Cárceles
“Las prisiones están por encima de su capacidad y el riesgo de infección es altísimo”

Una persona presa en el centro penitenciario de Nanclares de Oca, en Álava, fue la primera en dar positivo en la prueba del Covid19 en las prisiones del estado. “Lo que sabemos es que se le aisló en una celda, como si fuera un castigo”, afirma César Manzanos, presidente de Salhaketa Araba. No han conseguido más información respecto de su situación. Hasta ahora, son 20 las personas presas infectadas con el virus, y hasta 181 trabajadores de centros penitenciarios, según los datos ofrecidos por Instituciones Penitenciarias. Una mujer de 78 años, presa en la cárcel de Estremera (Madrid), falleció a causa del coronavirus el día 20 de marzo. También un funcionario de la prisión de Fontcalent, en Alicante, falleció a causa del virus diez días después.

La asociación de apoyo a las personas presas, Salhaketa Araba, ha exigido a la Diputación Permanente del Parlamento vasco y al Ararteko (Defensor del Pueblo en la CAV) medidas que protejan la salud de las personas encerradas en prisión ante la pandemia del Covid19. En un escrito, han reclamado el refuerzo inmediato del personal sanitario en los centros penitenciarios, que en caso de dar positivo en la prueba, la persona afectada cumpla el aislamiento en una instalación médica y no en una celda, y medidas especiales de control para funcionarios y trabajadores. Exigen que la Administración mantenga informadas a las familias sobre el estado de salud de sus familiares en prisión.

Además, han solicitado la excarcelación de las personas presas en situación de riesgo, como mayores de 70 y las enfermas, y la de aquellas que estén preventivas o que tengan condenas de corta duración. “La excarcelación tiene que ver con un tema muy sencillo: las prisiones están por encima de su capacidad, por eso el riesgo de infección es altísimo”, critica Manzanos. En su opinión, estas medidas llegarán cuando la situación “se les vaya de las manos”, y probablemente será tarde.

“La cárcel se convierte en una bomba de relojería si no tienes mecanismos para poderte comunicar con tu familia, o tu entorno”, advierte al hilo de la decisión de aislar las prisiones. Solo los funcionarios y trabajadores de las prisiones pueden acceder desde el exterior, mientras que las personas presas han visto cancelados los permisos de salida, excepto para ir a trabajar. En este sentido, Salhaketa Araba también ha exigido que las administraciones garanticen el derecho de las personas presas a comunicarse con su entorno a través de un incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios y la gratuidad de las llamadas telefónicas extras.

Más de 65 colectivos de todo el estado han presentado las mismas reivindicaciones ante el Ministerio de Interior e Instituciones Penitenciarias con el fin de “evitar la propagación del virus dentro de las cárceles y garantizar los derechos de las personas presas”. “Es importante hablar del contexto. En prisión, entre un 70 y un 80 por ciento de la población recluida está enferma”, explica el presidente de la asociación alavesa de apoyo a las personas presas.

Manzanos sitúa en este contexto su reclamación de reforzar el personal sanitario en los centros penitenciarios. Además, considera que hay un déficit estructural de recursos en ámbitos como la atención primaria, la prevención, la salud mental o la especialización. “Dentro de prisión existe una experiencia fuerte en lo que tiene que ver con el abandono de la salud de las personas presas”, afirma Manzanos.

Corporativismo y carcelicidio

El año pasado cinco personas presas murieron en la cárcel de Zaballa. Salhaketa ya denunció entonces la oscuridad y falta de información que rodeaba esos fallecimientos.“Incluso cuando hay personas que mueren en prisión no se informa correctamente a las familias”, denuncia el presidente de la federación alavesa de Salhaketa. El corporativismo y la falta de información son una constante cuando se trata de muertes en prisión, señala Manzanos.

“No es algo específico de esta pandemia, en las cárceles se aplica una política de carcelicidio”, resume el presidente de Salhaketa Araba. Aunque la Administración ofrece los datos de personas que fallecen en prisión, para Manzanos no son datos fiables porque a algunas personas se las lleva a morir al hospital o se las excarcela en situación crítica. En los años ochenta, durante la pandemia del sida estas prácticas eran habituales, recuerda. “Fue un verdadero carcelicidio, estamos hablando de miles de personas muertas”, sentencia Manzanos.