Centros de Internamiento de Extranjeros
Urgen a una investigación independiente sobre la muerte de un interno en Archidona

El 29 de diciembre, un interno en el centro penitenciario de Archidona, reconvertido en CIE de manera irregular por parte del Gobierno, aparecía muerto en su celda. Se llamaba Bouderbala Mohammed y tenía 36 años. Aunque según publicó Diario Sur, la causa de la muerte sería un ahorcamiento, familiares e internos discrepan de la versión oficial y para diferentes ONG y la Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona las causas todavía no están claras.

Familiares de Bouderbala han declarado que en la noche anterior el fallecido sufrió heridas por parte de los agentes antidisturbios que los custodian en el transcurso de un altercado, y en redes sociales han empezado a proliferar las imágenes enviadas por internos que muestran una fuerte represión policial, aunque en ningún caso queda claro que el fallecido sea uno de los golpeados.

En la jornada de ayer, 30 de diciembre, en la que se produjeron concentraciones a las puertas del centro y en una céntrica plaza de Málaga, abogados y activistas reiteraron la necesidad de que se paralicen las expulsiones de internos del CIE y la apertura de una investigación independiente. “Muchos de los internos están esperando su deportación, lo que dificultaría el esclarecimiento de los hechos, ya que son ellos los principales testigos”, afirma Daniel Machuca, integrante de la Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona. En estos mismos términos se pronunció el viernes el vocal de la Junta Directiva de Málaga Acoge, José Luis Rodríguez. En las distintas concentraciones que se produjeron a lo largo del sábado se leyó un manifiesto que denuncia la muerte de Bouderbala como “un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación”. El manifiesto también recuerda que con esta suman siete personas fallecidas en dependencias de encierro y traslado forzoso. “Siete vidas cuya custodia y responsabilidad recaía sobre el Estado”, concluye.

Por otro lado, el sábado también se hizo pública la puesta en libertad de dos solicitantes de asilo, una puesta en libertad que tuvo que ser solicitada ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento de los plazos de resolución. “La Administración tiene un plazo de cuatro días para responder a la solicitud de asilo y estas llegaron fuera de plazo. Ante la negativa de la revisión con carácter ordinario de estas solicitudes, tuvimos que recurrir a la Audiencia Nacional, que finalmente nos ha dado la razón”, expone Fran Mata, abogado de turno de oficio del colegio de Antequera.