Catalunya
El 65% de los casos de violencia institucional en Catalunya se archivan sin que se complete la investigación

Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humas ha presentado este jueves su informe sobre violencia institucional del 2024 en Catalunya. En él denuncian “que las carencias del sistema judicial” del Estado español perpetúan “ la impunidad en casos de violencia institucional”.

La mitad de los amnistiados son policías y guardia civiles

Gessamí Forner

6

Represión

Catalunya La mitad de los amnistiados son policías y guardia civiles

Gessamí Forner

6

Tras cumplirse los dos meses que establece la Ley de Amnistía para resolver un recurso, se aprecia el sesgo ideológico de los tribunales en la resolución de las primeras 215 solicitudes presentadas.

El informe revela que durante el año pasado un total de 143 policías y otros agentes del Estado han sido imputados en procesos judiciales en los que se les denunciaba por ejercer algún tipo de violencia en Catalunya, y que sin embargo, tan solo 5 de ellos han sido condenados.  Según el informe, 40 son miembros de los Mossos d’Esquadra y 60 de la Policía Nacional. Entre los otros agentes imputados se encuentran policías locales, funcionarios de prisiones y vigilantes de seguridad privada.

En 2024 se ha identificado un componente racista en el 42,8% de los casos estudiados. Una cifra que aumenta con respecto a 2023 en el que se apreció en el 40,81% de los casos y con respecto a 2022 en el que la cifra era de 33,33%.

La organización señala la responsabilidad de las instituciones estatales que perpetúan una falta de investigación en los delitos de violencia ejercida por estos funcionarios públicos. En este sentido, la directora de la organización, Anaïs Franqueza Griso explica que: “el sistema judicial español no cumple su rol de garantizar los derechos humanos y proteger las víctimas, su fracaso al investigar adecuadamente los abusos por parte de agentes del Estado perpetúa la impunidad y debilita el Estado de Derecho”.

El estudio apunta que en 32 casos de 49, es decir en más de un 65%, los casos de violencia institucional son archivados, inadmitidos o tramitados como delito leve sin que se realicen todas las diligencias de investigación que el Tribunal Constitucional considera pertinente. En 24 de estos 32 casos instancias superiores judiciales han exigido que se siga investigando.

Irídia: “A pesar de que en la mayor parte de los casos, las instancias superiores acaban confirmando el deber de investigar”, los juzgados de instrucción “continúan cerrando los procedimientos antes de una investigación efectiva”

Desde Irídia creen que esto es una evidencia de que “a pesar de que en la mayor parte de los casos, las instancias superiores acaban confirmando el deber de investigar”, los juzgados de instrucción “continúan cerrando los procedimientos antes de una investigación efectiva” lo que provoca “ pérdida de pruebas esenciales, graves atrasos en los procedimientos, sobrecarga emocional y procesal a las víctimas”, lo que acaba desembocando en la impunidad institucional.

Cira Martinez psicóloga de la entidad, que atiende a las personas que quieren denunciar violencia policial, expone que “la impunidad genera miedo, silencio y la sensación que los agresores pueden actuar sin consecuencias”.

Metropolice

La violencia institucional (por activa y por pasiva)

Pedro Oliver Olmo

Represión

La violencia institucional (por activa y por pasiva)

Pedro Oliver Olmo

Identificar esta violencia es el primer paso para denunciarla, arropar a las víctimas y prevenirla.

No solo en cuanto al archivo de los casos la organización por los derechos humanos hacen un señalamiento a los juzgados, también por la actitud que la fiscalía toma al respecto de estos. En 20 de los 49 casos que se han analizado el Fiscal tuvo un rol contrario a que se realizara la investigación y en 17 mostró pasividad o inacción ante el proceso. Además, sólo uno de los informes elaborados por el Instituto de Medicinal legal en estos casos cumplía el protocolo de Estambul, según apunta Irídia.

El informe también pone el foco sobre el componente racista de la violencia institucional dentro del territorio. En 2024 se ha identificado un componente racista en el 42,8% de los casos estudiados. Una cifra que aumenta con respecto a 2023 en el que se apreció en el 40,81% de los casos y con respecto a 2022 en el que la cifra era de 33,33%.

Irídia ha llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso contra el Estado español por el caso de un menor agredido por dos vigilantes de seguridad privada del metro de Barcelona a la salida del mismo en 2022. El caso fue incoado por delito leve por el Juzgado de Instrucción a pesar de las pruebas gráficas donde se muestra la agresión de los vigilantes al menor.