Caza
La oposición a la caza sale a la calle en 85 ciudades en el año en que el lobo vuelve a estar en la mirilla

Un vecino de Bellveí (Lleida) de 64 años fallecía el pasado 18 de noviembre por el disparo accidental de una escopeta de un compañero tras una batida organizada para cazar corzos. Se trata de una de las nueve víctimas mortales que esta práctica ha dejado en 2025 —al menos 64 desde el año 2000—, a las que hay que sumar 27 heridos. Son las cifras que maneja la plataforma No a la Caza (NAC) a raíz de noticias recopiladas en prensa, pues no existen estadísticas oficiales. “Las administraciones son muy opacas al respecto, no quieren que el lobby de la caza quede en entredicho, al descubierto”, denuncia Pepe Moya portavoz de NAC.

Moya es también coordinador de la manifestación que tendrá lugar el 1 de febrero en Cartagena. Se trata de una de las 44 citas que la plataforma, formada por más de 350 entidades, ha convocado para este domingo a las 12 horas (11h en Canarias) contra la práctica cinegética a lo largo del territorio español, a las que hay que sumar 41 más fuera del país. Es la gran cita anual contra la caza, que coincide con el fin de la temporada cinegética y que este año se estrena en nueve ciudades de Estados Unidos, además de en Ciudad de México.

La cita es la primera que tiene lugar desde que el lobby de la caza y los partidos conservadores –en concreto PP, Vox, Junts y PNV– consiguieron que volviese a ser legal matar a tiros a ejemplares de lobo ibérico al norte del Duero. Fue el pasado marzo, cuando una votación en el Congreso sacó al amenazado cánido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial apenas cuatro años después de que el ecologismo consiguiese un logro histórico con su protección. Fue, además, con un movimiento rocambolesco, pues lo permitió una enmienda introducida en la Ley de Desperdicio Alimentario. 

 “Con el fin de la temporada, los cazadores aprovechan para deshacerse de lo que no les sirve. Los perros son abandonados o sacrificados”, denuncia Moya,

“Todo tiene una correlación”, señala Moya. “Si tú ya puedes matar lobos, estas sacrificando un depredador natural de otra especies, y el lobby de la caza se agarra a que son ellos los que regulan las poblaciones silvestre. Eso es falso”, lamenta el portavoz. Precisamente el viernes tuvo lugar en Santander un encuentro de responsables de seis comunidades autónomas, cuyos gobiernos se alinean con la desprotección del lobo, para coordinar una estrategia común.

Una las asistentes, la consellera galega Ángeles Vázquez, ya adelantó el lunes que va a reclamar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que levante la suspensión cautelar de la caza del Canis lupus signatus en el territorio galego. La Xunta incluyó al lobo en su listado de especies cinegéticas para la temporada 2025-26, pero una denuncia de WWF consiguió frenar la decisión al señalar que “el lobo sigue siendo una especie protegida por la legislación europea, con un estado de conservación frágil, que no puede ser gestionado a tiros”, como enunciaba el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez.

Los galgos, en el centro de la polémica

Las protestas de este lunes coinciden además con el Día Mundial del Galgo, una de las razas de perros más utilizadas en la práctica cinegética. La efeméride no es casual, puesto que uno de los puntos clave de las reivindicaciones de los activistas es reivindicar los derechos “de los perros usados en esta actividad”, como señala el manifiesto de la convocatoria –al que se han adherido 550 organizaciones–, así como “de los animales masacrados en los miles de cotos de caza que hay en el territorio español”.

La Plataforma NAC denuncia que decenas de miles de galgos son abandonados cada año al final de la temporada de caza, aunque remarcan que la cifra es “imposible de cuantificar ya que no existen cifras oficiales”. Si bien el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda de 2030 presentó el pasado marzo el primer Estudio sobre la gestión de la protección animal en España, que habla de casi 19.000 perros perdidos o abandonados en 2023 —2.500 de ellos de razas de caza—, para la plataforma éste carece de validez por “no apoyarse en datos censales ni oficiales, sino en respuestas voluntarias a un cuestionario enviado a ayuntamientos y entidades”.

“Con el fin de la temporada, los cazadores aprovechan para deshacerse de lo que no les sirve. Los perros son abandonados o sacrificados”, denuncia Moya, quien recuerda que España es el único país de la UE en el que se permite el uso de perros en la práctica cinegética.

Desde NAC se muestran muy críticos con que la Ley de Bienestar Animal , aprobada en 2023, haya dejado fuera a las razas de cánidos usadas para esos fines. “A los de caza en concreto se les puso una especie de prerrogativas por la que no podían tener los mismo derechos que el resto de los animales”, lamenta el portavoz remarcando que, al contrario que el resto de perros, los de caza “los van a poder tener hacinados, no tienen control sanitario, no están obligados a llevar chip ni a las vacunaciones obligatorias… Son relegados a meras herramientas y cuando no les valen los tiran”. 

“La población de cazadores de la Península Ibérica, la mayor de Europa occidental, está fuertemente envejecida, con un 41% por encima de los 60 años”, señala un estudio del IPE-CSIC

El futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha enviado a consulta pública esta misma semana, tampoco recoge las exigencias la respecto de los colectivos en defensa de los animales. A pesar de que regulará los núcleos zoológicos de animales de compañía, el texto actual excluye a los que albergan perros de caza y rehalas. Para Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis, organización que ha realizado alegaciones al respecto, “no puede haber perros de primera y de segunda”. “Si la ley excluye a los perros de caza de los requisitos básicos de bienestar, estaremos institucionalizando el abandono y el maltrato”, añade.

Tampoco pretende regular esta situación la nueva legislación europea respecto al bienestar de perros y gatos, actualmente en trámite, que vía enmiendas de los grupos que forman el lobby cinegético ha dejado fuera del texto a los perros de caza. 

Una práctica envejecida y en declive

La práctica cinegética lleva décadas perdienco adeptos. La última Estadística Anual de Caza elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 2023, señala que en ese año se expidieron 610.006 licencias de caza, una cifra muy alejada de las 1.099.856 de 2001 y de las 743,650 de 2019, aunque entre 2022 y 2023 la cifra ha aumentado un 2%.

En la misma línea, un estudio publicado en febrero de 2025 por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), organismo asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), constata el “fuerte declive” de la práctica de la caza, remarcando la alta edad de los cazadores y la falta de relevo generacional. Según este, “la población de cazadores de la Península Ibérica, la mayor de Europa occidental, está fuertemente envejecida, con un 41% por encima de los 60 años, mientras que los jóvenes de entre 21 a 30 años apenas representan el 5%”.

Asimismo, el investigador José Daniel Anadón, coordinador del trabajo, destacaba que “la incorporación de los jóvenes ha ido bajando de manera constante y se ha reducido un 89% en los últimos 50 años”.