Ceuta
Solicitantes de asilo y menores malviven en el limbo ceutí mientra España habla de reparto y Europa de mafias

“Estamos viendo cómo introducen a personas a la fuerza en camiones enviados de vuelta a cruzar la frontera, sus necesidades son ignoradas, sus pasados son ignorados, se ignoran los riesgos, los miedos, los peligros de los que huyen. Todo aquello a lo que vamos a enviarles de vuelta”. La imagen la describen activistas de No Name Kitchen en sus redes sociales. NNK es una de las organizaciones que trabajan desde hace años en Ceuta, acompañando a las personas migrantes que llegan a la ciudad autónoma en busca de un futuro, especialmente a menores. 

Como el resto de la sociedad ceutí, nunca habían vivido nada similar a lo que ocurrió el 30 de julio en la ciudad. Aunque lo que describen en su post, es lo que sucede después, ya el 5 de agosto: “Más de 600 personas de origen subsahariano están reunidas alrededor del CETI de Ceuta, esperando respuestas, apoyo, comprensión”, apuntan. Y siguen: “cerca del centro de menores, hay unos doscientos niños y niñas no acompañados. Nadie les da la protección que a la que la ley obliga”. Por último ponen el foco en los bosques y colinas de Benzú donde, afirman, adolescentes norteafricanos intentan esconderse de la policía: “Son enviados de vuelta como mercancía podrida; mercancía que los ricos, blancos y democristianos mercados de Europa no quieren”.

En los bosques y colinas, en algunos barrios, hacinados alrededor de recursos donde no hay sitio para ellas, o en la playa, quienes no forman parte de las 70.000 personas que, según el Ministerio de Interior, ya atravesaron la frontera de vuelta a Ceuta tras el 30 de julio, aguardan una oportunidad para seguir camino rodeadas de penurias. Desde la playa de Trampolín Ramsés Mohamed, integrante de la asociación Elín, que lleva más de 25 años trabajando en Ceuta, conversa con El Salto. Dice que son más de 2.000 personas las que están ahí, personas que no son marroquíes y no pueden volver atrás. “Proceden de muchos países en los que hay situación de guerra, de violencia, como son Sudán, Yemen. Hay gente de Siria, hay gente de Palestina, hay gente de Mali”, explica el activista. 

Los primeros días la prioridad de la organización ha sido evitar que sean devueltos, lo que sería ilegal, pues vulneraría su derecho a solicitar asilo en España, “después de mucho trabajo, muchas llamadas y mucha visibilización y denuncia por redes sociales, conseguimos que no se les devolviera”, celebra el activista. Pero las necesidades son muchas: mientras el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el recurso previsto para esta situación, ya estaba saturado antes de que las entradas comenzaran a repuntar, días antes del 30 de julio. 

“El martes 29 había 100 personas en la calle, el miércoles había 200 y el jueves pasamos de una crisis migratoria a una crisis diplomática humanitaria”. En este último punto, ante el número de 72.000 entradas, Mohamed se indigna: “hay un país concretamente que ha utilizado la vida de sus ciudadanos como un arma política para presionar a España”. Con todo, es al estado español al que pide rendir cuentas: “la respuesta llega mal porque llega dos días tarde y consiste básicamente en devolver a estas personas buscando un retorno voluntario a partir del hambre y la sed”, lamenta. 

“La respuesta del gobierno llega tarde y mal porque consiste básicamente en devolver a estas personas buscando un retorno voluntario a partir del hambre y la sed”

En el Trampolín, donde están, no se ha efectuado ninguna devolución, algo que sí viene sucediendo en otros sitios del territorio, según lo que le han contado al Mohamed algunas de las personas que esperan en la playa, pero el integrante considera la playa un lugar seguro. Después de cuatro días haciendo campaña contra las devoluciones, el siguiente objetivo fue el acceso  a comida y agua. Consiguieron un compromiso, la comida sería distribuida “por parte de la Cruz Roja a través de un dispositivo que montó la policía por medio de delegación del gobierno, porque habían dejado a las personas cuatro días sin comer y  sin beber absolutamente nada”.

Mohamed cuenta que, cuando llegó el primer reparto, también se cortó el agua de las duchas de la playa, el único suministro de agua con el que contaban. Los baños, en consecuencia también se quedaron sin agua, con lo que eso implicó para la higiene del lugar. Los repartos de la Cruz Roja, finalmente, lamenta, se reducen a agua y a algunas curas. “La situación es muy complicada. Hay gente con brazos rotos, con piernas rotas, gente sin zapatos, gente que lleva varios días en la playa y a las que todavía no se le está dando una respuesta”. Y es que no hay mucha comunicación: algo han oído en la asociación Elín de que se armará una estructura finalmente en una parte de la playa para albergar a quienes allí esperan.

“La situación es dramática a nivel humanitario. Estas personas todavía no han podido acceder al procedimiento del asilo y desde la ciudad y el Gobierno nacional la respuesta que se está dando es lenta e insuficiente, se está poniendo en peligro la salud, la vida y el tiempo de estas personas”. Mohamed cuenta que a estos potenciales solicitantes de asilo  que se habían agrupado alrededor del CETI, les han hecho dirigirse también a la playa “para tenerlos a todos localizados aquí. Parece que la intención es tenerlos aquí y después, cuando el centro que se construye en la playa esté habilitado, los pasarán allí para que puedan iniciar el triaje que se implementa con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. 

Aunque la información no fluya de las autoridades hacia afuera, Elín sí que aporta toda la información pertinente a las administraciones. “Hemos intentado informar constantemente al gobierno de quiénes eran estas personas, de qué nacionalidades estábamos hablando, con el fin de que no se actuaran esas devoluciones”. Por ahora ha surtido efecto, pero no se confían:  “Se supone que nos escuchan, pero tampoco nos hacen mucho caso. Hemos pedido mantas, hemos pedido unas condiciones dignas, hemos pedido una serie de cosas que por el momento no nos están dando”. Y quienes lo sufren son los cientos de personas que hay en la playa “estos chicos están aguantando muy valientemente unas condiciones de vida que ahora mismo no son ni humanas”, insiste Mohamed.

El jueves 6 de agosto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compartía un breve comunicado a la prensa, en el que afirmaba mantener contacto y coordinación tanto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, como con la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior, “para dar una respuesta humanitaria adecuada, coordinada y eficaz ante esta situación extraordinaria”. El comunicado afirmaba que la directora general de Atención Humanitaria estaba en Ceuta desde el mismo 30 de julio para valorar las necesidades y coordinarse con el resto de actores, “con el fin de implementar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación y garantizar la atención humanitaria”.

En este sentido, la nota anuncia la transferencia de un crédito de unos 6,5 millones de euros a la Ciudad Autónoma, para reforzar los diversos recursos, y “garantizar la atención sociosanitaria de los migrantes que se encuentran tanto en el CETI como en los aledaños del centro de estancia temporal”. Defiende además que la Cruz Roja se encargará de distribuir “kits de alimentación”, entre quienes permanecen en los alrededores del CETI o en la playa. Por otro lado, anuncian una ampliación de 72 plazas en el CETI. Una ampliación realizada usando material proveniente del Centro de Acogida de las Raíces, en Tenerife

Las niñas y niños otra vez en el punto de mira

Cerca de otra playa, la del Tarajal —testigo de la letalidad de la frontera— hay muchos menores alrededor de las naves, explica Mohamed, quien también se desespera con la situación de los niños y niñas. “Todavía no se ha habilitado ningún recurso. Leímos en la prensa que iban a habilitar dos naves para atender a los menores pero vamos, llevan dos o tres días durmiendo en la calle, desamparados y con una sola comida al día”. A las organizaciones de infancia les preocupa la protección de quienes se encuentran en los alrededores del CETI o en la playa, —el gobierno de Ceuta habla de más de un millar de niños y niñas solos— expuestos a la carencia de alimento, agua o asistencia sanitaria. 

Junto a Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, Asociación EXMENAS, Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores y jóvenes, Servicio Jesuita de Migrantes o Save the Children —entre otras— Elín es una de las organizaciones que a día 5 de agosto firmaban una carta poniendo de manifiesto su inquietud por la situación de niños, niñas y adolescentes en la ciudad autónoma. La misiva estaba dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al ministro del Interior, a la ministra de Defensa, a la ministra de Infancia y Juventud y al delegado del Gobierno en Ceuta, y en ella exhortaban a las autoridades a garantizar la protección de las personas menores y a poner el interés superior del menor en el centro de sus decisiones. 

“Las organizaciones recuerdan que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico interno, así como con la Convención sobre los Derechos del Niño”, apuntaban. En este marco, enfatizaban la responsabilidad, por parte de las administraciones, de garantizar una identificación rápida y correcta, y “cubrir sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento y atención sanitaria”.

“Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España”

En la carta también se insiste en que las evaluaciones sean individualizadas, ofreciendo a las personas información que puedan entender, asistencia jurídica especializada y traducción, posibilitando así conocer distintas circunstancias y necesidades de protección “incluyendo aquellas relacionadas con la solicitud de protección internacional, trata u otras situaciones de especial vulnerabilidad”, desarrollan. Un marco que no se estaría respetando, según han documentado diversas organizaciones, pues se ha expulsado a niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad. 

Las organizaciones firmantes instan a identificar a niños, niñas u adolescentes y localizar a sus familias, repatriando a los menores sólo cuando esto sea en su interés superior. Además, afirman, en ningún caso quienes sean solicitantes de protección internacional pueden ser objeto de repatriación.  “Las niñas y niños en situación de desamparo deberán ser inscritos de forma automática en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados y automáticamente tutelados”, insisten, manteniendo el principio de presunción de minoría de edad. 

Para dar una respuesta adecuada a esta situación, las organizaciones instan a la ciudad autónoma a aportar los recursos necesarios, a las administraciones a mejorar su coordinación y por último, llaman a “activar los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas previstos para realizar los traslados necesarios a fin de asegurar una atención adecuada de la infancia migrante y solicitante de protección internacional y proteger sus derechos”. Las entidades lamentan asimismo la muerte de más de 140 personas, solidarizándose con las familias, y ofreciendo disponibilidad ante las autoridades. 

Y es que el destino de los niños, niñas y adolescente que siguen en Ceuta ha vuelto a ponerse, un año más, en el centro del debate político. Solo que esta vez hay algo diferente: en marzo de 2025, tras el pulso entre gobierno y comunidades autónomas para distribuir a cientos de personas menores que habían llegado en junio de 2024 a Canarias, se aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que establece las condiciones, y los criterios de la distribución de menores por todo el Estado, y estima la capacidad de acogida de cada Comunidad Autónoma, apartando así la derivación de menores de la negociación política. El gobierno ya ha anunciado que pondrá 25 millones a disposición de las comunidades autónomas para que cumplan con su obligación de tutela. 

Así, aunque el gobierno haya encontrado resistencias en la oposición, el hecho de que ya exista el mecanismo ha allanado el camino. El PP ha afirmado que cumplirá con la legislación vigente —aunque ha acusado al presidente de “estar tumbado en una hamaca mientras las comunidades autónomas que los populares gobiernan le resuelven la papeleta”, el partido que al llegar al gobierno de Aragón tuvo como prioridad despojar a los menores de su paga semanal, Vox, ha acabado aceptando que no romperá las coaliciones que comparte con el PP —como amenazó en el verano de 2024— aunque se oponga “frontalmente” a la medida, oposición que mostrará exigiendo a sus socios que pongan “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para boicotear el proceso, desde la apertura de recursos judiciales contra esta política, como el cese de subvenciones a las organizaciones que trabajan con personas migrantes, como ya sucedió en Burgos en 2024. Es con Junts donde se han levantado los principales escollos, el partido se opone al reparto, aduciendo, de nuevo, que Catalunya alberga un número superior de menores del que le correspondería, e insistiendo en reclamar las competencias de migración para sí. Por su parte, el PNV, insiste en que los esfuerzos empiecen por localizar a las familias para evaluar si puede procederse a la reagrupación, y se opone a que haya traslados a la península antes de que se complete dicho proceso. 

La Unión Europea sigue a lo suyo

Mantener a las personas en movimiento —sean solicitantes de asilo que huyen de la guerra, sean menores que viajan solos— lejos del continente, es el leit motiv de la política migratoria Europea, cuyo Pacto de Migración y Asilo, pretende que los procesos de solicitud de asilo se hagan en centros de detención o en terceros países. Así, que las personas que llegaron a Ceuta no arriben al continente, ha sido la línea que ha marcado Europa, una línea con la que el gobierno ha decidido transigir. 

Mientras, en la playa de Trampolín, las personas siguen a la espera, en una nube de incertidumbre y desinformación, explica Mohamed: “les pedimos un poco de paciencia y por el momento nos hacen caso. Pasan el tiempo como pueden. Hay quienes juegan a fútbol, quienes se meten a la playa, quienes hablan, quienes duermen y están un poco a la espera de saber qué pasará con ellos y cuál es su futuro”. Ahora ponen la esperanza en que puedan solicitar asilo, que sus situaciones sean escuchadas. Todo es lento, las respuestas son escasas, pero siguen esperando. El activista se pregunta si alguna vez el gobierno se tomará en serio que Ceuta es una ciudad fronteriza, donde la migración es una cuestión cotidiana. “Una ciudad en la que las respuestas tienen que ser inmediatas porque estamos hablando de personas, es necesaria una atención integral que les garantice unas condiciones dignas para poder estar aquí en Ceuta, en España y en Europa, que es el objetivo de la mayor parte de ellos”. 

 “Necesitamos vías legales para que la gente pueda desplazarse en seguridad y dignidad, es esto lo que evita viajes desesperados de un lado, y pánico del otro”

En la misma línea se pronunciaba en un comunicado el Servicio Jesuita Migrante, que apuntaba que, más allá de las circunstancias de entrada de las personas: “defendemos que la respuesta a esta crisis garantice el tratamiento individual de las situaciones de quienes han entrado, de quienes necesiten solicitar protección internacional o algún otro tipo de protección incluidas las garantías reforzadas para los menores”. Y llegaba a una conclusión respecto a la perspectiva europea de las migraciones: “Apenas a unos días de la entrada en vigor del Pacto Europeo y su Reglamento de gestión de crisis, se pone en evidencia que el tipo de políticas restrictivas y regresivas de garantías y derechos no son las adecuadas para enfrentar los desafíos de la migración”. Frente a la mirada de la Europa actual la organización considera que la crisis fronteriza pone en el centro la necesidad de un cambio de políticas, que reconozca la dignidad de las personas y habiliten “vías legales y seguras, eficaces y accesibles para migrar”.

Esto mismo expresaba Michele LeVoy, directora de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados) de la que SJM también forma parte, ante la aproximación de Europa a la crisis fronteriza. “Se están dando juegos políticos a costa de la vidas de la gente a ambos lados de la frontera —quienes anhelan una vida mejor, y aquellos a quienes se les hace temer una presunta invasión”. LeVoy, sin embargo, apuntaba a la falta de permisos de trabajo u otras vías regulares de migración, junto al desmantelamiento de los sistemas de asilo, como causas de la situación vivida en Ceuta. “Lo diremos una y otra vez, necesitamos vías legales para que la gente pueda desplazarse en seguridad y dignidad, es esto lo que evita viajes desesperados de un lado, y pánico en el otro”.  

No parece que en Bruselas estén a la escucha, el jueves 6 de agosto, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, pedía a las instituciones de la Unión Europea ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara —reunida de forma extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Ceuta— aprobar la directiva de facilitación que la Comisión Europea propuso en 2023.

La lectura de Brunner sobre lo sucedido en Ceuta era bien distinta de la de Levoy, pues el comisario se aferra a la misma explicación que dieron tanto Madrid como Rabat sobre la crisis, atribuyéndola a las “mafias”. Para el comisario lo sucedido en Ceuta: “es una prueba fehaciente de la necesidad de una herramienta sólida y eficaz para combatir el tráfico ilícito de personas”. Para numerosas organizaciones de derechos de las personas migrantes, esta propuesta, que considera delito la facilitación de la entrada, tránsito o estancia irregular si existe un beneficio financiero o material a cambio, puede dar lugar a la criminalización de la solidaridad con las personas migrantes. 

“Lo que ha sucedido en Ceuta debería ser una llamada de atención para expandir vías seguras, y protección, no un pretexto para imponer nuevas sanciones”, contestaba esta vez la jefa de incidencia de PICUM Chiara Catelli, quien recordaba que las mafias proliferan cuando las personas no encuentran otra forma de llegar a Europa. “La Directiva de Facilitación propuesta no hace nada por abordar las causas fundamentales. Por el contrario, se corre el riesgo de criminalizar a las personas y organizaciones que prestan ayuda humanitaria, exponiéndolas a ser procesadas, a multas y a penas de prisión”.