Colombia
La ultraderecha colombiana desata las primeras persecuciones políticas

La proclamación del ultraderechista Abelardo de la Espriella como ganador de la segunda vuelta electoral colombiana del 21 de junio ha desatado una serie de agresiones y amenazas perpetradas por los seguidores de esa fuerza contra los militantes del campo popular, incluso un mes antes de la toma de posesión del presidente electo. Se ha intensificado así una tendencia que ya había irrumpido durante la campaña electoral, y que presuntamente llegará a su clímax a partir de la asunción presidencial. 

El resultado de las elecciones expone una foto nítida de la sociedad colombiana partida completamente por la mitad: la diferencia que separa a los dos rivales es de apenas 250.000 votos y menos del 1% del total. Todo ello suponiendo que no hubiera existido el fraude que aún denuncia con insistencia el Pacto Histórico (PH).

La situación a la que se ha llegado es muy compleja e inquietante. Aunque los organismos electorales proclamaron ganador a Abelardo de la Espriella tras el recuento oficial y, aunque su rival Iván Cepeda acató esta decisión para evitar una ruptura indeseada del orden democrático, las denuncias de fraude, incluidas las del presidente Gustavo Petro, llevan al Pacto Histórico (PH) a considerar ‘ilegítima’ la asunción del cargo por parte del supuesto presidente electo. Uno de los mayores escollos para hacerlo es la denuncia de que al haber jurado en 2023 la nacionalidad estadounidense, De la Espriella estaría inhabilitado en Colombia por su compromiso de mantener lealtad exclusiva a Estados Unidos si existiese un conflicto de intereses entre ambos países.

Esto ocurre en medio de una ola de violencia política desinhibida de la derecha, que preanuncia mayores persecuciones promovidas por los discursos de odio ultraderechistas. La incitación a la ciudadanía a hacer justicia por sus propias manos ya ha provocado algo más que incidentes aislados, auspiciando la eclosión de nuevos grupos paramilitares. En este marco inestable, y basándose en la denuncia de otras arbitrariedades, Iván Cepeda ha convocado a sus partidarios a adoptar medidas de resistencia civil pacífica.

Los 12,7 millones de votos que cosechó la candidatura de Iván Cepeda hablan de una Colombia sociológicamente diferente y son un enorme capital político que nadie puede desconocer

Entre la primera y la segunda vuelta, el PH ganó tres millones de votos, un crecimiento enorme y a la vez insuficiente para haber podido dar la anhelada remontada. Pero los 12,7 millones de votos que cosechó la candidatura de Iván Cepeda hablan de una Colombia sociológicamente diferente y son un enorme capital político que nadie puede desconocer, porque representan la irrupción de una nueva sensibilidad colectiva que se expandido durante estos cuatro años de Gustavo Petro, con las políticas que adoptó su Gobierno y la pedagogía que de ellas hizo en sus discursos. 

La izquierda petrista consiguió movilizar el voto de millones de personas que ya fuera por las dificultades geográficas para acceder a los centros de votación, ya fuera por puro desconocimiento de lo que estaba en juego, no habían podido participar en la primera vuelta del 31 de mayo. El principal triunfo del PH en estas elecciones fue la consolidación de una enorme base social, de entre 10 y 13 millones de electores, fieles a un proyecto político de cambio progresivo de las estructuras socioeconómicas arcaicas que mantienen a más de la mitad de los colombianos en condiciones de vida paupérrimas.

Impugnación del resultado electoral

Luis Guillermo Pérez Casas, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reconocido defensor de derechos humanos, pidió el 12 de junio la nulidad y revocatoria de la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato, sosteniendo entre otros argumentos que su doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, lo inhabilitaría para asumir la Presidencia de Colombia por un presunto conflicto de lealtades que compromete la soberanía nacional. Según Pérez Casas, al haber prestado juramento de “fidelidad absoluta al gobierno de los Estados Unidos”, De la Espriella “abdicó de cualquier posibilidad de mantener una lealtad a su patria de origen, es decir, a Colombia”. Diez días antes de la segunda vuelta, solicitó al Consejo de Estado “que lo suspenda en su ciudadanía colombiana, hasta que renuncie expresamente a su ciudadanía estadounidense”. 

Después de las elecciones, Pérez anunció que presentaría al Consejo de Estado una acción de nulidad para evitar que Abelardo de la Espriella pudiera asumir la presidencia. En su criterio, su candidatura habría violado varias normas constitucionales. Además del cargo por su ciudadanía estadounidense, lo acusó de otros dos cargos: “Violencia psicológica contra los electores” desde julio de 2025, con “apología del genocidio, instigación a delinquir y amenazas, como cuando empezó a decir que iba a destripar a la izquierda”. “Y el otro cargo es por la injerencia extranjera que vulnera nuestra soberanía nacional. El señor Donald Trump ha mencionado en distintas oportunidades que Abelardo  de la Espriella fue respaldado por él, que él hizo lo necesario para lograr que fuese presidente de Colombia”. “Y el propio Abelardo ha dicho que el va a ser primer presidente republicano de Colombia, en el sentido de pertenecer al partido Republicano de los Estados Unidos”.

Según el exmagistrado Pérez Casas, al haber prestado juramento de “fidelidad absoluta al Gobierno de los Estados Unidos”, De la Espriella “abdicó de cualquier posibilidad de mantener una lealtad a Colombia”

Además de la nulidad del acto electoral y su “suspensión provisional”, Pérez solicitó una medida cautelar de urgencia para “impedir la posesión” de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026, según la demanda que presentó el 7 de julio ante el CNE y la Registraduría. Y convocó además a toda la sociedad colombiana a firmar la petición en su respaldo. En pocos días consiguió recoger más de medio millón de firmas de ciudadanos coadyuvantes, hasta que los formularios de Google dejaron de funcionar para este fin, impidiendo que muchos otros firmantes potenciales adhiriesen también a su reclamo. El sabotaje a la recolección de firmas con esa plataforma se subsanó migrando a formularios generados con la plataforma Tally.

El exmagistrado también denunció las distintas formas que habría adoptado el fraude electoral del 21 de junio, en la segunda vuelta. Precisó que hubo una “compra masiva de votos” sin que la fiscal general de la nación hiciese nada para evitarlo. Recordó también que 400 empresas privadas, todas ellas identificadas ante el Ministerio de Trabajo, “constriñeron ilegalmente a sus trabajadores [advirtiéndoles] que si no votaban por Abelardo de la Espriella perderían sus trabajos, perderían sus contratos”. El fraude se habría materializado también durante la votación, ya que se detectó “una suma enorme de jurados que ya habían marcado los tarjetones a favor de Abelardo de la Espriella”, con el objetivo de anular los votos de quienes eligiesen a Iván Cepeda sin advertir la trampa. “Ese fue un fraude en muchas mesas del país. Este es un fraude gigantesco a la democracia”.  Así mismo, se supo que muchos muertos habían sido habilitados para votar y que, de hecho, votaron. 

Pérez denunció también la manipulación de muchos formularios E-14 (de recuento de votos) que se habrían presentado sin haber cumplido el requisito esencial de estar firmados por dos jurados. Esta denuncia de fraude le ha valido al exmagistrado una demanda penal de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del recuento de votos, ante la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos de “perturbación de certamen democrático” y “hostigamiento”. Recordemos que durante todo el mandato del presidente Gustavo Petro, este solicitó sin éxito a la Registraduría que traspasase el software electoral cifrado al dominio público estatal.

Amenazas y persecuciones contra dirigentes y campesinos

El 4 de julio, al día siguiente de haber anunciado en redes sociales que presentaría la acción de nulidad, Luis Guillermo Pérez notificó la recepción en su casa una amenaza de muerte contra él y su familia, y responsabilizó directamente a De la Espriella de lo que pudiera sucederles.

Los ataques contra la izquierda empezaron antes de las elecciones, con agresiones y amenazas tanto en Colombia como en el exterior. Uno de los episodios más graves es la detención en Estados Unidos del influencer y activista petrista Beto Coral, incomunicado y maltratado por agentes del ICE desde su captura el 16 de junio, siguiendo instrucciones directas del Secretario de Estado, Marco Rubio. Su privación de libertad y traslado por diversos centros penitenciarios de todo el país en condiciones inhumanas se produjo al mismo tiempo que el presidente Donald Trump expresaba su apoyo al candidato de la ultraderecha en las elecciones colombianas.

Durante la campaña electoral, De la Espriella denunció a Gustavo Petro por un supuesto delito de “traición a la patria”, y pidió un “juicio político” contra el presidente en la Comisión de Acusaciones del Congreso, argumentando entre otras cosas que “ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder”. Este anuncio lo hizo en una declaración de prensa que concluyó con esta sentencia: “La reconquista de Colombia empieza ahora”.

Una vez electo, De la Espriella manifestó su intención de extraditar al presidente saliente Gustavo Petro, aunque nadie se lo haya requerido ni existan causas que lo comprometan en Estados Unidos

En esta última frase se cifra la clave de una campaña que apunta desde ahora a deslegitimar las medidas del Gobierno progresista y proyectar una imagen negativa no solo para beneficiar a la derecha en estas elecciones, sino como inicio de campaña para ganar también las siguientes de 2030. Se pretende instalar desde ahora la narrativa de un gobierno corrupto e ineficaz, que tanto éxito ha dado para consolidar el avance de las derechas en otros países sudamericanos, desde Argentina hasta Ecuador. Aunque no se tengan pruebas de ningún delito, judicializar a Gustavo Petro sería una forma de socavar su futuro político como líder del progresismo colombiano. Una vez electo, De la Espriella manifestó su intención de extraditar al presidente saliente Gustavo Petro, aunque nadie se lo haya requerido ni existan causas que lo comprometan en Estados Unidos.

La retórica anti izquierdista del dirigente de Defensores de la Patria envalentona además a sus exaltados partidarios, que participan en episodios violentos y de insultos contra los líderes del PH y sus familiares. Tal fue el caso de Gustavo Bolívar, destacado dirigente del PH, que fue atacado en Estados Unidos por fanáticos abelardistas, cuando asistía con sus hijos, que residen en ese país, a un partido del Mundial de fútbol. En paralelo a esos exabruptos, se vislumbra el inicio de una cacería de brujas contra funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, docentes de la universidad pública, miembros de organismos de derechos humanos, etc.

Los ataques de la ultraderecha arrecian simultáneamente contra los sectores populares. Se han denunciado amenazas y torturas infligidas a campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, o adjudicatarios de los planes de entrega de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las mafias de narcotraficantes y paramilitares que en el pasado ocupaban ilegalmente esas tierras, ahora intimidan a los campesinos para recuperarlas. Los episodios de violencia se produjeron simultáneamente en varios departamentos: Meta, Córdoba, Valle del Cauca o Antioquia, entre otros.

El 30 de junio Iván Cepeda anticipó que no reconocería al presidente electo a menos que este renunciase a la ciudadanía estadounidense

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, declaró: “Tras los resultados de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta ha habido hechos que demuestran que el conflicto por el territorio en Colombia persiste mediante el uso de la fuerza de las armas por parte de estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares que pretenden detener la Reforma Agraria.” Y añadió: “Ya hay un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo.”

Por otra parte, el Gobierno entrante seguramente incumplirá lo establecido en el Acuerdo de Paz con las FARC firmado en 2016, cuyo primer capítulo es la Reforma Rural Integral, que presupone la entrega masiva de tierras a las familias de campesinos desplazados o saqueados, víctimas del llamado “conflicto interno”.

Convocatoria a la desobediencia civil pacífica

El 30 de junio Iván Cepeda publicó un documento titulado Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional, en el que anticipó que no reconocería al presidente electo a menos que este renunciase a la ciudadanía estadounidense, por ser esta incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia. Además, en el mismo documento exige a De la Espriella que aclare sus vínculos con agencias gubernamentales estadounidenses como la DEA o la CIA y se comprometa a respetar la soberanía nacional, que se vería comprometida si Colombia se integrase al llamado Escudo de las Américas. Y le exigió también que desista de cualquier acción encaminada a promover investigaciones contra opositores políticos en jurisdicciones extranjeras.

La estrategia de desobediencia civil pacífica consistiría en el desconocimiento de aquellas órdenes que, en su criterio, vulnerarían la soberanía nacional. Cepeda hizo un llamado a sus seguidores para sumarse a esta iniciativa, argumentando que la resistencia pacífica constituye un deber ciudadano cuando las instituciones entran en conflicto con la conciencia moral.

Con argumentos similares se pronunció Mafe Carrascal, congresista del PH, que definió la desobediencia civil como una forma de resistencia democrática, la cual consiste en “negarse, de manera pública, pacífica y consciente, a obedecer decisiones o autoridades que se consideran contrarias a la Constitución, los derechos fundamentales o los principios democráticos”. Y lo ilustra con ejemplos de figuras universalmente reconocidas de la lucha no violenta por los derechos de sus pueblos, como Gandhi o Luther King.

Con todo, esta práctica podría entenderse como contradictoria con el reconocimiento del resultado electoral por parte del excandidato del PH. Hay quienes discrepan con los fundamentos de la propuesta porque consideran que la Constitución no excluye explícitamente la posibilidad de ser presidente teniendo la nacionalidad estadounidense. Luis Guillermo Pérez, el primero en plantear esta cuestión, asegura que aunque la Constitución no lo establezca, eso es lo que se puede inferir de su espíritu.

Cepeda reiteró su posición en un discurso pronunciado en Cali, el 4 de julio, titulado  “Con el pueblo haremos desobediencia civil pacífica”, insistiendo en los argumentos que llevan a la izquierda a realizar “acciones propias de la desobediencia civil”,  es decir no violentas. “No vamos a aceptar decisiones que vayan contra el pueblo. Y en primer lugar, seré yo quien desobedezca y desconozca esas leyes o medidas arbitrarias. Cueste lo que cueste”. Y añadió: “Somos un pueblo consciente, organizado y movilizado, y lo haremos sentir”.

Abelardo de la Espriella ha defendido el porte legal de armas y ha encuadrado ideológicamente los términos de su propuesta: “Una ciudadanía decente armada es complemento de la seguridad con la fuerza pública”

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella”, afirmó Iván Cepeda. “Reconocimos el resultado en medio de un acto de generosidad democrática, pero no hemos reconocido la legitimidad del señor De la Espriella. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque ha jurado su lealtad por encima de nuestra Constitución a la Constitución de Estados Unidos”, declaró Cepeda en Puerto Resistencia, ante el monumento levantado como símbolo de las luchas populares durante el Paro Nacional de 2021. 

El talante de quien será presidente de Colombia en sustitución de Gustavo Petro puede apreciarse en la forma destemplada con la que respondió al llamado de Cepeda: “Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos Defensores de la Patria, obediencia constitucional”.

Involución en todos los planos

Una de las medidas estelares que adoptará el nuevo Gobierno de ultraderecha será la creación del llamado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, que operaría inicialmente en cinco grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esta nueva fuerza represiva estaría conformada por antiguos miembros del ejército y la policía (que se pensionan tras 20 años de servicio), veteranos y reservistas, lo cual genera recelo entre muchos observadores del conflicto histórico colombiano por la sospecha de que puedan conformarse nuevos grupos paramilitares. De ser así, seguirían el ejemplo de las cooperativas de vigilancia Convivir, protegidas durante los gobiernos de Álvaro Uribe, que engendraron el paramilitarismo de las AUC.

Abelardo de la Espriella ha defendido el porte legal de armas y ha encuadrado ideológicamente los términos de su propuesta: “Una ciudadanía decente armada es complemento de la seguridad con la fuerza pública”, ha dicho más de una vez. Admitió que su intención es “darle armas a la gente que demuestre la idoneidad física y mental para portar un arma”, porque “cuando el bandido sabe que la ciudadanía decente está armada, lo piensa dos veces”.

Su invitación a portar armas incentiva la creación de nuevos grupos paramilitares que ya amenazan a la población. Comunidades indígenas del departamento del Tolima denunciaron la semana pasada persecuciones de grupos armados que buscan desplazarlos de su territorio. En el norte de Antioquia, el 4 de julio irrumpió un nuevo grupo paramilitar autodenominado Comandos Armados del Pueblo con el objetivo declarado de enfrentar a las disidencias de las FARC. Estos comandos, un remedo de las pavorosas AUC, se dieron a conocer a través de un video que recorrió las redes sociales; sus integrantes estaban encapuchados, vestidos con uniformes de faena y empuñando armas largas. Su portavoz tendió la mano al Clan del Golfo: “Al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) le informamos que no fuimos creados para disputar territorio ni rentas ilegales. Sabemos que eso es de ustedes”, le dice a esa organización hermana. “Fuimos llamados para una limpieza social en el territorio. (...) Prepárense, que el día menos pensado los vamos a neutralizar (…) Nuestra ideología es: ‘muerto el perro, acabada la chanda’ [sarna]”.

El concepto de “limpieza social” tiene una fuerte impronta en el imaginario colectivo colombiano y resurge cíclicamente en el vocabulario de la ultraderecha ligada al paramilitarismo.

En ese vídeo también se lanzan amenazas contra presuntos colaboradores del Frente 4 de las disidencias de las FARC, que combate contra el Clan del Golfo en la zona, advirtiéndole a la población que quienes mantengan vínculos con ellos disponen de un plazo de 48 horas para abandonar el territorio. Organismos de inteligencia, de la fuerza pública y autoridades judiciales iniciaron un proceso de verificación del material audiovisual difundido en redes para determinar su autenticidad y establecer si realmente corresponde al surgimiento de una nueva estructura armada.

Cabe recordar que el concepto de “limpieza social” tiene una fuerte impronta en el imaginario colectivo colombiano y resurge cíclicamente en el vocabulario de la ultraderecha ligada al paramilitarismo. Estuvo presente en la noche de los tiempos de los años 1990 y 2000, cuando las AUC “despoblaban” territorios desviviendo a la población campesina con la venia del Ejército. La misma idea resurgió durante el paro nacional de 2021, en particular en ciudades donde la protesta social y juvenil fue más intensa, como Cali, cuando muchos civiles dispararon contra jóvenes e indígenas incluso sin estar adscritos a grupos paramilitares.

Entre tanto, los partidarios de Petro y Cepeda están dimensionando el retroceso de varias décadas que supondrá un equipo de gobierno como el que se está configurando de la mano del nuevo presidente. La futura ministra de Educación, Viviane Morales, muy próxima al conservadurismo religioso evangélico, será quien realice la tarea encomendada al nuevo presidente por los evangélicos que apoyaron su candidatura, que consiste en “evangelizar” el país, empezando por las aulas. Este plan se enmarca en la idea de “reconquista” formulada por Abelardo de la Espriella, una reconquista de los valores cristianos según el modelo de las iglesias pentecostales estadounidenses, que excluye a la religión con mayor peso en el país, la Iglesia católica. Conocida por haber impulsado proyectos como el referendo contra la adopción igualitaria, Morales es enemiga de los derechos de las mujeres y de las minorías reconocidos por la Corte Constitucional y no tiene ninguna experiencia en el sector educativo.

Los partidarios de Petro y Cepeda están dimensionando el retroceso de varias décadas que supondrá un equipo de gobierno como el que se está configurando de la mano del nuevo presidente

A la batalla cultural del ministerio de Educación se suma el perfil del futuro ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, exalcalde de Bucaramanga (destituido por el Consejo de Estado por doble militancia). Beltrán es un pastor evangélico de la iglesia pentecostal Camino a la Libertad, que apoyó a De la Espriella y que promueve la seguridad a través de la “paloterapia”, es decir, que los ciudadanos hagan justicia por mano propia, golpeando a los delincuentes para escarmentarlos. La iglesia evangélica fundada por Jaime Beltrán en 1986 ya se ha extendido a otros países latinoamericanos, tales como Bolivia, Perú y Costa Rica.

Un futuro incierto y conflictivo

Iván Cepeda quiso honrar su talante democrático reconociendo muy pronto la victoria de su contendiente, una vez finalizado el recuento final de los votos, aun cuando se seguía denunciando un fraude desde las filas del PH. A partir de las pruebas que pudo recopilar con la ayuda de los testigos digitales, Petro no aceptó el resultado y adoptó una actitud confrontativa, reflejada en un trino del 6 de julio: “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”. 

Petro aseguró en su cuenta de X que disponía de información precisa sobre el uso de algoritmos que alteraron los resultados electorales: “Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, y responsabilizó a la empresa israelí BlackCube de haber suministrado esos algoritmos. Los hermanos Fernando y Camilo Bautista son los propietarios de Thomas Greg & Sons, y fueron condenados décadas atrás en Estados Unidos por su participación en un gigantesco fraude financiero.

Basándose en la colaboración de 70.000 testigos digitales del Pacto Histórico que fiscalizaron el escrutinio a distancia, Gustavo Petro acusó a esa empresa israelí de haber manipulado los algoritmos para neutralizar los votos favorables a Iván Cepeda y favorecer la inclusión de votos espurios para De la Espriella, en particular en el exterior, en Estados Unidos y en España. Además, desde Colombia se habrían enviado 9.000 jurados de votación a esos dos países, cuando debían ejercer esa función colombianos residentes en el exterior. 

BlackCube es una empresa fundada e integrada exclusivamente por exagentes del Mossad y veteranos de las fuerzas armadas israelíes. Entre otros servicios de seguridad, esta empresa habría desarrollado una campaña de contrainformación contra el expresidente Barak Obama, supuestamente instigada por Donald Trump durante su primera presidencia. El diario israelí Haaretz recogió declaraciones de responsables de BlackCube en las que revelan haber espiado a ayudantes del expresidente Barack Obama para reunir información controvertida y “sucia” sobre ellos para desacreditar el acuerdo nuclear con Irán de 2015.  

Basándose en la colaboración de 70.000 testigos digitales del PH que fiscalizaron el escrutinio a distancia, Gustavo Petro acusó a esa empresa israelí de haber manipulado los algoritmos en las elecciones

Aunque siguen patrones de actuación semejantes, BlackCube no debe confundirse con BlackCore, la empresa israelí de “cibermercenarios” denunciada por la unidad digital de los servicios de seguridad franceses (Viginum) por interferir en las elecciones municipales contra La France Insoumise, el partido izquierdista que denuncia el genocidio en Palestina y, en un plano internacional más amplio, contra otras figuras políticas por la misma causa, como en la campaña del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y contra el candidato del Partido Nacional Escocés. Esta firma también aparece vinculada al Mossad israelí, y también fue denunciada por influir en las elecciones de dos países africanos, Angola y Togo. 

La respuesta de Abelardo de la Espriella al llamado a la desobediencia civil pacífica fue una incitación al estamento militar a la desobediencia al presidente: “Le pido, como presidente electo de Colombia, a las Fuerzas Armadas de la República que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”. Hizo también un llamado a “la comunidad internacional”, pidiendo a sus aliados políticos “que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda.”

El antagonismo está servido. Estas declaraciones pueden interpretarse como una forma de instigar a la rebelión militar, o a la sedición, tal como lo sugirieron algunos comunicadores en redes sociales. Además, para completar esta imagen de aliado incondicional del Ejército, Abelardo de la Espriella ha formulado su intención de posicionarse como presidente en un batallón militar (“para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria: policías y soldados”), en lugar de hacerlo ante el Congreso como lo establece la Constitución. Tanto el gobierno de Gustavo Petro como el ex presidente (liberal) Ernesto Samper han advertido que eso sería ilegal.

Antes de celebrarse la segunda vuelta electoral, algunos medios de comunicación afirmaron que un resultado desfavorable a Iván Cepeda podía incendiar el país, y por supuesto no fue así. La violencia política es instigada y materializada por los bravucones de la ultraderecha. Pero hay algo que sí puede incendiar el país: el montaje judicial que promueven los abelardistas contra Gustavo Petro, con su pretensión de acusarlo de complicidad con el narcotráfico y trato de favor hacia las bandas criminales como el Clan del Golfo. Portavoces del presidente entrante han revelado sus planes de acusar a Petro ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por “connivencia” con grupos delictivos, es decir, por complicidad con las estructuras narcoparamilitares con las que intentó acordar la Paz Total. Precisamente quien fuera abogado de narcotraficantes, mafiosos y paramilitares, pretende endilgar su promiscuidad en el ejercicio profesional a quien siempre los ha combatido. Hay una narrativa alimentada por la ultraderecha que ha contagiado incluso a funcionarios del gobierno del PH, como el último ministro de Justicia, Jorge Cuervo, destituido de manera fulminante por el presidente. Dicha narrativa intentaría culpar a Gustavo Petro de haber sido demasiado benigno con los grupos armados con los que negoció la paz, favoreciendo su arraigo y fortalecimiento. Y sería el punto de partida para que fuera reclamado por la justicia estadounidense.

Tras la proclamación de Abelardo de la Espriella como vencedor de los comicios, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le hizo un “regalo” inesperado, brindándole 60 millones de dólares para realizar el “empalme” con el gobierno de Gustavo Petro. Nunca antes en la historia de Colombia tuvo un costo económico la transición o empalme entre dos presidentes, y menos un costo de esa magnitud. Las críticas de la izquierda apuntan a la comisión de un delito por la aceptación de esos fondos procedentes del exterior, y sugieren que se destinarían a perseguir a dirigentes y militantes populares.

El pasado 8 de julio Iván Cepeda pronunció un nuevo discurso titulado “Se está configurando un gobierno paramilitar”. Aseguró que “no se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino del análisis sereno y sopesado” de “tres políticas concretas” expuestas por De la Espriella: 1) La conformación de “bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad”, estructuras que estarían compuestas por veteranos y reservistas de las fuerzas armadas y que privarían al Estado colombiano del monopolio legítimo del uso de la fuerza.  2) “Criminalización de la protesta social”. 3) “Megacárceles privadas. De la Espriella busca privatizar y paramilitarizar el sistema carcelario y penitenciario”, “con participación del sector privado nacional y de actores internacionales mediante concesiones otorgadas por el Estado colombiano” y constituiría “un nuevo cuerpo nacional de prisión (…) integrado por veteranos y reservistas”. 

Estas políticas conforman, en opinión de Cepeda, un intento de volver al pasado más oscuro de la historia de Colombia, al reeditar un modelo de país contrario a la Constitución. Recordó además la denuncia penal que presentó contra De la Espriella por sus presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. Al cierre de su discurso, Iván Cepeda reiteró su llamado a la “desobediencia civil de carácter pacífico” frente a las políticas autoritarias de la ultraderecha.