Catalunya
Ítaca fuera del mapa: Cataluña comienza el curso político

El panorama político en Catalunya se enreda en una madeja cada vez más difícil de deshacer.

Consejo de Ministros Barcelona 20 de diciembre
Corte de carreteras el 20 de diciembre, en la víspera del Consejo de Ministros de Barcelona. La Directa

publicado
2019-01-29 06:01

El “otoño caliente” fue al final tan suave como la “primavera catalana”. Prácticamente todo el mundo esperaba que las protestas del 21-D contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona se convirtiesen en una demostración de fuerza del soberanismo antes del inminente juicio a los presos y demás procesados políticos. El resultado, sin embargo, fue exactamente el contrario: no solamente hubo diferentes convocatorias —Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron por separado— y no sólo algunas de dichas convocatorias pincharon —es el caso de la “marcha lenta” de la ANC que había de colapsar el centro de Barcelona y de la que nada se supo—, sino que transmitieron una imagen de división, al enfrentarse una parte de las primeras con la última.

El vídeo de un grupo de manifestantes constituidos en “Escudos por la República” (sic) encarándose a un grupo de los CDR y recriminándoles que llevasen la cara tapada y volcasen contenedores —que tenían como objetivo dificultar el avance de las furgonetas de los efectivos antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, que habían cargado contra los manifestantes momentos antes—, se difundió como la pólvora por las redes sociales entre usuarios a favor y en contra de lo sucedido, y tuvo su mismo efecto.

Evidenció aun más la división dentro del movimiento independentista y provocó el enésimo debate sobre las tácticas y estrategias del independentismo para alcanzar sus objetivos, sin que el debate tuviese, también por enésima vez, efecto visible alguno, más allá, quizá, de clarificar las posiciones y, también, erosionar al gobierno de Quim Torra. He aquí la paradoja: en Cataluña existe ahora un importante movimiento independentista, con organizaciones propias y un importante tejido social, pero la independencia no está en el horizonte. Ítaca, por utilizar una popular metáfora dentro del soberanismo catalán, no está en el mapa. La dirección política en el Palau de la Generalitat carece de la unidad a la que constantemente apelan desde los medios y, además, las encuestas de intención de voto anuncian una tormenta para el Estado español.

A vueltas con los presupuestos

Uno de los escollos con que se encuentra el gobierno catalán es la aprobación de los presupuestos para este año, toda vez que las fuerzas presentes en el gobierno carecen de mayoría absoluta y, en este momento, sólo Catalunya En Comú-Podem (CECP) ha mostrado predisposición a entablar una negociación sobre ellos.

Inicialmente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó un triple acuerdo que permitiera la aprobación de las cuentas tanto de los gobiernos de España y de la Generalitat como del gobierno municipal de la capital catalana. Y, según algunas fuentes, el apoyo a los presupuestos de Sánchez y de Colau ha aparecido en las negociaciones en el Parlament sobre las cuentas públicas catalanas. No obstante, ello resulta paradójico cuando desde las propias fuerzas hermanas de CECP en el Congreso se empiezan a plantear reticencias al proyecto presupuestario de Sánchez e incluso una diputada en el Congreso de En Comú Podem ha advertido con no votar a favor de éste si el gobierno del Estado no levanta el bloqueo impuesto al barco Open Arms.

Esta fractura del propio bloque que apoya al gobierno español empezó a visualizarse el pasado martes, 22, con la revocación por el Congreso del Real Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Con todo, en la negociación de los presupuestos catalanes, los “comunes”, oficialmente, reclaman la recuperación del gasto público social anterior a 2010 y una reforma progresiva de los tramos superiores del IRPF, así como la reducción de bonificaciones al Impuesto de Sucesiones, aunque, como ya comentamos en un artículo anterior, su formación predecesora (Catalunya Sí Que Es Pot) se desentendió de toda negociación presupuestaria cuando la CUP planteó contrapartidas similares a las suyas durante la negociación de las cuentas de 2017.

Los sectores de JxCat que tienen como cabezas visibles a Puigdemont y Torra, condicionan la negociación de las cuentas del gobierno español al inicio de un proceso de negociación sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán

En lo tocante a las fuerzas que apoyan al gobierno catalán, en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) existe una posición escasamente disimulada favorable a votar a favor de los presupuestos de Sánchez, aunque oficialmente se mantiene la condición de que el gobierno haga un “gesto” respecto al inminente juicio sobre el proceso independentista en el Tribunal Supremo, básicamente instar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado a que retiren los cargos de “rebelión” y “sedición”, respectivamente.

En cambio, la situación en el espacio agrupado en Junts per Catalunya (JxCat) es de franca división. Por una parte, los sectores más vinculados al aparato de la antigua CDC y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) —en particular sus diputados en el Congreso— se muestran partidarios de permitir la aprobación de los presupuestos del gobierno de Sánchez, a fin de que éste pueda agotar la legislatura y se retarde lo máximo posible la convocatoria de unas elecciones de las que podría surgir una mayoría parlamentaria conservadora.

Y es que, tras la pérdida de la Junta de Andalucía por parte del PSOE, con la amenazadora irrupción de Vox con 12 diputados en el parlamento andaluz, y en tendencia ascendente en las encuestas de intención de voto, la caída del gobierno de Sánchez podría acelerar la formación de un gobierno del PSOE en coalición con Ciudadanos (C’s) —opción favorecida desde algunos medios de comunicación y, según se rumorea, también desde Bruselas— o, directamente, de un gobierno de derechas, en una combinación u otra, que sería hostil no ya al independentismo, sino a cualquier intento de negociación que permita rebajar las tensiones.

Por otra parte, los sectores de JxCat de tradición genuinamente independentista y que tienen como cabezas visibles a las figuras de Carles Puigdemont y el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, condicionan la negociación de las cuentas del gobierno español al inicio de un proceso de negociación sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

No obstante, la posibilidad de que un gobierno del régimen español de la monarquía reinstaurada se avenga a acordar un referéndum de este tipo requiere una fuerte movilización y presión diplomática internacionales. Y es difícil que éstas se produzcan si no se da una situación de conflicto en Cataluña, que es precisamente aquello a lo que tiene pavor el independentismo mayoritario, dada su composición de clase.Con todo, el que actualmente dicha opción se considere inviable es significativo de la envergadura del conflicto político de fondo y desmiente el argumento empleado por algunas fuerzas de izquierda según el cual el ejercicio de la autodeterminación catalana vendría de la mano de la constitución de un gobierno de izquierda a escala española, argumento que está en la base de la victoria obtenida en Cataluña por En Comú-Podem en las elecciones a Cortes de diciembre de 2015 y junio de 2016.

La “nueva” propuesta “federalista” de Catalunya en Comú

El sábado, 19, Catalunya en Comú (CeC) aprobaba un documento estratégico en que, además de “defender el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado” concluido “entre Unidos Podemos y el gobierno del Estado”, defendían como marco jurídico-político para el Estado español “una república parlamentaria federal, con una relación de carácter confederal respecto a Cataluña y las naciones que así lo decidan”, modelo que “se concretaría mediante acuerdos bilaterales”.

Para ello, proponían “la elaboración de una Constitución catalana en el marco de un Estado plurinacional” que, entre otros características, contenga “el reconocimiento de Cataluña como nación política”, la “implantación de un nuevo sistema competencial en que Cataluña pueda tener plena soberanía en materias de competencia exclusiva”, y “un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña a partir de la creación de una hacienda propia y solidaria”.

Aunque el documento dice marcarse como objetivo “superar el actual marco estatutario”, lo cierto es que todos los puntos figuraban ya en el Proyecto de reforma del Estatuto de autonomía aprobado por el Parlament el 30 de septiembre de 2005, con la única diferencia de que ahora, en la línea del federalismo que dicen defender, se sustituye Estatuto de autonomía por Constitución y en esta ocasión se habla abiertamente de una “reforma de la Constitución española”.

Sin embargo, los redactores del documento prefieren hacer caso omiso del proceso de reforma estatutaria de 2005-06, durante el cual el Proyecto aprobado por el Parlament sufrió un virulento proceso de depuración —el presidente de la comisión de las Cortes que elaboró el texto reelaborado, el socialdemócrata Alfonso Guerra, habló de “cepillado”—, durante el cual desapareció todo elemento de reconocimiento del hecho nacional catalán que sobrepasara el del Estatuto en vías de reforma, empezando por el propio artículo primero, cuyo texto declaraba que “Catalunya és una nació”.

Como es harto sabido, el Tribunal Constitucional remató la faena del propio texto aprobado por las Cortes, vaciando de contenido, entre otras cosas, el concepto de competencia exclusiva de las atribuciones de la Generalitat, declarándolo conforme a la Constitución sólo al precio de considerarlo compatible con la intervención de la Administración central mediante legislación básica en dichas materias (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 59).

Y es que el concepto de competencia exclusiva es puramente ilusorio mientras el artículo 150.3 de la Constitución española reconozca potestad irrestricta al poder central para dictar legislación básica sobre todas las materias, incluyendo las que, supuestamente, son competencia de las administraciones autonómicas. Y por mucho que se apele ahora a reformas constitucionales, ni se dispone actualmente de la mayoría necesaria en el Congreso —ni, aun menos, en el Senado— para llevarla cabo ni es esperable que exista en las próximas Cortes (como no sea para acometerla en un sentido inverso al que propone CeC).

Si los redactores del documento de CeC omiten el episodio de la última reforma estatutaria, huelga decir que la misma suerte corre el Proyecto de Estatuto de 1931, planteado precisamente como Constitución de un estado federado y que fue igualmente desfigurado por las Cortes españolas y reducido a Estatuto de una mera “región autónoma”, en el contexto de un “Estado integral” que rechazaba el federalismo.

Sin embargo, el estudio de ambas propuestas es básico para todo pretendido federalista, y muestra la inviabilidad de todo proyecto de transformación federal de España desde un régimen de mera descentralización político-administrativa como es el actual Estado de las Autonomías, y no de integración política desde la previa soberanía (y ése fue precisamente el argumento alegado por el presidente de la Comisión de Constitución de la Segunda República española, el socialista Luis Jiménez de Asúa, para explicar el rechazo del modelo federal por parte del constituyente).

En efecto, en el contexto actual, la única vía posible para la transformación federal de España es la previa independización de los pretendidos estados federables, toda vez que sólo la previa soberanía proporciona la fuerza negociadora necesaria para diseñar en posición de igualdad la composición de las instituciones federales y sus órganos jurisdiccionales, las haciendas federal y federadas, un marco competencial que reconozca competencia realmente exclusiva para los estados federados y, sobre todo, los órganos encargados de dirimir los conflictos competenciales entre las partes (actualmente nombrados unilateralmente por el poder central).

Por lo que, si la independencia es un objetivo difícil, tanto por la exigüidad de la relativa mayoría favorable a ella en Cataluña como por la negativa del gobierno español a considerarla como opción posible y la ausencia de aliados internacionales, qué decir de una reorganización federal del estado, donde la inmensa mayoría de sujetos pretendidamente federables rechazan esa opción y, en algunos casos, la tendencia de las posibles reformas del Estado de las Autonomías parecen caminar en dirección inversa.

La corriente Sobiranistes constataba “la incomodidad” de la dirección ante cualquier referencia al referéndum del 1 de octubre, así como su reticencia a pronunciarse “contra la represión” o a criticar “la Constitución del 78”

El escaso crédito de la propuesta de CeC se evidencia nuevamente en el rechazo de lo que es una condición de posibilidad de lo que ésta dice defender y en la adopción de una posición equidistante entre el republicanismo independentista y el régimen de la monarquía reinstaurada (“debemos diferenciarnos tanto de la vía unilateral independentista como del inmovilismo centralista y monárquico”).

Finalmente, el documento reclama “el reconocimiento del derecho del pueblo de Cataluña a ser consultado de forma vinculante sobre su futuro político por la vía del referéndum” y propone la presentación de una “Propuesta de Ley de claridad en el Parlament para ser tramitada conforme al procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico vigente”. Dejando de lado que “el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico vigente”, hic et nunc, hace imposible el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos bajo la administración del Estado español, la mención a la ley sobre la claridad referendaria canadiense constituye una insigne torpeza, por cuanto se trata de una iniciativa legislativa unilateral del Parlamento del Canadá, rechazada por el soberanismo quebequés.

En este sentido, el único elemento de consenso entre el federalismo canadiense y el soberanismo quebequés es la decisión del Tribunal Supremo canadiense de 20 de agosto de 1998, según la cual “un voto de una mayoría clara en Quebec a favor de la secesión sobre una pregunta clara conferiría legitimidad democrática a la iniciativa secesionista, que el resto de miembros de la Confederación deberían reconocer”.Como era previsible, este documento desató la crítica inmediata del sector soberanista de la propia CeC.

Así, en un comunicado emitido el mismo día, la corriente Sobiranistes, que acusaba a la nueva dirección de la organización de aprobar, “con urgencia y sin la participación del territorio, un nuevo ideario que pone de manifiesto un nuevo rumbo del partido”, y destacaba “la desaparición de toda referencia a la construcción de una república catalana [aunque ésta no fuera necesariamente independiente, como proponía el programa con que Catalunya Sí Que Es Pot concurrió a las elecciones al Parlament de 2015, planteadas a modo de plebiscito sobre la independencia] y a un proceso constituyente que tenga en su centro el derecho al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos”.

Por ello, la nueva propuesta de CeC supone, a juicio de Soberanistes, la supeditación de “la voluntad de la ciudadanía de Cataluña al Estado”. Asimismo, la corriente soberanista también constataba “la incomodidad” de la dirección ante cualquier referencia al referéndum del 1 de octubre, así como su reticencia a pronunciarse “contra la represión” o a criticar “la Constitución del 78”, y denunciaba la “resistencia de un sector de la dirección a asistir a manifestaciones que pidan la libertad de los presos y las presas”.

Y en política interna, pragmatismo

La posición de máximos que muestra el presidente de la Generalitat en lo tocante a la negociación de los presupuestos del gobierno español contrasta con el pragmatismo en otros aspectos de política interna. Así, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha iniciado el proceso de reforma de seis de las catorce leyes aprobadas por el Parlament con preceptos anulados o suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) y cuyo cumplimiento efectivo exigía una resolución del Parlament del 5 de julio del pasado año.

Sin embargo, este “cumplimiento efectivo” parece que se concretará en el acatamiento de las prohibiciones del TC. A modo de ejemplo, en el caso de la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el gobierno catalán pretende ahora que el Parlament limite a las empresas del sector público la implantación obligatoria de planes de igualdad y la adopción medidas de prevención del acoso sexual y de conciliación, alegando que la competencia para regular el sector privado corresponde a la Administración general del Estado.

Como quiera que el propio ejecutivo vendió la recuperación de estas leyes como una “restauración” y un desafío al gobierno central —conviene recordarlo: por presión de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que abanderó esta cuestión durante la campaña—, la decisión de rebajar su contenido no podía ser vista más que como una renuncia y un paso atrás, sumándose así a otras tantas decisiones que han sido vistas de igual modo.

Gestos y detenciones

Mientras las direcciones de algunos partidos independentistas esperaban el anhelado gesto del gobierno español respecto al juicio en el Tribunal Supremo, el día 16 la jornada política catalana comenzaba con la detención por parte de la Policía Nacional de 16 personas (a iniciativa de la Brigada de Información y sin orden de los juzgados de instrucción), entre ellas los alcaldes de Verges (Ignasi Sabater) y Celrà (Daniel Cornellà) y miembros de los CDR y la CUP e incluso un periodista gráfico.

Como todo el “independentismo de orden”, Quim Torra sueña con resolver este asunto con una negociación entre políticos en salones forrados de terciopelo rojo y lámparas de araña

El motivo era un supuesto delito de “desórdenes públicos” por la ocupación de las vías del AVE de Girona durante las movilizaciones con motivo del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. En una muestra más de los habituales actos de discriminación lingüística cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado —y especialmente frecuentes en Baleares y el País Valenciano—, la policía prohibió la entrada durante horas a comisaría al abogado Benet Salellas, por dirigirse en catalán a los agentes. El propio Salellas declararía posteriormente que las detenciones respondían a una decisión del Ministerio del Interior.

En la niebla geopolítica

Con Puigdemont reteniendo el capital simbólico de la presidencia, Torra fue elegido, como se recordará, como un presidente transitorio e incluso vicario, cuyo papel, decían, había de ser meramente el de implementar las decisiones tomadas desde Bruselas. Para este tipo de cargos, en Estados Unidos, se reserva la expresión pato rengo (lame duck), que, en su sentido literal, es el animal que no es capaz de seguir el ritmo de la bandada y se convierte en blanco de depredadores.

Este sentido se ajusta bien a Torra, cuyas declaraciones poco medidas sobre los CDR o la “vía eslovena” le convirtieron en objetivo de las críticas de los medios de comunicación y las redes sociales, incluidas las de no pocos independentistas. A mediados de mes, Torra se desplazó a EE UU, un viaje que tuvo unos resultados más bien escasos, ya que el presidente catalán no logró abrirse paso en la agenda mediática del país, y sus reuniones con líderes políticos y sociales no tuvieron repercusión más allá de los medios catalanes.

El presidente de la Generalitat dio una conferencia en la Universidad de Stanford, en la que, además de insistir en las demandas habituales de libertad para los políticos encarcelados o respeto al derecho a la autodeterminación, evidenció nuevamente la ingenuidad de la élite política catalana.

Torra acertó, sin duda, al afirmar que “sólo el poder de la presión internacional forzará al Estado español a sentarse en una mesa a negociar”, pero, como todo el “independentismo de orden”, sueña con resolver este asunto con una negociación entre políticos en salones forrados de terciopelo rojo y lámparas de araña, sin un conflicto que arrastre a una de esas partes, claramente reacia al diálogo, a esa mesa de negociación.

Si la ingenuidad en este punto no es nueva, sí lo fue que Torra asegurase que, en tiempos de “crecientes autoritarismos […], defender el derecho a la autodeterminación en Cataluña es una causa de interés geopolítico para América y para todo Occidente”. ¿Intentaba quizá Torra ganarse a la audiencia estadounidense? El presidente de la Generalitat emplazó a Washington a “proteger” a las pequeñas naciones y el derecho a la autodeterminación, como si EEUU no hubiera utilizado notoriamente ese mismo discurso de manera arbitraria, en función de sus intereses geoestratégicos.

Y ello desde hace por lo menos un siglo y con ejemplos tan recientes como el abandono de los kurdos sirios a su suerte frente a las amenazas de Turquía. De este modo, continuaba Torra, la resolución democrática del conflicto político en Cataluña contribuiría a “promover un mundo más democrático, más americano”. Como si el mundo no fuese ya suficientemente americano...

La fundación de la Crida Nacional

La polémica en Madrid en torno a la decisión de Íñigo Errejón de respaldar la candidatura de Manuela Carmena ocultó en los medios otro gambito político en Cataluña de no menor significado. El 8 de enero, la Crida Nacional, el movimiento impulsado por Puigdemont, se inscribió en el registro de partidos del Ministerio del Interior con el nombre de Crida Nacional per la República (CNxR) con Ferran Mascarell, Ramon Maria Piqué, Gemma Geis y Sawla el Garbhi como representantes legales, y el 26 de enero celebraba un congreso en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona para elegir su dirección. La decisión de registrar la CNxR como partido no parece haber sentado nada bien en el PDeCAT.

Según informaba la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el 17 de enero, sectores del partido estarían presionando para impedir que se permita la doble militancia y exigen al presidente de la formación, David Bonvehí, que defienda las siglas y abandone la equidistancia antes de que se produzca una “ruptura total”.

Con la decisión de registrar la CNxR, lo que se ha dado en llamar “núcleo duro de Puigdemont” parece haber lanzado todo el peso en la creación de un partido-movimiento —en consonancia con los vientos políticos que soplan en Europa y que, según algunos, busca emular el carácter transversal del Partido Nacionalista Escocés (SNP)— que absorba al PDeCAT, dividido y cuyo buen nombre está en entredicho, y frene el ascenso de ERC, que sigue manteniéndose en los sondeos como primera fuerza en Cataluña.

Quizá también tenga que ver con las informaciones que hablan de un nuevo intento de investir a Puigdemont como presidente, esta vez con una reforma legal que permita su investidura telemática, la misma que fue rechazada en 2018 y condujo a la elección de Torra. La comisión correspondiente para iniciar el proceso de reforma se pondrá en marcha el próximo 1 de febrero.

En este contexto se inscribe el recurso de amparo ante el TC interpuesto en nombre de Puigdemont por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas (fechado el 9 de enero pero conocido el 21), contra la decisión de la Mesa del Parlament del 9 de octubre del pasado año, por la que se le retiraba la facultad de delegar su voto, en cumplimiento del auto de 9 de julio del magistrado del TS Pablo Llarena en que suspendía a los diputados procesados en la causa especial 20907/2017.

Si bien el 2 de octubre el Parlament aprobó una resolución de rechazo de las suspensiones ordenadas por Llarena, lo hizo a la manera propia del procés: declarando solemnemente una cosa y obrando de forma opuesta. Y es que el segundo punto de la mencionada resolución parlamentaria autorizaba a los diputados afectados a designar un sustituto mientras dure la suspensión, opción a la que se acogieron los electos de ERC.

No obstante, ante la negativa de los diputados de JxCat a designar sustituto, la Mesa del Parlament, por un acuerdo entre ERC y el PSC, retiró la facultad de delegar el voto a los cuatro diputados suspendidos que no habían aceptado la sustitución. Todos estos movimientos y maniobras políticos también podrían estar incuestionablemente relacionados con las próximas elecciones municipales de mayo, en las que se espera que el PDeCAT retroceda en todas partes en favor de ERC, incluyendo a la capital catalana, donde los republicanos han escogido a Ernest Maragall como candidato.

ERC podría pactar la alcaldía con Barcelona en Comú (BeC), que, de ser la fuerza ganadora de las elecciones, también se abriría a un de acuerdo de ese tipo, o incluso a un tripartito. Para contrarrestar el empuje de ERC en las encuestas, el PDeCAT presentará, finalmente, a Joaquim Forn como candidato a la alcaldía de Barcelona y estudia presentar a Jordi Turull como cabeza de lista a las europeas, imitando la candidatura de Oriol Junqueras por ERC.

En cualquiera de los casos, y sea cual sea el resultado de todas estas maniobras de los dos principales partidos independentistas, parece claro que ambos han optado por el corto plazo, con miras a encontrar la mejor posición posible de cara a una futura negociación con Madrid que, dependiendo del gobierno, será con la mano tendida o a cara de perro. Aunque haya quien siga hablando de ella, Ítaca, como decíamos, ya no figura en el mapa.

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