Centrales nucleares
Cuando una nuclear cierra

No es noticia extraordinaria que cierre una central nuclear. En todo el mundo ya hay 213 reactores cerrados, una cifra que es casualmente la mitad de los que están en funcionamiento, 416 en abril de 2024. Mientras tanto se están construyendo solo 60 reactores, la mayoría en China y Rusia.

Es más difícil encontrar centrales completamente desmanteladas, porque hay solo 22 que hayan llegado a ese estado, en EEUU y Alemania. En proceso de desmantelamiento o en espera de iniciarlo están el 84% de todos los reactores cerrados (1).

En España el primer desmantelamiento fue consecuencia del grave accidente de la central de Vandellós I (480 MW, Tarragona) en 1989. Los trabajos se iniciaron casi diez años después, y proseguirán a partir de 2030 cuando el nivel de radiactividad haya disminuido lo suficiente. El segundo fue el de Zorita, nombre popular de CN José Cabrera (160 MW, Guadalajara), que cesó su actividad en 2006. Su desmantelamiento comenzó en 2010 y está próximo a finalizar. El tercero será el de la central de Garoña (466 MW, Burgos), cuyo cese definitivo de explotación se declaró en 2013. El desmantelamiento estaba planificado de 2023 a 2033, con una primera fase de 3 años, aunque se está retrasando.

Es más difícil encontrar centrales completamente desmanteladas, porque hay solo 22 que hayan llegado a ese estado, en EE UU y Alemania

La tarea está a cargo de Enresa, una empresa pública creada para la gestión de los residuos radiactivos. Es la responsable del trabajo y por tanto de su diseño, organización y control, pero ha de participar también personal de la empresa titular de la central y de contratas. Por tanto, no desaparece el empleo asociado a la central.

En operación normal la plantilla CNAT de cada uno de los reactores es de unas 375 personas, y cada año y medio se necesitan para la recarga otras 1.200 por un periodo normalmente inferior a dos meses. No se dispone de datos sobre las necesidades concretas del desmantelamiento de Almaraz I, pero sí del de Garoña, una central con el 40% de la potencia, que prevé emplear entre 300-350 personas por año, de las que 70 son de Nuclenor la empresa propietaria y unas 250 de contratas. Por otra parte, una buena parte de la plantilla que entró cuando comenzó a operar la central en 1981 está próxima a la jubilación y seguramente no tiene por qué verse perjudicada.

Por otra parte, una buena parte de la plantilla que entró cuando comenzó a operar la central en 1981 está próxima a la jubilación y seguramente no tiene por qué verse perjudicada

Sobre los ingresos que se recibían de Enresa por el funcionamiento de la instalación nuclear, no desaparecen, se recibirán en concepto de actividad de desmantelamiento y de almacenamiento de residuos. El 7º Plan de Residuos los sitúa en un total de 1.098 Millones € en asignaciones a los ayuntamientos y otros 1.321 por impuesto ecológicos.

La actividad económica de la comarca puede ser apoyada si se suscribe un Convenio de Transición Justa, como han hecho Zorita y Garoña. Una herramienta para lograr el compromiso y la coordinación entre administraciones y obtener acompañamiento a sectores productivos y colectivos en riesgo y promover actividad económica.

El desmantelamiento

El desmantelamiento de Almaraz I sin duda va a ser un desafío, por la envergadura de la instalación, 1.050 Mw y el tiempo de funcionamiento, que llegará a 46,5 años cuando llegue el 1de noviembre de 2027, la fecha planificada de cierre. Solo hay tres centrales de una potencia comparable completamente desmanteladas, todas en EEUU.

El proceso se inicia antes del cierre de la central, entre tres y, preferentemente cinco, años antes. Enresa hace la caracterización radiológica de la instalación y se definen las diferentes zonas radiológicas de la central según el tipo de contaminación que tienen (tanto por su función como por posibles vertidos, escapes, etc). Es un trabajo fundamental para hacer el plan de desmantelamiento. Con esa información se determinan las actuaciones de descontaminación, las protecciones que serán necesarias para el personal trabajador, así como la planificación de desmontaje de equipos y la gestión de residuos, convencionales y radiactivos. Enresa somete su plan a la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Paca Blanco: “Un accidente radiactivo puede hacer desaparecer a Navalmoral”

Francis Reina Corbacho Manuel Nogueras

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Francis Reina Corbacho ,  Manuel Nogueras

Entrevista a Paca Blanco en el marco de la “Primavera Antinuclear” organizada por diversos colectivos en Extremadura.

Una vez cierre la central, cuando se tenga la autorización del CSN se hace la transferencia de titularidad de la planta a Enresa, a partir de ahí es la entidad responsable del proceso, y se pueden iniciar los trabajos. Se prevén tres años para acometer el vaciado de las piscinas. Es donde se almacena el combustible gastado que se saca en cada recarga, muy radiactivo y caliente, ha de introducirse en contenedores que protejan de sus emisiones radiactivas al tiempo que permitan la evacuación de calor. Luego se transportan hasta una explanada en el terreno de la central, el ATI. Este trabajo lo realiza el titular de la instalación.

La duración estimada del desmantelamiento es de diez años y después se establecen otros diez como periodo de vigilancia. El final es una declaración de clausura, sujeta a la inspección del CSN. A partir de ahí, el terreno podrá utilizarse con las limitaciones que se establezcan.

El desmantelamiento no hace desaparecer los residuos radiactivos. Además del combustible gastado, el más peligroso durante miles o cientos de miles de años, hay que tener en cuenta los materiales cercanos al núcleo del reactor, como las barras de control, la vasija, tuberías, etc., intensamente activados durante el funcionamiento y que son también residuos de alta actividad. Tienen que trocearse e introducirse en contenedores.

Colectivos en Lucha Extremadura convoca charlas informativas por toda la región

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Tienen por objetivo informar a la ciudadanía de las alternativas energéticas y desmontar los bulos que existen en torno a la Central Nuclear de Almaraz.

Los residuos de alta actividad ocupan un volumen relativamente pequeño comparado con los de menor nivel de radiactividad, un 7%. Habrá un volumen mucho mayor de residuos con niveles de radiactividad más bajos. Los considerados de Baja y Media Actividad (RBMA, decaen en unos 300 años) debidos al desmantelamiento de los dos reactores de Almaraz, con datos del 7º Plan de Residuos Radiactivos, serán 6.500 m3 y los de Muy Baja Actividad (RBBA, decaen en unos 60 años) se prevé que lleguen a 13.600 m3. Son cantidades de difícil o imposible almacenamiento adecuado en el terreno de la central o sus proximidades, por ello el desmantelamiento no puede hacerse si este tipo de residuos no pueden llevarse a otro lugar. Ese lugar es el almacén definitivo de El Cabril. Allí se trasladarán los residuos de Almaraz y las demás lo que requiere una ampliación de las instalaciones. Pero El Cabril está en un lugar de alto valor natural, en la Sierra de Hornachuelos (noroeste de Córdoba); en un medio geológico fracturado con cierta actividad sísmica, y muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas, lo que implica largos recorridos de transportes con carga peligrosa. Es un cementerio nuclear para residuos de radiactividad media y baja situado en un lugar muy inadecuado y con oposición de las poblaciones cercanas. Otro legado de la energía nuclear y de la dictadura franquista que se legalizó irregularmente.

El material de demolición que no se haya contaminado, la mayor parte, se llevará a vertederos convencionales. Así que otro aspecto importante de los desmantelamientos es el establecer sistemas de desclasificación y verificación de la ausencia de contaminación de las estructuras y chatarras metálicas que salgan del área de la central. Los controles han de ser estrictos y eficaces durante todo el tiempo del desmantelamiento, es un paso obligado.

El Almacén Transitorio Descentralizado (ATD)

El Estado español no dispone todavía de un almacén definitivo para los residuos más radiactivos. Sólo Finlandia está construyendo uno. Mientras tanto, los residuos permanecerán en contenedores en el emplazamiento de las centrales. El denominado ATD lo forman las “explanadas” de hormigón diseñadas para resistencia sísmica, los conocidos como ATIs, más una nueva instalación complementaria, que permita tomar medidas si un contenedor presenta problemas, por ejemplo, porque algún elemento combustible está defectuoso. Estará operativo antes de iniciar el desmantelamiento de la piscina de combustible.

El contenedor tiene la gran ventaja de ser un sistema pasivo, capaz de blindar la mayor parte de las emisiones radiactivas del combustible gastado y disipar su calor mediante la circulación del aire exterior entre sus rendijas. Pero además en caso necesario tiene que permitir extraer el combustible gastado para introducirlo en otro contenedor capaz de atajar el problema que pueda surgir, por ej. por tener mayor nivel de blindaje. Esto no se puede hacer sin protección adecuada, y puesto que no existirá ya la piscina donde se hacen hoy esas tareas, tendrá que añadirse un equipamiento de manipulación del combustible gastado. Un equipo automatizado y aislado llamado “celda caliente”.

Una primavera para empezar a cerrar Almaraz

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Unas palabras para explicar la urgencia del necesario cierre de la contestada central nuclear de Almaraz y sus argumentos.

No está definido como va a ser esa instalación complementaria o las “medidas adicionales” que indica el Plan de Residuos. Solo establece que en 2031 se dispondrá en el emplazamiento de una de las centrales de esa celda caliente y demás medios. No es tranquilizador el pensar en un contenedor con problemas peregrinando por las carreteras del país hasta la única central que disponga de los medios adecuados para solucionar el fallo, sea cual sea esa central. Cada ATD debería disponer de esa “celda caliente” o bien habrá que desarrollar equipamientos transportables hasta el lugar de la incidencia.

Los contenedores son grandes y pesados, de altura entre 5 - 6 m y de 2,6 a 4 m de diámetro, el peso es de 100 a 200 toneladas en vacío, dependiendo del modelo. Están diseñados para poder ubicarse a la intemperie en posición vertical. Por no requerir refrigeración activa es considerado un almacenamiento más seguro a medio- largo plazo que una piscina. Cualquier construcción que se hiciera sobre contenedores llenos debería tener también aperturas de ventilación. La CN de Trillo tiene un edificio con muro de hormigón, pero techado con aberturas, como también las tenía el diseño del ATC de Villar de Cañas. Por tanto, no podrían ser edificios resistentes a ataques con explosivos desde el exterior. El almacenamiento en contenedores se basa en que sean lo bastante robustos y duraderos como para permitir el enfriamiento e impedir la salida de material radiactivo sin necesitar más medidas de protección que un suelo antisísmico en un sitio geológicamente apropiado.

No es tranquilizador el pensar en un contenedor con problemas peregrinando por las carreteras del país hasta la única central que disponga de los medios adecuados para solucionar el fallo, sea cual sea esa central

En el ATD de Almaraz se tendrán que depositar unos 129 contenedores con combustible gastado de los dos reactores, más los necesarios para chatarras y materiales muy contaminados. Habrá unos 20 de tipo ENUN 32 P en el primer ATI y el resto serán HI-STORM FW con capacidad algo mayor. En todo el estado se puede estimar un total de 533 contenedores de elementos combustibles.

Los ATD existirán hasta que los contenedores puedan trasladarse a un Almacenamiento Definitivo en Profundidad, AGP. Y esta instalación según la planificación establecida en el 7ºPGRR, no estará en marcha hasta 2073. La custodia en superficie de los residuos de la CN de Almaraz, y del resto de centrales, se extendería a lo largo de cuatro décadas. Una carga inaceptable para un territorio que viene soportando más de cuarenta años de funcionamiento de la central nuclear y después otro tanto asumiendo la carga de sus residuos.

Es necesario acelerar la disponibilidad del almacenamiento subterráneo definitivo, AGP, poniendo en marcha cuanto antes el complejo proceso técnico, político y social que conduzca a la solución “menos mala” que sea posible, ya que el problema de los residuos de alto nivel de radiactividad no puede abordarse sin riesgos ni perjuicios. Los desafíos que presentará la construcción en sí son una cuestión importante y llevará tiempo resolverlos, pero lo que más tiempo y esfuerzo costará va a ser encontrar un sitio geológicamente apto y que resulte socialmente aceptable. Es un proceso que debe comenzar cuanto antes. Otros países de nuestro entorno como Suecia, Alemania, Suiza y Francia, llevan años de adelanto. Retrasarlo solo tiene ventajas para los políticos y las empresas titulares, cuanto más tiempo transcurra más fácil será que puedan eludir sus responsabilidades económicas.

Cuánto cuesta y quién lo paga: la tasa a las nucleares

 Las centrales nucleares producen la totalidad del combustible gastado y de los residuos de alta actividad; son las mayores productoras de residuos de muy Baja, Baja y Media actividad, sobre todo en su desmantelamiento. Puede decirse que el 76% de todos los residuos radiactivos que hay que gestionar en nuestro país son generados por las nucleares. Pero en realidad buena parte de los residuos de la fábrica de elementos combustibles de uranio de Juzbado, y de los que se generan en el El Cabril no existirían si no fuera por esas instalaciones (2).

Además, el coste de la gestión del combustible gastado es cerca de la mitad del gasto que habrá que abordar, y el coste de la clausura de centrales alrededor de la cuarta parte. Así pues, de la factura de 20.220 millones € que se estima en el 7º Plan de Residuos Radiactivos que habrá que pagar desde ahora hasta fin de siglo, una enorme parte, del orden del 85% corresponde a los titulares de las centrales nucleares.

Sin embargo, desde el arranque de las primeras nucleares, a final de los años 60, y hasta 2005, la recaudación para el Fondo de Gestión de Residuos Radiactivos se ha alimentado exclusivamente de las facturas de la luz de toda la ciudadanía. A partir de ese año, se aplicó un cargo o tasa sobre la electricidad que producían las nucleares que están en explotación, llamada coloquialmente tasa de centrales nucleares o tasa Enresa.  Pero la ciudadanía aún sigue pagando por los residuos nucleares, pues del recibo de la luz se costean todavía los desmantelamientos de las centrales cerradas (Vandellós I, Zorita, y parte del de Garoña, además de rehabilitación de minería, etc). Se la denomina tasa de peajes, y no es suficiente para cubrir los gastos que se le asignan.

En los últimos cinco años, desde el acuerdo de cierre, la tasa nuclear no se ha modificado (7,98 €/MWh). Desde principios de 2024 el Ministerio de Transición Ecológica, MITERD, ha intentado aumentarla. Primero con una subida del 40%, pero se topó con el rechazo de las eléctricas así que la propuesta se retiró. En marzo presentó otra que limita la subida al 30% y dejaría la nueva tasa en 10,36 €/MWh. Cuando se escribe esto aún no se ha publicado en el BOE.

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La nueva tasa sobre la producción eléctrica de las nucleares en explotación debería establecerse de modo que permita asegurar la disponibilidad de capital para la gestión de sus residuos radiactivos con un cierto margen de seguridad. Se ha estimado como sería a lo largo del tiempo, hasta 2100, la disminución del Fondo disponible para los residuos radiactivos. Las condiciones de esa estimación son: las nucleares asumen los costes asignados hoy a los peajes (por el principio de “el que contamina paga”), durante el siglo se mantiene un rendimiento financiero parecido al actual (en el 2,12%) pero con una tasa de descuento superior (2,5%), es decir, más inflación, y con un aumento de costes del 40% por las probables dificultades técnicas que se encuentren. En esas condiciones, para que el Fondo correspondiente a la gestión de residuos de nucleares no se acabe antes del sellado definitivo del AGP en 2100, nos encontramos con que la tasa tiene que aumentar mucho más. Al menos hasta los 21,83 €/MWh, en definitiva, debería duplicarse respecto al valor propuesto en el proyecto del MITERD.

Desde luego podrían considerarse otros muchos escenarios de hoy a fin de siglo, pero esta estimación nos avisa de que no se está recaudando el dinero necesario para la gestión de los residuos radiactivos. El plazo para hacerlo es hasta 2035, pues cuando cierre la última central no habrá más aportaciones. Y si se prolongara su funcionamiento habría más residuos, y por tanto aumentarían los gastos. Nos corresponde exigir que no se comprometa el dinero público de las siguientes generaciones, que ni siquiera se habrán “beneficiado” de esa electricidad de origen nuclear.

Referencias

1 World Nuclear Industry Status Report | 2023 , https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2023-.html

2 Estudio Económico-Financiero actualizado del coste de las actividades contempladas en el 6o PGRR, junio 2023, pag 9.