Crisis climática
El primer juicio por el clima del ecologismo contra el Estado queda visto para sentencia

El primer juicio climático de la historia de España ha quedado visto para sentencia. Tras la demanda de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón presentada contra el Gobierno hace ahora casi tres años, el Tribunal Supremo ya ha puesto fecha para la votación y el fallo: el 27 de junio. Según fuentes judiciales, la resolución pública del alto tribunal no se demorará más allá de septiembre de este año. De fallar a favor de la demanda a la que también se han unido Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, la Justicia podría obligar al Gobierno a modificar el objetivo de reducción de emisiones para 2030. Del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC.

La foto del Gobierno en el banquillo por inacción climática, más cerca

Pablo Rivas

Crisis climática

Juicio por el clima La foto del Gobierno en el banquillo por inacción climática, más cerca

Pablo Rivas

Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se suman a la demanda de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón por inacción frente a la emergencia climática.

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“Nosotros nos hemos inspirado en litigios similares que se han producido en otros países de la Unión Europea. Holanda, Francia, Alemania, Bélgica... Ha habido una cascada de sentencias condenatorias a los gobiernos de la UE por falta de ambición en las políticas climáticas”, explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada del equipo jurídico de Greenpeace en el proceso. De hecho, para este proceso, los equipos jurídicos de las agrupaciones ecologistas españolas han trabajado mano a mano con los letrados de los otros procesos y han usado en este juicio argumentos similares a aquellos que fueron decisivos en los litigios europeos.

“En buena medida, hemos basado las argumentaciones en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), vinculante para todos los estados miembros”, añade Ruiz-Huerta. “Lo lógico sería, por lo tanto, que nuestro tribunal fallara igual que lo han hecho el resto de tribunales de los Estados europeos”, opina. En esa  estela de sentencias, lo lógico sería que el Supremo fallase en la misma línea: “También somos conscientes que el Supremo no es equiparable en muchas ocasiones a estos tribunales europeos”, lamenta la abogada. En todo caso, si el Supremo fallase a favor del Gobierno, las cinco organizaciones ecologistas ya han avisado de que irán a Estrasburgo “con toda seguridad”.

Las organizaciones denuncian que España “continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera”. A su juicio, el objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 23% previsto en el PNIEC. “Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica”, demandan.

El campo agoniza ante una sequía que vuelve para no irse

Pablo Rivas

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Sequía

Crisis climática El campo agoniza ante una sequía que vuelve para no irse

Pablo Rivas

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España está en estado de sequía meteorológica desde enero de 2022. El campo necesita agua, pero la previsión es que no llegará a tiempo en un país donde las afecciones de la crisis climática se recrudecen.

Las cinco organizaciones confían ahora en que la justicia les dé la razón y reconozca “la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática”. “Para ello, la sentencia debe exigir al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como exigen los informes científicos”, rematan desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.