caso más claro es el de Fernando Grande Marlaska.

Ha sido nombrado ministro de nuevo.
Para mí es una mala noticia que se haya mantenido Marlaska al frente de Interior. Un gobierno progresista merece a alguien con una trayectoria mucho más comprometida en la defensa de los derechos humanos. Criticar las políticas de seguridad y migración de la ultraderecha —por ejemplo, la italiana de Giorgia Meloni— y mantener a Marlaska en Interior es una contradicción para muchos movimientos sociales, que lo denuncian con razón. Yo creo que hemos perdido una oportunidad de mandar un mensaje de mayor compromiso con los derechos humanos después de lo que pasó en la valla de Melilla. Se han renovado muchas carteras y creo que es una decepción comprobar que, en cambio, esta cartera sigue estando en manos de Marlaska, que es un juez que podría ser el ministro de un gobierno del Partido Popular.

Creo que una cosa importante de la amnistía es que abre la oportunidad de un entendimiento entre las fuerzas catalanistas, plurinacionales y progresistas españolas

En Comú Podem ha puesto mucho esfuerzo en la Ley de Amnistía, pero, en Catalunya, las encuestas favorecen al PSC y el acuerdo da mucho margen a Esquerra Republicana (ERC) y Junts, ¿Puede ser que En Comú sea el perjudicado en términos electorales de todo este esfuerzo?
Encuestas hay muchas. Yo he visto encuestas que dicen que somos el partido que aumentamos más representación. Las encuestas marcan diferentes tendencias en diferentes momentos y hemos visto también el valor que tienen en las anteriores elecciones, donde todas daban por hecho un resultado que no se dio y muchas daban resultados muy contradictorios entre sí. Creo que es prematuro ahora hacer esos cálculos, pero en todo caso, más allá de eso, lo que hemos hecho con la Ley de Amnistía no lo hemos hecho por cálculo electoral, lo hemos hecho por convicción. Hay momentos en la historia, en la política, en que uno tiene que estar por encima de la conveniencia propia, del tacticismo partidista, y tiene que pensar en el interés general y en el bien común. No hemos entrado en una competición con los otros actores para ver quién gesticula más y quién patrimonializa más el éxito de los acuerdos.

¿Cuál considera que ha sido ese papel?
Hemos asumido un reto, que es el de hacer en cierta medida de sherpas, para abrir el camino por el cual después podía transitar el PSOE. Eso ya lo hicimos en la anterior legislatura. En el programa electoral hablábamos de indultos y sedición. Los otros, tanto Esquerra como el PSOE, estaban en contra por diferentes motivos. Y al final fue la senda que se transitó. Y eso a nosotros nos enorgullece. Más allá de los cálculos electorales, somos los que conectamos con el sentido común, marcamos una línea. Esa línea es la que acaba imponiéndose, independientemente de quién se ponga las medallas después. En esta fase de la agenda de desjudicialización creo que también nos tocaba a nosotros abrir ese camino. Tras la primera reunión que hicimos con Yolanda Díaz en Bruselas recibimos los primeros golpes. Pero después, cuando lo que nosotros señalamos es lo que se ha producido, esa foto creo que con el tiempo gana valor político. Hay mucha gente que no entendía esa foto, que la criticó, y después ha tenido que ver la foto de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, en Bruselas con Puigdemont. Nos hemos quedado muy solos al inicio, porque pasaron muchos meses hasta que Pedro Sánchez pronunció la palabra amnistía. Y no ha sido hasta el final, cuando se anunció el acuerdo, que Félix Bolaños ha explicado la Ley de Amnistía. Antes hemos tenido que defenderla en soledad, tanto Yolanda Díaz como yo mismo.

¿Sigue siendo difícil defender la amnistía?
Quizá no tanto en Cataluña, donde sí que hay una amplia mayoría que da apoyo a esta medida, sino en el resto del Estado. Creo que la Ley de Amnistía es una oportunidad para volver a hacer política en mayúscula, para curar heridas del pasado, y poner en el centro el diálogo, el acuerdo, como forma de operar políticamente. Creo que una cosa importante de la amnistía es que abre la oportunidad de un entendimiento entre las fuerzas catalanistas, plurinacionales y progresistas españolas. Cuando eso sucede es cuando se avanza en democracia, en derechos. En España, en Cataluña y en los otros territorios. Y, ahora mismo, la amnistía es la condición de posibilidad de poder avanzar no solo en la agenda territorial, sino también en la agenda social. Ambas agendas siempre van de la mano, pero evidentemente no podríamos tener una mejor sanidad, no podemos tener mejor educación pública, luchar contra la emergencia climática, etcétera, si antes no llegábamos a este acuerdo. Por tanto, creo que era una condición de posibilidad y, por tanto, es positivo que hayamos logrado ese acuerdo.