Opinión
¿La hora de la mano dura? Seguridad, poder y democracia en América Latina

En gran parte de América Latina, la inseguridad se ha convertido en una de las principales cuestiones políticas de la década. Pocas elecciones recientes ilustran mejor esta transformación que la de Colombia. El triunfo de Abelardo de la Espriella, un candidato ajeno a la política tradicional que construyó su campaña alrededor de una agenda de seguridad de línea dura, reflejó el creciente peso electoral de la inseguridad y el desgaste de enfoques más conciliadores frente a los grupos armados.

La reciente crisis en Bolivia también ilustra la complejidad de esta nueva era. Mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta meses de bloqueos y protestas vinculadas a sectores afines al expresidente Evo Morales, las autoridades han acusado a sectores militantes vinculados a productores de coca de la región del Chapare de intentar desestabilizar al país y han utilizado el término “narco-terrorismo” para describir a algunos sectores de la oposición. El Gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad para restablecer el orden y se ha acercado a Washington en materia de cooperación antidrogas, revirtiendo la relación más confrontativa con Estados Unidos que caracterizó la presidencia de Morales. Morales y sus seguidores rechazan las acusaciones y sostienen que las etiquetas criminales están siendo utilizadas para deslegitimar a la oposición política y justificar la represión.

América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 8% de la población mundial, pero representan cerca de un tercio de los homicidios globales

La controversia refleja un dilema regional: frente a la expansión del crimen organizado, los gobiernos recurren cada vez más a medidas extraordinarias, mientras sus críticos advierten que los discursos de seguridad pueden extenderse a opositores, movimientos sociales y comunidades marginadas, poniendo a prueba el equilibrio entre orden público e instituciones democráticas.

La magnitud de la crisis explica la importancia política que ha adquirido la seguridad. América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 8% de la población mundial, pero representan cerca de un tercio de los homicidios globales. Las redes criminales han evolucionado más allá del narcotráfico para involucrarse en extorsión, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes y captura de espacios políticos, convirtiendo la inseguridad en un desafío de gobernabilidad regional. Según investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el crimen y la violencia le cuestan a América Latina aproximadamente el 3,4% de su PIB anual, equivalente a unos 192 mil millones de dólares. Estos costos incluyen homicidios, policía, tribunales, prisiones y seguridad privada. Tan solo las empresas destinan alrededor del 1,6% del PIB regional a protegerse de actividades criminales, mientras que la carga total equivale aproximadamente al 78% del gasto regional en educación y al doble del gasto gubernamental en asistencia social.

La violencia se ha convertido en una crisis de desarrollo: desalienta la inversión, impulsa la migración y debilita las instituciones. El Fondo Monetario Internacional estima que reducir los homicidios al promedio mundial aumentaría el crecimiento económico anual de la región en 0.5 puntos porcentuales.

Una región en busca de seguridad

Es en este contexto donde debe entenderse el ascenso de los movimientos centrados en la seguridad. Más allá de los conflictos culturales o del desgaste de la izquierda, la inseguridad cotidiana ofrece quizá la explicación más sólida del creciente apoyo ciudadano a políticas más duras.

El ejemplo más influyente es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cuando Bukele llegó al poder en 2019, El Salvador se encontraba entre los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio que alcanzaban aproximadamente los 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Después de que su Gobierno lanzara en 2022 una amplia ofensiva contra las pandillas, que incluyó detenciones masivas, una mayor participación de las fuerzas armadas y un prolongado régimen de excepción, las tasas reportadas de homicidio se desplomaron. Más de 70 mil personas fueron detenidas durante el operativo y la extorsión disminuyó significativamente en muchas comunidades que anteriormente estaban bajo el control de las pandillas. Los niveles de aprobación de Bukele, que con frecuencia han superado el 80%, reflejan hasta qué punto muchos salvadoreños consideran la transformación de la seguridad un logro histórico.

El atractivo del llamado “modelo Bukele” se ha extendido por toda América Latina. Desde Argentina hasta Ecuador, numerosos políticos han prometido penas más severas, una mayor presencia de las fuerzas de seguridad

El atractivo del llamado “modelo Bukele” se ha extendido por toda América Latina. Desde Argentina hasta Ecuador, numerosos políticos han prometido penas más severas, una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y una confrontación más agresiva contra el crimen organizado, reflejando la frustración ciudadana ante la inseguridad persistente. Sin embargo, el éxito de estas políticas ha reavivado un profundo debate democrático. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y un debilitamiento de los contrapesos institucionales. Mientras sus defensores consideran estas medidas necesarias para enfrentar una violencia extraordinaria, sus detractores advierten sobre los riesgos de concentrar poder en el Ejecutivo. 

La experiencia salvadoreña también plantea dudas sobre si el “modelo Bukele” puede aplicarse en otros países. El panorama criminal de El Salvador estaba dominado por un número relativamente reducido de pandillas poderosas que operaban dentro de un territorio compacto, mientras que países más grandes como Brasil, México y Colombia enfrentan ecosistemas criminales mucho más complejos, con grupos fragmentados, redes internacionales de tráfico, corrupción y disputas territoriales. El caso salvadoreño demuestra que los gobiernos pueden modificar radicalmente las condiciones de seguridad, pero no necesariamente ofrece una fórmula universal.

Lo fundamental es que el giro hacia políticas de seguridad más duras ya no está limitado a la derecha política. La política de “mano dura” ha cruzado fronteras ideológicas porque la inseguridad se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de ciudadanos. En Brasil, gobiernos de distintos signos políticos han enfrentado presiones para ampliar la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales, mientras que en México, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder prometiendo alejarse de las estrategias militarizadas anteriores, pero terminó dependiendo ampliamente de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública. Incluso los gobiernos progresistas centrados en la desigualdad y la inversión social enfrentan demandas para ofrecer resultados inmediatos contra el crimen organizado. La crisis ha creado así un nuevo eje político: el debate gira cada vez más en torno a cuánto poder debe ejercer el Estado en la búsqueda del orden.

De la Guerra contra las Drogas a una nueva Doctrina Monroe

El debate regional sobre seguridad ha entrado ahora en una fase geopolítica. Bajo la presidencia de Donald Trump, especialmente durante su segundo mandato, Washington ha adoptado un enfoque más militarizado hacia el crimen organizado en América Latina, argumentando que los principales cárteles deben ser tratados como amenazas de seguridad comparables a organizaciones terroristas.

Para sus defensores, esto representa una adaptación necesaria a una nueva era de crimen transnacional; para sus críticos, recuerda antiguas doctrinas hemisféricas de seguridad en las que Washington asumía un papel privilegiado para definir las amenazas regionales. La Doctrina Monroe de 1823, resumida en la idea de que América Latina constituía una esfera de influencia estadounidense, sirvió durante décadas para justificar intervenciones políticas y militares en la región. En este sentido, la llamada “Doctrina Donroe” de Trump —una reinterpretación de la Doctrina Monroe centrada en operaciones contra cárteles— sustituye el lenguaje anticomunista de la Guerra Fría por el vocabulario contemporáneo del “narco-terrorismo”. Para algunos observadores, ello evoca incluso los años de la Operación Cóndor, la coordinación represiva de varias dictaduras sudamericanas apoyadas por Washington que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos. La pregunta es si las amenazas criminales se están convirtiendo en una nueva justificación para ampliar la influencia estadounidense en América Latina.

El giro hacia políticas de seguridad más duras ya no está limitado a la derecha política. La política de “mano dura” ha cruzado fronteras ideológicas porque la inseguridad se ha convertido en una realidad cotidiana

La creación de la Coalición Anticárteles de las Américas, presentada como el “Escudo de las Américas”, representa la expresión más clara de este enfoque, al reunir a varios gobiernos conservadores del hemisferio en torno al intercambio de inteligencia, la cooperación militar y operaciones coordinadas contra redes criminales. La administración Trump sostiene que los cárteles poseen los recursos, armamento e influencia territorial de organizaciones armadas y requieren, por tanto, una respuesta militar. Los informes sobre una autorización al Pentágono para actuar contra objetivos de cárteles en el extranjero han intensificado el debate sobre el futuro de la política estadounidense en la región. Sus partidarios argumentan que las herramientas tradicionales han fracasado frente a organizaciones transnacionales que desafían la autoridad estatal, explotan la debilidad institucional y controlan territorios que muchos gobiernos son incapaces de recuperar sin apoyo militar.

Los opositores a esta estrategia, en cambio, argumentan que la escalada militar corre el riesgo de repetir los fracasos del pasado mientras amplía el papel de Washington en los asuntos regionales. También señalan la aplicación desigual de la agenda antidrogas estadounidense: en diciembre de 2025, Trump otorgó un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en un tribunal estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que semanas después fuerzas estadounidenses realizaron una operación en Caracas que terminó con la captura y traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa bajo acusaciones de narcoterrorismo. Para muchos observadores, el contraste demuestra cómo el lenguaje de la guerra contra las drogas se ha entrelazado con cuestiones más amplias de soberanía, alineamientos políticos y poder hemisférico.

Más de cincuenta años después del inicio de la Guerra contra las Drogas, las redes criminales siguen adaptándose y regenerándose. Sin instituciones más sólidas, medidas anticorrupción, alternativas económicas y cooperación regional, la militarización corre el riesgo de combatir los síntomas sin resolver las causas.

Las implicaciones geopolíticas son igualmente significativas. Brasil, México y Colombia —las tres economías más grandes de América Latina— han permanecido fuera de la coalición

Las implicaciones geopolíticas son igualmente significativas. Brasil, México y Colombia —las tres economías más grandes de América Latina— han permanecido fuera de la coalición, reflejando preocupaciones sobre la soberanía y sobre el papel de Washington en la definición de la política de seguridad hemisférica. Sus gobiernos han favorecido generalmente la cooperación regional, el intercambio de inteligencia, las investigaciones financieras y el fortalecimiento institucional antes que una ampliación del papel militar de potencias externas.

México, en particular, ilustra la tensión entre soberanía nacional y captura criminal. Estados Unidos ha argumentado cada vez más que cárteles como el Cártel de Sinaloa representan una amenaza transnacional de seguridad que requiere una cooperación más profunda, mientras que las autoridades mexicanas han rechazado medidas percibidas como una vulneración de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, las acusaciones de vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales han abierto una preocupación distinta: que el mayor desafío a la autoridad del Estado pueda provenir de la influencia del crimen organizado dentro de las propias instituciones.

El panorama político de América Latina está siendo transformado por una realidad que trasciende las divisiones ideológicas tradicionales: la expansión del crimen violento y de las redes criminales organizadas. La inseguridad se ha convertido en una fuerza política central al situarse en la intersección entre crimen, gobernabilidad y soberanía. Desde las acusaciones de “narco-terrorismo” contra Evo Morales y sus seguidores por parte del Gobierno de Rodrigo Paz, hasta la transformación del modelo salvadoreño bajo Bukele y la confrontación entre Maduro y Washington, la región enfrenta un escenario en el que las respuestas a la inseguridad están redefiniendo sus instituciones. 

El desafío será construir Estados capaces de derrotar al crimen organizado sin sacrificar la democracia, la rendición de cuentas ni la soberanía nacional.