Catalunya
El instituto El Palau: una tormenta política imperfecta

"Hace muchos meses que se quiere atacar la escuela catalana y han encontrado una rendija. Estamos en el ojo del huracán". Así de contundente se expresa una de las madres del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, en el Baix Llobregat. Días después del acto en apoyo a los docentes y el alumnado, en el que no aceptaron preguntas de periodistas, siete madres del colectivo de familias de El Palau —unas 74 en total—, han accedido a hablar, pero desde del anonimato. Un hecho muy significativo. "Todo el mundo va con pies de plomo", añade una de ellas. La mayoría asegura que conoce familias de guardias civiles del instituto que no están de acuerdo con la gestión del conflicto, pero no quieren alzar la voz. Imaginan que si a ellas mismas les ha costado romper el silencio —y lo hacen sin nombres ni apellidos—, si estás inmersa en una institución jerárquica, aún más.

Es difícil hacer balance del impacto de la gestión que se está haciendo del conflicto, pero, en todo caso, docentes, familias y sindicatos coinciden en alertar que es muy perjudicial para el conjunto de la comunidad educativa y lamentan que no se hayan seguido los canales administrativos propios de los centros.

En vez de optar por canalizarlo a través del instituto, el conflicto del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca estalló televisado. Al día siguiente de la huelga del 3 de octubre, cuando docentes y alumnado llegaron al centro, los medios de comunicación estaban en la entrada. Y, a continuación, las acusaciones ya eran titulares: “Un instituto catalán separa a los alumnos según su posición sobre la actuación policial”, “Agentes de la Guardia Civil en Cataluña denuncian el acoso a sus hijos en los centros escolares” o “Estarás contento con lo que ha hecho tu padre”, atribuyendo la frase a un profesor. Actualmente, cuatro docentes están siendo investigados por delitos de discriminación y contra la integridad moral, después de que el juez de Martorell archivara el procedimiento contra los otros cinco, una decisión que ya sido recurrida por el fiscal de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar.

Días después del acto en apoyo a los docentes y el alumnado, en la que no aceptaron preguntas de periodistas, siete madres del colectivo de familias de El Palau —unas 74 en total—, han accedido a hablar, pero desde del anonimato. Un hecho muy significativo. "Todo el mundo va con pies de plomo", añade una de ellas

Las siete madres repiten una y otra vez que nunca habían tenido ningún problema con el cuartel que está al lado del instituto, donde incluso muchas han llevado a sus criaturas a celebrar fiestas de cumpleaños. "Mi madre daba clases de catalán a los guardias civiles", recuerda una de ellas. "Mi hijo juega al tenis con niños, hijos de guardias civiles, y hemos ido a comer juntos en varias ocasiones", añade otra. Sin embargo, no niegan que el día 1 de octubre se vivió una situación "dura", debido a que el operativo del instituto armado que se desplegó en el mismo instituto estaba integrado por padres del centro. "Los deberían haber enviado a otro lugar", concluyen.

El IES El Palau tiene 1.200 alumnos, unas 700 familias, y entre 60 y 70 —explican— son hijos e hijas de guardias civiles. Muchos viven en el cuartel, el más grande de Cataluña, con 600 agentes, desde donde el 1 de octubre se coordinó el operativo de la Guardia Civil. Sin embargo, de estas decenas, solo seis o siete familias han denunciado los supuestos comentarios por parte del profesorado el día 2 de octubre. "Son una minoría", subraya una de las madres. Según la información recogida por el Síndic de Greuges, ese día algunos padres se presentaron en el centro para manifestar su disconformidad con determinados episodios supuestamente vividos en las aulas y el equipo directivo les informó del procedimiento a seguir, pero el grupo de madres explica que el caso no fue a más.

En cambio, un pequeño grupo decidió irrumpir en la escena mediática a través de Bartolomé Barba, un guardia civil destinado en la comandancia de Sant Andreu de la Barca y padre de dos alumnos del instituto. No respondieron a las llamadas de la dirección del centro ni del Ayuntamiento, e incluso Barba respondió que no podía acudir a uno de los encuentros porque tenía que estar en el plató de Espejo Público, un programa de Antena 3. Coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) —que se personó en la causa contra el ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero—, desde el principio ha recorrido varios medios denunciando a los docentes y criticando el sistema educativo catalán.

En cambio, durante muchos meses el profesorado estuvo callado, "demasiados", según Josep Lluís Alcázar, profesor desde hace veinte años en el IES El Palau y miembro de la CGT. Lo había pedido el Departamento de Enseñanza y, de alguna manera, también se pretendía evitar hacer más grande la pelota y perjudicar aún más el centro. Además, explica Alcázar, han procurado respetar los procesos de la comunidad educativa: "No se puede avanzar dejando gente atrás y trabajamos para hacer partícipes todas las sensibilidades en la defensa de la escuela".

Desde el Consistorio han explicado a la 'Directa' que últimamente sí pudieron reunirse con las familias denunciantes, pero, en cambio, las siete madres del colectivo de familias de El Palau lamentan que el alcalde no las ha interpelado en en ningún momento. "Estoy decepcionada —reconoce una madre—, nosotros también somos parte del pueblo"

Desde el Consistorio han explicado a la Directa que últimamente sí pudieron reunirse con las familias denunciantes, pero, en cambio, las siete madres del colectivo de familias de El Palau lamentan que el alcalde no las ha interpelado en ningún momento. "Estoy decepcionada —reconoce una madre—, nosotros también somos parte del pueblo".

Si ha habido un caso anterior en el que Sant Andreu de la Barca, y especialmente el cuartel, ha estado en el foco mediático fue el 11 de mayo de 2013. La delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna (PP), hizo la entrega de un diploma a la Hermandad de Combatientes de la División Azul, de veteranos y nostálgicos de la división de infantería número 250 de las tropas hitlerianas. En el acto del cuartel, con una docena de nostálgicos de la División Azul representando a la Hermandad y vestidos de falangistas, también estaba el alcalde Enric Llorca.

Una mayoría en sintonía

Durante el silencio cauto, hubo conclusiones importantes que no se han hecho públicas hasta más tarde. Por un lado, el informe del Consejo Escolar, que concluyó que no encontraba indicios de los hechos y manifestó "el rechazo ante las graves acusaciones infundadas a través de los medios de comunicación". El texto fue aprobado por unanimidad, es decir, por representantes del profesorado, de madres y padres, y también del Ayuntamiento.

La Concejalía de Educación está en manos de Ciudadanos, desde que el alcalde del PSC, Enric Llorca, llegó a un acuerdo de gobernabilidad en marzo de 2017. Así pues, la posición de la concejal, a través del Ayuntamiento, choca con la del presidente del partido, Albert Rivera, que difundió un artículo de El Mundo con los nombres y las fotografías de los nueve docentes investigados, tachándolos de "maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de la Guardia Civil en Cataluña". El sindicato CC OO ya ha presentado una reclamación al Consejo de la Información de Cataluña por la información publicada. En el momento de publicar este artículo, la Directa no ha conseguido hablar con la concejal.

La dirección del instituto también emitió un informe el 23 de enero en el que negaba cualquier tipo de discriminación de cualquier alumno por razón de pensamiento y el Síndic de Greuges ha recogido informaciones alternativas de alumnos que cuestionan el relato de las denuncias.La mayoría de las madres que han accedido a hablar tienen hijos o hijas a los que algunos de los docentes investigados daban clases. "Mi hija me decía: ha sido una lotería, porque, además, no son ni indepes", relata una madre, a quien aseguró que no había ningún tipo de problema en el aula con los hijos e hijas de guardias civiles. "Mi hijo, cuando veía por la tele que hablaban de ataques de ansiedad de los adolescentes, se alarmaba y me decía que era completamente falso. ¡Él estaba en aquella clase!", Exclama una de las madres. "La mia no ha parado de decirme que han cambiado el relato, que lo han inventado. Se siente indignada e impotente y me pregunta qué podemos hacer y por qué nosotros no podemos explicar que esto no ha pasado ", añade otra mujer.

Las madres alertan de cómo se han roto los roles y el profesorado está cuestionado. "Mi hija me contó que, en un primer momento, determinados alumnos desafiaron a los profesores: se han paseado con banderas españolas dentro de las aulas y han puesto el himno español en sus móviles". Llevar a 25 adolescentes no es nada fácil y todavía lo es menos si te quitan la autoridad, concluyen

De hecho, una de las madres explica que, en una clase, el alumnado preguntó directamente a la maestra como podían ayudarla y luego algún medio publicó que la profesora les había pedido que fueran a atestiguar. De hecho, lo denunció el mismo Bartolomé Barba. "Nuestros hijos se solidarizan con el profesorado, han ido a hablar con él y han llorado juntos. Son bastante grandes para darse cuenta de que hay cosas que nunca harían, los conocen desde hace muchos años".

Mireia Valentín, como delegada sindical del USTEC del Baix Llobregat y docente de otro instituto de la comarca, asiste a las asambleas de la Plataforma de apoyo a los 9 del Palau, donde participan todos los partidos excepto el PP, PSC y Ciudadanos. "El profesorado —asegura— está muy unido, porque el tema no va de independencia, sino de un problema de respeto a nuestra profesión, a la libertad de expresión y de cátedra". Precisamente, las madres alertan de cómo se han roto los roles y se ha cuestionado al profesorado. "Mi hija me contó que, en un primer momento, determinados alumnos desafiaron los profesores: se han paseado con banderas españolas dentro de las aulas y han puesto el himno español con los móviles". Llevar a 25 adolescentes no es nada fácil y menos si te quitan la autoridad, concluyen.

Aunque cree que muchas familias de guardias civiles no comparten la vía elegida, Sergi, un ex alumno no se sorprende por el hecho de que no rompa el silencio: "No deja de ser un cuerpo militar y se actúa de manera corporativista". Además, "muchos viven dentro cuartel", añade. La Directa ha intentado hablar con algún progenitor de la Benemérita, pero no ha sido posible.

Para Alcázar, su centro reúne los requisitos para la "tormenta perfecta", con la voluntad de cambiar el relato del 1-O, "presentando el verdugo como víctima", añade. Como el caso de la Seo de Urgel o una denuncia en Roses, el IES El Palau tiene un cuartel al lado, pero en este caso es el más grande de toda Catalunya. Pero, además, se encuentra en Barcelona, ​​en el llamado cinturón rojo metropolitano, granero de votos del PSC, que se ha convertido en el cinturón naranja, con Ciudadanos como primera fuerza. Como en una quincena de municipios del Bajo, en Sant Andreu de la Barca, el 21 de diciembre, el partido liderado por Inés arrimada se llevó el 37,7% de los votos, por delante del PSC, con el 21,8% . En cambio, en los comicios municipales de 2015, los socialistas aguantaron y C 's sólo consiguió dos concejalas, una menos que ERC. Sin mayoría absoluta, el alcalde socialista —que lo es desde 1995— llegó a un pacto de gobernabilidad con Ciudadanos, como Lleida, que precisamente se consolidó hace poco más de un año con la entrada de dos concejalas naranjas al Gobierno.

Alcázar se pregunta qué ha pasado con la izquierda: "¿Dónde está?". Y se responde él mismo que las luchas sociales, se llamen Palau o sanidad pública, "aíslan ciudadanos". Para el sindicalista, hay que trabajar desde la base, disputando el discurso populista, defendiendo los servicios públicos y ligando la lucha contra el Estado con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.   

El miedo se expande a los centros

Hay docentes de baja. El impacto psicológico de la judicialización y mediatización es evidente y ha trastornado el pueblo de poco más de 27.000 habitantes. El malestar se agudizó cuando el lunes 30 de abril —después de que El Mundo revelara la identidad del profesorado investigado—, la fachada del centro apareció llena de pintadas que tachaban de "nazis", "ratas" y "separatas" a los docentes con nombres y apellidos. El mismo Síndic denuncia en el informe que el instituto recibe insultos y amenazas por correo electrónico, teléfono e incluso presencialmente.

Ante esta situación, Sergi se pregunta cómo puede ser que los padres y madres que están judicializando y mediatizando el caso no tengan en cuenta cómo afecta esto a todos los alumnos, sean hijos de guardias civiles o no.

El Palau es una pieza, pero hay que abrir el zoom y analizar la fotografía completa. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió que el Ministerio de Educación estaba investigando a 500 docentes por presunto adoctrinamiento, la diputada del PP Andrea Levi propuso una "buzón anónimo" para denunciar casos y Sociedad Civil Catalana llegó activar un formulario para recogerlas. Para Ramon Font, el objetivo es claro: "Descabezar el pluralismo de los centros educativos a través de una purga. Primero será contra el soberanismo, después contra quien critica los recortes, contra laicos ... Nos tenemos que plantar ". De hecho, ya lo han empezado a hacer con movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos del territorio, muestras de solidaridad internacionales y próximamente jornadas e intervenciones en el Parlamento.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió que el Ministerio de Educación estaba investigando a 500 docentes por presunto adoctrinamiento, la diputada del PP Andrea Levi propuso una "buzón anónimo" para denunciar casos y Sociedad Civil Catalana llegó activar un formulario para recogerlas

En contraste con el Gobierno español, el Síndic ha concentrado un total de 32 casos, pero subraya que solo incorporan incidencias concretas y, por tanto, con posibilidad de verificación, en seis centros educativos de Barcelona, ​​Castelldefels, Lliçà d'Amunt, Olot y Sant Andreu de la Barca. En el resto, o bien son quejas genéricas o bien han sido presentadas por personas no directamente afectadas, ocasionalmente residentes fuera de Cataluña.

En la línea de Font, que considera que se debe poder "educar en libertad", que "la lucha educa" y que se ha "de enseñar a los alumnos a defender derechos", reflexiona también la docente Miriam Redondo, profesora de un instituto de Barcelona: "Creo que se está perdiendo una oportunidad de debatir y reflexionar sobre la situación que estamos viviendo desde el respeto a todas las posiciones". La da por perdida, al menos por ahora, porque "la cautela" y la "autocensura" se han instalado en los centros, asegura. El temor viene de antes, pero se ha acentuado. Recuerda que a las puertas del 11 de septiembre se produjo una discusión a su claustro porque a determinada gente le daba miedo mantener el título de uno de los temas de proyecto de ciencias sociales: "Democracias y dictaduras". "El miedo hizo cambiarlo", lamenta. O, por ejemplo, la recientemente retirada de una actividad que se llamaba "Ventajas y desventajas de la república". "La acusación de adoctrinamiento está en boca de todos, cuando no se ha ni demostrado y tienes la sensación de que hay familias que están esperando una palabra de más", reconoce Redondo. Repite durante la conversación que no aparezca el nombre del centro y subraya que habla a título personal, otro síntoma de cuál es la situación actual.

La voz de Miriam Redondo podría parecerse a otras recogidas por el Síndic de Greuges. La institución asegura que ha recibido quejas de docentes que tienen miedo a la hora de tratar determinados contenidos en clase. Y, aún más, concreta situaciones que se corresponden con las descritas por Redondo: "Profesores o centros han optado por modificar o evitar contenidos relacionados con las instituciones públicas o los derechos humanos, o cuestiones que mantienen relación con la situación política actual".

Ante esta situación, Mireia Valentín, de la USTEC, insiste en que las aulas son espacios donde se debe hablar de todo y se debe poder discutir: "No se ha adoctrinado en estos años de democracia, sino todos seríamos iguales, y pensamos de forma diferente".

El intento de entrar dentro de los centros

No es nuevo determinado vocabulario y argumentario mediático y político que tiene el fin de demonizar el sistema educativo vigente en Catalunya y el modelo de inmersión lingüística, además de retratar una realidad escolar donde se inculca el odio a España.

En noviembre, los populares presentaron una proposición de ley en el Congreso para poder controlar las inspecciones a los centros educativos a través de la Alta Inspección Educativa, dependiente del Estado, y que se ha ocupado de supervisar que la legislación autonómica no choque con la estatal

La lengua ha sido una batalla política, aunque el actual modelo educativo catalán tiene uno de sus fundamentos en la Ley de normalización lingüística, aprobada el 6 de abril de 1983 en el Parlamento de Cataluña, con 105 votos a favor y una abstención: con un amplio consenso, que se ha mantenido hasta ahora. Lo comparten las siete madres de Sant Andreu de la Barca, algunas nacidas en el pueblo, una en Pallejà, otra en L'Hospitalet de Llobregat y otra en San Clemente. La mayoría castellanohablantes. "Defendemos que nuestros hijos aprendan en catalán, porque queremos que tengan las mismas oportunidades y los enriquece como personas", explica una y el resto asiente.

En octubre, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que si se activaba el artículo 155 de la Constitución, él lo aplicaría a la enseñanza. La comunidad educativa salió en tromba y finalmente la escuela quedó al margen. Pero el PP y Ciutadans han intentado entrar por otras vías. En noviembre, los populares presentaron una proposición de ley en el Congreso para poder controlar las inspecciones a los centros educativos a través de la Alta Inspección Educativa, dependiente del Estado, y que se ha ocupado de supervisar que la legislación autonómica no choque con la estatal. Hasta ahora, esta tarea ha estado en manos de las comunidades autónomas. Asimismo, Ciudadanos también presentó una proposición para la creación de una agencia "independiente", con las funciones de inspección y con la capacidad de intervenir en los centros. Ambas propuestas fueron rechazadas.