Opinión
La crisis humanitaria en Ceuta urge a pensar en la memoria de las víctimas

Un mes después ya no hablamos de emergencia ni de crisis, pero aún cerca de 5.000 personas (según estimaciones) esperan en Ceuta a ser escuchadas, a una solicitud de asilo, o a un futuro incierto en el país del que salieron. La mayoría de ellas, unas 1.500 según los últimos datos facilitados el 26 de agosto por el Gobierno, son menores. Niños y niñas en situación de desamparo. Expuestos a abusos y violencia. Niños y niñas a los que no se protege. A algunos los hemos visto llorar desconsoladamente. A todos, deambular por unas calles lejos del lugar de protección que todo niño y niña debería tener.

Las miles de personas que cruzaron desesperadamente a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, lo hicieron en busca de un trabajo, de una mejora en sus condiciones de vida, ante la promesa, engañada o no, de una oportunidad para migrar sorteando unas políticas migratorias que violentan la vida y los derechos humanos.

Nadie arriesga su vida, mucho menos la de aquellos a quienes ama, si no ha valorado antes todas las opciones seguras

Cruzar nadando con tu hijo a hombros o porteando a tu bebé no debe ser una decisión fácil. Nadie arriesga su vida, mucho menos la de aquellos a quienes ama, si no ha valorado antes todas las opciones seguras. Solo cuando estas no existen y el futuro es un privilegio, tan solo un tiempo verbal, se pone una en manos de la muerte con la esperanza de que, esta vez, no le toque a ella.

La cuestión nunca fueron las personas que entraron o las que aún permanecen. La cuestión es si podemos seguir soportando la muerte a las puertas de Europa. Si podemos seguir permitiendo las muertes en Ceuta o Melilla, en el Atlántico o en el Bidasoa. Si podemos sostener el dolor de unas familias que lloran a sus hijos, de los que no tienen noticias. De quienes manejan la incertidumbre, la misma que manejan aquellos que emprendieron la migración ante un viaje nada seguro y totalmente incierto. De comunidades completas que lloran a sus jóvenes. El dolor de la búsqueda que no acaba.

Las imágenes de los GEAS de la Guardia Civil entrando al mar a buscar cuerpos son aterradoras. Como lo es la de los cuerpos que se encuentran en la morgue a la espera de ser identificados

No podemos entender el dolor de esa desaparición. De una muerte sin confirmación. De un cuerpo que yace en el fondo de un mar que lo tragó. O quizás en una tumba sin nombre, en el cementerio de un municipio del que ni siquiera han oído hablar, en cualquier ciudad de frontera. Cómo manejar la esperanza de una llamada que no llega. Una noticia. O verlo aparecer, con la pesadumbre del que no consigue su objetivo, por el umbral de la puerta.

Las imágenes de los GEAS de la Guardia Civil entrando al mar a buscar cuerpos son aterradoras. Como lo es la de los cuerpos que se encuentran en la morgue a la espera de ser identificados. Una vez más esa palabra, la morgue, vinculada a la frontera. Aterrador es también pensar en los cuerpos que han llegado a Málaga. Tan cerca como para llegar muerto. Tan lejos como para llegar vivo.

Enterradas sin identificación

Hace apenas unos días se enterraban en Ceuta los primeros cuerpos. El 23 de julio sabíamos que, de los 88 cuerpos que estaban siendo enterrados tras la tragedia, solo de habían podido identificar nueve, sin que se sepa qué procedimiento se ha seguido  para su identificación, como ocurre con tantos otros que, se entierran sin nombre en los cementerios de Ceuta, El Hierro o Algeciras.

Es necesario establecer los procedimientos de identificación necesarios para que esto no siga ocurriendo: pruebas de ADN, identificación, documentación y verificación de la identidad de las personas fallecidas y desaparecidas, colaboración entre Estados para estas labores, facilitando incluso la concesión de visados a familiares para que puedan proceder a la identificación. Las familias tienen derecho a la información sobre lo ocurrido, a saber qué ha pasado con quienes salieron de su casa con el objetivo de llegar a Ceuta y, a día de hoy, no han recibido noticias. Tienen derecho a recibir sus cuerpos, a darles la sepultura que consideren y a llorarlos como necesiten.

Las familias no pueden seguir a la espera de una justicia que no llega, y la reconstrucción de la memoria de las víctimas debe empezar por reconocerlas como tal: realizando las investigaciones necesarias y estableciendo un registro exhaustivo de lo ocurrido.

Se hace cada vez más urgente la creación de un Observatorio para la Recuperación de la Memoria y la Reparación de las Víctimas de las Fronteras

Se hace cada vez más urgente la creación de un Observatorio para la Recuperación de la Memoria y la Reparación de las Víctimas de las Fronteras, que debería articularse en torno a cuatro ejes. En primer lugar, la investigación de las muertes en frontera e  identificación de las personas fallecidas, con un tratamiento digno y acorde con sus creencias. En segundo lugar, la localización efectiva de las familias y comunicación y acompañamiento en los casos en que sea necesario. El acompañamiento psicosocial adaptado a las circunstancias específicas del duelo migratorio y del contexto social y cultural y la gestión de la repatriación, dejada en gran medida en manos de acuerdos bilaterales ad hoc y de la capacidad económica de las familias, serían los dos últimos ejes.

Este Observatorio no sustituiría la vía judicial pero sí ofrece el marco institucional permanente que hoy falta: un espacio que convierta cada muerte en frontera en un hecho investigado, cada cuerpo en una persona con nombre, y cada familia en espera en una familia informada y acompañada. Tenemos la responsabilidad y la posibilidad de empujar hacia el reconocimiento de las víctimas de las fronteras, de todas ellas.

Más de 1.300 personas fallecidas en 2026

En 2026 se registraron más de 1.300 personas fallecidas intentando llegar a España a través de las distintas rutas. A pesar del importante descenso en el número de llegadas, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera, igualada casi ya por la ruta argelina, hacia donde se están desplazando los movimientos migratorios. Esas cifras sólo recogen lo ocurrido en los primeros cinco meses del año: no incluyen las 145 personas que fallecieron el pasado mes en Ceuta, ni las que habían muerto las semanas anteriores intentando llegar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La historia de las migraciones es cíclica, se repite. Pero el abordaje sigue siendo de excepcionalidad, de emergencia, como si no estuviéramos ante una realidad definida por la estructuralidad. Cuarenta años de migraciones a España, con un número incalculable que supera las 20.000 personas en todas las estimaciones, de vidas perdidas por el camino y de proyectos personales, familiares y comunitarios que se ahogaron en el mar o se quedaron en una concertina, sin que se haya pensado en una política de memoria y reconocimiento para quienes fallecieron en esas rutas, ni en una política que tenga en cuenta el sufrimiento y el dolor de las familias que esperan y esperaron una llamada.

En el baile de representantes que llegan a diario a la Ciudad Autónoma se suceden las distintas declaraciones, más o menos duras y claras con Marruecos. Sin embargo, el reconocimiento de la catástrofe humanitaria no llega.

Que la muerte de una persona migrante en la frontera no genere la misma respuesta institucional, judicial y social que otras muertes violentas no es casualidad ni un simple déficit de recursos

Sería impensable que una situación de características y magnitud similares no se estuviera abordando como una cuestión de Estado, de no ser porque quienes la sufren son personas migrantes y racializadas. Que la muerte de una persona migrante en la frontera no genere la misma respuesta institucional, judicial y social que otras muertes violentas no es casualidad ni un simple déficit de recursos.

El filósofo camerunés Achille Mbembe describió con el concepto de necropolítica el modo en que el poder contemporáneo no solo administra la vida, sino que decide qué vidas pueden ser expuestas a la muerte sin que ello constituya un problema político de primer orden. Las fronteras europeas funcionan como uno de esos espacios donde se ejerce ese poder de “dejar morir”: no hace falta una orden explícita de matar, basta con construir un dispositivo (vallas, concertinas, externalización del control fronterizo, ausencia de vías seguras) que produce muertes previsibles y, sin embargo, sistemáticamente no investigadas.

A esa idea se suma la de Judith Butler sobre las vidas llorables: no todas las muertes son socialmente reconocidas como una pérdida digna de duelo público, y esa jerarquía entre quién merece ser llorado y quién no es también una jerarquía política. Cuando el Estado no abre causa, no identifica los cuerpos, no informa a las familias ni facilita su duelo, no está simplemente fallando en un trámite administrativo: está decidiendo, de facto, que esas vidas no entran en el marco de lo llorable ni de lo justiciable.

El sociólogo Didier Fassin, en su trabajo sobre la razón humanitaria, señala además cómo los Estados suelen desplazar la respuesta a la muerte de personas migrantes del terreno de la justicia al terreno de la asistencia humanitaria: se ofrece ayuda, atención médica o incluso duelo simbólico, pero se evita sistemáticamente la pregunta por la responsabilidad institucional y la reparación. Es exactamente esa sustitución la que hace que casi cuarenta años después de que se documentara la primera persona fallecida intentando llegar, en este caso a Cádiz, sigamos hablando de “tragedias” y “crisis humanitarias” en lugar de investigar actuaciones o situaciones concretas.

España cuenta ya con un marco legal que reconoce que un país democrático no puede construirse ignorando a sus muertos: la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática parte de la premisa de que la recuperación de la memoria de las víctimas —su identificación, la investigación de las circunstancias de su muerte, la reparación a sus familias— es una condición para la calidad democrática del Estado, no un gesto simbólico añadido.

Ese mismo principio, aplicado hasta ahora casi exclusivamente a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, no tiene por qué detenerse ahí. Las víctimas de las fronteras son también víctimas de decisiones y omisiones del Estado, y su exclusión de cualquier política de memoria reproduce, de nuevo, esa jerarquía entre vidas llorables y vidas desechables de la que hablaba Butler.