Comunidad de Madrid
El Supremo investiga al Fiscal General por salir a desmontar al equipo de Díaz Ayuso

Álvaro García Ortiz se ha convertido hoy, 16 de octubre, en el primer fiscal general del Estado en un proceso de investigación abierto por el Tribunal Supremo. La causa tratará de esclarecer si ha habido una posible revelación de secretos a raíz de un correo filtrado a prensa con el que se quiso desmentir las informaciones falsas divulgadas por el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación a su pareja, Alberto González Amador. Una vez conocida la noticia, García Ortiz ha asegurado que no dimitirá.

Según el Supremo, que ha votado por unanimidad a favor de la investigación al fiscal, el correo difundió “datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular”. Se hace cargo así de la denuncia interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero introduce un matiz, ya que García Ortiz no será investigado por la nota aclaratoria publicada para desmentir las informaciones periodísticas publicadas con información de la Comunidad de Madrid, sino por el presunto filtrado a prensa de un correo electrónico al que tuvieron acceso al menos 18 personas al mismo tiempo que el Fiscal.

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar por el mismo motivo a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que habría participado en la elaboración de la nota aportando información sobre el caso.

Los fiscales, general y provincial, quisieron salir a atajar una información publicada por El Mundo, en el que la presidencia de la Comunidad de Madrid había sugerido que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para regularizar su situación fiscal. García Ortiz publicó en la comunicación que quien había ofrecido el acuerdo era el propio equipo legal de la pareja de la presidenta autonómica.

En esa comunicación por parte del equipo de González Amador, este reconocía el daño cometido contra la Hacienda pública. Como recoge el Supremo en su nota sobre la investigación estos “habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado del particular investigado, de fecha 2 de marzo de 2024, dirigido a la Fiscalía provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales 'reconociendo íntegramente los hechos' y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora”.

El 30 de septiembre, la teniente fiscal del propio Supremo —dependiente de la Fiscalía General— defendía que la nota “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Hoy la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha optado por desestimar el criterio de la Fiscalía, investigando a García Ortiz y Rodríguez Fernández. El Gobierno, a través de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, ha mostrado “respeto” a la decisión del Supremo a la vez que “respaldo” al fiscal general.