La lucha por la tierra en Andalucía

Los Corrales, 1969. El recién ordenado sacerdote Diamantino García se hace cargo de la parroquia de este municipio sevillano. Compañeros de equipo pastoral toman una responsabilidad similar en localidades cercanas como Pedrera o Gilena. Sin su llegada, la historia de Andalucía del último medio siglo se habría escrito con muchos párrafos diferentes.

Manuel Velasco Haro tiene once años y es uno de los tres monaguillos que hay en la parroquia de Los Corrales cuando llega Diamantino García. Así, Manuel entra en contacto con las ideas de la teología de la liberación, del papado de Juan XXIII y las Hermandades Obreras de Acción Católica.

Estos sacerdotes, que habitan en pueblos donde un alto porcentaje de la población activa es jornalera, se identifican con la vida de sus parroquianos, renuncian a su salario y comienzan a trabajar en el campo en las temporadas que había faena.

Durante los últimos años del franquismo, este movimiento clandestino se extiende, de forma paralela, por otros pueblos de la Vega y el Bajo Guadalquivir, la campiña cordobesa y la Sierra de Cádiz, donde van surgiendo otros núcleos, algunos con influencia del PCE y otros más autónomos.

En 1974, en las primeras comisiones de jornaleros, van haciéndose conocidos nombres que liderarán la lucha sindical, como Diego Cañamero en El Coronil, Paco Casero en el norte de Cádiz, Paco Ortiz en Baena, Gonzalo Sánchez El Bizco Patota en Lebrija y el propio Diamantino García junto a otros líderes y curas obreros. “De esta época son los primeros documentos propagandísticos y las primeras protestas puntuales en cortijos”, apunta Manuel.

Por estas fechas, la población jornalera en Andalucía supera el 25%; en algunos municipios, supone más del 65%. En el conjunto del Estado es del 10%. La temporalidad en el empleo y la emigración son habituales en este colectivo.

Politización

Antequera, 1976. El centro geográfico de Andalucía acoge la primera asamblea de un sindicato campesino. Sus exigencias se agrupan en torno a la reforma agraria, la repoblación forestal y los mecanismos para reducir las tasas de emigración y analfabetismo. Las influencias de este movimiento son el marxismo y el cristianismo de base.

Ya por estas fechas aparece el Partido del Trabajo de Andalucía (PTA) y su ala de la Joven Guardia Roja, de tendencia maoísta, señala Manuel Velasco Haro, hoy presidente la asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía.

El secretario general del PTA era Isidoro Moreno, quien ha dedicado gran parte de sus estudios a la identidad sociocultural andaluza, además de participar en la firma del Pacto de Antequera de 1978. Esta formación política introduce los planteamientos del nacionalismo andaluz en las organizaciones obreras.

Durante 1977, el movimiento autonomista se vuelve más activo y se extiende a todas las capas sociales, rurales y urbanas. Ciudades y pueblos andaluces se visten de arbonaidas y el movimiento jornalero recoge también estas reivindicaciones. Los días 1, 2 y 3 de septiembre se celebra el primer congreso del Sindicato de Obreros del Campo en el municipio sevillano de Morón de la Frontera.

El 4 de diciembre se celebran las grandes manifestaciones por la autonomía andaluza. Millones de andaluzas y andaluces salen a la calle pidiendo autonomía y Manuel José García Caparrós es asesinado en Málaga con 19 años.

En un contexto de reivindicación autonomista y nacionalista que aumenta en los diferentes territorios, en Andalucía esta demanda va alcanzando cierta efervescencia y su cénit llega con el reconocimiento legal de la autonomía andaluza por la vía rápida de la Constitución.

Ocupaciones

Los planes de empleo comunitario, surgidos en 1971, son insuficientes para un territorio donde la mitad de las tierras está en manos de un 2% de propietarios. A la escasez de trabajo, que se convierte en ausencia total en verano, se le añaden los coletazos de la crisis energética de 1973. Además, en junio de 1977 se celebran las elecciones constituyentes. La calle es un hervidero y en el campo andaluz la situación se hace insostenible.

En febrero de 1978 comienzan las primeras ocupaciones de tierras, recuerda Manuel, en pueblos de la Sierra de Cádiz, como Bornos, Villamartín, Puerto Serrano o Arcos de la Frontera. Estas ocupaciones, además de exigencias económicas, tenían otras de índole política: “Eran una reivindicación contra la propiedad privada”, dice. Las ocupaciones de tierras ya no cesarán. 

Entonces, el Gobierno de UCD ofrece a los “pueblos revoltosos” la creación de cooperativas. Según Manuel, el resultado fue desigual: “Si bien redujo la emigración, también disminuyó la lucha. Además, se crearon más cooperativas de construcción que agrícolas, ya que estas requerían la propiedad de una tierra”. 

Determinación

Marinaleda, 1980. Es verano y la noticia de que 700 habitantes de esta localidad se encuentran en huelga de hambre da la vuelta al mundo. Juan Manuel Sánchez Gordillo, su alcalde y adscrito al SOC, es el portavoz de esta protesta y denuncia: “Lo que está pasando en nuestro pueblo, como en tantos de Andalucía, es un auténtico holocausto social”.

Seis días después de su inicio, la protesta se extiende a otros pueblos de la provincia de Sevilla. En diferentes localidades, grupos de jornaleras y jornaleros se ponen en huelga de hambre tras cortar carreteras. En Morón, un grupo de cristianos de base se encierra en una iglesia e inicia también una huelga de hambre.

Estas movilizaciones nacen por la escasez de fondos para cubrir las necesidades derivadas de las altas tasas de desempleo. Concluye, como señala Manuel, con “el acuerdo de que todos días del año, de lunes a jueves, tenía que haber empleo comunitario”. Otra consecuencia es que Marinaleda se convierte así en un símbolo.

El acuerdo alcanzado para finalizar la huelga de hambre no supuso un freno en las aspiraciones del campesinado sin tierra. La ocupación del pantano de La Cordobilla en 1984, con el objetivo de pedir agua para riego de unas tierras que entonces pertenecían al duque del Infantado, tendría más tarde una importancia clave. La legislación contemplaba que si una tierra de secano se ponía en regadío gracias a agua pública, una parte de la finca podía ser expropiada.

En 1991, con este precedente y tras años de sucesivas ocupaciones de tierras, que llegaron a durar hasta tres meses, el entonces consejero de Agricultura, Leocadio Marín, hizo efectiva la expropiación y cesión al Ayuntamiento de Marinaleda de 1.200 hectáreas de la finca Los Humosos.

Entonces, el municipio colectivizó las tierras y se crearon cooperativas para su gestión y explotación agroindustrial, además de promover políticas sociales que han servido de colchón para amortiguar la crisis económica de los últimos años.

La respuesta institucional

“La sociedad andaluza se ha caracterizado históricamente por una estructura social muy marcada, y que ha tenido en la posesión de la tierra su línea divisoria”. Con esta exposición de motivos, en 1984 se aprueba la Ley Andaluza de Reforma Agraria y la creación del instituto homónimo. De las tierras expropiadas, aproximadamente la mitad pasa a ser gestionada por cooperativas y la otra mitad por EGMASA, una agencia pública.

La sociedad andaluza se ha caracterizado históricamente por una estructura social muy marcada, y que ha tenido en la posesión de la tierra su línea divisoria

Pero los resultados no fueron los esperados. “No se expropió casi nada y no solían ser buenas tierras”, señala Manuel. Las altas cifras de desempleo comenzaban a ser habituales, no solo en zonas agrícolas marcadas por la temporalidad sino que aumentaron también de forma drástica en las zonas industriales afectadas por la reconversión.

Otra respuesta dada por los organismos estatales a esta situación estructural tomó el nombre de Plan de Empleo Rural, apoyado en tres pilares. Uno de ellos era el dinero destinado a obras públicas y gestionado por los ayuntamientos.

Mientras algunos municipios lo aplicaban de forma rotativa, en otros “sirvió para que algunos alcaldes consolidaran su poder gracias a la política de contrataciones”. Otro pilar del PER era el subsidio de desempleo, un sistema de peonadas que se mantiene con el Plan de Fomento del Empleo Agrario. Como tercer pilar estaban los cursos de formación.

En la actualidad

La última Encuesta de Población Activa indica que el número de personas que se dedica a la agricultura en Andalucía está en torno a las 260.000 personas, menos del 10%. Según el último Censo Agrario elaborado por el INE en el año 2009, el 3,5% de explotaciones agrarias concentran el 55% de la superficie agrícola.

En relación a los demandas de reforma agraria y la explotación de tierra pública a través de cooperativas, la Junta de Andalucía ha puesto recientemente sobre la mesa la venta de 10.000 ha que posee, incluida la parte ya gestionada por cooperativas o ayuntamientos.

Los planes de empleo agrario se concibieron como freno a la emigración constante desde el campo andaluz

Entre otros objetivos, los planes de empleo agrario se concibieron como freno a la emigración constante desde el campo andaluz. Sin embargo, la progresiva tecnificación en las labores agrícolas unida a la crisis económica ha demostrado la debilidad de estos planes.

La población andaluza, que había aumentado en más de un millón de personas entre 2001 y 2011, ha experimentado un crecimiento prácticamente nulo desde entonces. Como en las década de 1950 y 1960, que es el rango histórico que muestra un patrón más similar, gran parte de esta nueva emigración andaluza procede del medio rural.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha tomado el relevo del histórico SOC y las acciones reivindicativas continúan, como demuestran ocupaciones como la de Somonte o su apoyo a las Marchas de la Dignidad.

El portavoz nacional del sindicato, Óscar Reina, pide la independencia y la organización era una de las treinta que convocaban a miles de personas el pasado 4 de diciembre en Sevilla en la marcha por una Andalucía soberana.