Comunidad de Madrid
Las universidades públicas de Madrid arrancan una campaña de quejas masiva contra la Consejería de Educación

La comunidad educativa eleva el tono contra la Consejería de Educación (actualmente en manos de Emilio Viciana) días después de la proclamación de la huelga el 26 y 27 de noviembre. Las seis universidades públicas madrileñas, en lucha contra los recortes presupuestarios masivos de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), han arrancado este martes 11 de noviembre de forma coordinada una campaña de envío masivo de mensajes al buzón de la Consejería. Misivas que recogen el malestar acumulado durante años por parte de las estudiantes, docentes y el conjunto de trabajadores de estos centros. En los mensajes claman contra “la falta de una financiación adecuada está afectando gravemente a la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento”, pero también contra la futura implementación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), percibida como “extremadamente punitiva y represiva” por las estudiantes.

“Les insto a revisar de manera urgente los criterios y mecanismos de financiación, garantizando un compromiso estable y suficiente con las universidades públicas, así como a abrir un diálogo real y transparente con la comunidad universitaria sobre el rumbo de la LESUC”, infiere el mensaje modelo. Estas son, sin embargo, tan solo algunas de las múltiples demandas que la comunidad universitaria recoge en su informe clave, 10 ataques de la CAM a la universidad pública.

La acción se enmarca dentro del conjunto de actividades preparatorias del parón de finales de mes, y centra el foco en la figura Viciana como uno de los grandes responsables de la precarización que hoy aqueja a estos centros por su “negligencia manifiesta”. Quien fuera el vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y hoy ocupa la cartera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid rechazó el pasado octubre negociar con el Ejecutivo nacional un acuerdo tendente a permitir que Madrid destinara cerca del 1% del PIB regional a financiar las públicas (una exigencia explícita de la LOSU, ley universitaria estatal). Recientemente llegó afirmar que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurriría la actualización del real decreto de creación de universidades, alegando que en Madrid “no hay universidades de escasa calidad”.

“La situación de ahora me recuerda a lo peor de la crisis de 2008 con la distinción de que ahora no estamos en crisis”, Nagore García (profesora de la UAM)

No opinan lo mismo, no obstante, los alumnos y docentes que llevan organizándose estos últimos meses y que hoy ven con angustia como sus centros se van depauperando mientras los ingresos de la comunidad aumentan: “La situación de ahora me recuerda a lo peor de la crisis de 2008 con la distinción de que ahora no estamos en crisis, por eso no entendemos que esto no sea una estrategia dirigida explícitamente a hundir a las universidades públicas”, traslada a El Salto Nagore García, profesora de la UAM e integrante de la Plataforma UAM por la Pública. Mobiliario destartalado, edificios ruinosos, infraestructuras deterioradas desde hace años, ausencia de calefacción en los despachos de algunos profesores… la lista de signos palpables del abandono institucional de los centros es infinita. Por eso, desde las plataformas en lucha han recibido con especial indignación las últimas declaraciones del Consejero, en las que éste indica que limitar al 70% la financiación pública destinada a las universidades no es un problema.

Tanto estas palabras como la pasividad y falta de escucha por parte del gobierno regional han agudizado la exasperación de la comunidad universitaria a semanas del arranque de la huelga. Tanto ha sido así que en menos de 24 horas la campaña de buzoneo ya había obtenido una “participación abrumadora”, describen las organizadoras de esta acción de presión. Aunque admiten que todavía es complicado tener el registro de todos los correos que se mandan a diario, en menos de un día ya se habían enviado más de 200, dándose momentos en que la Consejería llegaba a recibir en su buzón más de una queja por minuto.

“Esos son solo las que tenemos registradas, ni siquiera son todas las que hay. Hay gente que prefiere escribir un correo normal, o sea, que sabemos que es más que eso, estamos inundando los buzones porque queremos que de una vez se escuche nuestra voz”, celebra Ignacio Ballesteros, estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la PLataforma UPM en defensa de la Universidad Pública. Las interacciones en las publicaciones en redes por parte de las plataformas en lucha también están creciendo como la espuma en las últimas semanas, lo que pone de manifiesto el éxito de las proclamas al menos en el terreno digital.

Síntomas todos ellos de una rabia colectiva cada vez más latente y efervescente incluso entre quienes antes se mantenían al margen de la lucha y que ahora expresan con vehemencia sus preocupaciones. Además, cada vez se extiende más la conciencia de que los centros se encuentran ante un desafío más grandes que las precariedades concretas de cada universidad. De ahí que cada vez se organicen más acciones coordinadas a nivel interuniversitario en detrimento a las individuales por facultad o centro. Ello está fortaleciendo como nunca antes los lazos organizativos y de cooperación entre centros para combatir frentes comunes. Ballesteros insiste en este sentido que “cada vez estamos más unidas y más organizadas todas las universidades, de manera que estamos trabajando para sacar adelante todas estas movilizaciones que esperamos que sean muy exitosas”.

Lo que está en juego, remarcan, es la supervivencia de la universidad pública en Madrid, en un contexto de creciente privatización de los servicios esenciales en toda la Comunidad. Por tanto, a su juicio, el problema es directamente social y comunitario. La pública integra al 25% del estudiantado de todo el Estado, de manera que lo que se disputa es la calidad de la enseñanza o el prestigio de los centros académicos que en su momento fueron referentes internacionales en el ámbito de la docencia como es el caso de la Complutense. “Tenemos que luchar por ello a muerte. Eso lo entiende la comunidad universitaria y por eso estamos viendo estos niveles de movilización”, soslayan los organizadores. Tanto la campaña actual como las que seguirán a la misma siguen la estela reivindicativa de la huelga del 28 de abril Madrid, cuyas idénticas demandas fueron entonces desoídas por las instituciones madrileñas.

Los responsables institucionales de la infrafinanciación, subraya, son conscientes del descontento generalizado que ha ido expresándose a través de huelgas, protestas y hasta encierros en estos últimos meses. Prueba de ello es que recientemente han tratado de acallar estas voces con discursos complacientes con las demandas colectivas, sin llegar a comprometerse a implantar medidas concretas. “Hemos notado es quizá un cambio en el discurso, en especial con la salida de los presupuestos, han querido vender que han subido el presupuesto de las universidades (aunque este no alcanza ni el 0,5% del PIB), que están mejorando la situación, pero nosotros valoramos estos presupuestos como insuficientes”, establece García.