Colombia
Doble sacudida en Colombia: bombas y temblores

10 de agosto de 2026, primer día laborable del nuevo gobierno de extrema derecha en Colombia: un terremoto sacude todo el país, con un saldo oficial de 250 muertos, sin haber medido aún la totalidad de los daños ocasionados en el epicentro del fuerte seísmo: el Chocó, un territorio históricamente excluido en la región del Pacífico de población negra.

Tres días antes, el 7 de agosto, se celebraba la posesión como presidente del abogado Abelardo de la Espriella, quien ejerció en 2008 la defensa de varios jefes paramilitares tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2018, en Miami, defendió a narcotraficantes como Alex Saab. La madrugada del 8 de agosto, retumbaron explosivos sobre infraestructuras del Estado como peajes o estaciones de policía en departamentos como el Cauca o el Cesar, perpetrados según las fuerzas armadas por las disidencias de las FARC y el ELN. Una secuencia de hechos que no para y que marca el inicio de lo que muchos auguran como cuatro años oscuros para los pueblos colombianos.

La Petrotusa y el fraude electoral

El concepto de “Petrotusa” ha recorrido las redes sociales y los corazones de la mitad de los colombianos en los últimos días. Se refiere a la melancolía y sensación de desesperanza por el fin del mandato del presidente Gustavo Petro, cuatro años marcados por políticas sociales como la matrícula gratuita en las universidades, la reforma laboral y la reforma pensional, el financiamiento de organizaciones sociales históricamente perseguidas y excluidas, la restitución de tierras al campesinado, el reconocimiento de las madres comunitarias, un frenazo de la deforestación, la reducción de la pobreza con una subida del salario mínimo, etcétera. Todas ellas medidas que se augura se reviertan en cuestión de meses o semanas.

La Petrotusa -donde tusa es similar a duelo- aumenta con el hecho de que la diferencia entre De la Espriella y la fórmula del candidato Iván Cepeda, histórico defensor de los derechos humanos, y Aida Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa, fue de tan solo 250.000 votos. Nunca la izquierda en el país de García Márquez había obtenido tantos votos: casi 13 millones. Un duelo marcado también por la sensación de injusticia, crónica en Colombia, luego de que Petro anunciara acciones legales por fraude electoral mediante algoritmos y manipulación de software orquestados desde California e Israel, dos territorios con un papel importante.

Abelardo de la Espriella era poco conocido en Colombia antes de que el presidente Donald Trump y sus inversores le dieran su apoyo en las elecciones del 31 de mayo. “No lo conocía nadie, lo apoyé y ganó”, reconoció el magnate estadounidense. Y, en efecto, uno de los primeros gobiernos en felicitar al nuevo presidente, de nacionalidad colombiana y estadounidense, fue el de Israel. “Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, predicó Benjamín Netanyahu en X. Una de las primeras medidas de política exterior de De la Espriella ha sido cancelar la apertura de la embajada colombiana en Ramallah, Palestina y ha prometido restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, trasladar la embajada a Jerusalén y retirar a Colombia de la denuncia por genocidio en Gaza ante la Corte Penal Internacional

Los Acuerdos de Isaac y el Escudo de las Américas

Los llamados Acuerdos de Isaac son un nuevo marco de cooperación estratégica firmado inicialmente entre Javier Milei y Netanyahu pero extendido a Estados pro-israelíes en América Latina, en una réplica de los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Los supuestos pilares de este acuerdo, firmado ya por líderes políticos, religiosos y empresariales de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Bolivia y Panamá (y el bolsonarismo de Brasil) son la libertad, la innovación tecnológica y la lucha contra el narcotráfico, el antisemitismo y el terrorismo. Pero incluso un medio tradicional conservador como Clarín en Argentina ha calificado este acuerdo como “un escudo retórico”, cuyo verdadero propósito es el 'blindaje diplomático' en foros internacionales ante las acusaciones globales de genocidio en Gaza.

Semanas antes de la posesión, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ya dictaba el guión del operativo de seguridad de  la toma de posesión de De la Espriella

La otra cara de la moneda de este acuerdo es la Coalición Anticárteles de las Américas, también llamada Escudo de las Américas, “una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas a nuestra seguridad”, aseveró el nuevo presidente colombiano en su primer discurso. La hegemonía de este escudo la ejerce evidentemente Estados Unidos: semanas antes de la posesión, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ya dictaba el guión del operativo, un rastreo de seguridad que comenzó en Popayán y terminó convirtiendo a Cali en la ciudad más blindada del continente por ese día.

Y es que, en un inicio, De la Espriella anunció que su posesión como presidente tendría lugar en Popayán, la capital del Cauca, departamento donde tiene más fuerza el movimiento indígena liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), su guardia indígena y prácticas como la minga social o los cortes de la Panamericana para exigir sus derechos y autonomía. El CRIC había pedido a sus comunidades resguardarse ese fatídico día 7 de agosto que se acercaba, para no dar lugar a masacres u otros hechos violentos. Pero la misma tierra protegió el territorio: la actividad del volcán Puracé llenó el espacio aéreo de ceniza y anuló los vuelos a Popayán obligando a mudar la posesión a Cali, epicentro del histórico Paro Nacional de 2021.

Acudieron a la toma de posesión de De la Espriella los líderes del nuevo orden regional de ultraderecha: Milei, Kast Noboa, Peña, entre otros

A la posesión no acudió Donald Trump pero si dos de sus hombres de confianza: el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el director de la DEA, Terry Cole. Llegaron también los líderes del nuevo orden regional de ultraderecha Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros. No faltó tampoco el rey de la antigua metrópoli, Felipe VI. Según fuentes salvadoreñas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador no hizo presencia en Cali para no aparecer en la foto de los países alineados con las directrices de Washington, cuidando así el carácter teóricamente nacional de su modelo de control de pandillas. En Colombia, este alineamiento por ahora se traducirá en un nuevo esquema militar nacional financiado por EEUU: un plan pactado en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que proyecta una asistencia de 1.000 millones de dólares en lo que ya han llamado un “Plan Colombia 2.0”.

Revivir la pesadilla del paramilitarismo

El primer Plan Colombia fue una estrategia militar y antinarcóticos basada en la War on drugs (guerra contra las drogas) financiada por Estados Unidos entre los años 2000 y 2015, para supuestamente combatir el narcotráfico y guerrillas como las FARC. Los años y la sangre derramada demostraron que la guerra no era contra las drogas sino contra los pueblos: este plan se convirtió en el motor de una violencia sistémica cuyas principales consecuencias recayeron sobre las comunidades rurales del país. La militarización del territorio no solo provocó el desplazamiento forzado de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras ancestrales, sino que la presión militar por entregar resultados operativos bajo este esquema propició —en tiempos en que el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, era el ministro de defensa— el auge de las ejecuciones extrajudiciales comúnmente llamadas falsos positivos.

El temor a revivir el pasado impregna el día a día de muchas comunidades: “Estamos esperando el golpe”, aseguran líderes indígenas

Según esclareció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su histórico Auto de 2021, esta práctica cobró la vida de al menos 6.402 civiles legítimamente presentados como bajas en combate. La implementación del Plan Colombia coincidió y se cruzó de forma directa con la mayor expansión de los grupos paramilitares en todo Colombia. Y todo esto es lo que se teme de nuevo en territorios donde abunda el cultivo de la hoja de coca como el Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Nariño o el Chocó. El temor a revivir el pasado impregna el día a día de muchas comunidades: “Estamos esperando el golpe”, aseguran líderes indígenas en un encuentro comunitario en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, “pero resistiremos como siempre hemos hecho”.

En posible peligro territorios indígenas liberados

En el Norte del Cauca, las comunidades indígenas del pueblo nasa se han asentado durante los cuatro años de Petro en tierras ancestrales recuperadas de los terratenientes dueños de ingenios azucareros. En el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, iniciado en 2014, más allá de desarmonías internas, había una sensación de victoria y calma: lo que había sido monocultivo de caña, ahora son campos sembrados con comida y casitas de guadua y bahareque —bambú y barro—. Donde había una hacienda latifundista o una base militar ahora hay un centro cultural indígena. Pero con el regreso de la ultraderecha se ha esclarecido que no está todo ganado.

La realidad es que, de miles de hectáreas recuperadas donde hoy viven y siembran comida las comunidades nasa, sólo se ha logrado la entrega de títulos de propiedad de algunos cientos de hectáreas. El resto, está en el aire. Y considerando que el nuevo mandatario se comprometió a dar atención y protección militar prioritaria a los predios de los ingenios de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), existe un miedo fundado del regreso a los desalojos violentos por parte del ejército o el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios que durante el gobierno de Petro se ha convertido en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o de ese otro tipo de actor armado: “hace dos días vimos varios 4x4 polarizados entrando y saliendo de la base militar: quién más puede ser sino paramilitares?”, asegura un líder nasa del Resguardo Indígena de Corinto, uno de los epicentros de la Liberación de la Madre Tierra.

Preparada la resistencia: “La Muerte No Volverá”

A pocos kilómetros de allí, en Cali, el contraste de esta transición se sintió con fuerza. El rector de la Universidad Santiago de Cali dimitió tras la oleada de rechazo que provocó haber permitido que la posesión se realizara en sus instalaciones. El acto, confinado en un auditorio más bien pequeño y con notables sillas vacías, distó enormemente de la multitudinaria y colorida toma de posesión de Petro hace cuatro años en una Plaza de Bolívar desbordada. Mientras De La Espriella pronunciaba su primer discurso blindado desde un cantón militar y lanzaba amenazas judiciales contra Petro y Cepeda, las calles de la ciudad respondían. En Puerto Resistencia, el icónico epicentro del estallido social de 2021 que abrió el camino del Pacto Histórico al poder, una gran pancarta proclamaba: “La Muerte No Volverá”. A su alrededor, las barriadas populares pintaban muros con consignas directas: “Abelardo, gonorrea, el pueblo no copea” y “El presidente gringo nos regala IsraHell”.

Con el nuevo presidente colombiano reinará el punitivismo penal mediante la anunciada construcción de diez megacárceles al estilo de Nayib Bukele y ha anunciado un proyecto legislativo para liquidar la Jurisdicción Especial para la Paz

La “mano dura” prometida por De la Espriella con el Plan Colombia 2.0 es el núcleo de una declaración de guerra total que cierra definitivamente las vías del diálogo con los grupos armados que desangran las regiones —y que Petro había entablado con al menos nueve grupos armados en su política de “Paz Total”—. Su agenda para los próximos cuatro años pretende desmontar los cimientos de la Colombia progresista: ha prometido el retorno de las aspersiones aéreas con herbicidas similares al glifosato y la instauración de la cadena perpetua, a pesar de que ambas medidas están explícitamente prohibidas por la legislación nacional.

Asimismo, reinará el punitivismo penal mediante la anunciada construcción de diez megacárceles al estilo de Nayib Bukele y ha anunciado un proyecto legislativo para liquidar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); una reforma institucional que analistas y expertos como el senador Ariel Ávila advierten que se traducirá, en la práctica, en un ahogamiento financiero para paralizar las investigaciones abiertas. La JEP tiene entre manos 11 macrocasos abiertos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. El tribunal se encuentra en un momento definitorio: acaba de poner en firme sus dos primeras sentencias condenatorias e implementó el mecanismo de monitoreo para las sanciones restaurativas.

Solidaridad comunitaria ante el algoritmo del despojo

La ofensiva no es solo militar, sino económica y cultural. Una de sus primeras medidas contempladas es la eliminación del impuesto al patrimonio, un guiño directo a las élites financieras que se complementa con la reactivación de proyectos extractivistas ecocidas como el fracking, camuflado bajo el cínico adjetivo de “responsable”. En paralelo, el nuevo ejecutivo se alinea con la extrema derecha mundial para desatar una batalla cultural orientada a recortar los derechos de las mujeres, las disidencias LGTBIQ+, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.

Y como si la Petrotusa y el miedo a revivir la pesadilla no fueran suficientes, el terremoto del pasado 10 de agosto deja una grieta física sobre el país que agrava la situación. Mientras el saldo preliminar asciende a 265 muertos y 496 desaparecidos, las comunidades ya han entendido que la verdadera reconstrucción no vendrá desde los despachos oficiales y ya se han organizado recolectas solidarias de alimentos y todo tipo de material que se necesite para hacer frente al drama colectivo.

Frente al algoritmo, el Escudo de las Américas y los planes de despojo diseñados desde el norte, el mapa social del país se prepara para un invierno hostil. Pero si algo ha demostrado la historia de esta geografía, es que la dignidad de la gente no se decreta en un cantón militar. En las montañas del Cauca, en las selvas del Chocó y en las barriadas que resistieron en Cali, la memoria de los pueblos ya se organiza para defender el territorio y la vida.