Catalunya
Catalunya se enfrenta a una ola de desahucios de familias que viven en pisos públicos

Este jueves comenzaron los desahucios de casi 60 familias que viven en pisos públicos en el barrio de La Mina, ubicado en Sant Adrià del Besós, justo en el límite con el municipio de Barcelona. En un masivo operativo policial los Mossos d’Esquadra desalojaron a tres familias, dos de ellas monomarentales, con un total de siete menores a cargo. Otros 55 pisos están a la espera de ser desahuciados: hay lanzamientos programados cada semana de aquí hasta diciembre de este año.

Se trata de 58 viviendas que fueron ocupadas el mismo día de julio de 2017, cuando ya llevaban siete años vacías, y que pertenecen al Consorcio del barrio La Mina, un organismo formado por la Generalitat, la Diputació de Barcelona y los ayuntamientos de Sant Adrià del Besós y de Barcelona. Construidas a principios de este siglo, los pisos estaban destinados originalmente a realojar a las familias del bloque Venus, que espera desde 2002 ser derribado.

La situación, sin embargo, no es exclusiva del barrio de La Mina. Sindicatos de diferentes puntos de la provincia de Barcelona denuncian que los desahucios de familias que viven en pisos públicos han aumentado en los últimos años y cuestionan la postura de la Administración al momento de buscar una solución. Actualmente al menos otras diez familias que residen en pisos gestionados por la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) tienen causas judiciales abiertas y están a la espera de una sentencia de desahucio. Ninguna cuenta con una alternativa en caso de que se ejecute el desalojo.

La familia de Saray es una de ellas. Madre de dos menores, de uno y tres años, entró en 2022 a vivir en un piso del barrio El Polvorí, a los pies de Montjuïc, en Barcelona. En ese momento estaba embarazada de su primera hija y ante las dificultades para encontrar una vivienda decidió ocupar un piso público que llevaba tiempo desocupado. Desde entonces ha intentado regularizar su situación pero se ha encontrado con la negativa por parte de la Agència d’Habitatge. En marzo de este año, pese a tener el certificado de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales, recibió la sentencia judicial que la obligaba a abandonar el piso el 29 de mayo pasado.

Además de estos dos casos, otras ocho familias de distritos como Poble Sec y Les Corts, y algunas de Sant Adrià del Besós, se encuentran en una situación similar, aunque aún sin fecha de desahucio.

Para esos mismos días también estaba programado el desahucio de Nerea y su familia de un piso gestionado por la AHC, en el distrito de La Verneda i la Pau. Además de estos dos casos, otras ocho familias de distritos como Poble Sec y Les Corts, y algunas de Sant Adrià del Besós, se encuentran en una situación similar, aunque aún sin fecha de desahucio. Se trata de casos de subrogación del contrato de alquiler social, impagos y ocupación.

A modo de protesta, casi medio centenar de activistas y adherentes de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshac) irrumpieron el pasado 15 de mayo en la sede de la Agència d’Habitatge de Catalunya, ubicada en calle Diputación número 92. Acusaron al organismo de actuar como un fondo buitre y exigieron la suspensión de los desahucios y una alternativa para las familias afectadas en situación de vulnerabilidad.

La acción, en un primer momento, dio resultados. Los desahucios de Saray y Nerea fueron suspendidos y el organismo aceptó abrir una mesa de negociación. El problema, sin embargo, es que desde la AHC aceptan solo evaluar los casos de subrogación del contrato e impagos, pero se han negado a incluir en las negociaciones los de ocupación.

“No quieren negociar, lo que quieren es echarnos fuera. Tuvimos suerte una vez, pero fue solo suerte. En nada me llegará otra fecha de desahucio. Yo estoy dispuesta a pagar un alquiler social, pero no quieren negociar”, le dice Saray a El Salto. Explica, también, que es originaria del mismo barrio en el que vive, que forma parte del Grup d’Habitatge de Sants  y que tiene el apoyo tanto del colectivo como de sus vecinos. Aún así, es pesimista con respecto al futuro de su caso: “Vivo con miedo al día de hoy porque sé que en nada me voy a tener que ir. Vives con miedo, con ansiedad. Estoy resignada a que va a llegar la segunda orden. Intentamos hacer que no pase nada por los niños, pero mi hija de tres años se da cuenta de todo”.

El “cambio de paradigma” de la Administración

Desde la Coshac valoran la mesa de negociación abierta por la AHC, pero a la vez cuestionan su negativa a incluir todos los casos. Dicen que no se trata de algo casual, sino que obedece a un cambio drástico en la forma en que la Generalitat ha abordado la crisis habitacional en los últimos años. “Creemos que se debe a un endurecimiento de las garantías que están dando a las personas que viven en pisos de la Agència y a una decisión política de tirar adelante todos los desahucios de familias que viven sin título habilitante”, dice Marta López, portavoz del Sindicat de La Verneda y miembro de la Coshac.

En 2022 fue el último año en que la Agència inició un proceso de regularización para familias que vivían en pisos públicos sin tener un contrato vigente. Desde entonces, este tipo de casos se han resuelto a través de procesos judiciales y la mayoría ha terminado en desahucios.

En 2022 fue el último año en que la Agència inició un proceso de regularización para familias que vivían en pisos públicos sin tener un contrato vigente. Desde entonces, este tipo de casos se han resuelto a través de procesos judiciales y la mayoría ha terminado en desahucios. Según una investigación de La Directa, en 2023 hubo 165 desahucios de este tipo, mientras que en 2024 la cifra cayó levemente a los 160. En 2025, durante los primeros diez meses de ese año el número de desahucios había llegado a los 203.

No es solo el aumento de los desahucios lo que denuncian los sindicatos, sino otras medidas que consideran punitivas y que apuntan a castigar a las familias afectadas. Explican que en municipios como Barcelona y Manresa, las familias que son desahuciadas por la Agència luego se enfrentan a problemas para acceder a las mesas de emergencia. Lo mismo ocurre con las familias que ocupan pisos públicos. “El discurso de la agencia es muy punitivo y la forma que tienen de justificar estos desahucios es diciendo ‘tú le estás quitando a otra persona este piso’. Es un discurso contradictorio, también, porque por un lado te dicen ‘no has hecho las cosas bien, te has saltado la lista’, pero al mismo tiempo les prohíben entrar en las listas de la mesa de emergencia”, agrega Marta.

Lo mismo plantea Martí de las Heras, portavoz del sindicato PAHC Bages, con sede en Manresa. En esta comarca también se han registrado casos de familias a las que se les niega el acceso a la mesa de emergencia, ya sea por ocupar un piso público o incluso porque algún miembro de la unidad no tiene permiso residencia. También, dice, han detectado que los procesos judiciales para desahuciar a estas familias son cada vez más rápidos. 

“Nos hemos encontrado con que este año ha habido un cambio de protocolo drástico en el que se han alineado justicia y policía para ejecutar los desahucios con mucha más rapidez. Hacía muchos años, el menos en mi experiencia, que no veíamos tanta severidad o tanta violencia judicial y policial en tan poco tiempo”, explica el activista a El Salto. Luego añade: “Esto supone un cambio de paradigma a nivel del movimiento por la vivienda. No es una sensación, sino que ha habido, nos consta, un cambio de protocolo a nivel judicial y policial. Pero lo mismo: ¿un cambio de protocolo para mejorar qué?”.

Según la Coshac en 2025 se abrieron 88 expedientes sancionadores vinculados a desahucios. De esos, 87 corresponden a multas aplicadas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Este endurecimiento de las medidas por parte de la Administración, plantean desde los sindicatos, también se ha traducido en un aumento de las multas a los activistas que asisten a desahucios. Según la Coshac en 2025 se abrieron 88 expedientes sancionadores vinculados a desahucios. De esos, 87 corresponden a multas aplicadas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. El colectivo interpeló directamente a la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a quienes acusó de criminalizar al movimiento.

“Lo que empezó siendo una radicalización discursiva que pasaba por criminalizar públicamente a las familias desfavorecidas, culpabilizar la necesidad, ahora ha pasado también a ser una persecución constante a los movimientos por la vivienda. Las multas cada vez son más habituales en los desahucios, el mero hecho de poner tu cuerpo para intentar evitar una vulneración de derechos ya implica que puedas ser identificado y multado”, critica Juanjo Ramón, portavoz de la PAH en Cataluña.

La mesa de emergencia de Barcelona llega a máximos históricos

El año en que Saray decidió al piso en que vive en calle Segura, en el distrito de Sants-Montjuïc, en Cataluña había un total de 14.689 viviendas públicas vacías. De ellas, la mitad estaba en la provincia de Barcelona. En 2024, el último año del que se tienen registros oficiales, la cifra de pisos públicos vacíos en Cataluña era de 12.581. Los datos corresponden a la memoria de actividad que publica cada año la Agència d’Habitatge de Catalunya y pone de manifiesto lo señalado por los sindicatos: el problema radica en la gestión de esos pisos y no en la falta de ellos.

A la actual situación de la vivienda en Cataluña se suma el momento crítico por el que pasa la mesa de emergencia de Barcelona. Según información del propio Consorcio de la Vivienda de Barcelona, recogida por la PAH y otros sindicatos, en mayo de este año la lista de espera para acceder a una vivienda pública llegó a las 754 familias, el máximo histórico. El aumento de la lista de espera coincide con los recortes aplicados desde el Ayuntamiento de Barcelona, que en 2025 cedió solo 59 pisos a la mesa de emergencia, 84 pisos menos que el año 2022.

Los desahucios, por otra parte, han aumentado por segundo año consecutivo en la capital catalana. Según datos del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en 2025 se ejecutaron 1.373 desalojos, 120 casos más que en 2022. En paralelo, también, una investigación de Cadena Ser reveló el gobierno del alcalde Jaume Collboni redujo a menos de la mitad el presupuesto destinado a la construcción de viviendas públicas. Si entre los años 2022 y 2024 se destinaron cerca de 80 millones de euros a este fin, en 2025 la cifra bajó a los 35 millones.

El caso de Manresa

Si hay una ciudad de Cataluña que ha acaparado la atención del movimiento por la vivienda en 2025, además de Barcelona, es Manresa. Ubicada a 65 kilómetros de la capital y muy cerca del macizo de Montserrat, la principal ciudad de Bages ha sido escenario de un activo proceso de resistencia por parte de un grupo de vecinos en contra del fondo buitre Cerberus y de la Sareb. Se trata de los habitantes del Bloc 8 y Bloc 9, ocupados en mayo de 2021 y mayo de 2023 respectivamente por el sindicato PAHC Bages. Desde entonces en los bloques viven familias en situación de vulnerabilidad a la espera de poder acceder a un alquiler social o bien conseguir la expropiación de los edificios para que pasen a ser parte del parque de viviendas públicas.

Abderrahman Latrach es vecino y portavoz del Bloc 8. En 2019 fue desahuciado junto a su esposa y cuatro hijos del piso en el que vivieron de alquiler durante 13 años. Entró en la mesa de emergencia y tiempo después les ofrecieron un piso de menos de 50 metros cuadrados. Abderrahman, consciente de que en la ciudad había pisos vacíos más apropiados para su familia, rechazó la oferta. Al tiempo recibió una carta en la que la AHC le indicaba que si no aceptaba el piso quedaría excluido de la mesa de emergencia durante dos años.

Aceptó la determinación y junto a otras cinco familias en situación similar, y con apoyo de la PAHC, entraron en un edificio que llevaba casi una década abandonado, en ese entonces propiedad del Banco Sabadell. Tiempo después el edificio fue vendido a Cerberus, un fondo de inversión con sede en Estados Unidos y que tiene cerca de 16.000 propiedades en territorio español. “No digo ocupar, porque es una palabra un poco rara. Lo que digo yo es recuperar. Hablé con mi mujer y con mi familia, que al principio no estaban de acuerdo. Yo les dije que si recuperábamos el edificio será para más familias, no solo para nosotros. Y así terminaron aceptando y entramos con la PAHC”, explica Abderrahman a El Salto.

Actualmente las seis familias que residen en el Bloc 8 viven en la incertidumbre. En algún momento la Agència d'Habitatge en conjunto con el ayuntamiento de Manresa mostraron interés en adquirir el edificio y así sumarlo al parque de viviendas públicas, sin embargo en mayo de este año comunicaron que la iniciativa era “inviable”. En este momento ninguna de las familias, explica Abderrahaman, forma parte de la mesa de emergencia y no tienen alternativa habitacional en caso de que se ejecute el desahucio. En su caso el veto original de dos años se ha extendido hasta ahora. “A mí no me castigaron por ocupar una vivienda pública, como en otros casos. La versión oficial es que no acepté el piso que ofrecieron, pero sé que a mí me castigaron por luchar, por no aceptar. Por molestar”, añade.

En febrero de este año los Mossos intentaron desahuciar a Yuli y su familia de uno de los pisos del Bloc 8. Solo la masiva presencia de vecinos y activistas evitó que el desalojo se ejecutara. Sin embargo hace algunas semanas el Juzgado de Manresa unificó los seis procesos judiciales y decretó un macrodesahucio del bloque para el día 23 de septiembre. En una muestra de rechazo a la sentencia, los vecinos del bloque colgaron en la plaza de la ciudad un cartel electrónico que muestra los días que faltan para el desahucio.

Desde El Salto se intentó contactar en diversas ocasiones a la Agència d'Habitatge de Catalunya para consultarle sobre los temas tratados en este reportaje, sin embargo hasta ahora no hubo respuesta de su parte.