Comunidad de Madrid
Ayuso cambia las reglas del abono de transporte: se expedirá solo a las personas empadronadas en la Comunidad

A través de un anuncio publicado en el BOCM el pasado viernes, el gobierno de Díaz Ayuso modifica los requisitos de residencia para la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTPpersonal), que han comenzado a aplicarse desde el pasado 15 de junio de 2026. La tarjeta con la que se pueden cargar los abonos mensual y de 10 viajes, solo podrá obtenerse con el empadronamiento de un municipio de Madrid o de localidades limítrofes de Castilla La Mancha o Castilla y León.

Hasta hace unos días sacar una tarjeta era simple, con solo presentar un DNI, NIE o Pasaporte, una dirección y abonar cuatro euros era suficiente. Hoy, será necesario el empadronamiento para todas las tarjetas nuevas, duplicados por rotura o extravío y nuevas renovaciones, que son cada diez años El cambio ha venido después de las colas que se formaron en meses pasados por el desborde en el servicio de expedición de certificados para personas en situación irregular.

El pasado 15 de abril echaba a andar, con retraso, la regularización extraordinaria para personas migrantes en todo el Estado español. Con este motivo empezaron a verse largas colas en diversas entidades públicas y sociales, ya que las personas necesitaban hacerse de un acta, un certificado, un pasaporte, y cualquier otro documento con el cual comprobar que residen en una ciudad y tienen un domicilio. Desde los primero días, llamó la atención las largas filas que se formaron en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes Público Regular de Madrid (CRTM). Como no era requisito indispensable el empadronamiento para esta regularización, bastaba tener un documento, en este caso el certificado del bono de transporte, con el cual verificar su tiempo de residencia.

El bono de transporte personalizado fue para mucha gente la posibilidad de contar con una credencial identificativa porque lleva una foto y un chip que guarda los datos del tiempo que lleva utilizándose, por tanto un certificado expedido por el Consorcio de Transportes ha sido para muchas personas la única manera –válida en el proceso– de comprobar el tiempo que lleva residiendo en territorio español. Fue noticia el que el único sitio para tramitar el certificado era la sede principal de Río Rosas, pero sobre todo que durante semanas estuvieron agotadas las citas previas.

Ayuso rectificó a medias la medida ofreciendo excepcionalidad a estudiantes y universitarios empadronados en sus lugares de origen pero que estudian en cualquier ciudad madrileña

Ante las críticas de usuarios y partido políticos madrileños, la presidenta Díaz Ayuso rectificó a medias la medida ofreciendo excepcionalidad a estudiantes y universitarios empadronados en sus lugares de origen pero que estudian en cualquier ciudad madrileña. Sostuvo también que se mantienen los convenios vigentes con Castilla La Mancha o Castilla y León. Este miércoles trascendió que por orden de la Consejería que preside Pablo Rodríguez Sardinero, el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) habría remitido una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para suscribir acuerdos similares que permitan extender los abonos de transporte regionales a personas no empadronadas en ellas, particularmente, a jóvenes estudiantes y universitarios.

Sin embargo, Ayuso no rectificó la medida en cuanto a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular y que sufren las eternas dificultades administrativas –imposibilidad de conseguir cita o requisitos de un contrato de alquiler que sin papeles es prácticamente imposible de conseguir– para acceder al padrón.

Denuncia ante Fiscalía de delitos de odio

Ante la exclusión flagrante de las personas migradas residentes en Madrid pero sin empadronamiento, la asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación contra el CRTM y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por discriminar a estas personas con los nuevos requisitos para obtener la tarjeta personal del transporte público.

AOC denuncia que la nueva directriz como “xenófoba y aporobófica y supone la discriminación indirecta del colectivo migrante en situación administrativa irregular y de las personas en especial vulnerabilidad”

De acuerdo a su denuncia la ACO considera, nueva directriz como “xenófoba y aporobófica y supone la discriminación indirecta del colectivo migrante en situación administrativa irregular y de las personas en especial vulnerabilidad”, precisamente por las dificultades sistemáticas para acceder al padrón en la región, a pesar de residir en la misma.

En las nuevas medidas implementadas, sostiene la asociación, “subyace un 'ánimo de exclusión' que puede constituir un delito de denegación discriminatoria de servicios públicos previsto y penado en el art. 511 del Código Penal”. Asimismo, la denuncia de ACO apunta a un posible delito de prevaricación recogido en el art. 404 del CP. Reiteran que a pesar de que es una obligación empadronarse, independientemente de su situación administrativa, es también un derecho de estas personas pero en la práctica muchos ayuntamientos siguen vulnerando sobre todo “cuando se trata de personas migrantes en exclusión residencial o sin contrato de arrendamiento”.

Diversas colectivos antirracistas y organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes llevan años denunciando las trabas administrativas y la exigencia innecesaria de documentos por parte de gobiernos locales que impiden acceder al empadronamiento. En muchos, como en el de Madrid ciudad, desde hace algunos meses exigen el título de propiedad o el contrato de alquiler además de la autorización expresa del titular del inmueble, en su mayoría “inaccesibles para personas en situación de extrema vulnerabilidad, habitualmente migrantes, que residen en habitaciones subarrendadas o inmuebles no regularizados”, añade Acción contra el Odio.

La nueva normativa resulta en una “discriminación encubierta, aunque no apele de forma directa a la nacionalidad, según los datos disponibles, afecta a una amplia mayoría a personas migrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión social

Para la ACO la nueva normativa resulta en una “discriminación encubierta, aunque no apele de forma directa a la nacionalidad, según los datos disponibles, afecta a una amplia mayoría a personas migrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión social, los colectivos a los que en la práctica se limita el acceso a este derecho de empadronamiento que se quiere establecer como requisito necesario”. La asociación que actúa contra delitos de odio está recogiendo firmas para que otros colectivos puedan sumarse a esta denuncia.

Otras Comunidades Autónomas también piden empadronamiento

Castilla y León, gobernada en la anterior y actual legislatura local una coalición PP-Vox, mantiene como requisito el empadronamiento para poder acceder al abono bonificado o gratuito. Para las personas que no puedan comprobar su residencia el abono para los buses urbanos funciona como una tarjeta monedero.

En Baleares, solo Mallorca tiene tarjeta única del transporte público que solo expide a quienes acrediten con DNI o certificado de empadronamiento que son residentes en las islas. La Rioja exige también el empadronamiento para bonos a los mayores de 65 años y jóvenes de hasta 25 años que vivan en municipios de hasta 500 habitantes y abono infantil, pero no para el abono mensual del Transporte Metropolitano.

Asturias, Cantabria, Murcia y en Navarra (solo en casos que son competencia del Gobierno regional) no exigen estar empadronado. La tarjeta verde en Andalucía no exige empadronamiento, si para los jóvenes, a quienes exige identificación de un domicilio en la comunidad, ya sea DNI o certificado de empadronamiento. Cataluña, País Vasco y Aragón tampoco piden empadronamiento pero si para carnés bonificados o sociales.

Otras autonomías que no tienen un bono a nivel regional por tanto son los gobiernos municipales quienes imponen los requisitos para sus propios bonos de transporte. Por ejemplo, el Ayuntamiento de València rechazó en marzo de 2024 la propuesta del Síndic de Greuges y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de universalizar los bonos de descuento de autobuses, impidiendo que miles de sus vecinos y vecinas en situación irregular pudieran beneficiarse de esta prestación como el resto de la ciudadanía, por tanto, pagan más por viajar en autobús.

En Alicante, a menores, jóvenes hasta 30 años, y personas mayores de 65, se les exige estar empadronado/a en la ciudad, al menos un año de manera ininterrumpida. En Castelló de la Plana, para las personas de Bono Activa't (Desempleados y rentas bajas) se les requiere también el padrón así como a los tramos de edad como en Alicante. Tampoco es necesario en Galicia, aunque en ciudades como A Coruña o Vigo es necesario estar empadronado para los abonos de transportes locales.

Se puede confirmar que Ayuso no es pionera en esta medida excluyente pero aún así hizo un llamado al resto de Comunidades a que se unan a su iniciativa. Así, remitió una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas para la promover la firma de convenios que permitan exentar a jóvenes estudiantes y universitarios del empadronamiento en el acceso a la tarjeta de transporte público, no así a las personas en situación irregular.

“En Madrid hay muchas 'Malinches'”, fue una frase que se anotó Isabel Díaz Ayuso en alguno de sus discursos de su accidentado (frustrado) viaje a México queriendo hacer un guiño a que las personas extranjeras son bienvenidas en la capital, pues desde el 15 de junio esas “Malinches” sin papeles no podrán conseguir un abono de transporte aunque trabajen, residan y paguen sus impuestos en Madrid.