Catalunya
La casilla de Méndez de Vigo: inmersión lingüística y batalla política en Catalunya

Todo se iba a resolver con una casilla. Al menos es lo que creía el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ahora en el cargo del Departament d’Ensenyament de la Generalitat desde la aplicación del artículo 155. De Vigo propuso en febrero de este año incluir una casilla en la que los padres eligieran en las preinscripciones para el curso 2018-2019 si sus hijos iban a ser educados en castellano o en catalán. Pero la iniciativa finalmente no ha sido implementada. ¿Qué ha pasado en la última batalla lingüística en torno al catalán?

Pese a que siempre ha contado con un gran apoyo social, en los últimos años formaciones políticas como Ciudadanos (C’s) y el Partido Popular (PP), y asociaciones como Sociedad Civil Catalana (SCC) han pedido cambios en el modelo de educación. La casilla de Méndez de Vigo ha sido el penúltimo empeño por modificar un modelo controvertido que, no obstante, ha dado resultados. Con la retirada de la propuesta de los populares, la comunidad educativa considera que se evitan problemas, al menos a corto plazo: “Nos hemos ahorrado una lucha muy dura pero que creo que la sociedad catalana hubiese ganado”, asevera a El Salto el portavoz de la Unión Sindical de Trabajadores de la Educación en Catalunya (USTEC), Ramon Font.

Inmersión y necesidad

En Catalunya, entre los años 60 y 70, aumentó la población migrante de todo el Estado, principalmente de Extremadura y Andalucía. Al llegar a ese territorio y darse cuenta de la importancia que tenía el catalán para la cohesión social, las propias familias recién llegadas reclamaron que sus hijos fueran educados en esta lengua. Especialmente sonada fue la lucha de las familias que se instalaron en Santa Coloma de Gramenet para obtener ese derecho.

El sociolingüista Miquel Strubell recuerda que esta demanda social, que en un inicio no contó con el apoyo del entonces presidente de Catalunya y miembro de Convergència i Unió (CiU), Jordi Pujol, fue defendida principalmente por el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC) y el Partido Socialista de Catalunya (PSC). Solamente con dos votos contrarios, el Parlament aprobó la Ley 7/1983 de normalización lingüística, que consagraba el catalán como “lengua propia de Catalunya y también de la educación en todos los niveles educativos”.

Fue hace 35 años, al comienzo del curso 1983-1984, cuando se aplicó el Programa de Inmersión Lingüística (PIL) en 19 escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet. A la primera de ellas, la Escuela Rosselló-Pòrcel, que comenzó con el programa en el curso 1989/1990, le siguieron más de 700 escuelas.

Pese a que estaba aprobada la Ley de normalización lingüística, la enseñanza del catalán se reducía a un promedio de tres horas semanales y aún había debate sobre cuál tenía que ser el papel de esta lengua en la educación. El epicentro de la discusión era si el catalán debía ser la lengua vehicular o si se optaba por un modelo en que la enseñanza se impartiera en catalán y el castellano se estudiara como segunda lengua y viceversa, decisión que debía tomar el consejo escolar de cada centro, según la ley 7/1983.

En medio de este debate que seguía sin resolverse, el conseller del Departament d’Ensenyament, Joan Maria Pujals, envió en 1993 una circular a todos los centros en la que establecía que “normalmente” el catalán sería la lengua vehicular de la enseñanza. Aquella decisión, justo cuando los diputados de CiU apuntalaban el que sería el último mandato del socialista Felipe González, desató un alud de críticas contra la Generalitat y una campaña que encabezó el líder del PP en Catalunya Alejo Vidal-Quadras, quien en una entrevista reciente en El Español se define como una de las diez personas que más odia el nacionalismo catalán.

Frente a la primera (de muchas) batallas por el catalán en las escuelas después de la muerte de Franco, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se pronunció estableciendo que la “inmersión lingüística” era correcta siempre que la Generalitat garantizara la “asistencia personalizada” a los niños castellanohablantes cuyos padres reivindicaran el derecho a que se les escolarizara en su lengua materna en el ciclo inicial, que dura hasta los siete años.

En las elecciones generales de 1996, el Gobierno de Felipe González cayó, pero los conservadores quedaron lejos de la mayoría absoluta y se vieron forzados a formar Gobierno con el apoyo del partido encabezado por Jordi Pujol, actualmente imputado por blanqueo de capitales y organización criminal. Fue cuando José María Aznar aseguró que hablaba catalán “en la intimidad”. Después de esta alianza con CiU, el PP desactivó a Vidal-Quadras y la Generalitat dispuso de una legislatura para consolidar el modelo educativo.

RECLAMO ELECTORAL

Volvamos al presente. En la víspera de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas tras la aplicación del 155, PP y Ciudadanos pusieron el modelo de educación en Catalunya en el punto de mira, haciendo especial hincapié en el uso del catalán en las escuelas. Aquel debate inquietó a la comunidad educativa y tuvo un efecto mediático desmesurado, pero el regidor del Ayuntamiento de Tiana, de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Àlex Rosa, recuerda que la opción de elegir aumentar el aprendizaje del castellano en la aulas ya existía. Según confirma la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada, un total de 600 familias desde 2014 han solicitado recibir el 25% de la escolarización en castellano, pero solo cien de ellas han llegado a poner un recurso ante la Generalitat.

El artículo 155 y el auge de Ciudadanos en las elecciones de diciembre devolvieron a primer plano la disputa sobre la inmersión lingüística, esta vez en forma de casilla. Para la diputada del PSC en el Parlament Esther Niubó, la implementación de la idea presentada por el Ministerio de Educación “hubiese sido un desastre porque suponía romper el modelo que tenemos y que ha funcionado”, aunque remarca que no es “perfecto”. En ese sentido, el portavoz sindical apunta que dos de los problemas principales de la educación son la infrafinanciación —ya que el Departamento de Educación tenía un presupuesto de un 2,14 % del PIB, cuando la Ley de Educación de Catalunya marca que debería ser de un 6 %— y la segregación por clases sociales.

“El 80 % de las escuelas privadas son concertadas, y hay conciertos educativos que están ingresando cuotas de 400 a 600 euros mensuales al mismo tiempo que reciben fondos públicos”, denuncia Font. También lamenta que algunos centros públicos, que suponen un 68% de los centros educativos, segregan económicamente porque cobran cuotas “que impiden que los niños puedan ir”.

Además, en Catalunya hay un abandono escolar del 17%. Aunque la media en el Estado español es de un 18,3 %, este fenómeno impide que el modelo de educación catalán pueda considerarse perfecto, y más teniendo en cuenta que el objetivo europeo para 2020 es que el abandono escolar no supere el 10%, propósito que solo han conseguido el País Vasco —7,0%— y Cantabria —8,9%—.

De hecho, Catalunya obtuvo en 2017 la mejor nota en lengua castellana —un 6,4— entre las comunidades autónomas con lengua cooficial

Pese a que la diputada de C’s del Parlament de Catalunya Sonia Sierra está de acuerdo en erradicar estos dos problemas de la educación catalana, pone en duda el consenso social de la inmersión lingüística. En una entrevista con El Salto, la diputada subraya que “la mayoría parlamentaria no se corresponde con lo que quieren la mayoría de los ciudadanos” y añade que esa mayoría de la sociedad catalana apoyaría la propuesta de su partido, que es una educación con tres lenguas vehiculares —inglés, castellano y catalán—.

Por su parte, la coordinadora de la Agrupación de Enseñanza de Sociedad Civil Catalana, Nuria Plaza, señala que existe un modelo de conjunción lingüística en el que ambas lenguas tienen que ser vehiculares en la escuela y cuya proporción depende del contexto en que se encuentre cada colegio. En ese sentido, Plaza denuncia que la Generalitat “no ha querido hacerlo y ha impuesto su sistema de monolingüismo en las aulas”, por lo que ve necesario que el castellano sea “vehicular en asignaturas troncales y que represente el 25% de las horas lectivas”, lo que supondría dos asignaturas (seis horas) en esta lengua cada día lectivo.

Sierra, de C’s, quien define la propuesta de la casilla del PP como “política ficción”, describe el modelo de tres lenguas vehiculares como “justo, equitativo e igual para todos”. El Partido Popular de Catalunya (PPC), que cuenta con cuatro escaños en el cámara legislativa, planteó también un modelo de educación trilingüe el mismo día que la propuesta de Méndez de Vigo pasó a un cajón. Para la socialista Esther Niubó, quien asegura que no apoyaría ni el modelo de Ciudadanos ni el del PPC, hay que enmarcar la propuesta de Méndez de Vigo como “parte de su guerra españolizadora con Ciudadanos”. Los políticos entrevistados coinciden con esta premisa, entre ellos el diputado del Congreso de En Común Podem Joan Mena, quien asevera que PP y Ciudadanos “utilizan la lengua como arma política para dividir a la sociedad”.

En su defensa, Sierra subraya que “el resto de partidos deberían, en vez de criticar a C’s, explicar por qué les parece bien que solamente las personas que tengan un alto poder adquisitivo puedan acceder a educación con tres lenguas vehiculares”. Frente a esta afirmación, Àlex Rosa niega que el trilingüismo sea la opción más solicitada por la ciudadanía y añade que el mejor modelo es aquel que “compensa en la medida en la que el niño salga con unos resultados parecidos en las tres lenguas”.

En la misma línea, Joan Mena denuncia que el modelo de Ciudadanos sirve para que “los alumnos no tengan las mismas competencias en catalán cuando salen de su etapa de escolarización” y reitera que la inmersión lingüística “demuestra con datos objetivos que los niños y las niñas salen con competencia lingüística en las dos lenguas, incluso por encima de muchas otras comunidades”.

De hecho, Catalunya obtuvo en 2017 la mejor nota en lengua castellana, un 6,4, entre las comunidades autónomas con lengua cooficial, según señala la estadística del Ministerio de Educación Pruebas de Acceso a la Universidad 2017. En cuanto al porcentaje de alumnado que aprobó dicha materia, si la media nacional era del 82,20%, Catalunya se situó por encima, con un 83,80% de aprobados.

El sociolingüista Miquel Strubell recuerda que “el intento de acabar con la inmersión lingüística” viene desde antes de C’s, y resalta que empezó con el PP, “que también intentaba politizar un tema que debería ser muy técnico”. En ese sentido, apunta que el Parlamento del País Vasco, del País Valencià y de Navarra establecieron el derecho de estudiar principalmente en una lengua y no niega que eso pueda llegar a pasar en Catalunya, pero insiste en que se debería plantear “teniendo en cuenta criterios pedagógicos y no políticos”.

Más allá del catalán, el partido encabezado por Albert Rivera intentó en febrero impulsar en el Congreso una proposición de ley para prohibir que el conocimiento de las lenguas cooficiales —el gallego, el catalán y el euskera— sea un “requisito” para acceder a un puesto público, propuesta que no tuvo el apoyo necesario. En ese sentido, Mena recuerda que, a raíz de unas grandes movilizaciones de la comunidad educativa contra el TIL —programa del Gobierno balear que imponía el trilingüismo (español-catalán- inglés) en las aulas—, el presidente José Ramón Bauzá (PP) tuvo que dimitir el 17 de julio 2015. “PP y C’s deberían tomar nota de que la gente no perdona que políticamente se pueda jugar con un elemento tan sensible como la lengua”, concluye.